Argentina: Otra vez sopa y el hartazgo de una sociedad
Regresaron los infectólogos, el show de médicos hablando mañana, tarde y noche de la “Segunda Ola” de los efectos adversos de las vacunas (excepto el Santo Grial de Pfizer). En un contexto de un gobierno afectado por sus pugnas internas y una figura presidencial abiertamente cuestionada.
Por: Jorge Alejandro Saponaro | Director de Diario El Minuto Argentina
Los medios de comunicación nos hablan de miles de contagios, de muertes. Pareciera que ha llegado el Juicio Final. No cabe que Argentina atraviesa una situación compleja, ante la ausencia completa de una estrategia clara, agregándose las mezquindades políticas.
El regreso de la legión de médicos mediáticos, advirtiendo sobre la segunda ola, hablando de las reacciones adversas de determinadas vacunas – casualmente hacen hincapié con AstraZeneca y Sputnik V- nuevamente una peligrosa sombra apareció en el horizonte de Argentina, especialmente en la región metropolitana de Buenos Aires, sobre el regreso a los días del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Esta vez con tintes políticos y golpes bajos.
El ministro del Interior, Wado de Pedro, comenzó hablar de la “cepa Buenos Aires” y cargar tintas contra el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bastión opositor, y especialmente con la gestión del jefe ejecutivo local, Lic. Horacio Rodríguez Larreta.
La Ciudad ha tenido un excelente desempeño en materia de testeo, seguimiento de casos, buena respuesta del servicio de salud, destacándose el rol del ministro de Salud porteño, Dr Fernán Quiroz, por su moderación y buena comunicación, pero una buena gestión. Los aspectos criticables al gobierno de la Ciudad, ha sido la ausencia de políticas robustas en materia económica, especialmente ante el duro golpe dado por la “cuarentena eterna” impuesta en marzo de 2021.
Pero para ser justos, la Ciudad fue duramente golpeada con el recorte de fondos de coparticipación federal, para transferirlos a la provincia de Buenos Aires, cuyo gobierno, no ha estado a la altura de las circunstancias y se ha convertido en un pozo sin fondo.
El presidente Alberto Fernández, que por un tiempo disfrutó de popularidad, mientras “el Estado nos cuidaba” algunas voces, entre las que nos encontrábamos nosotros, advertíamos en junio de 2020, que ante la ausencia de una estrategia clara, el país pagaría un alto precio social y económico. Finalmente la flexibilización de las medidas, todas ellas de dudosa constitucionalidad, fue consecuencia de la presión social.
Los medios de comunicación, cambiaron su discurso pro cuarentena, ante los nuevos vientos de cambio, especialmente por el cansancio social, la pobreza, los abusos a los derechos humanos, muy graves como en el caso de Formosa, la desesperación de familiares por volverse a ver, donde casos célebres, como de hijos que querían a ver sus padres enfermos en etapa terminal, el caso de un joven padre que murió ahogado en su desesperación de regresar a casa, porque el gobierno infame de Formosa, cerró sus “fronteras” como si fuera un estado soberano.
Incluso desobedeció órdenes de la Justicia Federal, un acto sedicioso, que no fue sancionado con la intervención. El gobierno de turno, fiel a la tradición peronista, a las filas propias, a pesar del peor de los pecados, no se toca.
La oposición tuvo un rol deslucido también, por la corrección política, nadie se animó a atacar las medidas extremas que implementó el gobierno del presidente Fernández, que a todas luces no dieron un buen resultado, con más de 50.000 muertos y dos millones de ciudadanos que padecieron COVID 19.
Cifra muy similar a la Vietnam, un país con el doble de población, y que no impuso restricciones por un período de tiempo prolongado, agregándose que los destinos de dicho país, está en manos del politburó del Partido Comunista.
La necesidad de un mensaje conciliador, de impulsar diálogos constructivos, va en contra de la naturaleza de la clase dirigente en Argentina. Quienes se manifestaron con el llamado “Banderazo Nacional” en 2020 y otras tantas marchas, eran grupos de “contagio”, pero quedaban exceptuadas las movilizaciones convocadas por el oficialismo. Luego vino el estímulo al turismo, especialmente interno. En diciembre iban a llegar millones de vacunas…
Es indudable que la ausencia de una estrategia clara, como se podía observar en los pasajeros que regresaban del exterior, solo eran testeados quienes eran residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El resto quedaban fuera de control, incluyendo la Provincia de Buenos Aires. Ahora buscan un chivo expiatorio, para tapar falencias propias. Una vez más la gente tiene la culpa, por ir de vacaciones en Semana Santa, cuando esto fue estimulado de alguna manera por el mismo gobierno, al promover el turismo interno.
Ante los escándalos de las llamadas Vacunas VIP, que provocó la salida del incombustible ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, uno de los grandes responsables del fracaso de la política sanitaria, tuvo como respuesta una mayor escalada verbal entre referentes políticos del gobierno actual, la oposición y los medios.
En Perú, un caso similar provocó la salida de cientos de funcionarios y una severa crisis política. La distribución de vacunas, también obedece a criterios políticos, más que a necesidades de los distritos.
La Ciudad de Buenos Aires, con un elevado índice de población de tercera edad y la mayor cantidad de personal de salud por habitantes del país, no recibió en proporción las vacunas necesarias.
Hemos observado jóvenes militantes sacándose fotos luego de vacunarse contra el COVID, una atractiva influencer, esposas, esposos, chóferes, profesora de teatro en un área para pacientes oncológicos, intendentes menores de 40 años, y la lista sigue. Fue realmente lamentable que el gobierno no actuara en consecuencia y minimizara o negara el problema.
El gobierno fue objeto de cuestionamientos sobre la cantidad de vacunas, la lentitud de las negociaciones, el “misterio Pfizer” que impidió que se llegara a un acuerdo. En medios uruguayos, afirman, que la oportunidad perdida por Argentina fue aprovechada por el vecino país. Llama la atención que la Argentina, cliente de laboratorios chinos, no recibió vacunas de cortesía o donadas, como Perú o El Salvador. Estados Unidos, en una clara señal política, ha iniciado un acercamiento con Argentina, para la venta de vacunas AstraZeneca (existe una reserva potencial de 20 millones de dosis que esperan autorización de la Administración de Drogas y Alimentos o FDA).
Esta es objeto de controversia, posiblemente por la feroz competencia de laboratorios, las consecuencias políticas de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y los problemas para el cumplimiento del contrato por parte de Astra con los europeos. India otro productor bloqueó la salida de vacunas, por necesidades internas, como también lo hace Europa. Por ende, Estados Unidos pareciera ser la tabla de salvación. La Casa Blanca lo sabe, que es una poderosa moneda de cambio, especialmente para los países en vías de desarrollo.
El viaje del titular del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, almirante Craig S. Faller, fue una clara señal, que este problema sanitario del COVID, es un tema de seguridad hemisférica. ¿Los políticos en Argentina se darán cuenta de esto? ¿Saben de la política de los países centrales con países con problemas sanitarios graves, no son prioridad a la hora de inversiones, intercambio comercial? China y Rusia con su diplomacia “sanitaria” están posicionándose como grandes proveedores de países en vías de desarrollo, por medio de créditos, que generan dependencias políticas.
El acopio de vacunas por parte de países centrales, mayores a sus necesidades nacionales, pone en evidencia, que serán empleadas como arma de presión y nuevas relaciones de subordinación a grandes intereses.
En Argentina pareciera que no tomaron nota de ello, los políticos están atrapados con el debate sobre el “lawfare” suerte de conspiración judicial y de medios de comunicación para poner tras las rejas a dirigentes políticos, curiosamente, muchos de ellos, no pueden justificar sus bienes, pero parece que esto es un detalle menor. La reforma de la Justicia, no para hacer accesible a los sectores menores de recursos, mejoras en la infraestructura, capacitación de personal, tecnologías, celeridad, y otras demandas, sino orientado al ámbito federal, para cuestiones netamente políticas.
El gobierno busca reemplazar al procurador general de la Nación, Dr. Casal, funcionario independiente políticamente hablando, algo que sectores del oficialismo no toleran., y no dudan en decirlo abiertamente. La reforma judicial, ha sido la gran prioridad de la agenda política y está estrechamente ligado a la rendición de cuentas que se exige a muchos funcionarios en la gestión kirchnerista. La Dra. Losardo, cercana al Presidente de la Nación, fue eyectada y reemplazada por el Dr. Soria, un militante duro del kirchnerismo.
La oposición, dividida y bastante dispersa, se manifiesta de alguna manera, pero queda un largo camino para crear un frente más consolidado. Juntos por el Cambio tiene sus divisiones, especialmente en torno al liderazgo del ex presidente Mauricio Macri. Su libro se ha vendido como “pan caliente” y donde incluye una tímida autocrítica. Emergió también de las sombras, la ex gobernadora María Eugenia Vidal y parece que jugará en terrenos de la Ciudad de Buenos Aires.
El aceitado aparato clientelar del peronismo, tal vez pueda derrotarse en las urnas, pero hace imposible el gobierno, más allá que Vidal tenía serias falencias en materia de políticas de desarrollo y seguridad.
Todos hablan pero nadie nos dice como salir del atolladero. El nivel de contagios comenzó a incrementarse, con la llegada del otoño, algo que se sabía hace meses y los expertos serios, como la evidencia del Hemisferio Norte, demandaba una estrategia al respecto. Pero la política argentina estaba entretenida en otras cosas.
Tanto la situación sanitaria, como económica, en franco deterioro, era objeto de los más finos y exhaustivos análisis, pero de soluciones, nada, o sino más bien las recetas conocidas. Cuarentena eterna y mayores sacrificios al sector privado, o medidas antiinflacionarias. Nadie habla de medidas de fondo, de terminar con los males estructurales del país.
Los medios comenzaron a bombardear con cifras alarmantes de contagios, de las nuevas cepas, de los problemas para obtención de las vacunas. La usina de rumores, sobre el regreso a la tan odiada cuarentena estricta, era una realidad.
El paladín de estas medidas nada menos que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Kicillof y su ministro de Salud, Gollán, sugiriendo un cierre total por quince días, intención que esconde para muchos, una cuarentena que puede durar meses. Guardando, los funcionarios aludidos, especial silencio ante las limitaciones que tiene la provincia para los testeos de pacientes con COVID, lo que lleva a que el 35% de los ciudadanos que se realizan los test sobre COVID en la Ciudad de Buenos Aires, son residentes de la Provincia. El Ministro del Interior, Wado de Pedro, un hombre muy cercano a la vicepresidente, Dra. Fernández de Kirchner, comenzó hablar de una “cepa Buenos Aires”.
Pronto algunos nos recordó cuando acusaban a la gente que quería salir a correr a una plaza, eran peligrosos vectores de contagio. Las polémicas continuaron, sobre si los niveles subnacionales, léase gobiernos provinciales y la Ciudad de Buenos Aires, podrían salir al mercado internacional a comprar.
Escuchamos una catarata de “expertos” diciendo que no. Pocos días después nos enteramos que la entidad deportiva sudamericana CONMEBOL, obtuvo la donación de 50.000 dosis de vacunas chinas. El Estado alemán de Baviera, anunció la compra de 2.5 millones de vacunas Sptunik V.
Las razones porque el Estado nacional no allanó el camino para que los estados provinciales y la Ciudad no salieran al mercado, obedecen posiblemente a cuestiones políticas. Ahora abre las puertas, dado que no cabe duda, que saben que el plan nacional tiene serias fisuras, y no ha logrado vacunarse a la escala que deberían haberse llevado a cabo. Otro misterio, son los desarrollos de medicamentos contra el COVID, no exentos de controversias. Ningún médico que nos llenan de información – o desinformación – sobre la crisis sanitaria, hablan del spray preventivo israelí, con la denominación Taffix. Incluso varias miles de dosis fueron donadas a la República Dominicana.
En medio de acusaciones cruzadas, el presidente de la Nación, olvidándose lo que fue el sepelio del ex jugador Diego Maradona, o sus reuniones con dirigentes políticos, donde claramente no cumplía con lo que se exige a la población, señaló que el incremento de los contagios era responsabilidad de la ciudadanía y que los médicos habían bajado la guardia.. También omitió cuando su ministro de Turismo, Lammens, impulsó el turismo interno, unido a las falencias de control para pasajeros provenientes de lugares complicados, como Brasil.
Así llegamos al decreto de necesidad y urgencia 241/21, y otra vez sopa. Limita la circulación de personas entre las 20 horas a 6 horas del día siguiente, una suerte de toque de queda, el cierre de locales comerciales, suspensión de clases presenciales en la región metropolitana de Buenos Aires (pocos días antes el ministro de Educación Trotta, había señalado el escaso riesgo de contagios en las escuelas), todas las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas que se realizan en ámbitos cerrados, impide que los locales gastronómicos tengan público en el interior, y las limitaciones en materia de transporte público, etc.
Una vez más el gobierno argentino, se transformó en “unitario” y avanzó sobre jurisdicciones locales. Los estados provinciales, fueron liberados de cumplir, y fueron invitados adherirse. Formosa, adhirió, haciendo honor a su política lamentable de restricciones a las libertades públicas, como la Provincia de Buenos Aires, barriendo bajo la alfombra las falencias en materia de testeos, etc.
Los gobernadores en su mayoría, se mostraron contrarios acatar la medida, más que nada por el impacto económico, más allá que la misma es más que cuestionable desde el punto de vista constitucional, cosa que no decimos nosotros, sino reputados constitucionalistas, como el Dr. Daniel Sabsay. La Ciudad de Buenos Aires, rápidamente recurrió a la Corte Suprema de Justicia, a dirimir la cuestión, y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en una rueda de prensa, dijo que la medida era de carácter inconsulto.
En el dictamen del Procurador General, que hace lugar al pedido de amparo sobre el nuevo decreto sobre la crisis sanitaria, señala que en su presentación, el gobierno de la Ciudad señaló:
- La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto la decisión adoptada por el Estado Nacional implica una virtual intervención federal, al arrogarse potestades eminentemente locales, como lo son las materias de salud y educación.
- El principio de razonabilidad, en razón de que la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, sino que obedece a la mera voluntad del Poder Ejecutivo Nacional.
- El principio de supremacía federal, por -2- contravenir lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución Nacional, que declara la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino.
La Ciudad sostiene que la norma cuestionada, atenta contra el régimen de autonomía de la ciudad de Buenos Aires, garantizada por el art. 129, agregándose el hecho que el Titulo Segundo de la Constitución Nacional, dedicado a las provincias, está el citado artículo 129. La doctrina y jurisprudencia son contundentes relativo al estatus de la Ciudad de Buenos Aires, que es un sujeto federal, al mismo nivel que las provincias. El decreto de necesidad urgencia, además vulnera los términos del art. 99 de la Constitución Nacional que dice claramente El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.
El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara.
Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.
El Poder Legislativo está en funciones, por ende los argumentos esgrimidos por el Decreto en cuestión, no tiene sustento alguno. Este tipo de cuestiones debe ser debatidos en las Cámaras y llegado el caso dictarse una Ley de Emergencia Sanitaria, pero teniendo en cuenta los derechos y garantías constitucionales.
La norma en cuestión, pareciera que obedece a razones políticas, más que sanitarias, dado que avanza lisa y llanamente sobre competencias de la Ciudad de Buenos Aires, y también la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, otro aspecto cuestionable es limitar la circulación de personas, como sostener que los argumentos del decreto están en el art. 14 de la Constitución nacional, que garantiza la libertad de movimiento, trabajo, y que pueden restringirse por razones de seguridad y salud pública, vía reglamentaria. Esto debe surgir de una ley dictada por el Congreso, y con serias limitaciones, siempre manteniendo como criterio interpretativo favorable a la libertad.
La Constitución Nacional impone criterios de razonabilidad, proporcionalidad, y que los derechos consagrados no sean alterados. El Dr. Sabsay, nos dice que a doctrina y la jurisprudencia internacionales han determinado que una medida puede ser razonable y proporcional pero sin embargo no resultar
el camino menos gravoso para el logro de la solución propuesta. Por ende, quien ha impuesto una restricción a un derecho debe demostrar que el camino elegido es el que menos menoscaba el ejercicio de una libertad. Así las cosas, el DNU presidencial está desprovisto de todos estos atributos que deben estar presentes a la hora de establecer límites a derechos fundamentales.
El decreto avanza sobre cuestiones locales, especialmente en materia de poder de policía, que es competencia netamente de los niveles subnacionales. En este caso Ciudad de Buenos Aires y los estados provinciales.
Otros aspectos también criticables el despliegue de fuerzas de seguridad federales, para hacer cumplir el decreto en cuestión. Una clara invasión a competencias locales. En cuanto a las Fuerzas Armadas, brindará servicios de asistencia sanitaria y contar con puestos para apoyar el esfuerzo en materia de control.
La pregunta del millón, es porque no se hizo este esfuerzo de testeo masivo de población con anterioridad, como también a los pasajeros provenientes del exterior, o en puestos fronterizos.
El decreto, cargado de vicios, jurídicamente endeble, será objeto de largas batallas legales y políticas, dado que claramente está dirigido a mermar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, algo que ha sido característico desde la reforma constitucional de 1994, por haber sido siempre un bastión opositor al gobierno nacional de turno.
En los medios de comunicación, otra vez vemos a los “expertos” y demás charlatanes de turno, llenándose la boca sobre el problema que vivimos. De justificar la limitación de libertades públicas en nombre de la seguridad sanitaria.
Nos hablan de fiestas clandestinas, olvidándose del Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
Esto tiene que ver con las reuniones privadas, donde se ha buscado que el Estado avance sobre la vida privada de las personas Cabe agregar en torno a las garantías constitucionales que quieren suspender los decretos nacionales y de autoridades locales, entran en colisión con el artículo 23 de la Constitución que nos dice.
En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales.
Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino. Como también del artículo 28.- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.
Es altamente probable que lo que decimos aquí, moleste a muchos. La Constitución fue hecha para cumplirse, en nombre de la seguridad, en Argentina se han cometido muchos abusos, y pareciera que existe una tendencia a repetir la historia.
El camino adecuado es contar con una verdadera ESTRATEGIA NACIONAL para afrontar la crisis, que contemple aspectos sociales, políticos, económicos y sanitarios, apoyados por una Ley de Emergencia, que permita movilizar recursos públicos y privados para hacer frente a la crisis sanitaria.
La Directiva Estratégica, aprobada por el Presidente por decreto, debe incluir un prefacio, fundamentos de la estrategia nacional en pandemia, definiendo objetivos e intereses, panorama regional y global (oportunidades y riesgos), la agenda política (relacionando fines medios), la agenda económica, la agenda social, la agenda sanitaria. Esta directiva es la pauta rectora para que las autoridades locales adopten las medidas necesarias, acorde a sus realidades locales.
Por ejemplo, limitar el horario de funcionamiento de comercios o centros recreativos, o medidas de seguridad sanitaria en escuelas. El imponer el toque de queda pasado un horario, es propio del estado de sitio, y la emergencia sanitaria, no contiene los supuestos para implantarlo.
Un plan bien elaborado, por ejemplo, debe tener en cuenta los problemas de saneamiento que tienen las grandes aglomeraciones urbanas, con problemas de acceso al agua potable, cloacas, viviendas hacinadas, economía informal que obliga a muchos a usar el transporte público para buscar oportunidades en localidades vecinas, o como el Gran Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, donde millares día a día desarrollan su actividad laboral.
Impedir el traslado de dichos trabajadores informales, tiene un impacto negativo, lo que demanda abordajes integrales. En el siglo XIX; luego de la epidemia de fiebre amarilla, las autoridades dedicaron sus esfuerzos a la mejora sustancial de la calidad de viviendas, saneamiento, sistema de recolección de residuos. El gran problema del COVID; no cabe duda que es el hacinamiento y la necesidad de tener a los grupos de riesgo vacunados.
La crisis sanitaria encuentra al país sin un sistema de planeamiento, tampoco se ha observado la existencia de mecanismos para una adecuada apreciación de la situación, que hubiera permitido por ejemplo, plantear escenario ante escasez de vacunas o incumplimiento de proveedores, como un sistema de control de gestión, para evaluar de la manera más objetiva los resultados de las decisiones tomadas. La Argentina se ha vistos sorprendida, por falta de planeamiento adecuado, como de una verdadera apreciación del contexto, en lo atinente al mercado de vacunas COVID, los actores pugna y sus intereses.
Esta evaluación incorrecta, más bien superficial tiene costos, en el proceso de inmunización de la población. En este orden de cosas, los graves problemas de planeamiento, derivaron en un impacto extremadamente negativo con el régimen de aislamiento social preventivo, que ha generado una crisis muy seria, afectando especialmente al sector informal de la economía, donde los índices de desempleo son altísimos.
El Estado no adoptó medidas destinadas a educar a la población sobre la situación del COVID, hubo serias fallas de comunicación, agregándose que el comportamiento del liderazgo político, le resta legitimidad. Los errores están a la vista, y el ejemplo de otros países, pone en evidencia esas graves falencias, que implican la pérdida de vidas humanas, como un crecimiento exponencial de la pobreza.
Elevados niveles de subdesarrollo y pobreza generan también muerte. La crisis COVID demanda una visión global del problema, que requiere de consensos de los sectores representativos de la sociedad.
El relato, la posverdad, los insultos, los gestos autoritarios y otras miserias políticas, ponen al país en un callejón sin salida, ante una sociedad que muestra signos de cansancio, harta de un sistema político, que habilita el ascenso de pequeños personajes ávidos de poder, que solo buscan el beneficio propio y de sus acólitos, en desmedro de los intereses de la Nación, y en este caso, de la vida de sus ciudadanos.
