sáb. Sep 21st, 2019

Aportes para una política de seguridad en Argentina

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Por: Jorge Suárez Saponaro. Director del Minuto en Argentina

La Argentina hace más de dos décadas que atraviesa una crisis en relación a la lucha contra la criminalidad. Las posturas han sido desde un discurso de barricada, pidiendo “mano dura” pasando por la negación del problema, por cuestiones ideológicas y de oportunismo político, para ocultar la incapacidad de hacer frente al problema.

Por: Jorge Suárez Saponaro. Director del Minuto en Argentina

El país atraviesa una dura crisis económica, que implica políticas de austeridad y ello plantea serios desafíos a la hora de implementar políticas en materia de seguridad pública.  Estamos frente a un contexto socio económico complejo, de retroceso del Estado, que ha sido ocupado por actores criminales. Observamos en el Norte del país, en áreas fronterizas una creciente presencia de grupos criminales ligados al narcotráfico que buscan consolidar un poder territorial. En grandes aglomeraciones urbanas, vemos el ascenso de grupos, que al disputarse el poder, generan inseguridad y violencia, como observamos en la periferia del Gran Rosario o el Gran Buenos Aires.

El problema del delito obedece a numerosos factores, a ello se agrega falencias en la prevención, represión y castigo. El sistema judicial a nivel federal como provincial, muestran falencias en materia de infraestructura, necesidad de personal y recursos para actuar. Los Ministerios Públicos, también nacional y federal precisan recursos, en materia de personal e infraestructura. La falta de políticas en materia judicial se traduce en retrasos, impunidad, frustración profesional de los empleados por los problemas en materia de vacantes y ascensos, el tema de la digitalización que ha sido un dolor de cabeza, seguridad para funcionarios en temas delicados, la politización, etc. 

El sistema penitenciario también cuenta con superpoblación, problemas de tratamiento de los internos de cara a su inserción, monitoreo de reclusos que tienen permisos, la corrupción. Sin ninguna duda estamos ante un problema enorme, de difícil solución, que demanda políticas de largo plazo. Esto no se puede solucionar en dos, cuatro, cinco años, sino en diez o tal vez veinte años.  Ello no debe ser objeto de desánimo, sino un desafío.

1 – La necesidad de políticas sociales de inclusión.

Estamos en un país que tiene 3 millones de personas que viven en barriadas marginales, con un 40% de deserción escolar, subempleo, millares de personas que viven de programas sociales que les garantiza una vida que roza la subsistencia.  Es imperioso que el país implemente políticas destinada a integrar las barriadas marginales o villas, con programas de regularización – con el pago de cuotas módicas y accesibles a sus beneficiarios – con el acceso a servicios públicos, escuelas, servicios de policía, centros religiosos, culturales, de deporte y recreación.

Es imperioso promover los valores de la familia, combatir el ciclo de violencia en escuelas y hogares.  Los beneficiarios de planes sociales deben ser integrados a programas de capacitación laboral, alfabetización y puesta en marcha de un servicio nacional, mixto, que incluya la movilización de beneficiarios en trabajos públicos, que incluyan obras que mejoren su propia calidad de vida (autoconstrucción de viviendas, refacción y mantenimiento de escuelas) y generación de emprendimientos productivos (agricultura familiar, emprendimientos diversos, creación de cooperativas de producción y servicios). 

Los beneficiarios deben ser estimulados para buscar trabajo (es por ello que contar con un empleo formal y un plan social no deben ser compatible, el plan debería subsistir un año más en caso de encontrar empleo formal). Programas de microcréditos. En materia sanitaria es preciso crear centros de atención primaria, médico de cabecera, programas de prevención y capacitación de voluntarios para campañas sanitarias y la creación de un seguro universal de salud.

Los planes de apoyo deben incluir a la clase media baja, con programas de crédito subsidiados para acceso alquileres y vivienda, becas educativas y de capacitación laboral.

La adolescencia, infancia y tercera edad, como otros grupos vulnerables, deben ser objeto de prioridad en las políticas de mejora de calidad de vida. Centros recreativos, clubes de barrio, cines de barrio, becas a estudiantes prometedores, promoción de valores, combate a la violencia en las escuelas

Se debe desterrar con medidas severas el clientelismo y el uso político de la pobreza.

2– Prevención de conflictos

Es preciso contar con recursos y políticas para sectores vulnerables, especialmente los que puedan caer en circuitos marginales. Asimismo debe haber programas de prevención de la violencia, que incluyan las sanciones correspondientes. Es preciso buscar que las familias, donde parte de sus integrantes son cooptados por el delito, salgan del circuito de la violencia. Debe existir plena certeza de un régimen de premios y castigos.  La violencia en barrios, escuelas, hogares, espectáculos deportivos deben ser atacadas de fondo.

3 – Adicciones

Existe un creciente número de adicciones a drogas ilegales y abuso de alcohol. Debe haber programas de prevención, educación, no solo en escuelas con los menores, sino integrar a padres, docentes y fuerzas vivas de la sociedad local. Asimismo debe implementarse programas de acceso gratuito para adictos. Es prioritario promover actividades familiares de recreación, así como evitar que los menores estén “calles y esquinas” y eso implicará el trabajo común con la escuela, clubes, iglesias y entidades de bien público.  La promoción del consumo de drogas y alcohol debe ser penado, asi como los comportamientos violentos derivados de su consumo.

4 – obras públicas

La iluminación de calles, pavimentación, calidad de servicios públicos, espacios de recreación, urbanización de asentamientos, construcción de obras de interés social (clubes, jardines de infantes, centros recreativos y culturales, etc.) Los niveles federal, provincial, municipal y el sector privado deben trabajar en conjunto.

5- Políticas de desarrollo.

Las políticas nacionales y locales deben disuadir las migraciones internas, generalmente por falta de expectativas y trabajo, obligan a millares de personas a buscar suerte en grandes aglomeraciones urbanas. Esto contribuye a engrosar los problemas sociales asociados por la superpoblación de dichas aglomeraciones.  En zonas de frontera, áreas sensibles, donde observamos la presencia creciente de actores ligados al crimen, el Estado debe tener mayor presencia a través de programas de desarrollo y de radicación de inversiones.  Sin ninguna duda la reconstrucción del ferrocarril, estará estrechamente ligado a mejorar la perspectiva de muchas localidades que hoy agonizan.

En las grandes aglomeraciones, también debe haber programas de desarrollo, destinado a generar empleos e insertar a millares de subempledos, trabajadores informales y desocupados.  Esto está estrechamente relacionado con planes de desarrollo de largo plazo.  En el corto plazo debe protegerse economías regionales, industrias ligeras, corredores turísticos en los pueblos pequeños, centros comerciales, etc.

6 Sistema de Seguridad Pública Integrado

La ley de Seguridad Interior debe ser reformada, para que sea un instrumento flexible y no complejos mecanismos de coordinación. El sistema debe buscar articular políticas de largo plazo, mejora cualitativa de los cuerpos policiales, fortalecimiento de la agencia de inteligencia criminal y de otros organismos de inteligencia ligados a la evasión tributaria, lavado de activos. El sistema debe integrar la agencia de recaudación fiscal, la unidad antilavado, la dirección de migraciones  y promover “vasos comunicantes” con otros organismos que puedan apoyar el combate contra ilícitos.

El Consejo de Seguridad Interior debe debatir un Plan Nacional de Lucha y Prevención del Crimen, donde se fijen objetivos claros en materia de narcotráfico, trata de personas, mercado negro de armas, lucha contra la corrupción policial, terrorismo, delitos económicos, crimen organizado y criminalidad compleja. La asignación de recursos estará sujeta al cumplimiento de los objetivos propuestos. Gestión por resultados.

En materia policial proponemos la creación de una agencia nacional de policía, responsable de la estandarización de procedimientos de selección de oficiales y agentes de policía, programas de capacitación, equipamiento, evaluación y auditoría sobre la base de convenios con autoridades provinciales. La agencia será responsable de becas e intercambios con policías extranjeros, apoyo financiero para la formación de cuadros policiales en estudios de grado y posgrado, investigación y estadística. 

Creemos necesario la cooperación de la Universidad con la formación de cuadros superiores de policía y fuerzas de seguridad.

La agencia nacional de policía deberá contar con un centro operacional, para la conducción conjunta de fuerzas policiales y de seguridad en casos de crisis, emergencia, etc.

Agencia Nacional de Bomberos, responsable de mejorar los cuerpos de bomberos de las policías provinciales y organizaciones voluntarias. Esto incluirá la gestión de centros de capacitación, dictado de carreras afines apoyados por el Instituto Universitario de la Policía Federal.

Agencia de Inteligencia Criminal, fortalecida y adaptada a nuevos retos delictivos. Será vital la cooperación con fuerzas provinciales, federales y también de países amigos.

7 Reforma de las fuerzas federales de policía y seguridad

Creemos necesario una racionalización de estructuras, la Policía Aeroportuaria debería integrarse a la Policía Federal. Esto facilitará desde la gestión de lucha contra incendios (responsabilidad de bomberos de la PFA) combate de delitos, cooperación con INTERPOL, etc. La Policía Federal deberá fortalecer su presencia en el interior en terminales de ómnibus, puestos de control, seguridad de tribunales y fiscalías federales, capacidad para apoyar unidades de orden público de fuerzas provinciales, y asignación de unidades de policía judicial bajo control funcional del ministerio público, facilitando el accionar en materia de investigaciones. 

La Policía Federal cumplirá con funciones de Policía de Estado, a fin de contrarrestar el accionar de grupos terroristas, etc.  Organismos como Aduanas, Migraciones, Administración Federal de Impuestos, podrán contar con unidades especializadas de la Policía Federal, para hacer cumplir la ley.

Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, deben estar en sus áreas de competencia tradicionales. Serán fuerzas militares de seguridad, que por razones de economía de medios en varios aspectos estarán ligadas o vinculadas a las Fuerzas Armadas, a nivel logístico, sanitario, infraestructura, etc.

La Gendarmería debe estar presente en fronteras, red carretera, ferroviaria, nudos de comunicaciones, objetivos estratégicos, parques nacionales. La Prefectura Naval debe dejar de competencia de orden público y concentrarse en una fuerza de seguridad maritima y fluvial.

En el caso de espacios marítimos, hasta las 24 millas. La cooperación con las Fuerzas Armadas incluirá apoyo con medios aéreos militares (evitando crear cuerpos aéreos propios, reducidos y costosos), comunicaciones, logística, etc.

Creación de la Policía Judicial. Inspirada en la legislación vigente en España, la presente norma reemplaza la policía judicial prevista por la ley 24.050 (que nunca fue puesta en funciones), por una nueva organización. La presente reforma plantea que las Fuerzas Federales deberán organizar unidades de policía judicial con personal propio, pero con dependencia funcional de los magistrados y ministerio público, respetando lo previsto por el Código Procesal Penal, y contribuyendo a consolidar un mayor grado de independencia del poder judicial en relación al poder administrativo.

Asimismo para reforzar la autonomía del poder judicial en materia de investigaciones, es creado el cargo de director de policía judicial, organismo del Poder Judicial responsable de la coordinación de las unidades de policía Judicial. Esto limitará las interferencias del poder político en investigaciones judiciales, especialmente en aquellos casos “sensibles.”

La intervención de las fuerzas federales en apoyo a las provincias, ante las dificultades de éstas en materia de orden publico, se ha dado en el marco de la ley de Seguridad Interior;  destacándose  que en dichas tareas las Fuerzas de Seguridad se han visto obligadas a sustraer medios y personal de sus ámbitos de actuación, contribuyendo a reducir la presencia del estado en determinadas áreas fronterizas sumamente sensibles. La solución adoptada por esta  propuesta está inspirada en el mecanismo aplicado en Canadá, por la cual la Policía Federal de dicho país (Policía Montada de Canadá), presta servicios a las autoridades locales por medio de contratos, existiendo un régimen de financiamiento compartido. Se adoptaría  un régimen de convenio entre las autoridades federales y provinciales por tiempo determinado, en el cual unidades federales cumplirán tareas de seguridad en el ámbito local, respetando las características y naturaleza de las fuerzas federales asignadas. Esta modalidad contribuirá no solo a brindar un apoyo eficaz a los gobiernos provinciales, sino a una mayor integración y comunicación entre las fuerzas nacionales y provinciales, y a la formación de unidades federales específicas para actuar como elemento de refuerzo a las policías provinciales. Es por ello que en el texto de una futura reforma legal, debería contemplar la creación de “reservas estratégicas” para las tres fuerzas federales.

8 Fuerzas Provinciales

La Provincia de Buenos Aires, tiene una deuda pendiente en materia de reforma policial, y que a todas luces debe ser revisada, promoviendo la racionalización de estructuras, creando una policía de seguridad, una policía judicial, una policía especial (rural, patrulla de caminos, orden público) y un cuerpo de bomberos. En el resto del país según la realidad de cada provincia, deberán promoverse políticas de fortalecimiento del control ciudadano, mejoras en la selección, entrenamiento y equipamiento, mejoras de los organismos de policía científica e investigaciones, logística. 

9 Fuerzas Armadas

Su participación puede materializarse a través de sus servicios aéreos en apoyo a Gendarmería y Prefectura Naval, servicios logísticos y sanitarios, uso de los recursos militares para el despliegue de fuerzas policiales y de seguridad en casos de crisis, aprovechamiento conjunto de instalaciones, entrenamiento. La ley debe prever el empleo de las fuerzas militares para actores no estatales, que cuenten con apoyo exterior, y apoyo a la vigilancia y control de fronteras.

10 Reforma Judicial

Es indudable que hay cuentas pendientes en materia del ordenamiento penal y procesal penal, es necesario sanciones más severas en diversos delitos, así como la incorporación de sanciones a nuevas modalidades delictivas, como otras, como acciones dañosas a la fauna y flora (delitos ambientales), Es preciso mejorar y articular los sistemas de búsqueda de personas, prófugos, monitoreo de excarcelaciones, régimen penal de menores y personal especializado en diferentes disciplinas para asistir al Ministerio Público y Tribunales..

La extensión del procedimiento oral para delitos menores, acortará plazos de resolución, asimismo debe instrumentarse un régimen penal de menores, con centros de seguridad y punibilidad a partir de los 15/16 años, y sanciones muy severas para quienes utilicen menores para cometer delitos. El régimen de menores debe ser especial y con una justicia especializada.

La Justicia Federal requiere la expansión de los juzgados federales y secretarias, que pueden aprovechar muchas instalaciones ociosas del Estado, asi como de bienes incautados de la ley de extinción de dominio.  En las zonas de frontera, es preciso incrementar los recursos y numero de funcionarios. El Ministerio Público también debería tener mayores recursos en materia de personal medios e infraestructura para actuar.  La creación de la Policía judicial, permitirá a los magistrados contar con personal policial y de seguridad para investigar, detener, proteccion de pruebas, testigos, etc.

Es preciso que los sistemas judiciales provinciales y federal cuenten con facilidades para acceder a información en registros de propiedad inmueble, automotor, registro de reincidencias y otras bases de datos públicos. El acceso debe ser rápido, fluido y seguro, así como el intercambio de información, pedidos entre las distintas jurisdicciones.

La digitalización de la justicia debe ser seguro, de fácil operación para funcionarios, empleados, peritos, abogados. Esto debe llevarse a cabo a nivel nacional, promoviendo la estandarización de procedimientos y sistemas.

11- Sistema penitenciario

Es preciso importantes cambios, especialmente por la superpoblación de unidades penales en muchas provincias. La reforma debe tener como objetivo reducir la reincidencia, ya sea por mecanismos exitosos de reinserción social, como de severas penas para quienes reinciden. Debe existir unidades especiales para juveniles, delincuentes sexuales, etc. Los centros deben instrumentar programas de actividades laborales obligatorias – se puede encuadrar como carga pública por ley – alfabetización, régimen disciplinario que incluya el uso de uniformes para los internos.

Estas son algunas ideas para reflexionar, no solo aplicables para Argentina, sino también para paises de la región azotados por la criminalidad. Tenemos la plena certeza que el problema pasa por la crisis de valores y la destrucción de la familia. La reconstrucción del entramado familiar, la cultura del trabajo, la escuela y los valores serán vitales para hacer frente a la violencia, además de un régimen de sanciones severas parra quienes violen la ley. Si promovemos la virtud y el ejemplo, tenemos parte de la batalla ganada…

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