Mar. May 26th, 2020

el Minuto

El Primer Diario Social de Chile

Argentina: los presos libres y los ciudadanos encerrados.

Por: Jorge Suárez Saponaro. Director del Minuto en Argentina.

Argentina: los presos libres y los ciudadanos encerrados.

¿Argentina. Los presos libres y los ciudadanos encerrados. Ironías de la Pandemia…..

elminuto|Estos días la Ciudad de Buenos Aires fue testigo de un ruidoso cacerolazo, en abierto rechazo ante la decisión de determinados jueces de permitir que muchos detenidos en el sistema penal federal como provincial, cumplieran su arresto en sus domicilios.


Por: Jorge Suárez Saponaro. Director del Minuto en Argentina.


La polémica reside que muchos de ellos son peligrosos, además de un número relevante de delincuentes sexuales, que en más de un caso terminan viviendo cerca de sus víctimas. A ello se añade la polémica por parte del Ministerio de Justicia, que decidió negociar con los líderes del motín del penal de Devoto, en plena ciudad de Buenos Aires.

La pandemia del Coronavirus generó una oleada de pedidos de prisión domiciliaria por parte de defensores oficiales como particulares, para que muchos detenidos, especialmente del sobrecargado sistema penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Vieja deuda de los políticos de dicho territorio. Los defensores oficiales no solo en más de un caso piden arresto domiciliario, sino conmutaciones de penas. El caso positivo que tuvo un recluso del penal de Florencio Varela (a 35 minutos de la Ciudad de Buenos Aires) con COVID 19, generó alarma y comenzaron las presiones para que cientos de detenidos, especialmente con condenas menores de cinco años, que estén en condiciones de pedir libertad condicional, como aquellos que su condena se termina en el transcurro del año, estarían habilitados para pedir este beneficio. Los presos de varios penales iniciaron una huelga de hambre, que afectó a más de trescientos reclusos. La Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires en un polémico fallo habilitó la salida de los penales a más de 1700 reclusos (2600 pidieron un hábeas corpus colectivo).

El problema ha llegado a delincuentes sexuales, donde han ocurrido hechos realmente polémicos, que desató fuertes críticas en la opinión pública. El citado magistrado, presidente de la Cámara de Casación Penal, permitió que el violador de una menor de 13 años, por razones de salud, pudiera cumplir su arresto en su vivienda en la localidad suburbana de Burzaco.

El tema que el delincuente, de apellido Olmos, vive junto a la casa de la víctima. El abogado de la víctima, Gastón Santilli, en una entrevista al canal de noticias C5N, señaló que la familia de la menor, fue objeto de amenazas e intimidaciones. El marco legal que establece mecanismos de protección a las víctimas, fue dejado de lado como denunció públicamente el letrado citado. El juez que ordenó semejante situación, sostuvo en su defensa, que el acusado acreditó problemas de salud que demandan estar en su domicilio.


Excarcelaciones | Coronavirus en la Argentina | Preocupación por ...


El morigerar las condiciones de detención para delincuentes sexuales, no es solo potestad de polémicos magistrados en la Provincia de Buenos Aires, sino también en la provincia sureña de Neuquén. El caso de Miguel Ángel Holotte, condenado este mes de febrero por violación (seis años, una pena por cierto algo exigua), fue autorizado a cumplir su condena en su casa, por el riesgo de contraer COVID 19 (Neuquén es un distrito de muy baja incidencia de esta enfermedad).

Los argumentos son su cuadro de salud y su nivel de vulnerabilidad ante la pandemia. Una decisión lamentable. La lista de beneficiados abarca condenados por homicidios/femicidios, como el caso de Héctor Barroso, responsable de la muerte de dos mujeres en 2004, que salió del penal de Batán, en Provincia de Buenos Aires. También aspectos como el caso de procesados por tráfico de drogas, uno de ellos con prisión domiciliaria en la ciudad de Buenos Aires, siendo garantes del cumplimiento de su arresto, dos amigos cercanos… Los pedidos de excarcelaciones “llueven” en los juzgados, como manifestó, no con esas palabras, la jueza de Ejecución Penal, Dra Julia Elena Márquez, en el Departamento Judicial Quilmes, en la problemática Buenos Aires.


Arriba de izquierda a derecha: el abusador Pedro Olmos, el genocida Carlos Reinhart y el homicida Diego Arduino. Abajo de izquierda a derecha: el ex juez condenado por narco Raúl Reynoso, el represor Lucio Nast y el violador Jorge Lucero. FOTO: CEDOC


Uno de los serios desafíos es hacer cumplir el arresto domiciliario. El detenido se le coloca una tobillera, conocido vulgarmente como “pulsera electrónica” por el cual autoridades penitenciarias monitorean y controlan. El tema es que la disponibilidad de dichos elementos es limitada. A ello se agrega también dificultades para que el Servicio Penitenciario despliegue agentes como la Policía de la Provincia de Buenos Aires, custodien el domicilio del detenido.

La Argentina, país insólito en muchos aspectos, mostró una vez más como nos puede sorprender. En el medio de la crisis de la pandemia, la lluvia de pedidos de prisión domiciliaria, no solo de delincuentes responsables de delitos contra la propiedad y abuso de armas, sino de delincuentes sexuales, asesinos de diversas calañas.

El motín de la unidad penal de Devoto, ubicado en un barrio residencial de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo 18 horas de extrema tensión a las autoridades nacionales como de la Ciudad. Los amotinados arrancaron techos de chapa, arrojaron al vacío, generaron incendios, arrojaron piedras y generaron diversos desmanes en el penal. Lo mas curioso que los detenidos contaban con celulares – algo teóricamente prohibido – mostraron el minuto a minuto del motín.

La respuesta del gobierno, fue dialogar con los amotinados, en vez de restablecer el orden y exigir responsabilidades. Finalmente hubo un acta entre los amotinados, el Secretario de Justicia, Dr Menna; Emiliano Blanco, el director del Servicio Penitenciario Federal, Dr Daniel Morín, presidente de la Cámara Nacional de Casación, y Gustavo Hornos, por la Cámara Federal de Casación Penal. Uno de los referentes, más importantes de los amotinados, fue Guillermo Álvarez, condenado por cuatro homicidios. El acuerdo incluyó la aceleración de trámites relativos a las causas, la formación de un equipo interdisciplinario, litados con la población carcelaria en riesgo sanitario, formación de una mesa de diálogo, no represaliar o sancionar a los detenidos que se amotinaron. Este comportamiento también fue objeto de duras críticas. Un pésimo mensaje de un Estado que cede ante un grupo de delincuentes amotinados, negocia y entre los negociadores se encontraban personajes que purgan condenas por hechos gravísimos.

Es sabido que el sistema carcelario es un infierno por las condiciones de detención, la superpoblación en las unidades, hacinamiento, ausencia de programas serios de reinserción social, asistencia a las familias de los detenidos que son un factor en riesgo, el delito juvenil, planes de prevención y una Justicia lenta, a niveles exasperantes. Esto es una deuda histórica que tiene la política argentina, no cabe duda, pero creemos que la solución no pasa con ceder a presiones, cuyo objetivo en gran parte de los casos, es evadir las penas impuestas. La población carcelaria tiene escasas posibilidades de contagiarse del coronavirus. No cabe duda que deben tomarse medidas de prevención, higiene y un control estricto de aquellos que trabajan en dichas instalaciones o que por diversas razones tienen salidas transitorias, etc.

La ciudadanía se siente indignada. El gobierno en su momento dijo que iba ser muy severo, con quienes violaran el régimen de aislamiento. Sabemos que las normas deben ser respetadas, pero “ley pareja no es ley dura”. Así como la Justicia ha sido expeditiva con millares de personas que violaron el régimen de aislamiento, sería conveniente que quienes cometieron daños en los motines, tengan sanciones, en vez de permitir que impongan concesiones y negocie de igual a igual con el Estado.

Creemos que este comportamiento de la Justicia de tolerar o admitir medidas que permiten que personajes peligrosos tengan la posibilidad de poner un pie en la calle, como de sectores políticos que toleran y hasta incitan esto, responde a intereses meramente ideológicos, menospreciando a las víctimas, muchas de ellas que ya no están en el mundo de los vivos para clamar por justicia por el accionar de muchos de los sujetos que piden el arresto domiciliario como revisión de sus penas, pone en evidencia la crisis moral profunda que atraviesa Argentina desde hace décadas.

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