Argentina: las dudas y polémicas de la expropiación de Vicentín

En el medio de la crisis sanitaria, con serias dificultades económicas, cesación de pagos ante acreedores internacionales, el gobierno por motivaciones eminentemente políticas anunció la expropiación de la empresa agroindustrial Vicentín.

En un proceso concursal, decretando la intervención de la empresa lo que originó una polémica pública, que terminó en importantes manifestaciones en la ciudad de Córdoba, Rosario, Avellaneda (Santa Fe, sede de Vicentin) y la propia ciudad de Buenos Aires, además de varias localidades del norte de la Provincia de Buenos Aires, ligado al sector agroexportador.

Por: Jorge Alejandro Suarez Saponaro | Director de Diario EL Minuto para Argentina

La economía argentina se derrumba, no solo por la crisis originada por la pandemia del COVID 19, sino también por responsabilidad política. El Estado está embarcado en un crecimiento explosivo del gasto público, no solo por las ayudas de emergencia, sino también por la pesada carga que es la Administración Pública en Argentina. La actual gestión, desde el inicio no tuvo definiciones claras en materia económica, como se desprendió del discurso dado por el presidente Alberto Fernández en marzo de 2020.

En este contexto realmente complicado, de déficit fiscal, deuda externa, inflación, elevado porcentaje de economía informal, llegó la pandemia del Coronavirus, la falta de una estrategia clara y los serios problemas estructurales de la economía argentina, el gobierno sorprendió con la idea de expropiar una empresa en crisis, Vicentín SA.

Un grupo industrial que está entre las principales empresas agroexportadoras (cuarto grupo según El Cronista). Tiene una capacidad de molienda de granos de 29.500 toneladas diarias, exportaciones por US$ 3.000 millones. Es el sexto exportador del sector agropecuario del país. En 2019 fue la principal empresa exportadora de aceite y harina de soja, además de girasol, con embarques por más de 70 millones de toneladas.

Una empresa creada por inmigrantes italianos. La crisis de 2019 y su impacto

La empresa creada en la década del 20 por inmigrantes italianos ha crecido hasta convertirse en un actor de peso en el mercado. La empresa cuenta con importantes plantas industriales, una terminall portuaria propia, La empresa no fue ajena a los vaivenes de la economía nacional y su expansión, que para muchos, esta apuesta la llevó a la crisis. La crisis derivó en un proceso de concurso preventivo, con la intervención de un juez, a partir de diciembre de 2019.

La desconfianza generada por la victoria de Alberto Fernández, llevó a muchos productores a vender por anticipado su producción, lo que obligó a la empresa acelerar compra de materia prima. La devaluación, que se generó por una crisis de confianza, afectó la cadena de pagos de la empresa, ya con un elevado nivel de endeudamiento, especialmente con acreedores externos. En una maniobra para obtener fondos, Viventin SAIC, vendió parte del paquete accionario de su controlada Renova a un grupo suizo.

Entre los acreedores está el Banco Nación, con US$ 350 millones. El nuevo directorio del Banco inició una investigación, liderada por Claudio Lozano – economista de izquierda y ex opositor al kirchnerismo – que derivó en una denuncia de las anteriores autoridades, y varios sumarios administrativos dentro del Banco.

Los imputados por el fiscal Policita, incluyeron a los directivos de Vicentín SAIC. Mientras tanto ante el fracaso de un Acuerdo Preventivo extrajudicial con los acreedores, llevó a la empresa a iniciar la apertura del concurso preventivo, siguiendo los pasos previstos por el ordenamiento legal en la materia. La deuda es cercana a los casi $ 100.000 millones, siendo el 23% de esa deuda correspondiente a bancos (la mayoría banca pública) y el resto acreedores nacionales y extranjeros (con estos la deuda suma más de $ 30.000 millones). El 50% de la deuda es de naturaleza financiera.

La cuarentena decretada ha limitado por ejemplo que los acreedores pudieran hacer valer sus créditos, lo que llevó al magistrado actuante a extender el plazo para la verificación de los mismos, con la modalidad no presencial. A pesar de la situación, compradores interesados en la empresa no faltaron, presentándose diversos grupos tanto de capitales argentinos como extranjeros. Las razones que no se concretó la venta han sido diversas, dado la situación de la pandemia, la idea de buscar en verdad un socio estratégico y evitar el desmembramiento del holding. Dado la cantidad

de acreedores, más de 2.000, las sumas manejadas, el proceso de Vicentín sea el camino que tomara, iba llevar muchos meses, sino hasta años en resolverse. A pesar de lo delicado de la situación, la empresa concretó varios contratos que le permitió moler 150.000 toneladas de granos de girasol. Las medidas sanitarias, los problemas de implementación de protocolos de seguridad y la situación en general de la empresa, limitaron su capacidad de producción.

En medio de la crisis, la empresa se vio sorprendida por el anuncio del presidente Alberto Fernández de intervenir por medio de un decreto de necesidad y urgencia. Algo de dudosa constitucionalidad, como veremos después. El argumento la llamada “seguridad alimentaria” concepto que no es algo nuevo, sino que fue utilizado por los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner para limitar las exportaciones de productos alimenticios, para garantizar precios bajos en el mercado local. Esto generó un choque abierto con el sector agroindustrial. Las consecuencias fueron negativas, dado que la Argentina perdió mercados y muchos empleos.

El juez del concurso, desplazó a la intervención designada por el gobierno federal, restableciendo por sesenta días a la dirección de la empresa. El 20 de junio pasado un importante sector de la opinión pública, afectada por la cuarentena y la incertidumbre de ésta, el derrumbe económico, reaccionó y salió a manifestarse por millares (Banderazo Nacional), teniendo como principal reclamo su oposición a la estatización de la empresa.

Los manifestantes se aglutinaron en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe, donde se encuentra la empresa Vicentin SAIC, y también en Rosario. Fuera de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Córdoba – afectada por la pandemia y con restricciones – salieron a manifestarse en autos y también a pie reclamando contra la medida.

En la Provincia de Buenos Aires, en varios pueblos ligados a la actividad agropecuaria, como en la propia Ciudad de Buenos Aires, salieron millares de personas en la famosa plaza que rodea al Obelisco, con banderas y pancartas protestando contra la estatización y las medidas económicas del gobierno.

La respuesta del presidente Fernández en un medio radial, era que no le interesaban las protestas y por ende, seguiría con su plan de estatizar la empresa en nombre de la seguridad alimentaria.: “O aceptan la propuesta de Perotti o expropiamos” como fue citado por Infobae.

Pero no terminó ahí los dichos, que a nuestro entender no deja de ser polémico: “El juez es un juez concursal y yo soy el Presidente de la República y hay que explicarle que los DNU son leyes, tienen el peso de las leyes”. El gobernador Perotti de Santa Fe ha buscado una posición intermedia, por decirlo de alguna manera, consiste en organizar una comisión mixta con representantes del estado federal y la provincia de Santa Fe en reemplazo del directorio de la empresa. La respuesta de los dueños fue “es una expropiación Light”.

Mientras tanto se han radicado denuncias contra los responsables de la empresa. En los medios se habla de acusaciones sobre lavado de activos, y otros delitos. El sector empresario observa con suma desconfianza la actitud del gobierno frente a esta empresa.

El cuestionamiento jurídico de la expropiación

El Decreto de Necesidad y Urgencia, dictado para intervenir la empresa, como una suerte de “cabeza de playa” previo a la expropiación, no tiene sustento jurídico alguno. Estamos ante un proceso falencial, donde interviene un magistrado, que tiene una serie de funciones en esta situación.

La llamada teoría amplia, a la que adhiere la legislación argentina sostiene cesación de pagos como estado patrimonial que puede revelarse por numerosos hechos no enumerables taxativamente. La cesión de pagos no es un hecho ni un conjunto de hechos, sino un estado patrimonial de impotencia frente a las deudas a su vencimiento; estado que para producir efectos legales debe revelarse por hechos exteriores, cuya enumeración taxativa es imposible, bastando con que denotaren que el deudor se encuentra en la imposibilidad de pagar.

El deudor tiene una serie de atribuciones en el marco de este proceso, que van desde conservar la administración de sus bienes con vigilancia del síndico – designado por el juez – a diferencia de la quiebra donde el deudor es desapoderado de sus bienes y el Síndico es quien los administra. En el régimen de concurso, el deudor puede llegar a un acuerdo con sus acreedores.

El deudor conserva la administración de sus bienes con la vigilancia del síndico. En la quiebra, como expusimos, el deudor es desapoderado de todos sus bienes y el sindico será quien los administre.

La legislación prevé que el deudor puede ser separado de la administración o se puede designar un co administrador o veedor. Esto lo hace el juez, no un decreto del Poder Ejecutivo, ya sea provincial o federal. En eso la ley es bien clara. Asimismo la ley prevé los actos jurídicos que puede llevar a cabo el deudor/concursado.

En determinados casos prevé la posibilidad que determinados actos requieran autorización judicial previa audiencia con el síndico y un comité de acreedores. El Estado Nacional es acreedor de la empresa y por ende, si aspira a ejercer un mayor control para evitar comportamientos abusivos, la misma Ley de Concursos y Quiebras provee de elementos para impedirlos a través de la actuación del juez.

La medida adoptada por el Poder Ejecutivo excede el marco legal, como hemos dicho anteriormente. La Constitución prevé garantías a la propiedad privada, y en estos casos hay herramientas para llegado el caso intervenir la empresa, pero la decisión pasa por el Poder judicial, con los mecanismos de defensa que prevé la ley no solo para el deudor, sino para el resto de los acreedores, que tienen sus derechos. La Constitución establece claramente los parámetros sobre los cuales pueden dictarse un Decreto de Necesidad y Urgencia para casos de emergencia pública, que requiere el control legislativo correspondiente, a ello cabe agregar que el articulo 17 de la Constitución argentina señala La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley.

La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Entonces, no existen por un lado elementos de que nos diga que estamos ante una emergencia pública, que requiera una medida extrema como intervenir una empresa privada, y por otro lado, la misma Constitución impone que el derecho a la propiedad privada es inviolable, y nadie puede ser privado de ello sin una sentencia como también de una ley previa de expropiación.

Por ende el decreto es abiertamente inconstitucional y abre paso a cuestionamientos judiciales por parte de los dueños de la empresa. El juez del concurso, no cabe duda que recepta estos principios y actuó como corresponde, el interventor nombrado por el poder ejecutivo, no tenía ningún tipo de sustento para ejercer sus funciones y fue desplazado. Si es voluntad del gobierno expropiar, debe ser por ley y por medio de los mecanismos previstos. Lo que abre otro debate, sobre si es oportuno y relevante para el interés nacional que el Estado sea dueño de una empresa agroindustrial.

Nostalgias de otros tiempos.

Los discursos favorables a la expropiación de Vicentin, como otros casos, como YPF, Aerolíneas Argentinas – que llevaron a la Argentina a tribunales internacionales y perder miles de millones de dólares – recuerdan en cierto punto al peronismo de los 50.

Un caso peculiar fue la expropiación de la Cervecería Quilmes, de la familia Bemberg en los 50. El estado tuvo también experiencias como productor de alimentos, un caso emblemático fue el Frigorífico Lisandro de la Torre, entidad municipal que quedó en manos en 1950 del Estado nacional. La empresa se convirtió en un lastre para el fisco, siendo puesta a la venta por el gobierno del presidente Frondizi, que desencadenó una histórica lucha de sus obreros, con tintes políticos en tiempos de peronismo ilegalizado.

Finalmente en tiempos del régimen militar, las instalaciones fueron demolidas. Existen diversos ejemplos sobre administración estatal de empresas agropecuarias. En su momento el Estado administró ingenios azucareros, siendo un caso emblemático Ingenio La Esperanza, sobre el cual se decretó la quiebra hace casi quince años atrás, y que a pedido del entonces gobernador de Jujuy, Dr Fellner, la presidente Cristina Fernández de Kirchner, ordenó su estatización.

Su nivel competitividad en manos del estado está reflejado en una nota del diario Clarín de julio de 2016 En 2015, según datos oficiales, el ingenio cosechó unas 8.000 hectáreas de caña pero produjo solo 60.000 toneladas de azúcar.

A su lado, otro ingenio llamado La Mendieta/Río Grande, con 5.700 hectáreas y un tercio de los trabajadores, logró producir 90 mil toneladas.

La historia del Estado “empresario” es larga y tiene malos recuerdos para los argentinos, con las excepciones del caso. Durante 2003-2015 se llevaron a cabo estatizaciones de las empresas de transporte aéreo, petróleo, aguas y saneamiento, industria aeronáutica y talleres navales, significó con la excepción del caso TANDANOR (talleres navales) un pesado lastre para el fisco argentino y problemas en tribunales internacionales. Pero ello no impide que siga la nostalgia por el Estado, empresario o un incremento de la intervención estatal en la economía aún mayor.

Así escuchamos líderes sindicales que quieren que el Estado se quede con la flota de aviones de LATAM que se va de la Argentina, gracias al costo que es operar en este país, y una abierta competencia desleal frente a la estatal y deficitaria Aerolíneas Argentinas (desde su estatización a los argentinos nos costó US$ 6.000 millones), el canciller Felipe Solá habló de volver a la Junta Nacional de Granos (el estado comprando la producción y como agente de exportación de productos agrícolas, un triste recuerdo de los productores agrarios argentinos).

Está inserta en la memoria de muchos argentinos, que el Estado empresario, casualmente no fue muy buen gestor. Las razones por las que quiere el gobierno quedarse con esta empresa cargada de problemas tiene que ver con cuestiones diversas, que van desde temas ideológicos, políticos (por el apoyo de los directivos de la empresa a la campaña presidencial de Mauricio Macri y los presuntos favores recibidos por ello) a la voracidad de un estado siempre ávido dólares para financiar una estructura casi insostenible.

Mientras que en Argentina, aferrados a los años 50, con nacionalizaciones, dilapidando posiblemente millones de dólares para financiar una empresa aérea que es un lastre, como ahora una empresa agroexportadora cargada de deudas, otros gobiernos en el mundo, destina millones para ser socios de los grandes laboratorios para el desarrollo de la vacuna del coronavirus. Simplemente es una cuestión de prioridades…