Argentina: Abogados sin Justicia y sin trabajo

El Poder Judicial de la Nación ha decretado una feria por razones sanitarias que ha venido prorrogando, sin miras a un plan para volver a la normalidad.

Por: Jorge Alejandro Suárez Saponaro| Director Diario El Minuto para Argentina

Este cierre ha generado serios perjuicios, destacándose el caso de millares de abogados y auxiliares que precisan de alguna manera volver a trabajar, además de miles de personas que esperan que sus casos sean resueltos, muchos de ellos muy graves.

La Dra Mariana Martinese, que forma parte de un colectivo de abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que reclama la adopción de medidas urgentes para restablecer el Servicio de Justicia mediante la modalidad “teletrabajo”, en el marco de las recomendaciones de la OMS y el aislamiento, preventivo, social y obligatorio, nos explica la situación que atraviesan millares de profesionales y las consecuencias para los derechos de los ciudadanos.

Este Corresponsal para Argentina tuvo una entrevista con la Dra Mariana Martinese (Tomo 68 Folio 797 CPACF). Egresada de la Universidad de Buenos Aires. Abogada litigante. Autora de artículos jurídicos. Docente universitaria. Especialista en Derecho del Trabajo. Miembro de AFTE (Abogados del Fuero del Trabajo en Emergencia) y distintos foros de abogados.

Estimada Dra Martinese, podría explicarnos ¿qué situación atraviesan los abogados desde el virtual cierre de la Justicia Nacional?.

La Justicia Argentina está hoy en terapia intensiva, no por el COVID-19 sino porque el servicio de justicia se encuentra INTERDICTADO. El Poder Ejecutivo Nacional no declara el servicio de justicia “actividad esencial”. Esto conlleva un golpe a las instituciones, ya que no se respeta la división de poderes.

Peligrosamente se encuentra concentrado todo el poder en el Ejecutivo. Desde la asunción del Dr Alberto Fernández, el 10 de diciembre de 2019, comenzó a gobernar por Decretos de Necesidad y Urgencia cuando aun la Organización Mundial de la Salud no había declarado la pandemia ni se registraban casos de Coronavirus en nuestro país. Una vez declarada la pandemia por el COVID-19, y cuando comenzaron a registrarse casos “importados” en nuestro país, el Gobierno Nacional decidió adoptar medidas sanitarias, conforme las recomendaciones de la OMS.

Así a través del DNU 260/2019 y los que lo prorrogaron, el Gobierno Nacional decretó el aislamiento preventivo, social y obligatorio. Es importante destacar que hay responsabilidad del Estado Argentino por violación del debido proceso y de la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

No sólo el Poder Judicial opta por omitir prestar su deber fundamental, sino que para colmo está comprometida la responsabilidad internacional del Estado por violación de los artículos 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, la jurisprudencia y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El derecho de acceso a la Justicia no puede suspenderse ni siquiera CON MOTIVOS DE EXCEPCIÓN.

Ya hemos sido sancionados en los autos: “Cantos c/Argentina” (2002). Es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia. Tras declarada la pandemia, con fecha 9 de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió lo que llamó Declaración 1/20 COVID-19 y DDHH:

“Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de DDHH, respetando obligaciones internacionales”.

“ES INDISPENSABLE QUE SE GARANTICE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y A LOS MECANISMOS DE DENUNCIA”.

Los abogados nos vemos impedidos de trabajar. No se preservan nuestras fuentes de ingreso, por el contrario, hay una clara embestida contra la abogacía y contra los derechos de los justiciables que hoy no tienen acceso irrestricto a la justicia.

Desde el 16 de marzo del corriente año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en consonancia y acompañando los DNU del Poder Ejecutivo, viene extendiendo la feria judicial extraordinaria, que impide el normal desarrollo de la abogacía, razón por la cual un colectivo de abogados independientes

autoconvocados, nos vimos obligados a interponer distintos amparos colectivos, uno a nivel nacional contra el Poder Judicial y contra el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Acordada 6/20 y las que la prorrogan, se restablezca el servicio de justicia mediante la modalidad TELETRABAJO, ya que desde 2015 nuestro sistema se encuentra digitalizado a través del Lex 100, razón por la que es malintencionado y antojadizo que no funcione el servicio de justicia, toda vez que contamos con las herramientas necesarias para desarrollar nuestras tareas desde nuestros hogares como tantos otros oficios y profesiones, sin violar la cuarentena. También accionamos contra el Poder Ejecutivo, a fin de que declare esencial el servicio de justicia y se promovió la correspondiente denuncia ante la COMISION INTERAMERICANA DE DDHH.

Asimismo se citó al CPACF (Colegio de Abogados de la Capital Federal) que hasta el momento no sólo guarda silencio, sino que en el día de la fecha en una clara embestida contra los matriculados, procedió a suspender a abogados masivamente por morosidad en la matrícula, a sabiendas de que muchos letrados no han podido proceder al pago de la misma porque desde el mes de marzo no pueden generar ingresos ni reciben ayuda alguna del Estado que nos excluyó del Ingreso Familiar de Emergencia y de los créditos tasa cero a todos aquellos aportantes a la Caja.

De modo que la feria judicial extraordinaria que comenzó el 16 de marzo del corriente, impide el normal ejercicio de la abogacía y la defensa de los derechos de los justiciables. Los abogados somos auxiliares de la Justicia, por lo tanto sin Abogados no hay Justicia y sin Justicia no hay República!.

El Colegio de Abogados de la Capital Federal pareciera estar en silencio. Se han tomados medidas en defensa de la profesión en el marco de esta crisis sanitaria?

El Colegio Público de Abogados no sólo no nos acompaña sino que además, en connivencia con el Poder Judicial y el Ejecutivo cerró sus puertas, no atienden llamadas telefónicas y la dirigiencia actual GENTE DE DERECHO, cuyo presidente es el Dr Awad, no promovió ninguna medida para asistirnos, representarnos, exigirle al Poder Judicial que arbitre los medios para que se levante la feria judicial y podamos incorporar definitivamente el expediente digital que está pendiente desde hace años por las falencias del Lex 100.

Los abogados no sólo no contamos con ningún respaldo del Colegio Público pero sí, nos exigen el pago de la matrícula en el contexto del COVID-19 y la paralización de la justicia con la consiguiente imposibilidad de generar ingresos. Los Colegios de los distintos departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires, han adoptado el mismo temperamento.

Ante el inmenso el desamparo de las instituciones colegiadas, nos vimos obligados a unirnos, autoconvocarnos y de manera independiente interponer los distintos amparos colectivos que menciono accionando contra el Poder Judicial y el Ejecutivo en el ámbito de la Justicia Nacional y contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (amparo que tramita en el Depto Judicial de la Matanza), citando a los respectivos colegios de abogados – que insisto- se mantienen en silencio.

Hemos observado desde El Minuto de muchos abogados, que promueven un “Amparo” colectivo. Podría explicarnos los alcances de ello.

Como ya mencioné, desde el 16 de marzo del corriente año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en consonancia y acompañando los DNU del Poder Ejecutivo, viene extendiendo la feria judicial extraordinaria, que impide el normal desarrollo de la abogacía, razón por la cual un colectivo de abogados independientes autoconvocados, nos vimos obligados a interponer distintos amparos colectivos, uno a nivel nacional contra el Poder Judicial y contra el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Acordada 6/20 y las que la prorrogaron, se restablezca el servicio de justicia mediante la modalidad TELETRABAJO, ya que desde 2015 nuestro sistema se encuentra digitalizado a través del Lex 100, razón por la que es malintencionado y antojadizo que no funcione el servicio de justicia, toda vez que contamos con los herramientas necesarias para desarrollar nuestras tareas desde nuestros hogares como tantos otros oficios y profesiones, sin violar la cuarentena.

También accionamos contra el Poder Ejecutivo, a fin de que declare esencial el servicio de justicia y se promovió la correspondiente denuncia ante la COMISION INTERAMERICANA DE DDHH. Asimismo se citó al CPACF.

Y en el ámbito de la Pcia de Buenos Aires se promovieron amparos en distintos departamentos judiciales. El más importante se promovió contra el Gobierno de la Pcia de Buenos Aires y se encuentra en trámite. A través de la interposición de este amparo, se busca

el mismo objetivo que en Nación, que se declare esencial la actividad judicial, los abogados podamos trabajar y defender a nuestros clientes que hoy se ven privados del servicio de justicia.

Podría explicarnos la actuación de Abogados Autoconvocados, a la cual Ud pertenece. Han logrado llegar sus inquietudes ante autoridades políticas y medios de comunicación masiva?

Los Colegios de Abogados no nos escuchan ni nos representan. Estamos solos. Hemos intentado que se visibilicen nuestros reclamos en medios masivos de comunicación y notamos que hay una emboscada contra los abogados que no sólo nos perjudica por la imposibilidad de generar nuestros ingresos que son de carácter alimentario como la remuneración de cualquier trabajador, sino que además, se ven perjudicados nuestros clientes porque no los podemos defender.

Hemos tratado de levantar las ferias a través de los medios digitales (Lex 100 en Nación y Token en Provincia de Bs As), sin embargo sólo se pueden tramitar causas urgentes y esto también implica un peligro porque queda bajo la discrecionalidad de cada juzgado, “la urgencia de la causa”. Así, nos han llegado por ejemplo casos de reclamos de cuotas alimentarias y en muchos casos, aún ante la urgencia, los jueces no habilitan la feria.

En los medios masivos de comunicación, se habla muy poco de la paralización de la Justicia y cuando ocurre, se desinforma a la ciudadanía. LA JUSTICIA ESTÁ PARALIZADA. Algunos medios han mencionado que si se reanuda la actividad judicial, caen avalancha de acreedores. Lo mismo sucede en materia de Derecho Laboral, debido a la cantidad de despidos, suspensiones, abusos de la patronal, para colmo el DNU dictado por el Poder Ejecutivo prohibiendo los despidos por 60 días no tuvo el efecto esperado.

Los empleadores despiden igual. Las grandes empresas aprovechándose de la pandemia y las pymes (pequeñas y medianas empresas) y los pequeños comercios porque al no producir y en este contexto de recesión de nuestra economía que se cae a pedazos, no pueden afrontar el pago de salarios. La Justicia no se pone en el lugar de los abogados ni de los trabajadores que pierden sus fuentes de ingresos, se empobrecen y no pueden mantener a sus familias.

La Justicia argentina se caracteriza por sus procedimiento burocráticos y gran parte de los trámites son presenciales, lo que lleva generalmente que los edificios donde están los Juzgados a determinados horarios estén sumamente concurridos. Que propuestas tiene el grupo que Ud forma parte, para que los abogados y auxiliares puedan comenzar a trabajar, en este particular contexto sanitario, que demandan entre otras cosas “distanciamiento social”

Es posible trabajar mediante la modalidad TELETRABAJO como ocurre en otras actividades, respetando así el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Para ello, el Poder Ejecutivo debe declarar la justicia actividad esencial, de modo que se levante la feria judicial extraordinaria. En el ámbito de la Justicia Nacional podemos trabajar con el Lex 100 y se pueden celebrar las audiencias a través de plataformas digitales, evitando así el aglomeramiento en los Tribunales. Y en los departamentos de Provincia de Buenos Aires, los abogados contamos con un dispositivo, a través del cual se ha avanzado con las firmas electrónicas.

Hay juzgados que están trabajando y se ponen la situación al hombro porque asumen el compromiso de trabajar; otros actúan como meros espectadores.

Qué impacto tiene para Ud desde el punto de vista institucional este “receso” prolongado de la Justicia?

Penurias económicas y un panorama absolutamente desalentador. La situación de cientos de colegas es desesperante. La imposibilidad de trabajar, sumado ello al confinamiento por el COVID-19, nos deja atrapados, acorralados, como en un callejón sin salida. No tenemos opciones. Muchos abogados hemos pedido el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) porque no recibimos ayuda alguna del Estado ni de los Colegios, no existen subsidios para nosotros, lo único que han ofrecido a nivel provincial son préstamos a tasas usureras.

Se deben adoptar medidas de manera urgente, la situación es acuciante, el abogado de a pie la está pasando muy mal, se ve empobrecido, sin ayuda estatal ni de los colegios como comento y muchos están dando de baja su matrícula porque no pueden afrontar el pago de la misma ante la imposibilidad de trabajar