mié. Sep 18th, 2019

Argentina atascada en un callejón sin salida

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El país en “eterna” emergencia

En estos días las calles de la ciudad de Buenos Aires están llenas de marchas de organizaciones sociales, reclamando subsidios y otras ayudas del Estado. El reclamo también se centra en decretar la emergencia alimentaria. Algo que se escucha desde hace más de diez años. Los grupos que hoy están en las calles, son los mismos desde hace décadas.

Por: Jorge Alejandro Suárez Saponaro. Director Diario El Minuto para Argentina

Pareciera que los millones de planes sociales, indispensable para la subsistencia de sus beneficiarios, no tienen fin. Esto también se ha convertido en un preciado botín con impacto político. Mientras tanto la inflación continúa, el gasto público crece y pareciera que las recetas siempre son las mismas, a pesar que a todas luces el “enfermo” sigue igual o peor.

La Emergencia Alimentaria se aplicó en 2001 y duró hasta el 2002, durante la presidencia interina del Dr Eduardo Duhalde. El proyecto de ley impulsado por la oposición, liderada por el kirchnerismo, es la creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como instrumento para garantizar la alimentación de la población más vulnerable, menor de 16 años. El objetivo es fortalecer la asistencia a comedores sociales en $ 10.000 millones de pesos (US$ 170 millones) de partidas especiales En los primeros días de septiembre, diversas organizaciones sociales, movilizaron a millares de manifestantes, y acamparon frente a la sede del ministerio de salud y bienestar social. Hubo diversos actos, algunos cargados de polémicas, como irrumpir en un popular centro comercial – Galerías Pacífico – con altavoces y manifestantes clamando por la emergencia alimentaria.

El gobierno se resiste, dado que en 2016, está en vigencia la ley de emergencia social. En otras palabras, hace casi dos décadas que el país vive dictando leyes de emergencia. Un dato objetivo, que a pesar de las posturas liberales en materia económica, el gobierno del presidente Macri ha realizado un importante esfuerzo en materia de gasto social.

En 2017 el gasto social representaba el 76%, y las ayudas sociales subieron un 22%. Pero años de inflación y la falta de creación a escala de puestos de trabajo, también ha implicado que los beneficiarios de las ayudas sociales, se convirtieran en un problema estructural para la economía.

La Argentina en dos décadas, el crecimiento de personas que dependen de ayudas del Estado, creció nada menos el 221%. Por ejemplo los planes sociales aumentaron entre el 2001 hasta el presente un 1330%. Hoy dependen de la ayuda del estado 3.9 millones de personas. La Asignación Universal por Hijo, dependen unos 4 millones de beneficiarios. En cuanto empleados públicos, cobran salarios del Estado federal, provincial y local, unos 2.3 millones de personas.

El país tiene al 45% de su mano de obra en la informalidad, por ende crea un agujero negro en materia de contribuciones a la seguridad social, difícil de cubrir. La población argentina se acerca a los 45 millones. El sector privado no ha creado en proporción la cantidad de empleos que fueron creados en el sector público. Estamos ante una verdadera bomba de tiempo. Hasta cuando la Argentina podrá seguir sosteniendo tantas ayudas. La gestión del presidente Macri, tomó la medida poco popular de romper con los subsidios, pero no ha dado gran resultado, dado la inflación. El estado siegue siendo deficitario, gasta mucho y muy mal.

A lo largo de estos años no se ha observado políticas activas para terminar con la dependencia de millares de la beneficencia del Estado. NO cabe duda que este modelo es una poderosa herramienta para hacer política, movilizar votantes y como arma de presión al gobierno de turno. La pregunta del millón son sus consecuencias para el largo plazo y su sostenibilidad en el tiempo.

Las manifestaciones de las organizaciones sociales, además del reclamo ante la creciente inflación y deterioro del poder adquisitivo, que a todas luces perjudican a los más desposeídos, tiene también una razón política. Por un lado se busca desgastar, a un gobierno de por sí seriamente erosionado, y se da un mensaje al candidato para la presidencia, el kirchnerista Alberto Fernández.

Juan Grabois, polémico dirigente social de la CTEP – Confederación de Trabajadores de la Economía Popular – que forma parte del llamado Frente de Todos, que apoya la candidatura de Fernández, no solo a movilizado sus fuerzas, sino también marcó su postura, sumamente polémica, con ideas polémicas como “reforma agraria” propiciando la idea de limitar las extensiones rurales y la expropiación de viviendas desocupadas. Rápidamente desde el Frente de Todos marcaron diferencia, especialmente Alberto Fernández, que busca de alguna manera mostrarse confiable, ante los mercados que lo miran bastante mal, especialmente por su compañera de fórmula, la siempre polémica ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Los inversores no la ven con buenos ojos y como consecuencia de decisiones en torno a la nacionalización de la Aerolíneas Argentinas – pesado lastre fiscal hasta el día de hoy – y de la petrolera YPF, la Argentina tiene reclamos ante tribunales internacionales por varios miles de millones de dólares.

No obstante ello, en un intento de mejorar la imagen y mostrar una postura moderada, Alberto Fernández estuvo en Europa, visitando Portugal y España, en manos de gobiernos de centro izquierda. Incluso se habló del modelo portugués como una opción para la Argentina, dado que presuntamente dicho país no recurrió la FMI. La historia es algo distinta a lo que han dicho algunos sectores de la prensa argentina, como del Frente de Todos.

La crisis portuguesa llevó a que Lisboa quedara en manos de la famosa “troika” del FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Portugal hizo un fuerte ajuste en sus finanzas públicas. Por ejemplo, los salarios públicos fueron reducidos en un 23%. Luego de varios años de penurias, y de duras reformas estructurales (reducción del déficit fiscal, privatizaciones, reforma laboral), los resultados en están a la vista. Portugal pudo regresar a los mercados, gracias a un financiamiento mas barato con apoyo del Banco Central Europeo. Este financiamiento fue destinado a estimular la competitividad de la economía.

El gobierno de centro izquierda ha logrado mostrar importantes logros, que en parte son de su gestión, pero cabe señalar que parte de las reformas más antipáticas las llevó a cabo el gobierno conservador.

Las duras reformas, que precedieron al gobierno actual, unido a un contexto internacional favorable, ayudaron a que Portugal saliera adelante. El gobierno conservador de 2011-2015, impuso una devaluación interna, esto significó una reducción de salarios, reducción de costos laborales, disciplina fiscal de hierro, tuvieron sus consecuencias especialmente para el perfil exportador del país. Esta es la parte del “milagro portugués” que el Sr. Fernández omite.

Los expertos señalan que el crecimiento de Alemania y la recuperación de España contribuyeron al incremento de las ventas al exterior. También las políticas expansivas del Banco Central Europeo favorecieron la actual situación. Portugal fue un buen alumno y cumplió sus compromisos. Otro aspecto, es que las reformas llevadas a cabo por los conservadores, tuvieron continuidad con el gobierno socialista actualmente en el poder. Argentina dista mucho de ello.

 No hay continuidad de políticas, no hay consenso para una estrategia clara al respecto y los gobiernos tienen una tendencia a incumplir con los compromisos internacionales, especialmente con sus acreedores. Prueba de ello es que el gobierno de Mauricio Macri pidió cambios en las fechas para hacer frente a sus obligaciones, a ello se agregó que el candidato – y favorito para las elecciones de octubre – Alberto Fernández reconociera la necesidad de revisar las obligaciones contraídas con el FMI.

Observando tanto al oficialismo, como la oposición, no se vislumbra consensos para un programa de saneamiento de la economía. El país precisa reformas estructurales, pero nadie quiere pagar el costo. Por ejemplo en un clima de austeridad y penurias para el sector privado, la Justicia Federal tuvo aumentos récord de salarios. Los sindicatos presionan para que se paguen bonos, a un sector privado ahogado de impuestos y tarifas de servicios públicos.

Mientras muchos se llenan la boca del crecimiento de la pobreza, en un interesante informe del diario Infobae de diciembre de 2018 según la fuente:

(https://www.infobae.com/politica/2018/12/31/radiografia-de-la-asistencia-social-en-la-argentina-menos-punteros-mas-planes-y-escasa-capacitacion/),

puso en evidencia que desde el 2010 al 2018 no hubo importantes variaciones en los índices de pobreza. El país tiene un problema estructural que afecta mas o menos al 30% de la población. Si ha crecido la cobertura de ayudas sociales, lo que queda demostrado el fracaso de la política económica de la gestión del macrismo. No pudo o no supo, romper con la pesada herencia de doce años de kirchnerismo y expansión explosiva del gasto público.

La problemática de lo planes sociales, es compleja, va desde los distintos programas, que abarcan capacitación laboral, becas, subsidios diversos, compra de alimentos, créditos, subsidios a emprendedores y cooperativas, sostén de comedores populares, reparto de medicinas, etc. . Este ha tenido un resultado mediocre, el 66.5% de los beneficiarios no terminaron sus estudios secundarios

y el 21% no terminó sus estudios primarios. Los esfuerzos para que los beneficiarios cumplan con las metas. El programa asignación universal por hijo, cubre hoy al 87% de los chicos en Argentina.

Existen programas alimentarios, que incluye la entrega de mercadería por US$ 20 millones a centros comunitarios. Existen programas alimentarios de diversas características, que van desde tarjetas para la compra de mercadería, pasando por la ayuda a comedores populares, etc. Programa Pro Huerta, para cultivo de los propios alimentos. Becas para diversos niveles de estudio. Programas de asistencia a la primera infancia. Entrega de dinero para compra de gas envasado para uso familiar. Planes de asistencia de salud. Programas de asistencia a personas con discapacidad. Ayudas a madres con más de siete hijos. Salario social complementario (para los llamados trabajadores de “economía popular”). Asignación por embarazo a mujeres de escasos recursos. Subsidio juvenil para el capacitación laboral. Créditos blandos de la Administración de la Seguridad social. Etc.

Este es un vistazo de la cantidad de programas sociales, según un informe de acceso público del Consejo Nacional de Coordinación Políticas Sociales  según la fuente:

(https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/informacion-sobre-planes-y-programas-sociales/guias-de-programas-sociales).

Los programas solo evitan que sus beneficiarios caigan en una situación de mayor vulnerabilidad. Una de las falencias es su monitoreo por parte de las autoridades, a fin de que los beneficiarios cumplan con determinados objetivos.

Tampoco incentiva la búsqueda de empleo formal, dado que una vez contratado, el beneficiario pierde la ayuda. Tal vez como incentivo sería conveniente que los beneficiarios de planes sociales mantengan por un año más la ayuda, al conseguir empleo formal. También debe debatirse el rol de las organizaciones que en más de un caso administran programas sociales. Esto sirve para redes de clientelismo y uso político.

Inflación, desempleo, planes sociales, cortes de calles, manifestaciones, leyes de emergencia, son figuritas repetidas de estos últimos veinte años. La única manera de romper con ello, no son soluciones mágicas o propuestas como “voy a llenar los bolsillos de los argentinos para que puedan gastar”. El camino para salir del atolladero, implica sacrificios y un alto costo político para llevar a cabo las grandes reformas. El problema es, quién está dispuesto a pagar el costo de ello.

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