dom. Jul 21st, 2019

Diario el Minuto

Argentina: La paradoja de ser efectivos en la lucha contra el narcotráfico

Por: Agustín C. Dragonetti.

Argentina Sin Narcotráfico, el nuevo plan estratégico del gobierno.

Una de las máximas de los especialistas en criminalística es que el delito siempre muta, lo que significa que ante la desactivación de ciertas modalidades delictivas, el criminal buscará nuevas formas de operar o cambiará de “rubro”. En el caso específico del narcotráfico la situación es más compleja. Desde diciembre de 2015, los controles en rutas y fronteras y los operativos antidrogas en ciudades argentinas se han intensificado, con lo que el decomiso de enormes cargamentos de drogas (principalmente marihuana y cocaína, pero también drogas sintéticas) vienen siendo significativos. Lo que en principio es altamente positivo, como lo es el hecho de sacar de circulación toneladas de narcóticos, trae aparejado dos serios problemas secundarios: el agravamiento de los enfrentamientos en los barrios entre las bandas narcos por el control de los puntos de venta, y el aumento de las acciones delictivas (robos, asaltos y homicidios), tanto en cantidad como en ferocidad. Tratemos de entender una parte de este fenómeno.

Por: Agustín C. Dragonetti. Corresponsal del  Diario el Minuto en Argentina

Como decía al principio, a partir de 2015, con el cambio de gobierno, se incrementaron los secuestros de estupefacientes de manera escalonada y sostenible como política de Estado. Tal es así, que el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que durante 2017 fueron secuestradas por las fuerzas de seguridad federales y provinciales 15 toneladas de cocaína, casi el doble que en 2016. Otro tanto sucedió con el decomiso de marihuana: durante 2017 fueron confiscadas 128 toneladas de la droga, lo que representa un 4,5% más que el año anterior. Se estima que las pérdidas infligidas al narcotráfico rondan los 155 millones de dólares, casi 3.200 millones de pesos a la cotización actual.

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Los mayores ingresos de marihuana a nuestro país se produjeron -producen- a través de Misiones y Corrientes. Lo de la ciudad correntina de Itatí -donde había connivencia entre la clase política gobernante, la policía y los narcos- es emblemático al respecto, ya que se incautaron 4,6 toneladas, lo que equivale casi a un tercio de la marihuana secuestrada a nivel nacional. El gran flujo del contrabando de cannabis hacia Corrientes obedece a su posición geográfica: su vecindad con Paraguay, el quinto exportador de marihuana a nivel mundial, y el segundo en América Latina, después de México, según el Informe 2017 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Casi de manera inmediata, esta nueva situación política se trasladó a los barrios marginales del conurbano bonaerense, el Gran Rosario y la CABA, donde las bandas narcos (en la mayoría de los casos, clanes familiares enfrentados por el control de los puntos de venta) enquistadas en sus estructuras sociales, comenzaron a confrontar de manera más asidua.

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Es economía de mercado apliacada: los narcóticos cuestan más caros en los países que mayores impedimentos impongan a su tránsito. ¿Más claro? Las drogas son más baratas donde hayan más distribuidores, más surtido y en mayor cantidad. Vale decir, oferta y demanda. Y los decomisos provocaron que en un año se duplicara el precio de la cocaína.

Y aquí comienzan los problemas conexos del combate al narcotráfico. El costo del gramo de cocaína alcanzó los 250/300 pesos en las calles de Buenos Aires. El precio se duplicó entre septiembre de 2016 y octubre de 2017, cuando se descubrieron los mayores cargamentos de drogas de los últimos 20 años.

Martín Verrier, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación, dijo que el impacto de los secuestros de drogas hace que los narcos deban “cortar” o estirar cada vez más la cocaína (añadirle en las “cocinas” sustancias para maximizar las ganancias, al aumentar su volumen, llegando a obtener de un kilo de cocaína pura hasta siete). “Esto demuestra que, a medida que se empieza a dificultar el acceso a la cocaína más pura, empiezan a cortarla más”, explicó Verrier en una entrevista al diario La Nación. Hoy por hoy, una dosis de cocaína, por lo general casi un gramo de la droga, tiene una pureza de entre el 60 y el 50 por ciento en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, lo que no es así en otras ciudades de Argentina, como Mar del Plata, donde en algunos casos no supera el 11% y en otros el 25% de pureza, según el juez federal Roberto Falcone, integrante del TOF Nº 1 de Mar del Plata.

Este número surge de los datos preliminares aportados por el programa “Precio, pureza y potencia de los estupefacientes”, actualmente en confección por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Este programa utiliza dos ejes para elaborar estadísticas: el precio del gramo de cocaína en la calle y la pureza de la droga secuestrada por la Justicia Federal.

En este punto, me permito hacer un paréntesis para que se entienda, en parte, el porqué del traslado de la lucha contra el narcotráfico a los barrios. En Argentina no se produce cocaína desde su fase uno, es decir, desde el procesamiento de la hoja de coca. Y esto obedece a una sencilla razón: en el país, afortunadamente, no crece la planta. En las llamadas “cocinas”, solo se estira o corta el producto y se fracciona, y para eso se utilizan manitol, lidocaína, benzocaína, cafeína, lactosa, levamisol, paracetamol o ibuprofeno. Todas estas sustancias no son consideradas precursores químicos, pero sí alcanzadas por la Disposición N° 7771/2015 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y deben inscribirse ante la Dirección de Vigilancia de Sustancias Sujetas a Control Especial del organismo. Y esto en el mejor de los casos, ya que se utilizan como elementos de corte desde harina, pasando por bicarbonato de sodio, hasta vapor de mercurio (el polvo blanco de los tubos fluorescentes- y aún los mismos tubos molidos), como se ha visto con el análisis toxicológico del llamado “paco santiagueño”, precisamente en Santiago del Estero o en barrios de Córdoba.

Ahora bien, que haya aumentado el precio de los narcóticos (principalmente marihuana y cocaína) no significa que hayan disminuido los consumidores. En realidad, sucedió todo lo contrario. Y esto se enraíza con el delito. Un informe elaborado por la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ha sido contundente a la hora de establecer parámetros que se sospechaban y que ahora son corroborados en la relación jóvenes-drogas-delito. El trabajo se titula “Vulnerabilidad social, adicciones y prácticas delictivas 2017”, y se confeccionó en base a encuestas realizadas sobre 2.000 jóvenes voluntarios que se encuentran realizando tratamientos de desintoxicación y son infractores de la ley 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes.

De este trabajo se desprende un dato terrible: 8 de cada 10 jóvenes (en la franja etárea de los 15 a los 25 años) admitieron que el consumo de drogas los llevó a delinquir. Y la mitad de los encuestados, principalmente varones, aseguró que el comienzo en la edad de consumo de drogas fue entre los 12 y los 15 años, aunque hay algunos que aseveraron haber comenzado a los 8. “El inicio en el consumo de drogas presenta una tendencia a ser más temprana que la comisión del primer delito, mientras que el abandono escolar se da luego. Se puede inferir que muchos niños y adolescentes inician el consumo de drogas y las prácticas delictivas estando aún en la institución escolar”, describe el informe.

Los especialistas indagaron sobre porqué robaban. La respuesta masiva fue que lo hicieron para comprar drogas y en segundo término, para tener dinero.

A la pregunta de cómo obtenían el dinero para obtener drogas, 555 expresaron que fue a través del robo; 393 trabajando; 182 pidiendo dinero; 135 robando a su propia familia; 59 vendiendo sus objetos personales; 55 vendiendo droga y 26 prostituyéndose.

Otro dato que se desprende del cuestionario, es que 9 de cada 10 confesaron que el primer delito que perpetraron fue el robo y 8 de cada 10 dijeron que luego siguieron delinquiendo. Además, 7 de cada 10 relataron que para robar manipularon algún tipo de arma, especialmente de fuego.

Toda esta nueva situación hizo que se eleven los índices delictuales. Aunque estemos casi a mitad de año, todavía no han trascendido las estadísticas oficiales, pero sí una privada. El Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas (LICIP) de la Universidad Torcuato Di Tella, elaboró un índice computado con casos sucedidos hasta abril de 2018, que arrojó que el 33,7% por ciento de los hogares sufrió algún tipo de delito desde enero de 2017. Esta cifra empeora en el Conurbano bonaerense, donde ese número alcanza el 34,9 %. Esto constituye un aumento del delito del 6,6% con respecto a los de 2017, pero también es 4,4% superior al último marzo, el más alto de los últimos 12 meses. 

El trabajo expuso que dos de cada 10 hogares fueron víctimas de robos con violencia, una modalidad que alcanza a la mitad del total de los delitos (52 %), teniendo por detrás hurtos (23 %), robos a domicilios (10 %) y de vehículos (3 %), agrupando el 11 % restante una mezcla de otras modalidades delictivas. El estudio reveló que prácticamente la mitad de todos los hechos (49%) fue perpetrado con violencia, lo que significa que el 19% de los hogares fue víctima de al menos un episodio de este tipo.             

Este estudio de la Universidad Torcuato Di Tella no es oficial y está hecho en base a casi dos mil personas encuestadas, lo que significa que los números sobre delitos podrían ser abrumadoramente superiores, máxime teniendo en cuenta que muchos no son denunciados en sede policial, con excepción del robo de automotores, que se realizan por el cobro del seguro.

Uno de los condicionantes para el aumento del delito de todo tipo es la presión que ejercen los mismos dealears sobre los delincuentes en las zonas en las que operan. Tomo como muestra ejemplar el caso del partido de General San Martín, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. En los barrios marginales de ese distrito bonaerense, los narcos y sus “soldaditos” (los custodios de los búnkeres de venta de drogas, generalmente menores de edad), fuerzan a los malhechores locales para que realicen sus actividades fuera de los barrios, so pena de tomar represalias (léase lesiones graves o muerte, contra ellos o sus familias).

Esto tiene dos funciones: proteger a los compradores y evitar atraer a la policía. El resultado es la salida masiva de los delincuentes (generalmente menores en motos) hacia los barrios de clase media, donde roban y asaltan con mucha violencia. Y esta metodología se da en todos los partidos del conurbano bonaerense, Córdoba o Rosario.

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Como corolario y volviendo al principio de esta nota, lo que es una sana política de Estado, como lo es dar combate frontal al narcotráfico, tiene un daño colateral que las autoridades no percibieron -por impericia y torpeza- y cuyas consecuencias se están viendo día a día. De no cambiar la política de seguridad y carcelaria, más una fuerte intervención del Estado en los barrios marginales, con todo lo que ello implica, la situación delictiva en Argentina podría mutar a una muy similar a Brasil, donde el narcotráfico se enquistó en las favelas, creando un Estado paralelo. Todavía se está a tiempo de torcerle la mano a un destino negro.

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