Argentina “Explota” la inseguridad en el Área metropolitana

La crisis de seguridad pública golpea duramente en muchas partes del país, pero en el llamado Gran Buenos Aires, la situación es alarmanente, reconocido por el mediático Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

Por: Jorge Alejandro Suárez Saponaro | Director del Diario El Minuto para Argentina

Luego de varias polémicas públicas entre el citado funcionario provincial y la Ministro de Seguridad de la Nación, Sabina Federic, el gobierno lanzó un plan de seguridad por unos US$ 290 millones.

Plan de Fortalecimiento de Seguridad para el Área Metropolitana

El presidente Dr Alberto Fernández, en una conferencia con 24 intendentes (alcaldes) del llamado Gran Buenos Aires, donde viven más de diez millones de argentinos, lanzó formalmente el plan de seguridad articulado con Nación, Municipios y la propia Provincia de Buenos Aires. El Jefe de estado argentino sñaló Si este plan tiene éxito puede ser que mis palabras a algunos lo disuadas de seguir cometiendo delitos, y puede ser que otros digan, ‘yo voy a ser más vivo que el Estado’.

A esos vivos les digo que vamos a ser más implacables con ellos, con el Derecho en la mano, con el Código Penal en la mano, respetando todas las garantías procesales, pero implacables”. Asimismo el Jefe de Gabinete de Ministros. Santiago Cafiero, los contenidos del Plan de Fortalecimiento de la Seguridad abarca:

• 10.000 nuevos policías, que se formarán en academias descentralizadas en los diferentes municipios, durante un plazo de 18 meses de formación para los nuevos integrantes de la Fuerza.
• 2.200 nuevos móviles policiales.
• 4.000 Paradas Seguras.
• 12 Unidades Carcelarias.
• 3.957 Nuevos efectivos de las Fuerzas Federales en el GBA También un acuerdo por unos US$ 70 millones de transferencia de fondos, para la compra de equipamiento de las fuerzas policiales de la Provincia de Buenos Aires.

Uno de los grandes ejes del plan es el traslado de los detenidos en dependencias policiales, de por sí superpobladas, a las unidades penitenciarias a construrirse. La novedad es la construcción de centros de aislamiento para internos con coronavirus.

El delito tuvo un “respiro” por lo menos para los ciudadanos, en la primera etapa del llamado Aislamiento Social Preventivo Obligatorio o ASPO, llamado como “cuarentena” el número de delitos denunciados rondaron entre 1200/1400, según el Ministerio público fiscal provincial. Desde junio esta cifra se duplicó.

En Infobae fue señalado que En el informe de 2019, durante los mismos 96 días, la localidad en la que más delitos se denunciaron fue que en Lomas de Zamora, con 42.818.

Este año, esa jurisdicción revalidó su primer lugar, aunque con una importante caída: 30.119 IPP iniciadas. Le sigue San Martín, con 26.799 denuncias el año pasado versus 19.734 de 2020.

Quilmes, San Isidro, La Matanza y Morón fueron otros de los lugares en los que hubo un importante número de denuncias.

La violencia de los delitos, el incremento de estos, motivó al gobierno federal, en el marco de una polémica con el Ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni – Super Berni para la prensa por su alto perfil mediático – el envío de 500 efectivos federales (especialmente gendarmes), para cubrir un cupo de 3.000, desplegados en las zonas más complicadas.

En una entrevista a Radio La Red el Secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba reconocio el incremento de los delitos en el Gran Buenos Aires y el nivel de violencia.

En Diario Clarín, con fecha del 20 de julio de 2020, se estima que hay una muerte cada tres dias en el Gran Buenos Aires, 55% son víctimas de delitos y el resto, delincuentes que mueren en situaciones cometiendo delitos. Un elemento preocupante, la cantidad de ciudadanos armados, como la facilidad que tienen los delincuentes para acceder a un importante mercado negro de armas, muchas de

ellas de gran poder de fuego. El populoso municipio de La Matanza (más de dos millones de habitantes) lidera el ranking de homicidios, le sigue La Plata (sede del gobierno provincial) y Lomas de Zamora, otro distrito pegado a la Ciudad de Buenos Aires.

El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, personaje de alto perfil mediático, estrechamente vinculado a la vicepresidenta Dra Fernández de Kirchner, quien el mismo Berni no dudó en indicar que políticamente responde a ella, por sobre el mismo presidente Alberto Fernández, no está exento de polémicas.

Mandos policiales se quejan del tono militar con que trata al personal (Berni es teniente coronel médico del Ejército), la reforma que lanzó que ha concentrado mayor poder en manos del Ministerio, centralizando el mando policial, a contrario de lo que dice la propia ley orgánica policial, y por ende quitándole poder a jefes policiales con poder territorial, y por ende influencia politica. También pareciera molestarles el perfil mediático del ministro, que no duda mostrarse armado en operativos policiales, y por ende hace sentir su autoridad directa también frente a jefes policiales.

Este estilo, con una clara intencionalidad política, ha generado varios roces con integrantes de la coalición de gobierno. Pero el respaldo de la vicepresidente de la Nación, a quienes responde también incondicionalmente el gobernador Axel Kicillof., por ende el tempestuoso Berni quedará en su lugar, mientras su jefa política no diga lo contrario. Otra de las quejas del personal policial es el tema salarial, los ascensos congelados desde diciembre, a los que se suman quejan de intendentes, que se ven perjudicados por cierta discrecionalidad de “Super Berni” en asignar patrulleros y móviles policiales a municipios oficialistas. El gobierno federal para apaciguar ánimos enviara a municipios donde gobiernan opositores gendarmes.

Toma de terrenos y un Estado a la defensiva

Las tomas de terrenos, según la ONG Defendamos Buenos Aires, desde que comenzó la crisis del COVID, hubo 3.000 tomas de terrenos, casas, galpones y departamentos en unas cincuenta localidades. En los meses de julio y agosto más de doscientas personas fueron detenidas en intentos de usurpación.

El gobierno se encuentra dividido, mientras que el ministro provincial de Seguridad, Dr Berni, señalaba que las tomas eran un delito – y por supuesto que lo son – y puso en evidencia las serias dificultades para disuadir o dar respuesta este tipo de incidentes.

Sectores ligados a organizaciones sociales, incluso con cargos públicos, se negaron a ver el tema como hechos delictivos, y justificaron de alguna manera, por la crisis habitacional que vive el país, y cargando tintas sobre la gestión Macri (este problema no solo no tuvo soluciones de este gobierno, sino de quienes lo antecedieron desde el restablecimiento de la democracia en 1983). La Ministro de Seguridad de la Nación, Sabina Federic, consideró las tomas como una consecuencia del grave déficit habitacional, lo que ocasionó más de una crítica.

Los jefes ejecutivos municipales, mostraron su preocupación al gobernador provincial Kicillof, por el grado de organización de las tomas, como se pudo ver en una de las más importantes, en la localidad de Guernica, sobre terrenos del ferrocarril, que iban a ser destinados para construir barrios privados, con 700 personas. En la localidad de Gonzalez Catán, en el complejo de vivienda aún no terminado, conocido como complejo ACUMAR, fue tomado, es el más extenso en superficie y cantidad de gente.

En el partido de La Plata (sede del gobierno provincial), gobernador por un opositor, Julio Garro, denunció también tomas, identificando 22 asentamientos ilegales.

En la estación Victoria, zona norte del área metropolitana, donde funciona un predio del ferrocarril, fue tomado, y generó la parálisis del servicio, dado que las 20 familias que se instalaron, lo hacen en la playa de maniobras de la linea. Hasta donde sabemos el conflicto persiste, no obstante ser un terreno de propiedad federal y que afecta dicho

comportamiento a un servicio público. Pero para la titular de Seguridad de la Nación, parciera que esto no es de un ámbito de actuación. Más allá de la polémica, donde se mezclan cuestiones polítcas, ideológicas. Según el medio Infobae los jefes municipales de La Matanza y Jose C Paz, no han denunciado las tomas de terrenos fiscales, y han optado por negociar con los “okupas”.

Las usurpaciones suman unas 4300 hectáreas, especialmente en la región metropolitana o Conurbano. Asimismo una ley que suspende las ejecuciones judiciales, entre ellas desalojos, abrió una puerta para ser interpretada a favor de los usurpadores, y vemos también abogados inescrupulosos que buscan lucrar con estos hechos.

El gran Buenos Aires, Conurabano o Área Metropolitana, es un espacio que tiene graves problemas de infraestuctura. En 2018, en un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica, sobre la infancia en dicho espacio decía que 63,7% de los niños del gran Buenos Aires vive en casas sin cloaca o agua potable; el 54,2% son pobres y un 37,7% depende de los comedores escolares para alimentarse diariamente.

El numero de asentamientos, entre 2002-2017 se triplicó, sumando más de un millar, con más de 300.000 familias, viviendo en ellas. Esto pone en evidencia que la crisis de las “tomas” es consecuencia de la desidia política. A ello se agrega problemas ambiantales, derivados de la contaminación de arroyos, ríos, basurales a cielo abierto, falta de cloacas, agua potable, a pocos minutos de la Residencia presidencial de Olivos, en la zona norte del complicado conurbano.

Una Policía provincial agotada.

En estos días familiares de personal policial, en La Plata, como también personal policial se manifestaron reclamando entre otras cosas un alza salarial que va entre el 54 al 64%, mejoras en los pagos de horas extraordinarias, protección sanitaria por la crisis del COVID 19, mejoras en los montos para compra de uniforme, plan de vivienda policial, y la no obligatoriedad de adherirse al seguro médico provincial, IOMA (de muy mala gestión y con graves denuncias desde hace años por las malas prestaciones), asimismo elevaron un petitorio para pedir que quienes reclaman, no sean sancionados como pasó con una manifestación similar en el partido de Almirante Brown (al sur de la ciudad de Buenos Aires, a unos 35 minutos).

El caso Facundo Astullido Castro, un joven que desapareció en circunstancias aún no aclaradas, y que luego de varias semanas de búsqueda se encontró su cuerpo en muy mal estado, abre un cono de sombra contra el cuerpo policial provincial.

Aunque el ministro Berni, permancerá firme, a pesar de las tormentas, es posibkle que haya “purgas” en los mandos policiales.

Las fuerzas policiales de la Provincia de Buenos Aires, sufrieron reformas, contrarreformas, corrupción, problemas de equipamiento, formación. Hay serios problemas, con un elevado número de policías con carpeta médica, sumarios y un largo etc.

La crisis de la pandemia, ha exigido por demás al personal policial en controles de tránsito, además de exponerse a contagiarse el coronavirus. La crisis de seguridad exige aún más al personal, con tasas preocupantes de muertes en situaciones de enfrentamiento con grupos criminales. La situación es realmente crítica.

Es preciso una verdadera refoma del servicio policial, derogando la Ley 13482, o Segunda Reforma Arslanián, que termine con el complejo sistema de mando superior, cuerpos fraccionados, un sistema educativo que debe ser reformulado desde cero. Es preciso mejorar el nivel cualitativo del personal, programas sociales, un sistema eficiente de lucha contra la corrupción, control ciudadano, inteligencia criminal, comunicaciones modernas, equipamiento, infraestuctura, un sistema logístico. Es necesairio que los politicos entiendan que la Policía no necesita cantidad, sino calidad.