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Argentina palpita elecciones legislativas paso.

El Minuto | A tan solo tres días de las Paso, los argentinos meditamos una vez más la decisión de elegir candidatos en las urnas democráticamente.

Por: Daniel Defant | Corresponsal El Minuto para Argentina

Los argentinos sabemos que más allá de ser estas elecciones una verdadera interna partidaria abierta a la sociedad es una elección crucial para los agitados tiempos que se viven en el país y poder decidir lo mejor para las elecciones generales.

¿Desde donde votamos hoy los argentinos?

Este es el gran interrogante que nos urge y pasa por nuestras mentes en carácter de ciudadanos y electores que por estos momentos pensamos en revertir el futuro complicado e incierto que hoy tenemos, siempre con las mismas ansías de volver a ser aquel país que abandonamos alguna vez y lo llevamos por caminos tumultuosos e inciertos que conducen a un sistema de anarquismo en su concepto más suave de gobierno al que debe estar constituido: Sobre la base de sus tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial como todo Estado de Derecho al que ordena la Constitución Nacional.

No dudo de que es una elección diferente porque las decisiones serán tomadas desde la bronca, el enojo y la tristeza de no poder ser lo que siempre hemos querido ser o lo que hemos soñado para todas nuestras generaciones actuales y venideras.

La bronca de los más de 100.000 muertos que se llevó una pandemia con una cuarentena mal administrada, pudiéndose evitar mucho de lo sucedido en estos últimos tiempos.

El enojo por vacunas que no llegaron en tiempo y forma, más allá de negociados, cuestiones políticas y vacunatorios Vip.

La tristeza y el desconcierto de haber ido perdiendo terreno en todo orden que nos fue alejando a nosotros mismos y al mundo que gira en nuestro rededor.

La mayor parte de candidatos y por sobre todo del oficialismo carecen de propuestas claras y sin apuntar a proyectos estratégicos para salir.

Querer implementar una reforma judicial en estos tiempos de pandemia no deja otra cosa más que entrever una búsqueda de impunidad.

Todo argentino se ha hecho consciente que la principal raíz de su problema es la Justicia que no funciona como lo debe hacer.

Todo comenzó desde hace mucho tiempo, y se fue explayando como una gota de tinta caída sobre un papel secante que poco a poco agiganta.

Nos fuimos quedando sin Poderes del Estado, o Poderes que dejan de funcionar conforme a lo establecido por la Ley Madre que es la Constitución Nacional.

Bajo estas circunstancias apremiados por la velocidad actual de la vida el hombre, sea un funcionario público o u particular, se encuentra en que debe solucionar problemas cotidianamente, a veces sin darle el tiempo para pensarlos a fondo.

No es que lo haga superficialmente, sino que se debe actuar con reflejos casi instantáneos, automáticos. Se está inmerso en el “mundo manual”, ese que se tiene a mano y se maneja diariamente.

Mientras ese mundo manual responde de acuerdo a lo previsto, el accionar transcurre fluidamente, presentando problemas desde diversos ángulos cuyas respuestas no solo exigen conocer el mecanismo a fondo, sino saber el porqué de él; surge entonces el “mundo de la esencia”, el mundo de las razones, el mundo de los fundamentos de ese accionar diario.

La acción diaria que nos compite por entonces es “el control”.

Lamentablemente es lo que hemos perdido; quedamos sin control y sin poder dar una respuesta exhaustiva, sentimos que todo escapa de nuestras manos, que requerimos de técnicas muy especiales, a medida que la sociedad se va diversificando.

Los mecanismos de control se hacen en consecuencia cada vez más necesarios pues hemos perdido moral que se aleja a lo que establecen las leyes y concierne toda ética.

En este preciso instante el Poder entra en crisis cuando aparece ante el hombre, como algo del todo exterior a sí mismo, y no encuentra en el un eco de lo que es su naturaleza, su historia y su conciencia.

Estamos en un momento estelar en que la cultura “hecha” como construcción humana se convierte como ideal alcanzado, en algo establecido, por ende, se separa de la vida que va, por un lado, pero declama una nueva forma de vivir, se produce un terremoto social al que llamamos “revolución” hasta que cultura y vida se vuelven a unir.

Nuestra revolución es hoy tecnológica, con políticos que no se ajustan a ellas, solo piensan e implementan censuras, cepos, confinamientos, achiques, etc; a la vista tenemos los resultados.

Hasta que la corrupción se convierte en clima, es el aire respirado desde lo más profundo que se traduce en mentira e inflación.

Es un mal generalizado de la sociedad y hasta deja de ser un atributo de la Administración Pública, porque se la encuentra en todos lados.

Durante años, el Estado ha ido ampliando sus atribuciones y roles. En parte, ello se debió a la complejidad de las actividades que los caminos sociales fueron imponiendo, y en parte a tendencias de tipo paternalistas.

El papel subsidiario se convirtió en un paraguas bajo el cual se han acogido numerosos beneficiarios.

El hombre común, sabe que debe protegerse, no solo de otros hombres sino también del propio Estado que asume roles de protagonista.

Quedando así establecida la existencia de una “cultura de corrupción como mal generalizado”, que imposibilita toda supervivencia social.

En una primera etapa actúa castigando, luego se convierte en negocio y por último se transforma en peligro que acaba con un cambio cultural traducido en acostumbramiento normal.

La legalidad, es la calidad de lo legal, lo que está regulado por ley y es el modo de obrar y actuar conforme lo estatuye esta.

Cuando decimos que una decisión es legal, significa que se ajusta a la norma fijada por el legislador.

La actividad estatal se ajusta a las normas que la rigen, es decir, a ciertos principios jurídicos, se manifiesta a través de normas jurídicas y es lo que hace a la actividad jurídica en sí.

La legalidad administrativa que es el caso que nos atañe, constituye una verdadera garantía a los administrados y torna transparente la eficacia de la gestión administrativa. Además, la actividad administrativa tiene que respetar los derechos y libertades de los particulares, pues tiene raigambre constitucional.

Siguiendo a Dromi podemos sostener que este principio de legalidad administrativa tiene las siguientes derivaciones jurídicas:

a.- toda actividad jurídica tiene que sustentarse en las normas jurídicas (Constitucionales, legislativas o administrativas).

b.- ninguna decisión o acto emanado de un órgano inferior podrá dejar sin efecto lo dispuesto por otro órgano superior jerárquico; esto hace a la unidad del sistema y al normal desenvolvimiento del orden jurídico.

c.- la Administración debe poner en pie de igualdad a todos.

d.- los actos de Administración tienen que ser razonables, esto significa que deben seguir el debido proceso con la exposición y análisis de los hechos, su valoración objetiva y una adecuada y proporcionada relación lógica entre el valor de la causa y el fin que es el objetivo de la ley.

e.- debe darse la posibilidad de controlar todos los actos administrativos por vía judicial, ya sea que emane de cualquier órgano (ejecutivo, legislativo); pues la no justiciabilidad de los actos administrativos estaría contrariando todo principio de juridicidad (Instituciones del Derecho Administrativo).

Por último, hay que destacar, parafraseando al Dr. Linares, que el principio de legalidad es una verdadera garantía Constitucional, es la esencia del Estado de Derecho; y tiene cinco contenidos:

· El principio democrático.

· La igualdad.

· La razonabilidad.

· La restricción interpretativa.

· La irretroactividad.

Este es el procedimiento en virtud del cual una persona u órgano debidamente autorizado por la ley, examina o fiscaliza un acto realizado por otra persona u órgano, con la finalidad de verificar si en la preparación y cumplimiento de dicho acto se han observado todos los requisitos que exige la ley.

La sociedad es la que otorga y garantiza los derechos individuales y depende de la existencia de límites impuestos al ejercicio del poder por parte de sus poseedores.

La actuación debe ser vigilada, controlada, para que se mantenga dentro de esos límites; pues la naturaleza humana no es proclive por lo común a autolimitarse voluntariamente en esta materia, y de ahí entonces que no pueda esperarse de quienes poseen el poder que no caigan en el abuso del mismo.

Por ello resulta importante y necesario institucionalizar el control del poder, mediante una ordenada creación de medios.

La historia y la experiencia de siglos ha demostrado al hombre político, la necesidad de que existan frenos por medio de un sistema de reglas fijas, generalmente contenidas en una Constitución, destinadas a regir el ejercicio del poder político.

La Constitución se convierte entonces en el gran dispositivo para ejercer el control del proceso del poder.

Loewenstein afirma que a toda Constitución se la debe considerar como “telos”. La creación de instituciones para limitar y controlar el orden político, no solo libera al ciudadano del control social absoluto de quien lo ejerce, sino también le asigna una legítima participación en el proceso del poder a través de la técnica de representación.

ESTO VAMOS A VOTAR: ELEJIMOS REPRESENTANTES

Independientemente de la distribución de funciones, la Constitucion crea distintas técnicas institucionales y procedimientos para limitar y controlar el ejercicio de las mismas.

Dentro de esos controles se encuentran los “intraorganicos” o “intraorganos” que son aquellos que operan dentro de la organización de un solo poseedor de poder. El control “interorgano” es aquel que funciona entre varios de ellos, que cooperan en la gestión oficial.

Finalmente, los controles “extraorganos” operan tanto en los órganos del poder como en los extra poderes y demás sujetos auxiliares del Estado como los partidos políticos, el cuerpo electoral, los sindicatos y las asociaciones intermedias.

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