Argentina: ¿Arde Rosario?

El Minuto | La ciudad de Rosario, es la segunda en importancia de la Argentina, no solo por su población, sino su actividad económica. En estas semanas, el cruel asesinato de un menor de once años, Máximo Jérez, la extorsión sufrida por un supermercado de propiedad del suegro de la estrella del fútbol argentino, Lionel Messi. En el medio de la escalada de tiroteos, muertes y un clima de terror en barriadas pobres de la citada ciudad.

El Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, señala que el “narco ha ganado”. En este contexto “optimista” el gobierno decidió tomar algunas medidas y mostrar que algo está haciendo.

Por el Dr. Jorge Alejandro Suárez Saponaro |  Director de Diario El Minuto para Argentina.

El crecimiento del narcotráfico en Argentina obedece a una serie de factores, la influencia externa de otros países con elevados niveles de narcotráfico, la corrupción endémica en las estructuras gubernamentales, la criminalización de la pobreza, y el auge económico desequilibrado, siendo Rosario ejemplo de este último factor. Asimismo, dicha ciudad, cuenta con un activo puerto fluvial, con proximidad a dos países seriamente afectados por la presencia del narcotráfico y el crimen organizado: Paraguay y Bolivia. Esto abre las puertas que la ciudad santafesina, sea una vía de “exportación” de drogas ilegales.  Las falencias para el control de los espacios fronterizos, tanto fluviales, como terrestres, como la escasa vigilancia del espacio aéreo, han facilitado de alguna u otra manera que organizaciones criminales, tengan control territorial, y estén en capacidad, con alcance limitado de disputar el espacio al Estado.

La cultura criminal local, ha permitido también que el negocio del narcotráfico prosperara, tuviera anclaje territorial y se consolidara de alguna manera.  Grupos de “barras bravas” tienen una larga historia de conectar sus actividades de superficie, vinculadas con el deporte, con otras “subterráneas” vinculadas actividades criminales.  La complicidad policial, judicial y política con estos elementos, que tienen vieja data, crearon condiciones para que el crimen organizado infiltrara estructuras del Estado. Esto llevó a una crisis sin precedentes a la Policía de Santa Fe, objeto de una serie de reformas, que respondieron a cuestiones ideológicas, más que acciones de fondo.  El panorama social, en las barriadas más pobres, carentes de infraestructura, una presencia escasa o tenue del Estado, abrieron las puertas para que grupos criminales, se hicieran con el espacio, encontraran un contexto, apto para reclutar personal para sus cometidos. 

Los jefes criminales ofrecen a sectores juveniles una posición social, una salida rápida de su situación precaria, agregándose un contexto de crisis de valores, una institución familiar que muchas veces deja de ser una barrera de contención eficaz, y la escuela convertida en un lugar donde comer y nada más. La falta de una autoridad positiva, que es la familia, es reemplazada por otra de perfil negativo.  La ciudad de Rosario, gracias al boom de la soja, tuvo un crecimiento desigual., concentrando la riqueza y mejoras en un sector de la sociedad, como geográfico de la urbe en detrimento de otros sectores. En 2014, se hablaba de la existencia de 50.000 familias sin hogar, mientras que había 80.000 viviendas completamente vacías. Las asimetrías generan tensiones, y es factor de violencia.

La escalada de violencia en Rosario, a partir de 2020, triplicó la media nacional con 16.4 homicidios cada cien mil habitantes, frente a 5.6. La tasa de homicidios de duplicó entre 2010-2020. Esta década coindice con la degradación de la Policía y sus niveles de corrupción.  En 2013, el gobernador socialista Bonfatti, fue objetivo de un atentado perpetrado por grupos criminales.

Su vivienda fue objeto de disparos por parte de cuatro desconocidos. El crimen organizado, adquiere comportamientos propios de una organización terrorista.

El gobernador Omar Perotti, reconoció que el narcotráfico ha superado las capacidades locales. Razones políticas, han impedido que los gobiernos nacionales tomaran cartas en el asunto, y atacar el problema desde sus raíces. En otras palabras, una estrategia integral. La violencia no solo es por la creciente actividad del crimen organizado, con sus disputas de poder, sino más compleja, con una realidad social y cultural. Las respuestas desde el Estado provincial han sido escasas. La escalada de violencia toma como referencia el fatídico año 2013, cuando uno de los líderes del grupo “Los Monos”, el “Pájaro” Cantero, es herido en un ataque, causándole la muerte. A pesar de los cambios legales, para facilitar el enjuiciamiento de los criminales, estos gracias a la corrupción, desde los mismos penales, siguen manejando sus “negocios”. El estado provincial, está dando señales de ser un “estado fallido”.

En 2021, el poder narco, se hizo presente en áreas donde hay populares centros gastronómicos, objeto de disparos al azar. Escuelas, edificios del Poder Judicial provincial, estaciones de servicio, son también blancos de los tiradores. Señal que los grupos criminales, están en una etapa con el objetivo de ejercer mayor control territorial, expandir sus áreas donde “recaudar” por medios de métodos extorsivos. En las barriadas más alejadas, esto ya es moneda corriente.  Paulatinamente desafían al estado.

En Rosario, especialmente en sus periferias se han desarrollado una serie de pequeñas bandas, que han prosperado en el narcomenudeo, apostando al mercado local. Esto genera disputas muy violentas por el control de bocas de expendio, y redes de comercialización. Pero la violencia no termina ahí, sino que estos grupos criminales están ligados a la usurpación de viviendas, para obtener centros de acopio, distribución y venta, extorsión a comerciantes locales, como fuente de financiamiento “extra”, además de robos.  La complicidad desde sectores del estado, sin ninguna duda ayuda a que estos grupos prosperen.

Un hecho realmente grave, es el nivel de infiltración que tienen los grupos criminales en la economía formal. Ejemplo de ello, el caso del presidente del Puerto de Rosario, Gustavo Shanahan, que irá a juicio por presuntamente, vender dólares a grupos criminales. A esto cabe agregar las inversiones realizadas por estos grupos en el ámbito inmobiliario, financiarías, distribuidoras y empresas de transporte. En otras palabras, una arquitectura adecuada para encubrir sus actividades fuera de la ley.

La cruel verdad al desnudo, la puesta en escena del gobierno

En 2023, la ciudad de Rosario fue testigo de nada menos que 300 homicidios. Las reacciones de los gobiernos, se ha limitado con el despliegue de fuerzas federales, como mecanismo disuasorio, y mostrar al electorado, que algo se está haciendo.  El efecto es inmediato, pero los males de fondo continúan.  La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ahora pre candidata a presidente por Juntos por el Cambio, señaló que su gestión se habían movilizado 3.000 efectivos de fuerzas federales (especialmente Gendarmería). Sin ninguna duda el incremento de presencia de uniformados tuvo su efecto, pero de corto plazo.

El actual ministro de seguridad, Aníbal Fernández, que, sin tapujos, señaló que el narcotráfico había ganado. Esto fue objeto de serios cuestionamientos por parte de la opinión pública, como desde diversos sectores del arco político en el seno de la Comisión de Seguridad Interior. El presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, decidió tomar acciones y en un discurso televisado, el jefe de estado no solo anunció el envío de fuerzas federales, sino elementos del Arma de Ingenieros del Ejército para mejorar la infraestructura de las barriadas pobres de Rosario – la gran pregunta es, porque no lo hicieron antes – lo que abrió las puertas para la polémica en el seno del mismo gobierno. El mismo titular de seguridad, reconoció que no estaba al tanto del plan de involucrar a los militares en apoyo a la comunidad, con estas palabras Nunca entendí bien cómo era. Me gustaría mirarlo un poco más Esto pone en evidencia el grado de coordinación y diálogo, que tiene el gobierno en tiempos de crisis.

El incombustible ministro de seguridad, opinó sobre la compra de las patrulleras israelíes Shaldag: son una porquería, que no navegan en el río ni en el mar”. Dichos buques fueron adquiridos en tiempos de Patricia Bullrich como ministra de seguridad y destinadas a la Prefectura Naval. Estos buques, son idóneos para operar en espacios marítimos costeros, destinados a funciones de seguridad y dotadas de un poder de fuego importante. Si es cuestionable su empleo en ríos. Pero no son una porquería, todo lo contrario. Por decisión del actual gobierno, las patrulleras, fueron desarmadas, e incluso fueron destinadas a operaciones de apoyo a la seguridad de la navegación. Dinero tirado por la borda.

La reunión de la Comisión, fue un duro cruce entre opositores y el ministro Fernández. Este reclamó por una ley antilavado. Asimismo, se expuso el Plan Rosario, con el despliegue de 4.000 efectivos federales, que llegan a cuenta gotas.  Por otro lado, respecto a la polémica desatada por el titular de seguridad por sus declaraciones, este señaló: A mí me importa un carajo las críticas. Lo que yo quiero decir es que hace 20 años que no hacen nada: los mismos que me critican, hace 20 años no hacen nada”. El señor ministro olvida que hace veinte años, tuvo responsabilidades políticas al más alto nivel del gobierno argentino, estuvo como ministro de Interior, y Seguridad, en distintas oportunidades.

En cuanto al Plan para Rosario, para lidiar con la crisis del narcotráfico, anunciado por el presidente Alberto Fernández consiste básicamente en los siguientes puntos:

• Mayor presencia de las Fuerzas Federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos para la ciudad de Rosario. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández estuvo en Rosario para poner en marcha este operativo.
• El Ejército Argentino, a través de una Compañía de Ingenieros, participará en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución. En cuanto a los detalles, medios y personal a desplegar, observamos un alto grado de improvisación.
• Inversión en 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación para la ciudad de Rosario (algo que el oficialismo puso trabas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
• Mayores medidas de seguridad del sistema carcelario en la custodia de los reclusos que han sido condenados y pretenden desde la misma cárcel seguir controlando sus objetivos criminales.
• Firma de un acuerdo entre la Provincia de Santa Fe y la Unidad de Información Financiera para combatir el lavado de activo. (una decisión algo tardía).

El gobernador Perotti, siguió insistiendo en cambios en la Justicia Federal en su provincia, pero creemos que, dado al contexto político del país, en un año electoral, donde se elige nada menos que presidente de la Nación, las partes involucradas utilizaran la crisis de Rosario como arma política. Dudamos que haya cambios tan complejos, como la Justicia Federal en la Provincia de Santa Fe.

Intervención de las Fuerzas Armadas, oportunismo político

La presidente del PRO, Patricia Bullruch, centra su discurso en una política de “mano dura” en materia de seguridad, solicitando el empleo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Sin entrar en muchos detalles, ha planteado su despliegue en las calles de Rosario. Esto reavivó la interna de Juntos por el Cambio, donde el competidor de Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, se despegó de dicha propuesta.

La crisis de Rosario, donde queda de manifiesto que el crimen organizado y el narcotráfico, ya cuentan con una estructura territorial, como se observa en el Gran Buenos Aires, agregándose el hecho del nivel de infiltración en sectores de la política, justicia y policía, lo que representa una verdadera amenaza en ciernes para la democracia y la seguridad de los ciudadanos de la República.

Argentina cuenta con fuerzas de seguridad intermedias, que son las herramientas aptas para lidiar con las amenazas como el crimen organizado y el narcotráfico, además de la Policía Federal.  Las Fuerzas Armadas no cuentan con el marco legal adecuado para actuar como “policías militarizados”, ni el equipamiento, adiestramiento, doctrina para actuar con fenómenos criminales complejos. Si puedan actuar cumpliendo misiones de apoyo, como la construcción de infraestructura para las fuerzas de seguridad, comunicaciones, sanidad, transporte. La vigilancia y control de los espacios aéreos y fluviales, también contribuyen a negar el uso del espacio propio por parte de los grupos criminales. Ejemplo de ello, la mal llamada ley de derribo. En estos años, el espacio aéreo argentino es completamente vulnerable a vuelos clandestinos. Esto no se soluciona con radares, sino con una estructura capaz de identificar blancos hostiles, interceptarlos, y llegado el caso neutralizarlos. Los medios requeridos incluyen aeronaves adecuadas, fuerzas de interceptación terrestres, observadores aéreos, aeronaves con capacidad de alerta temprana, y un moderno sistema de comando y control, que permita un uso racional y coordinado de los medios asignados, que permita dar una respuesta en el momento y lugar oportunos. 

Lo que debería hacerse

En el caso puntual de Rosario, no cabe duda que es preciso constituir un comité de crisis, responsable de la conducción estratégica de las acciones, con objetivos claros, que tengan simetría con los medios y recursos empeñados. El despliegue de fuerzas federales, especialmente de operaciones especiales, debería haber sido discreto, apoyado con una adecuada inteligencia criminal, que permita identificar claramente grupos criminales, sus cabecillas, infraestructura de comercialización y distribución. Los líderes que están encarcelados, deben ser privados de la capacidad de incidir sobre sus acólitos en el territorio. Ello demanda medidas de seguridad en instituciones penitenciarias, que impidan que estos líderes, puedan ejercer la conducción de sus organizaciones criminales.

En el terreno las fuerzas federales, bajo un comando operacional unificado, deben destruir la infraestructura física de los lugares de venta, almacenamiento y distribución de narcóticos. No se requiere el despliegue de gran cantidad de efectivos. La clave del éxito, es la inteligencia criminal, identificar claramente a estos grupos y sus estructuras, para proceder a su desarticulación y erradicación. El factor sorpresa es clave. Todo ello acompañado por políticas específicas en los barrios afectados por el crimen.

La interdicción estratégica del narcotráfico (lo denominaremos IEN), debe entenderse como el conjunto de acciones destinadas a impedir que el narcotráfico haga uso de los espacios marítimo, fluvial, y terrestre. Sustraer fuerzas federales como Gendarmería de la zona de frontera, es un grueso error. Es por ello que la presencia del Estado debe reforzarse en áreas de frontera, agregándose un importante esfuerzo de cooperación en materia de inteligencia criminal con los países vecinos. La citada negación del uso del espacio propio a grupos criminales, podría llevarse a cabo de la siguiente manera:

• Directiva estratégica nacional, que fije objetivos claros, medios y recursos, para la IEN,
• Centro de comando, dotado de recursos tecnológicos punteros, para facilitar la coordinación de las fuerzas de interceptación terrestres, anfibias, y aéreas. Las infraestructuras existentes en la localidad bonaerense de Merlo, pueden servir de base para la creación del citado centro de mando.
• Subsistema de Alerta temprana y detección: formado por una flotilla de aeronaves militares desplegadas en hangares de alta seguridad, radares del sistema SINVICA, vehículos aéreos no tripulados. Las aeronaves deberán contar con capacidad de alerta temprana (AEW/C), guerra electrónica, modernos sistemas de vigilancia todo tiempo, etc.
• Fuerzas de Interceptación: formadas por medios aéreos para interceptar y disuadir vuelos ilegales (por ejemplo: aviones IA-63 Pampa) y transporte de grupos móviles especiales de las fuerzas policiales y de seguridad. Las FFAA cuentan con recursos proveer la movilidad terrestre, aérea y fluvial para dichos grupos.

En lo referente a Rosario, puede ser un espejo, para experiencias futuras.  El Estado debe hacerse presente en las zonas controladas por el crimen, mayores controles en el puerto, acompañado por acciones en materia sanitaria, social, económica y educativa.

La Policía de Santa Fe, debe ser sujeta a un proceso depuración, modernización y recuperación. Esto llevará muchos años, dado que debe cambiarse los mecanismos de selección, reclutamiento de personal, como también, controles sobre la institución. Una de las falencias que siempre hubo en Argentina respecto a las fuerzas policiales, el escaso control sobre las mismas. Esto demanda crear un andamiaje con organismos de control, que van desde la lucha contra la corrupción, calidad de prestación de servicio, supervisión del cumplimiento de objetivos, y participación ciudadana.

El esfuerzo del Estado en materia judicial, debe estar orientado a brindar seguridad a jueces y fiscales, protección de testigos reservados, mayor presencia de la Justicia Federal, además de una completa revisión del régimen penal aplicable, endureciendo penas. Debe haber un claro respaldo político, para que las fuerzas federales, tengan la suficiente libertad de acción para combatir a los grupos criminales. Los actos de intimidación perpetrados por estos elementos, deben tener una clara respuesta por parte del Estado.

La lucha contra el crimen organizado requiere el accionar coordinado de distintas agencias y organismos, donde el factor información, será clave. Es por ello, que el esfuerzo en materia de reunión de inteligencia es vital, como también adoptar medidas para cortar con el proceso de infiltración de los grupos criminales en las estructuras del Estado.

Rosario debe ser un llamado de atención, como la falta de una estrategia clara, puede derivar en escenarios delicados como lo que estamos observando. El crimen organizado, está subiendo la apuesta, derivando en acciones terroristas, incrementando su anclaje territorial, lo que demanda un abordaje integral, para atacar los problemas de fondo.  La violencia no se erradicará con mayores cantidades de uniformados, sino más bien, con una estrategia integral de largo plazo, algo muy difícil en este contexto político.