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Abogada solicita aclarar origen y destino de pensiones de reparación otorgadas por Gobierno de “Gabriel Boric a víctimas del Estallido Social”

El Minuto | Cada vez que ocurre un desastre natural, cuando aparecen personas afectadas por invalidez o con enfermedades crónicas, víctimas o perseguidos por Dictaduras de países en vías de desarrollo, no son pocas las empresas internacionales o corporaciones de renombre quienes, aparentemente en forma desinteresada, ofrecen cuantiosos aportes con la presunta finalidad de ayudar y/o a mitigar los efectos adversos provocados en los afectados.

Por: Departamento de Investigación el Minuto

Para nadie es un secreto que para dichas ayudas presupone una disminución en la tasa impositiva que dichas empresas deben cancelar ya sea en Chile o en sus respectivos países. No obstante, y por primera vez, se explica en El Minuto la verdadera forma por la que las instituciones y corporaciones internacionales evaden los impuestos, donde sólo un 10% del monto indicado llega directamente a los afectados, quedando otro 10% en manos de los promotores y revisores, retornado el 80% restante, por medio de empresas conformadas en paraísos fiscales, a las mismas empresas donantes.

Bajo esta premisa y teniendo en cuenta la denuncia efectuada por dos diputados chilenos en torno a los montos asignados por el Estado de Chile a las denominadas Víctimas del Estallido Social, una abogada chilena, quien representa a Víctimas de Derechos Humanos de la Dictadura, advierte y solicita aclarar, invocando la Ley de Transparencia, por  qué sólo entre el 5% y 10% de los mil quinientos millones de pesos que mes a mes destina el Estado irían a reparar a las 296 Víctimas del Estallido Social.


Fig. N°1: Artículo publicado por diario La Tercera, de fecha 14 de marzo de 1999, que da cuenta del nulo interés demostrado por el Diputado Alemán Reinhard Schultz en el extravío y mala administración de los dineros aportados por Alemania para los Retornados de la Dictadura.


Con la finalidad de comprender mejor la figura de evasión tributaria que de denuncia, imagine el lector que es usted un empresario alemán que debe pagar en torno al 55% de impuesto por sus utilidades, luego de cada ejercicio tributario anual pero que su país o la Comunidad Europea le permite dos opciones distintas para rebajar impuestos:

a).- Destinar parte de sus utilidades a proyectos con fines sociales en países en vías de desarrollo o en naciones donde se advierten víctimas de Estados Fallidos o de guerras intestinas.

b).- Reinvertir dineros que usted tiene en el extranjero e incorporarlos a la producción de su empresa en Alemania.

Imagine ahora que usted, antes de TAX (impuesto), tiene una utilidad neta de 1000 millones de Euros, y que para efectos de simplificación aritmética, usted debe pagar al Fisco el 50% de sus utilidades. Ello implica que 500 millones de Euros, es decir, la mitad del producto de su preciado y sacrificado trabajo irá a parar a las arcas fiscales.

Imagine entonces que aparece en Chile (y también en los restantes países de Latinoamérica y restantes naciones del tercer y cuarto mundo) ciertas personas (los Ejecutores), una especie de Operadores Políticos, denominados Promotores cuya función es servir de enlace entre las entidades de Gobierno y las empresas para generar rebajas tributarias. Con el beneplácito del Gobierno Alemán y las empresas privadas los Promotores se acercan a personas naturales y jurídicas que quieran servir de “pantalla” para justificar el siguiente tipo de operación:

Fig. N°2: Portada del libro “Manos Limpias: La Corrupción de las Empresas Públicas (de todos los chilenos) 1980 a 2001” de la autora Maura Brescia publicada por Editorial Mare Nostrum.


De los 500 millones de Euros que usted debería pagar al Fisco (siguiendo el ejemplo anterior) usted decide aportar 400 millones a los pobres y desvalidos, víctimas de una Dictadura Tiránica en un país del tercer mundo. Los Promotores dividirán dicha cifra en 10 o 20 proyectos sociales que serán implementados por los Ejecutores con sede en la nación afectada.

Imagine entonces que los 400 millones de Euros que usted, como empresario alemán, aporta a las víctimas de tercer mundo, se dividen en 20 proyectos de 10 millones de euros cada uno y 40 proyectos de 5 millones cada uno. De los 60 proyectos los Ejecutores firmarán haber percibido la cifra total, no obstante, contablemente, en la cuenta corriente local abierta a favor de los Ejecutantes se depositará únicamente el 10% de lo indicado en el proyecto, mientras otro 10% del proyecto irá a parar a las cuentas bancarias de los Promotores y de aquellos funcionarios estatales alemanes (Revisores) que concurrirán al país del tercer mundo para certificar y acreditar que el dinero se usó verdaderamente en aquello para lo cual se indicó en el proyecto social aprobado.

Si bien los 60 Ejecutores han firmado documentos en los que consta que ellos recibieron, en total, la suma de los 400 millones de Euros, lo cierto es que contablemente, en las cuentas personales de los sesenta Ejecutores, quedaron ingresados sólo 40 millones, en tanto en las cuentas de los Promotores y Revisores han sido depositados otros 40 millones, por lo que a usted, como empresario europeo, le queda libre aún la suma de 320 millones de Euros.

Para justificar dichos dineros, ese saldo es ingresado a empresas o fondos de inversión asociadas a usted pero situadas en paraísos fiscales. Usted como empresario alemán, por ejemplo, tiene una corporación de inversiones en tecnología en un territorio designado oficialmente como paraíso fiscal, de modo que los 320 millones sobrantes los hace figurar en dicha entidad offshore para luego, contablemente, informar al Fisco de Alemania que usted hará un aporte de dichos 320 millones de Euros incorporándolos a la economía alemana recibiendo por dicha operación una rebaja tributaria.

Así entonces, si usted no hubiese aportado dineros a proyectos sociales en países del tercer mundo tendría que haber cancelado al Fisco la suma de 500 millones de Euros, pero como ha aportado usted 400 millones a fondos y proyectos de ayuda social bajo la modalidad manejada por los Promotores y Revisores, usted terminó pagando al Fisco algo menos de 100 millones, permitiéndole “recuperar” o “lavar” 320 millones que, dicho en buenas cuentas, jamás salieron de país de origen.

Para justificar el 10% que apenas perciben los Ejecutores, los materiales e insumos son remitidos por los gobiernos europeos quienes mandan diversos contenedores con equipamiento, trenes, implementación médica, etc. que ya está en desuso o con Valor de Salvamento (VS) igual a cero, según la depreciación calculada para la vida útil en Europa, pero que aquí o en los países en vías de desarrollo todavía se le asigna un valor económico más una prolongación de inicial vida útil.

De acuerdo a información proporcionada por una fuente clasificada dada a El Minuto, cuya entrevista esperamos entregar durante las próximas semanas, el Proyecto de Aulas Tecnológicas, Proyecto Puente así como otros implementados en Chile siguieron esta suerte de negocios, en donde empresas tan connotadas como Mercedes Benz de Alemania, entre otras, han aportado, mediante este mecanismo de Promotores y Revisores, numerosos fondos en dinero (que inicialmente debían ser pagados como impuestos) destinados a proyectos sociales, lo que en definitiva le significó a los consorcios privados rebajar impuestos tanto al salir desde Europa hacia los países del tercer mundo como al incorporar dichos fondos desde las sociedades offshore de regreso hacia Europa; todo lo cual explicaría el por qué los europeos y entidades internacionales, que aportan estos préstamos blandos o donaciones, tienen luego poco o nulo interés en conocer el real estado o resultado de los proyectos que ellos mismos ayudaron a implementar.

Paralelismo entre aportes a víctimas de la dictadura y víctimas del estallido social.

La abogada Ruzy Mitrovic, quien representa a diversos miembros de la Corporación de Retornados y Víctimas de la Dictadura Militar, el Convenio Chileno Alemán suscrito en 1990 sirvió como un ARDID para mover ingente cantidad de dinero desde Alemania (y también desde Italia y España) hacia Chile; dinero que se movió con la justificación que iba en reparación de los Exiliados, Retornados u otras Víctimas de la Dictadura pero que sólo un 10% o menos llegó a quienes lo necesitaban.

Para esta abogada y tal como se indicó en la presa de la época, sólo entre 60 y 80 millones de dólares pudieron ser aparentemente justificados por las diversas entidades bancarias y entidades ejecutoras de los Proyectos destinados a los Retornados, pero nadie ha podido dar cuenta de los más de US$ 2.500 millones que entre el año 1990 y 2005 llegaron por diversas vías; cifra que no se condice con el alicaído estado financiero de las Víctimas de la Dictadura que aún esperan reparación.

Una situación similar ha estado sucediendo hoy –nos dice la abogada Mitrovic- con el dinero que llegó con el Gobierno de Boric a Chile y que estaría destinado a reparar a las Víctimas del Estallido Social que se inició el 18 de octubre de 2018. Según informa oficialmente el Estado, se estaría cancelando cifras mensuales de entre $280.000 y $513.000 pesos aproximadamente, por concepto de Pensión de Gracia, a un total de 296 Víctimas, pero ha trascendido que el Gobierno está destinando un monto mensual de $ 1.500 millones de pesos para la reparación de dichas Víctimas, lo que se traduce en que –como ocurrió en los casos anteriores denunciados ante tribunales – sólo entre un 5% y el 10% de dicho presupuesto mensual se estaría entregando derechamente a las Víctimas del Estallido Social.

Tal como los diputados Henry Leal y Juan Manuel Fuenzalida han efectuado una denuncia tendiente a esclarecer cuáles son los criterios que está aplicando el actual Gobierno para gastar MIL QUINIENTOS MILLONES de pesos mensuales, la abogado Ruzy Mitrovic ingresó el pasado 19 de octubre una presentación al Ministerio de Justicia que busca esclarecer, por la Ley de Transparencia, el origen de dicho monto y el destino efectivo de aquellos aportes. Dicha petición, para efectos de seguimiento, quedó ingresada y enmarcada bajo la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la numeración AK001T0004968 ante la Subsecretaría de Justicia.

Con la finalidad que la opinión pública pueda conocer el tenor de dicha presentación, en forma exclusiva Diario El Minuto ha decidido publicar íntegramente dicha carta:

Figura N°3: Primera página de la petición expuesta por la abogada Ruzy Mitrovic a la Ministra de Justicia sobre el origen y destino de los dineros para reparar a Víctimas del Estallido Social.


I.- Análisis aritmético simple

Que, consideremos el siguiente análisis aritmético.

1.- Si para el total de las 296 personas consideradas como Víctimas del Estallido Social asignamos una Pensión de Gracia, en promedio, de $260.000 pesos, al mes implica un Egreso para el Estado de Chile cercano a los $ 76.960.000 pesos.

2.- Si, mejorando las Pensiones de Gracia para personas beneficiadas asignamos un monto mensual de aproximadamente $516.000 pesos, al mes implica un Egreso para el Estado cercano a los $152.736.000 pesos.

Que, no obstante, y según lo señalado en fuentes de prensa nacional y lo argumentado por lo diputados Leal y Fuenzalida, el Estado estaría gastando la suma de casi MIL QUINIENTOS MILLONES de pesos, es decir, diez veces más de lo que estarían percibiendo las 296 Víctimas del Estallido Social si sus Pensiones de Gracia, para todas ellas, fuesen de $516.000 pesos.

3.- Que, si hacemos el ejercicio aritmético de que cada una de las 296 personas, Víctimas del Estallido Social informadas por el Estado, recibieran una Pensión de Gracia cercana a los $ 5.000.000 de pesos mensuales, entonces sí cuadrarían las cifras gastadas por el Estado.

II.- Antecedentes Históricos en casos de reparación a víctimas de la dictadura

Que, como en diversos medios de prensa de la época, las personas que fueron Víctimas de la Dictadura y de atropello a sus Derechos Humanos, una y otra vez acusaron al Estado de Chile, en plenos tiempos de democracia, de “estafarlos”, porque aducen habérseles prometido reparación pronta e integral con montos acordes a su daño; más, dicen los afectados, los dineros nunca les llegaron o bien llegaron a una pequeña parte de los afectados.

Que, de acuerdo a los diversos artículos de prensa de la época, de las causas que fueron conocidas en tribunales de justicia, así como por las Comisiones conformadas en el Congreso Nacional para indagar el monto real de los Fondos que fueron aportados, por ejemplo, por Alemania, por Italia o por España, se determinó –a grandes rasgos – que sólo un 10% del monto que llegaba a nuestra nación estaba realmente justificado, quedando en el más absoluto desconocimiento respecto del destino del restante 90% aportado.

Que, para el presente caso, algo similar estaría sucediendo porque el Estado de Chile –según lo informado en diversos medios de prensa por los diputados arriba mencionados – estaría presuntamente “gastando” la suma de $ 1.500 millones mensuales en reparación de las 296 personas calificadas como Víctimas del Estallido Social cuando, en realidad, en dichas 296 personas el Estado de Chile estaría gastando sólo entre $ 76.960.000 pesos y $152.736.000 pesos mensualmente, es decir, entre un 5% y un 10%, respectivamente.

Que, sería lamentable que, usando el dolor y el sufrimiento de las Víctimas del Estallido Social, y al igual que ocurrió con aquellas Víctimas de la Dictadura (a varios de quienes represento y que he estado en estériles reuniones durante el presente año con doña Haydee Oberreuter), se estuviese destinando sólo un pequeño porcentaje de la ayuda llegada del exterior para reparación, sin que conozcamos el destino del 90 a 95% de los montos restantes.

III.- Se requiere de fallos y sentencias declarativas para obtener la calidad de víctimas

Que, atendido a que vivimos en una nación bajo Derecho Legislado, ninguna entidad del Estado ni órganos de la Administración puede declarar bajo la calidad de Víctima a ningún ciudadano chileno ni ciudadano extranjero avecindado en nuestro país.

Que, por lo anterior, es de suma importancia conocer y tener a mano copia de las sentencias y fallos firmes y ejecutoriados, dictados por los tribunales de justicia competentes, que declararon a las 296 personas como Víctimas del Estallido Social así como el monto o Pensión de Gracia respectivo que dictaminó el tribunal de primera instancia o, en su defecto, las Cortes respectivas.

Fig. N°4: Peticiones concretas solicitadas por la abogada de DDHH ante el Ministerio de Justicia en el marco de las Pensiones de Gracia otorgadas por el Estado de Chile a presuntas Víctimas del Estallido Social.


 

IV.- Paticiones concretas enmarcadas y al amparode la ley de transparencias 20.285

Fig. N°5: página final de la presentación efectuada por la abogado Mitrovic solicitando a la cartera de Justicia una explicación sobre el origen, monto y destino real de los fondos destinados a reparar a las 296 Víctimas del Estallido Social.


 

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