Dom. Abr 18th, 2021

Argentina: El presidente se “kirchneriza”

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Se viven días aciagos dentro del gobierno. Tras el escándalo por las vacunaciones VIP que catapultaron de su cargo al otrora ministro estrella del presidente Alberto Fernández, el ex titular de la cartera de Salud, Ginés González García, se suman la pésima performance económicosocial de la gestión, las marchas opositoras cada vez más numerosas, el estallido en Formosa por la vuelta a fase 1 y las maniobras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus principales espadas para lograr la impunidad tan deseada, aún a costa de perjudicar la imagen presidencial.

Por: Agustín Dragonetti| Corresponsal de Argentina


El sábado 27, ciudadanos autoconvocados con banderas argentinas y dirigentes opositores de diversas extracciones partidarias se movilizaron en las principales plazas del país en rechazo del escándalo del vacunatorio VIP para funcionarios y amigos del poder.

El epicentro de la protesta fue Plaza de Mayo, aunque los ojos de la prensa debieron posarse en la puerta de la residencia presidencial de Olivos, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Militantes de agrupaciones sindicales, sociales y varios barrabravas del club Racing, algunos identificados con camisetas de la CGT-Zona Norte y del gremio de los fleteros (conducidos por el ex ferroviario Ricardo Lovaglio, un tradicional sindicalista matón del peronismo) llegaron a ese lugar y golpearon a los manifestantes opositores, muchos de ellos ancianos.

Este personaje, apodado el “Gordo Guarda” (ya que se desempeñaba, precisamente, como guarda del ferrocarril Mitre, en el cual todavía tiene injerencia), tiene en su poder un emblema del peronismo: las llaves de la casa de la calle Gaspar Campos 1065, en el partido de Vicente López (a pocas cuadras de los incidentes del sábado). En este lugar vivió Juan Domingo Perón tras volver de su exilio, en 1972.

De hecho, el 16 de febrero el propio presidente junto con la Primera Dama, visitaron la histórica casa, donde se fotografío con Lovaglio haciendo la V peronista. Quien fue el encargado de relativizar los violentos hechos, fue el inefable jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Evidentemente hubo un enfrentamiento entre simpatizantes que habían ido a la casa del presidente a apoyar al Presidente y eso fue lo que sucedió…Y habían colgado banderas. Hasta donde vi, habían llegado antes ellos”, consideró Cafiero en una entrevista por radio Continental.

“Está mal todo tipo de violencia, sí, claramente, y no la justifico para nada. Pero eso hay que ponerlo en contexto. No estuve en el lugar, no sé qué sucedió, vi imágenes y creo ustedes también”. Rara manera de analizar el ataque de una patota sindical afín al gobierno a un grupo de manifestantes.

Un discurso kirchnerista

Atrás quedó el Alberto Fernández que intentaba cierta moderación o equilibrio. Y mucho más atrás quedó el Alberto Fernández que destrozaba mediáticamente a Cristina Kirchner en cuanta nota diera a los medios.

En el discurso de más de dos horas que dio en la apertura del 138° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente hizo un discurso casi “cristinista”, es decir, hipócrita y falaz. “En la Argentina de hoy la palabra se ha devaluado peligrosamente. Parte de nuestra política se ha valido de ella para ocultar la verdad o tergiversarla. Muchos creyeron que el discurso es una herramienta idónea para instalar en el imaginario público una realidad que no existe. Nunca midieron el daño que con la mentira le causaban al sistema democrático.

Yo me resisto a seguir transitando esa lógica. Necesito que la palabra recupere el valor que alguna vez tuvo entre nosotros”, arrancó el discurso Alberto Fernández. “He repetido una y otra vez que, a mi juicio, en democracia la mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política”, lanzó el presidente sin denotar una mínima cuota de vergüenza.

Luego continuó exponiendo sobre las medidas económicas que se tomaron para atravesar la pandemia. Y habló sobre la inflación y los “formadores de precios”: “El Estado, este Gobierno nacional, se va a poner al frente de la batalla contra la inflación usando todas las herramientas legales con las que cuenta. No es posible que con la moneda estabilizada y las tarifas congeladas al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo.

Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios. Argentina no resiste más el abuso de quienes “preservan” su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus “excesos preventivos”. Debemos terminar con la Argentina de los “vivos” que se enriquecen a costa de los pobres “bobos” que estamos condenados a pagar lo que consumimos”. En primer lugar, ni la moneda está estabilizada, ni los combustibles tienen el precio congelado.

En lo que va del año, la nafta aumentó seis veces, es decir, un aumento cada 7,5 días (trece desde que asumió la presidencia). En segundo lugar, lo que el presidente y su gabinete vienen llamando “formadores de precios”, incluye a los productores, quienes precisamente no son los formadores de precios.

Posteriormente, se dedicó a criticar a la gestión de Mauricio Macri por lo créditos solicitados al FMI (“He instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”, dijo al respecto Fernández). Y la gestión económica y social. Pero luego, fiel al estilo de su vicepresidenta, descargó sus iras contra la Justicia. “Como presidente de la Nación, ante esta Asamblea Legislativa, vengo a asumir un compromiso que jamás quebraré.

En este tiempo de la Argentina en el que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza.

Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del Derecho”, dijo Fernández en el tramo de su discurso dedicado al Poder Judicial. “Queremos desterrar para siempre las componendas entre el poder político y el poder judicial, sea cualquiera el color partidario que sea. No nos merecemos, como Argentina, continuar con este deterioro”. “Debemos optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, repensar el alcance del recurso extraordinario”, concluyó el presidente.

Inmediatamente el oficialismo se puso a trabajar para la creación de una comisión bicameral que investigue y cite a jueces y fiscales de todo el país. El senador Oscar Parrilli, fiel ladero de CFK, lo dijo claramente: “El Presidente dijo que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde de control de los poderes y sugirió la creación de una comisión bicameral que discuta y que la sociedad vea como está actuando el poder judicial y cuales son los cambios que hay que hacer”. Por su parte Graciana Peñafort, abogada de Cristina Kirchner y directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, le dijo al medio kirchnerista El Destape que “el control del Poder Judicial por parte del Congreso está dentro de la distribución de competencias”.

Peñafort remarcó que, llegado el caso, el Congreso Nacional “tiene la facultad ni mas ni menos que de revisar y al punto de remover -si llegara el caso- a los jueces de la Corte”. Casi una amenaza. Y una falacia, porque en la reforma de la Constitución esa facultad no existe. Lo que sí figura, es el control de constitucionalidad (ejercido por los propios los jueces, no por el Congreso). Por eso la reforma constitucional de 1994 facultó al Consejo de la Magistratura para elegir o remover jueces.

Lo que en realidad quiere Alberto Fernández -pero principalmente Cristina Kirchner- es licuar el poder de la Justicia Federal y poner en los distintos fueros funcionarios afines. La Federación Argentina de Magistrados (FAM) que reúne a más de 15.600 afiliados de los tribunales de primera instancia, fiscales, camaristas y empleados judiciales de todo el país- rechazó en un comunicado las embestidas y “el cuestionamiento sistemático” de Alberto Fernández hacia el Poder Judicial.

Por su parte, el ministro del Interior y referente de La Cámpora (la organización que dirige Máximo Kirchner), Wado De Pedro fue tajante: “El Poder Judicial tiene que escuchar. O se transforman o se van de un poder que busca igualdad y justicia”. Más claro, imposible.

Cristina Kirchner y su alegato

El viernes 5 de marzo, la vicepresidenta declaró desde su despacho en el Senado durante 50 minutos a través de Zoom en la causa “dólar futuro”, donde está imputada junto con otros ex funcionarios de su última gestión. Frente a ella estaban los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone, Diego Barroetevaña y Ana María Figueroa.

CFK aseguró que “el lawfare sigue en su pleno apogeo” y embistió en duros términos contra el Poder Judicial. “Ustedes (por el tribunal que la juzga) no pueden seguir comportándose como una corporación”. E inmediatamente los acusó de haber contribuido al triunfo electoral de Mauricio Macri. “El Poder Judicial contribuyó a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después.

Ustedes también son responsables de lo que pasó y está pasando en la República Argentina. Realmente me da mucha bronca, porque la que sufre es la gente. No podemos aumentarles a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá” declaró la vicepresidenta.

“No solamente es lawfare, sino también introducción y manipulación de procesos electorales por parte del Poder Judicial. Los hechos me eximen de mayores explicaciones”, dijo CFK, volviendo a utilizar el remanido argumento del lawfare, esa teoría delirante que esgrime como forma de defensa ante las graves acusaciones contra los ex mandatarios de la izquierda latinoamericana que han incurrido en graves hechos de corrupción. La expresión apareció por primera vez en un artículo escrito en 1975 por los australianos John Carlson y Neville Thomas Yeomans titulado “Whither Goeth the Law: Humanity or Barbarity” (A dónde va la ley: humanidad o barbarie).

Los escritores australianos razonaron que la búsqueda de la verdad había sido suplantada por una “guerra” llevada adelante en los tribunales. Actualmente este término se manipula para tratar explicar que el Poder Judicial de un país determinado es utilizado como un actor partidario, para desacreditar la carrera política de un opositor. Cristina recurre sistemáticamente al uso del lawfare para desviar el verdadero trasfondo de las causas judiciales en su contra: corrupción sistemática en la obra pública bajo su gestión y no poder justificar su patrimonio ni el de sus hijos. Por eso la desesperación por ir contra el Poder Judicial (ya que se le están acotando los tiempos judiciales) y los choques con Alberto Fernández por no ir a fondo contra lo que ella llama “la corporación judicial).

“No miren para otro lado. Porque ustedes causan también, junto a los medios de comunicación, climas en la República Argentina que finalmente impactan en los agentes económicos y en la economía y así estamos”. Obviamente, la vicepresidenta no podía dejar de mencionar a los medios de comunicación, esos mismos medios que se transformaron en enemigos declarados cuando empezaron a denunciar los desmanejos

de sus funcionarios, y aún de ella misma. “¡Que se despabilen los argentinos de una buena vez por todas! El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos. En las mujeres que masacran en femicidios espantosos cuando ustedes, como jueces y fiscales, se quedan sentados y “no pasa nada”. Y no hacen nada”. Y finalizó: “Y bueno, no les voy a pedir el sobreseimiento. Hagan lo que tengan que hacer”.

En líneas generales ya se ha definido el nuevo rumbo del gobierno: “kirchnerizarse” e ir a fondo. De hecho, quedó en duda el futuro dentro del gobierno de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, la funcionaria de más confianza de Alberto Fernández, a quien conoce desde que eran compañeros de facultad. Losardo siempre fue criticada por el kirchnerismo de paladar negro por su relación con la llamada “corporación judicial”. Sería un duro golpe para el albertismo, que está cediendo espacios de poder ante el kirchnerismo.

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