Sáb. May 15th, 2021

Argentina el triste papel de un presidente en caída libre

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De manera formal y oficial Argentina es gobernada por Alberto Fernández. En la práctica, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Instituto Patria (su tink thank), su hijo, el diputado Máximo Kirchner y La Cámpora, la agrupación de izquierda ultrakirchnerista de Máximo, manejan los verdaderos hilos del poder político del país.


Y se lo hacen notar al presidente en funciones de manera explícita. De hecho, hasta la propia locutora del acto por el Día de la Memoria del 24 de marzo, al que asistió Cristina en la localidad bonaerense de Las Flores, despidió a la vicepresidenta con un “Muchas gracias, señora Presidenta de la Nación”, ¿un acto fallido o una aceptación ad hoc de la realidad política argentina?

Hay que decirlo: el papel del presidente quedó relegado al manejo de la pandemia. El de la vicepresidenta, a la conducción real del poder político. Los hechos lo demuestran de manera cotidiana. Hoy Cristina marca el compás de la agenda política, judicial, económica e internacional. Y el presidente baila de acuerdo a los tiempos que impone la vicepresidenta.

Esto se llama lisa y llanamente kirchnerización del gobierno de Alberto Fernández, un hombre que decidió vender las pocas convicciones que tenía para poder desayunar todas las mañanas en la Quinta Presidencial de Olivos y convertirse en el 53º presidente de Argentina, entregando el manejo concreto de la política nacional a Cristina Kirchner y sus esbirros.

Y entre lo que entregó últimamente Alberto Fernández para que el gobierno no implosione en la crisis palaciega que enfrenta a albertistas y kirchneristas, está Marcela Losardo, la renunciada ministra de Justicia.

Losardo es amiga del presidente desde los tiempos en que eran estudiantes en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y fue su socia en el primer estudio jurídico que montaron tras la facultad. Pero la ex ministra tenía dos serios problemas: no era k y no mostraba mucha preocupación por limpiar a la vicepresidenta de las causas judiciales que la tienen entre la espada y la pared.

Por eso Cristina Fernández eligió como titular de la cartera al diputado rionegrino Martín Soria, un clásico kirchnerista de paladar negro que tiene como objetivos intentar modificar el sistema judicial para cambiar el marco normativo de designaciones, conseguir dimisiones y rebuscar en los procedimientos burocráticos para que haya más vacantes en los distintos juzgados para designar magistrados que le sean afines.

La designación de Soria provocó que casi todo el bloque opositor cerrara filas para no volver a darle al kirchnerismo los votos necesarios para nombrar jueces en Comodoro Py, donde se encuentran los doce Juzgados Federales de primera instancia, la Cámara Federal de Apelaciones, los Tribunales Orales Federales, los Tribunales Orales en lo Penal Económico, las defensorías públicas, las fiscalías y la máxima instancia de la justicia penal federal, la Cámara Federal de Casación Penal.

Desde el escándalo en febrero por los vacunados VIP (que según los dichos textuales de la actual ministra de Salud, Carla Vizzotti, “No existió. Fue una situación puntual de un día, de diez personas”, aunque se hayan vacunado sus propios padres en el despacho contiguo al suyo y no aparezca el listado de las 79.885 dosis que se “perdieron” del total de 1.800.000 que habían entrado al país para esa fecha), que hicieron volar por los aires al inepto ex ministro de Salud, Ginés González García, el presidente viene sufriendo un traspié tras otro. Desde el punto de vista socioeconómico, durante estos dos años de su gestión aumentó la pobreza y la indigencia.

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el índice de pobreza llegó al 42% mientras que el de las personas cuyos ingresos no logran comprar lo indispensable para la subsistencia, se ubicó en el 10,5%, es decir, que 19,2 millones de personas se encuentran en situación de pobreza, y 4,5 millones de argentinos son indigentes. En términos más concretos aún, de los 45 millones de habitantes que tiene Argentina, 23,7 millones son pobres o indigentes, de los cuales el 57,7% son niños.

Uno de los bastiones del kirchnerismo donde se centra el drama de la pobreza y la indigencia, es la Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, o “el chiquito”, como le gusta decirle Cristina. Los datos del INDEC marcan que la pobreza en los partidos del Gran Buenos Aires (GBA) subió del 40,5% (5 millones de pobres) al 51% (6,3 millones). Y la desocupación es del 14,1%, mientra que la subocupación -gente con escasas horas laborales- es del 18% (975.000 personas).

A su vez, los ingresos de los bonaerenses se derrumbaron frente al aumento de los precios de los productos básicos -principalmente los alimentos de la canasta básica- que más inciden en las familias de menores recursos. Al día de hoy, un millón de progenitores de más de 2 millones de niños y adolescentes reciben la Asignación Universal por Hijo en el GBA, un subsidio que impide que el cuadro sea más dramático aún

Por su parte, el Producto Bruto Interno (PBI) se desplomó un 9,9 %, en gran parte debido a las restricciones y la extensa cuarentena que se decretaron para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus, aunque con escasos resultados, ya que a la fecha estamos casi en los 60.000 fallecidos y ya hay aproximadamente 2.600.000 infectados.

La gran tara argentina, la inflación, se ubica en un 36,1%, mientras que la brecha cambiaria continúa en niveles del 60%. Un cóctel realmente explosivo.

En cuanto a la ingeniería del equipo económico para lograr un acuerdo veloz con el FMI, nuevamente se vieron los dictados de Cristina Fernández frente a la gestión del presidente en funciones. El ministro de Economía, Martín Guzmán viene declarando desde hace tiempo (en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional) que el PBI lograría crecer un 7% (dos puntos más de los pronosticados por los analistas económicos), que se está observando una recuperación del empleo (con la obra pública como mascarón de proa) y que la economía en general se verá consolidada tras el convenio con el FMI, con la firma de un acuerdo a 10 años y con el pago de la primera cuota en el segundo semestre de 2025.

Cristina hizo trizas las declaraciones del ministro, al decir que los términos y las tasas que el FMI negocia con el equipo económico argentino son “inaceptables” y que “no podemos pagar porque no tenemos plata”. También pretendía que el plazo para pagar no fuera de 10 años, sino a 20. Desde el Fondo lo objetaron de plano.

Inclusive, hasta esbozó un pacto con la oposición sobre el endeudamiento y la política bimonetaria para no volver ingobernable el país. La repercusión de las declaraciones de Cristina hizo que los bonos de la deuda argentina -cuyo valor había subido alrededor de un 10%- volvieran a caer en su cotozación. Alberto Fernández, obviamente, secundó a la vicepresidenta por sobre su ministro de Economía. “Tiene razón Cristina”, dijo el presidente. “¿Qué posibilidad tenemos nosotros de pagar 18 mil millones de dólares? Ninguna”, agregó el presidente.

En el plano internacional, Argentina se retiró del Grupo de Lima, creado en 2017 para buscar una salida pacífica a la colosal crisis desatada por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Un gran triunfo del kirchnerismo duro, que formalizó su alianza con la dictadura venezolana, que provocó 7 millones de exiliados, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y miles de muertos, muchos de ellos en manos de las fuerzas estatales y parapoliciales del régimen madurista.

El régimen de Nicolás Maduro ha sido denunciado en repetidas oportunidades por graves violación a los derechos humanos por la ex mandataria chilena Michelle Bachelet, hoy Alta Comisionada de la ONU, a la que el kirchnerismo todavía no se animó a cuestionar por la adscripción ideológica con Bachelet. Paradójicamente e hipócritamente, el anuncio fue hecho el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que conmemora el último golpe de Estado en Argentina. Para el

kirchnerismo, las dictaduras son buenas o malas dependiendo del signo ideológico que tengan. Todavía Albero Fernández no se expresó sobre esta decisión, aún cuando sostenía antes de ser presidente que en Venezuela había un gobierno autoritario, por lo cual el propio Maduro lo tildó de “estúpido”.

El presidente también tuvo un choque verbal por diferencias de criterios con el presidente uruguayo. Ocurrió durante el encuentro virtual por los 30 años de la creación del MERCOSUR, donde Alberto Fernández escuchó de los mandatarios brasileño, Jair Bolsonaro, paraguayo, Mario Abdo Benítez y uruguayo, Luis Lacalle Pou, un fuerte reclamo para que el bloque se encamine hacia un escenario de pragmatismo comercial, es decir más acuerdos de libre comercio, o que la unión aduanera les apruebe a los países poder hacerlo.

Según una normativa del año 2000, ningún estado del MERCOSUR puede suscribir acuerdos con terceros países sin que lo admitan los otros miembros del bloque, uno de los más cerrados del mundo. El presidente argentino dijo que “si nos hemos convertido en otra cosa (por Argentina), en una carga, lo lamento. No queríamos ser una carga para nadie.

Eso hace que a uno lo tiren de un barco y lo más fácil es bajarse del barco si esa carga pesa mucho. Terminemos con esas ideas que ayudan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco”.

En palabras más claras, invitó a los países que no estuvieran de acuerdo a que se retiraran del bloque si no estaban de acuerdo. Jair Bolsonaro se fue antes de que concluyera la reunión virtual (criticada por Lacalle Pou) y, según los medios brasileños, hasta se marchó de Planalto.

Evidentemente, entre otras cosas, la diplomacia no es la mejor cualidad de Alberto Fernández.

Y para colmo de males, el gobierno impuso nuevas restricciones a la circulación de personas por el desborde de contagiados en la segunda ola del COVID-19, entre ellos el propio Alberto Fernández, el único de los 18 mandatarios y primeros ministros que se infectó tras recibir las dos dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Como no podía ser de otra forma, el presidente culpó a la población por el incremento de casos y fallecidos. “El relajamiento social continuó en gran medida. Todos hemos visto como durante la Semana Santa se repitieron fiestas y reuniones, contradiciendo todos los protocolos que recomendamos cumplir.

No me gusta que se haga política con la pandemia”, dijo el presidente formal tras el anuncio de las nuevas disposiciones sanitarias del miércoles 7 de abril. Fernández parece haberse olvidado del multitudinario velatorio de Diego Armando Maradona, organizado en la Casa Rosada, o las fotos que se hacía con amigos y militantes sin ninguna medida de distanciamiento social o tapabocas. Casi una verdadera canallada.

Un año después de comenzada la pandemia de coronavirus, Argentina tiene vacunada al 8,6% de la población (Alberto Fernández se aventuró a creer y anunciar públicamente que le sería rápido adquirir vacunas a China y Rusia, incluso peleándose con el laboratorio estadounidense Pfizer) y está ante el colapso del sistema sanitario en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la ocupación de camas pasó en dos semanas del 56,5% al 69,2%, promedio, lo que significa que en algunos lugares supera el 90 por ciento. Y ni siquiera han comenzado los primeros fríos del otoño y el invierno, donde las enfermedades respiratorias se hacen moneda recurrentes.

En medio de esta dramática situación, Fernández -el presidente formal- debe escoger entre cerrar nuevamente la economía para evitar el tránsito de personas y que se propague aún más el virus (lo que traerán nuevas penurias económicas a una población ya demasiado castigada desde hace varios años), o que la curva de contagios empeore y colapse todo el sistema de salud.

De un modo u otro, la economía argentina entrará en jaque. Y todo esto con una situación de descontento generalizada que hace que las medidas tomadas la semana pasada casi hayan caído en saco roto, aún con férreos controles policiales en las principales terminales ferroviarias y buses de pasajeros. Por eso era esperable el fenomenal derrumbe de la imagen pública de Alberto Fernández, que según la consultora Argentina Opina, en marzo de 2020 supo estar en el 82% y hoy se ubica en el 43%.

Los días siguientes serán claves para evaluar cuánto pueden soportar los argentinos, en medio de la batalla que se libra puertas adentro del gobierno.

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