Mar. Sep 29th, 2020

Argentina: La “Rebelión Azul”

En estos primeros días de septiembre, miles de efectivos de las fuerzas policiales de la Provincia de Buenos Aires, protestaron frente a dependencias, sedes municipales, y especialmente en el centro de mando del Puente 12.

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Crisis Policial en la Provincia de Buenos Aires

En estos primeros días de septiembre, miles de efectivos de las fuerzas policiales de la Provincia de Buenos Aires, protestaron frente a dependencias, sedes municipales, y especialmente en el centro de mando del Puente 12, en la región metropoltiana, como en la Residencia Presidencial de Olivos, por reclamos que van desde los salarios, falta de equipamiento, una mala asistencia de salud, poniendo en una situacion delicada al gobierno provincial.


Por:  Jorge Alejandro Suárez Saponaro | Director de Diario El Minuto para Argentina


El conflicto pudo desactivarse en parte, gracias a la ayuda del gobierno federal, que tomó una polémica medida, de retirar fondos destinados a la Ciudad de Buenos Aires, para socorrer al gobernador Kicillof y por lo menos frenar por un tiempo la crisis policial, que estaba teniendo alcance nacional.

La “eterna crisis” policial

La Provincia de Buenos Aires atraviesa una crisis de seguridad pública que viene de larga data. Una de las instituciones más afectadas por esta crisis ha sido la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En 1997, la fuerza con serios escándalos de corrupción y cuesitonamientos en su accionar, que terminó con el apodo “Maldita Policía” terminó con la llamada “Reforma Arslanián” en 1997. Dando comienzo a nuevos problemas. La clase política consideró que reformando solo la policía, por arte de magia, los problemas de seguridad se iban a solucionar.

En otras palabras, la Policía se transformó en un “chivo expiatorio” y los males continuaron, o más bien se potenciaron. La antigua plana mayor y el poderoso Jefe de Policía, fue reemplazado por un todopoderoso Ministro de Seguridad y una serie de cuerpos especializados, atomizando en cierto punto un poder que antes estaba en manos de unos pocos.


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El no tomar soluciones de fondo, no hizo mas que empeorar las cosas. Desde hace décadas escuchamos sobre cuestiones a equipamiento, la situación ruinosa de dependencias policiales, pobre entrenamiento, de reclutamiento, además de la corrupción endémica que padecen los cuerpos policiales en la Provincia de Buenos Aires.

En el segundo mandato del gobernador Scioli (2011-2015) la crisis de seguridad, llevó a tomar medidas apresuradas, y dado la demanda social de mayor presencia policial, agregándose la presion de poderosos jefes ejecutivos municipales, que querían tener control sobre la seguridad pública. Más allá de los réditos polítcos que pudieran obtener, el contar con una fuerza policial propia, también abre la posibilidad de acceder a ciertos circuitos de obtención de recursos.

Así nacieron en 2013 los “pitufos” nombre despectivo a los nuevos policías de las Unidades Locales, por su uniforme celeste, quye dado la premura de mostrar al electorado que la Provincia estaba haciendo algo. Asi muchos pasaron fácilmente los laxos procesos de selección, un entrenamiento acelerado y a la calle, con sus consecuencias, de inundar a la Provincia de millares de jóvenes mal entrenados, muchos de los cuales no aptos para el servicio policial. Asi en poco tiempo, sin estrategia clara de seguridad, planeamiento, se incorporaron al fisco provincial, unos 40.000 efectivos. Como se iban a pagar los sueldos, ello nadie lo pensó.

En aquellos días, la relación entre la presidente Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Daniel Scioli, dado las aspiraciones presidenciales de este. Esta política de puertas abiertas, permitió que no ingresara casualmente los mejores candidatos para ser policía. El grueso jóvenes de clase baja y media baja, con nivel educativo limitado, a pesar de tener estudios secundarios, pero que por necesidad de contar con un trabajo estable, los llevó a inscribirse en este peculiar programa.

Los cambios durante las reformas y contrarreformas, habían terminado con el proceso de formación centralizada y se crearon diversas escuelas en toda la provincia, donde el personal recibía seis meses de entrenamiento. La calidad bajó estrepitosamente. No solo por el origen social de los reclutas, sino también por los contextos socio culturales de donde provenían muchos de ellos. Es frecuente que oficiales – primera jerarquía de la carrera policial – habitaban en villas de emergencia, o barriadas empobrecidas junto a sectores marginales.

Por ende la convivencia con el delito y ciertos patrones en dichos barrios, también impactan en el perfil del policía. Esto también limita su accionar, que no es raro que familias de personal policial paguen las consecuencias por el desempeño de aquel que cumpliendo con su deber combate al delito, especialmente, si esos responsables comparten el mismo barrio.

En el Diario El Dia, en una nota de 2016 (ver https://www.eldia.com/nota/2016-10-5-en-la-bonaerense-de-86-mil-efectivos-solo-51-mil-salen-a-combatir-el-delito) señalaba que de 86.000 efectivos que forman parte de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, solo 51.000 estaban destinados a la lucha contra el delito, 10.000 con carpetas médicas y 12.000 con distintos tipos de sanciones administrativas.

La falta de planeamiento saltaba a la vista, además de un complicado entramado de conducción, donde los jefes municipales ahora tenían voz y voto, y el control operativo de las unidades locales, ademá de las policías de seguridad, investigaciones, patrulla rural, seguridad vial, que terminó en un gigante burocrático de dificil manejo. En 2015, la gobernadora de la Provincia, luego de más de tres décadas de hegemonía peronista – María Eugenia Vidal llegaba con promesas de transparencia y mejoras, decretó la emergencia de seguridad, y colocó al frente del Ministerio de Seguridad, por meras razones políticas, a Cristian Ritondo, que como la mayoria de sus antecesores no eran expertos en el tema, pero si tenían “peso político” para lidiar con la complicada fuerza policial provincial.

Igual que sus antecesores, no se atrevió a reemplazar la ley 13482, de organización policial heredada en tiempos del Dr Arslanián, sino más bien por medio de resoluciones, dejando de lado la ley, buscó centralizar el mando, terminar con las Unidades de Policía Local, e intentar cierta depuración, que le cosó la salida de m unos 4.000 efecticos, los sumarios abarcaron a 35.000 efectivos (de 90.000), se hicieron control de adicciones (el actual ministro Berni reconoció el problema que afecta a muchos policías).

Se exigieron declaraciones juradas de bienes. La misma gobernadora habló de lucha contra las “mafias” y largo etc. Pero como sus antecesores, reformas de fondo no hubo, y menos un programa destindo a dotar de un sistema logístico, equipamiento y mejoras en el sistema de educación, mas allá de la creación, en 2019, del Instituto Universitario Comirsario Juan Vucetich. En dicho año fueron anunciados cambios, destinados a destinar mayor cantidad de personal en las calles, reduciendo los 14000 efectivos afectados a tareas administrativas a unos 6500, además de crear una Unidad de Inspección Operativa para relevar más de 2400 dependencias policiales.

Esto permitió identificar casos de corrupción, como personal que ocultaba drogas ncautadas en operativos en el populoso municipio de La Matanza. Fue implementado un sistema informativo delictual, digitalizando información y conectándolo con el Poder Judicial, mejoras en comunicaciones, adquisicón de 3.000 vehículos y un millar de motos, mejoras en alguans comisarías, pero los problemas de fondo en materia de equipo, logística e infraestuctura no fueron tocados.

En diciembre de 2019, llegó a la gobernación el kirchnerista Axel Kicillof con un ministro de Seguridad, el mediático Sergio Berni, ex secretario de Seguridad de la Nación, donde su paso no fue desapercibido, con muchas polémicas, como el motín policial de Córdoba, que puso contra las cuerdas al gobernador de ese entonces, De La Sota, o el famoso caso Nisman, donde estuvo en el departamento del fiscal federal Nisman, unas horas despúes de su misteriosa muerte, junto a la fiscal interviniente, policías y largo etc.

Fiel a Cristina Fernández de Kirchner, con su impronta personal, adquirió un gran papel en los medios por la crisis del COVID, con sus recorridos, declaraciones, no exentas de polémica, especialente dentro de la coalición gobernante. Berni, entró en choque con los intendentes, al centralizar en cierto punto el mando policial. Las antiguas jefaturas de distrito, fueron eliminadas, impidiendo que los intendentes – alcaldes – tener la tradicional influencia en los nombramientos de jefes de comisaría y de distrito, y otros cargos.

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La crisis sanitaria obligó a las fuerzas policiales, a reforzar su actuación haciendo control de población, donde en más de un municipio se impuso suerte de toque de queda, controlano permisos de circulación, exponiéndose a riesgos santiarios, dado que el personal no contaba con suficientes elementos de seguridad, como guantes, barbijos, protectoes oculares, alcohel en gel o desifectantes, y con un escenario de superpoblación en comisarías.

Esto le costó que 7.000 policías se enfermaran. Los bajos salarios, especialmente para las primeras jerarquías, las exigencias del servicio, el incremento de la violencia en el Gran Buenos Aires. Ingresar como Policía en la provincia de Buenos Aires, significa ganar $ 35.000 (US$ 270 mas o menos), muchas horas de trabajo, realizar horas extras, se paga entre 40/80 pesos (0.60 centavos de dólar). Una empleada doméstica gana unos doscientos pesos la hora. El personal sin ninguna duda mostraba signos de agotamiento y la falta de un liderazgo, de certidumbre profesional, de un atisbo de mejora, fueron ingredientes para los actos de indisciplina que se vivieron los primeros días de septiembre.

La concentración se realizó en el llamado Puente 12, en el límite entre la Provincia de Buenos Aires y la “opulenta” (como la tildó el Presidente de la Nación) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El jefe de las fuerzas policiales, comisario general Daniel García se hizo presente, y fue abucheado por los cuadros más jóvenes. Las exigencias se centraron en una suba salarial entre 54/65%, pago de horas extras de $ 189, alza del suplemento por uniforme (lo que se paga no sirve ni para costear la mitad del calzado que usa el personal policial), la no obligación de afiliarse al prestador provincial de salud IOMA (muy cuestionado por una muy mala gestión, y viene de lejos las quejas de sus afiliados del Estado provincial), sindicalización, democratización de la fuerza, la no adopción de represalias, enrtenamiento y equipamiento adecuado.

La crisis generó una interna en el gobierno, muchoas quieren ver a Berni fuera del ministerio de Seguridad, especialmente referentes de movimientos sociales. Medios periodísticos, señalaron que hubo llamados, pidiendo la salida de Berni.

Es probable que por la polémica de la toma de tierras, donde “Super Berni” apuntó al Movimiento Evita (cuyo referente Fernando Navarro es secretario de Estado). Los intendentes del Gran Buenos Aires, según Infobae, quieren desgastar la figura del Ministro de Seguridad, dado que aspiran a recuperar su rol en la designación de jefes policiales y el manejo operativo de las fuerzas en su distrito. Pero el respaldo de Berni está en manos de Cristina Fernández de Kirchner, quien decidirá la suerte del ministro.

La protesta vivió momentos de tensión, fue cuando una veintena de patrulleros rodearon la residencia presidencial de Olivos el 9 de septiembre, en la mañana de ese día, en horas muy tempranas estallaron una serie de bombas molotov. Solo hubo un detenido, ajeno a la protesta policial. En toda la provincia, hubo movilizaciones y marchas de policías descontentos. El Ministro de Seguridad se negó a recibir a referentes de la protesta. La situación se hizo realmente tensa, debido a la crisis de seguridad que vive especialmente el Gran Buenos Aires. La prensa no dudó en atacar a Berni, por no haberse anticipado a la crisis, como también del gobernador (en campaña se cansó de criticar a Vidal por los bajos salarios).

Entre los uniformados que protestaron hay internas, distintas posturas, hubo presencia de personal exonerado en tiempos de Vidal, heridos en acto de servicio, retirados que piden dejar de IOMA, por sus pésimas prestaciones de salud, y largo etc.. Quedando en evidencia las pugnas dentro de la fuerza, en su plana mayor también, donde todos apunta al comisario general Matzkin, el jefe de la Policía en tiempos de Scioli. Donde pareciera que el Superintnedente General de Policía, Daniel García, quedó bastante erosionado. No obstante ello, el gobernador respaldó a la actual conducción policial, como el mismo Berni.

Tranquilo Axel, que la cuenta la paga Horacio.

El gobierno nacional había anunciado un Plan de Fortalecimiento de Seguridad, que incluía el despliegue de fuerzas federales, pero nada decía de mejoras salariales. La crisis puso en una situación complicada al gobierno provincial, con recursos de por sí limitados. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, convoco a jefes municipales, sin dar detalles de los anuncios, y para sorpresa de todo, decidió lanzar un plan de ayuda, con dinero destinado a la Ciudad de Buenos Aires, quitándole nada menos que unos $ 35.000 millones (US$ 270 millones).

En otras palabras, los platos rotos del gobienro bonaerense, los pagó el gobierno porteño (cuyo jefe de gobierno es Horacio Rodríguez Larreta), posiblemente por razones polítcas. Desde hace tiempo el kirchnerismo duro, busca crear una suerte de brecha, entre el Conurbano pobre y los “ricos” de la Capitral Federal. Muchos apuntan a la figura de la vicepresidenta, Fernández de Kirchner, que no veía bien el acercamiento Ferández – Larreta, a tal punto que el presidente llamó “amigo” al jefe de gobierno porteño, en un claro signo de distensión por la crisis sanitaria.

El presidente de la Nación criticó el accionar de la protesta y como se llevó a cabo, no obstante ello, prometió buscar una solución al problema. El arco político, más allá de reconocer el serio problema que viven los policías de la Provincia, señalaron su malestar por el modo que se realizó la protesta, que por cierto se ha extendido a diversas policías de todo el país. Los estados provinciales han hecho poco y nada por mejorar la calidad profesional de sus policías, mejorar sus salarios, que ha impactado en corrupción y abusos, siendo ejemplo de ello casos muy graves de desaparición de personas en San Luis y Tucumán, además de otros abusos en nombre del cumplimiento de la “cuarentena”.

El anuncio presidencial salvó al gobierno provincial y le permitió anunciar una serie de medidas, entre ellas un salario básico de $44.000 (US$ 338), compensación por uniformes, de $ 1130 a $ 5.000; pago de horas extras de $ 40 a $ 120, lo que podría elevar el salario a $ 60.000. Este salario de $ 44.000 beneficiará a unos 39500 efectivos. Ademas hubo anuncios de construir hospitales para el personal policial, caos que parece no satisfizo mucho, dado que hay un fuerte consenso de dejar de pertenecer a IOMA y elegir la cobertura que mejor les convenga.

Pero esto no traerá paz, la disciplina se ha quebrado y hay un estado deliberativo. El presidente de la Defensoría Policial, Luis Tonil, una entidad no oficial que reclama por los derechos de los policías, señaló que la situación se podría complicar si va ver sanciones. Que seguro las habrá,, como lo afirmó el propio Ministro Berni, el tema que alcances tendrán las medidas y sus conseuencias, en una fuerza que está en estado deliberativo.

Luego de tres dias de silencio, Berni salió de nuevo a la luz, a defenderse de las críticas y justiciar su gestión, además de cargar todas las tintas al gobienro que lo antecedió. Además de hablar del tema de los infiltrados y mostrarlo como un intento de desestabilización. Esto es factible que haya sido aprovechado por sectores dentro de la interna que vive la coalición de gobierno.

¿Cambios o gatopardismo?

El gobierno reaccionó de manera tardía, ante un conflicto queera previsbible que estallara, tal vez no de la manera que hemos visto, pero si la disciplina se iba resentir por la presión que están sometidos el personal policial. Es positivo lo de las mejora de salarios, pero lamentable que esto se financie por

medio de un decreto inconstitucional, quitando fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, para sacar “las papas del fuego” al gobierno provincial. Es indudable que la gestión de Kicillof, como su antecesora Vidal, y yendo más atrás, Daniel Scioli, no tuvieron una estrategia de seguridad, planes concretos y una solución de fondo, por lo menos a la crisis policial que tiene décadas.

La calidad y nivel educativo, lo hemos palpado de primera mano, cuando en su oportundad este corresponsal, presenció hace años el intento fallido de una ciudadana de radicar una denuncia por daños a su propiedad que había sido usurpada. El personal policial, una mujer, muy suelta de cuerpo, exigió que previo a la denuncia, pruebas del hecho y no si no eran aportadas, no tomaba la denuncia. No cabe duda que dicha policía, no tenia la formación adecuada, ni tenia la más mínima idea de lo que implica una denuncia y lo que dice el ordenamiento procesal al respecto.

Los problemas de entrenamiento, lo vemos en los enfrentamientos que personal policial tiene con criminales. Medios periodísticos hablan de un polcía muerto por mes en la Provincia de Buenos Aires, por ende según diverso estudios, por año hay una veintena más o menos de policías muertos, más el personal que queda herido en actos de servicio. En los medos leemos hasta el cansancio que falta municiones, el armamento individual es anticuado, los chalecos antibala también, las comunicaciones son interceptadas por criminales, los automóviles y camionetas empleados como patrulleros están muchos en mal estado por falta de combustible y mantenimiento. Las comisarías, dejan mucho que desear, ni hablar las celdas para detenidos.

Subir salarios, hacer promesas, es solo un paliativo, para un problema más profundo. Las fuerzas policiales han quedado rezagadas frente a los cambios sociales, culturales y de valores de la sociedad. Esa crisis, donde se combina la marginación, consecuencia de años de clientelimso, ausencia del estado y un acusado subdesarrollo que padecen importantes sectores de la sociedad, son un caldo de problemas de todo tipo. De esta sociedad compleja, con crisis de valores, deterioro de lazos familiares, una mayor tolerancia a la transgresión a las reglas, son reclutados los policías. Es por ello que el saneamiento de las fuerza policiales, pasa por la educación y los mecanismos de selección,

Las fuerzas policiales de la Provincia de Buenos Aires (a pesar que existe un jefe de policía, creado por resolución ministerial, existen por lo menos en papel, tres policías de seguridad, tres de investigaciones, bomberos y un raquítico servicio aéreo), son un pesado lastre de presupuesto, devorado por gastos de personal, estructuras administrativas, que han crecido gracias a la ausencia de planeamiento. Las medidas tomadas por la actual gestión, solo son medidas de corto plazo.

La disciplina se ha roto y es indispensable cambios que mejoren la calidad de vida del personal policial, como de herramientas adecuadas para cumplir su misión. Las medidas adoptar debe dejar de lado cuestiones ideológicas, el no pensar en el largo plazo, la improvisación y el gatopardismo, ha salido mucho dinero a los ciudadanos y para peor, la pérdida de muchas vidas, tanto de funcionarios policiales, como de los ciudadanos a los cuales deben proteger, en un marco de una criminalidad más compleja y violenta.