mié. Oct 16th, 2019

Argentina ¿Reformas o Ajuste?

El gobierno del presidente Macri, heredó un déficit fiscal casi insostenible, que el anterior gobierno sostenía con emisión monetaria, préstamos forzados de entidades públicas como el Banco Nación, el PAMI (sistema de cobertura de salud de jubilados y pensionados) y la ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social).

Por: Jorge Alejandro Suárez Saponaro. Director Diario el Minuto en Argentina

Este organismo luego de la supresión de las administradoras privadas de jubilaciones y pensiones, heredó un enorme fondo y una cartera importante de inversiones. Ello fue fuente para que la gestión anterior hiciera un verdadero uso….y también abuso.

Las medidas positivas de ampliar los programas de ayuda social, extender jubilaciones a quienes nunca pudieron aportar o tenían escasos años de aporte, fueron sostenidas sin un adecuado planeamiento en lo concerniente a los recursos. Un país con casi la mitad de la población económicamente activa en la informalidad, elevadas tasas de evasión fiscal, tarde o temprano llevarían al sistema de seguridad social a una situación complicada.

La herencia recibida también incluyó pesados subsidios a la energía, agua potable, transporte (especialmente en el área Metropolitana de Buenos Aires, por razones eminentemente políticas), un estado enorme con millares de empleados públicos, que en el caso de provincias y municipios, sostener esa planta de empleados es en muchos casos insostenibles.  A ello se agregan cuestiones cambiarias, la inflación y una gobernabilidad compleja.  El gobierno de Coalición Cambiemos, cuyo equipo económico está fuertemente influenciado por ortodoxos, tuvo tensiones internas, dado que existían los gradualistas – de reducir subsidios y aplicar ajustes de manera escalonada – y un sector duro que apuesta a medidas drásticas, sin medir sus consecuencias sociales y políticas.

A pesar de un clima económico poco favorable – mas allá del discurso del gobierno – donde se observa un crecimiento de la pobreza, cierre de empresas y despidos, además de un alud de importaciones, que perjudican al endeble sector industrial local, por el atraso cambiario, el gobierno pudo mantener cierto equilibrio  y gracias al dinamismo del sector primario logró un crecimiento moderado, pero el tremendo déficit fiscal financiado por deuda externa, está llevado al pais a un punto de no retorno. El déficit fiscal federal y provincial esperado es de nada menos que US$ 35.000 millones. 

Ello motivó al gobierno adoptar una serie de medidas, destinadas a frenar el déficit, muchas de ellas antipáticas y cargadas de polémicas.  El triunfo en las elecciones legislativas de octubre, generó valor en el presidente Macri para lanzar una serie de “reformas”. El eje de estas reformas  – para nosotros ajuste – fue un pacto fiscal con las provincias, dado que esto es clave para la gobernabilidad del país, el apoyo de los gobernadores, en su inmensa mayoría peronistas y opositores. El Pacto fiscal según el reconocido economista ortodoxo Broda indicó que la Nación o Estado federal cedería 0.6 % PBI – unos 4300 millones de dólares – siendo uno de los principales beneficiario la provincia de Buenos Aires.  El Tesoro Federal pierde nada mas y nada menos que el  1,1% del PBI. 

La transferencia de impuestos significó la cesión de US $ 1800 millones, pero la peor perjudicada es la administración de jubilaciones, la citada ANSES que cede US$ 6700 millones. Otros puntos del Pacto Fiscal incluye el retiro de juicios de los Estados provinciales contra el Estado federal, a cambio de US$ 295 millones en 2018 y el financiamiento de las cajas provisionales provinciales con un costo fiscal de US$ 970 millones.  En resumen el costo del acuerdo implica el 0.2% del PBI por la reforma tributaria federal y local y se fija una meta del 3.2% de déficit primario en 2018 y la reforma provisional, que como dijo el Dr Broda  “De lo único que gana el Gobierno que es la modificación de la fórmula de movilidad.”

La reforma provisional está cargada de polémica, fue protagonista de serios incidentes, donde grupos de extrema izquierda montaron una suerte de “intifada” a la Argentina  Fueron horas tensas, que comenzó con el intento opositor de frenar la reforma, pero no lo logró, luego de serios incidentes entre el kirchnerismo y el oficialismo. En las calles grupos violentos ligados a sectores duros de izquierda, especialmente troskistas, chocaron duramente con la Gendarmería Nacional, desplegada, dado que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por razones políticas se mostraba remiso de desplegar la Policía propia.

El lunes 18, luego que el gobierno obtuviera el quórum necesario para sesionar en la cámara de diputados, los incidentes fueron muy graves.  La jornada terminó con 88 policías heridos y 60 manifestantes detenidos. En los incidentes activistas atacaron periodistas, como también hubo trabajadores de prensa heridos por el accionar policial. Fuentes oficiales indicaron que 162 personas debieron recibir atención médica. El accionar violento de estos grupos, impidió ver los millares de manifestantes, movilizados por sectores de izquierda, kirchnerismo y sindicatos que intentaron en vano ocupar la plaza de los dos Congresos – recientemente restaurada y destruida por los activistas – dado que era terreno de una batalla entre las unidades policiales de orden público (conocidos como “Guardia de Infantería”) y los grupos violentos que actuaron lanzando piedras y hasta trascendió la foto de un ex delegado gremial, miembro del Frente de Izquierda con una suerte de escopeta casera, conocida como “tumbera”.

La escalada de violencia, no esperada por el gobierno, terminó por la noche con un “cacerolazo” pero todo ello no impidió que la ley saliera a la luz. El gobierno precisaba si o si, un cambio para generar ahorros que le permitiera solventar el pacto fiscal con los gobernadores y de esa manera garantizar cierta gobernabilidad. La ley no está exenta de polémicas, dado que modifica una compleja fórmula de actualización de las prestaciones sociales (jubilaciones, pensiones y asignaciones universales), aplicable en marzo y septiembre de cada año, que como dice el diario Infobae,  considera el 50% de la variación de la recaudación tributaria de Anses por beneficio y el 50% del cambio de los salarios (Ripte o Indec, el mayor).

Es un mix de los aumentos de los recursos tributarios y los salarios en blanco. El aumento, según los cálculos de consultoras privadas, llegaría a un 15% con el índice actual.  La nueva formula se aplicará en marzo, junio y septiembre. Busca aumentos que se relacionen con la inflación, en vez de la recaudación. Sin entrar en tecnicismo que aburran al lector, por ejemplo para una jubilación de $10.000, en lugar de un aumento de $1.450, el incremento será de $570. Son $880 menos. Tengamos en cuenta que el grueso de las jubilaciones no llegan a los 8.000 pesos (US$ 470). Cabe destacar que un departamento de un amiente el alquiler mensual sale unos 6800/7000 pesos reajustables cada seis meses. En otras palabras, la jubilación mínima que afecta al 80% de los beneficiarios, apenas sirve para comer.  Para el caso de la AUH (Asignación Universal por Hijo), actualmente de $1.412 por beneficiario, con la actual fórmula en marzo subiría a $1.616,75 y con la movilidad modificada, a $1.492, 50. Una diferencia de $124,25 por chico.

En el diario Infobae indica que en junio del 2018 las prestaciones aumentarán nuevamente, pero ese incremento se realizaría considerando la variación salarial y de la inflación entre octubre y diciembre de 2017 y no de enero a marzo 2018, que es lo que correspondería según la fórmula actual. Por lo tanto, las actualizaciones tendrán siempre un semestre de atraso y no habrá un factor de empalme. Esto es una señal de alerta para el Gobierno porque dejaría la puerta abierta a futuros juicios contra Anses. Reconocidos juristas ya se han pronunciado en su contra y en febrero, cuando termine la feria judicial, se espera el alud de acciones legales.

En el reconocido diario La Nación el experto en temas constitucionales, Daniel Sabsay dijo “La fórmula de actualización, por lo que he leído, implica una merma de la jubilación actual” y luego agregó “Que antes se haya hecho mal no implica que esto esté bien”. “Creo que los jubilados están un poco cansados, están un poco sosegados, en la medida en la que se está cercenando una parte de lo que es un derecho humano”.

El presidente Mauricio Macri, dijo que los jubilados ganan con la reforma, pero los interrogantes aparecen cuando el gobierno por medio de un decreto prometió un bono en marzo de marzo unos 5.000 millones de pesos a unas 9 millones de personas, en compensación por el desfase que impone la reforma con el cambio de fórmula de ajuste de haberes.  Los economistas hablan de ahorros por $ 100.000 millones o unos US$ 5800 millones. En un reconocido sitio iprofesional.com, los los abogados previsionalistas Horacio R. González y Luciano González Etkin, opinaron sobre el tema  en los próximos años el Gobierno prevé un cierto crecimiento económico que impactaría favorablemente en la recaudación y una mejora en los salarios. Entonces, los aumentos en jubilaciones y demás beneficiarios de planes sociales serían superiores a la inflación. Se calcula un aumento del gasto en Seguridad Social en el 22%, en gran parte por la incidencia de la actual movilidad. Todo ello mientras la variable de la inflación iría a la baja.

En consecuencia de aprobarse esta reforma, el Gobierno derivaría menos recursos a las actualizaciones de los haberes previsionales y demás asignaciones que siguen la evolución de la fórmula de movilidad jubilatoria todavía vigente.

El gobierno precisa recursos urgente, la esperada lluvia de inversiones no ha llegado aún, a pesar de los elogios de organismos internacionales, asi como mejoras de la imagen argentina en los países centrales. El llamado blanqueo de capitales, tampoco trajo la reactivación esperada, permitió dar oxígeno al gobierno, y mantener el programa de “reparación histórica’ para impedir millares de juicios que saturan, la colapsada justicia federal de seguridad social.

La reforma jubilatoria generó críticas de diversos sectores en medios de comunicación, destacándose el caso de Jorge Lanata, polémico periodista, pero agudo en su análisis, al considerar que la reforma es un verdadero abuso contra la tercera edad, dado que no tiene capacidad de movilización o poder de choque de las organizaciones piqueteros, que siempre consiguen algún subsidio, y mantener a cambio de paz social, sus estructuras clientelares.

La próxima gran batalla será la reforma laboral, exigida desde círculos empresarias, y resistida por los sindicatos. El diario Perfil publicó los puntos destacables:  el blanqueo, una suerte de amnistía para empleadores que tienen trabajadores no registrados; reducción de aportes patronales, que impacta en el financiamiento del sistema de seguridad social; eliminación del concepto de irrenunciabilidad en contratos individuales (la ley de contrato de trabajo establece un piso, sobre el cual ningún contrato de trabajo puede vulnerar); Solidaridad y subcontratación: Quedan excluidos del alcance del artículo de “Subcontratación y delegación. Solidaridad” los trabajos o servicios que se contraten o subcontraten servicios.; odificación al concepto de ius variandi: la Ley de Contrato de Trabajo es modificada al respecto, y se establece que el empleador estará facultado para introducir todos aquellos cambios y modalidades de la prestación del trabajo, siempre que no causen perjuicio material o moral al trabajador; cambios en el régimen de contrato a tiempo parcial: Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas suplementarias o extraordinarias y su tarea no podrá superar las 2/3 partes del horario semanal habitual de labor en la actividad.

La remuneración en este caso no podrá ser inferior a la proporcional que le corresponda a un trabajador a tiempo completo establecida por ley o convenio colectivo; las licencias: por matrimonio, 10 días; por muerte de cónyuge, tres días; por muerte de un hermano, un día; por examen, dos días con un máximo de 10 días totales por año; se permitirá una licencia de 30 días corridos por año sin goce de sueldo; se implementa el llamado Banco de Horas, que el diario Perfil explica El empleador deberá abonar al trabajador que preste servicios en horas suplementarias un recargo del 50 por ciento calculado sobre el salario habitual si se trata de días comunes y de 100 por ciento en domingos y feriados.

Podrá establecerse un mecanismo de permuta o compensación horaria, denominado “banco de horas”, no siendo considerada la hora como suplementaria siempre que las horas realizadas en exceso en una jornada sean compensadas por la disminución en otra jornada; creación de fondos de cese laboral que podrán derivar de acuerdos entre empresarios y sindicatos, con una administración propia, ajena al Estado.

Otros puntos polémicos de la reforma es el régimen de indemnizaciones, que en su calculo quedarian excluidos el sueldo anual complementario, las horas extraordinarias, las comisiones, premios y/o bonificaciones, las compensaciones de gastos y todo rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual, reducción del plazo para juicios laborales de dos años a un año.  Es creado un régimen para trabajadores independientes, un nuevo sistema de seguro de desempleo, etc.  No cabe duda, desde nuestro lugar, que la reforma perjudica a los trabajadores y será motor de conflictos muy serios con los sindicatos. Estos cambios, conocidos como “flexibilización” laboral, fueron aplicados en los 90, sin resultado positivo, sino más bien la expansión del abuso y la precariedad.

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No tenemos duda que es preciso poner en práctica políticas de austeridad, dado el creciente gasto público, casi incontrolable, promover las inversiones y la confianza. Pero consideramos que son otros los que tienen que ajustar el “cinturón”. Poco o nada se habla de los subsidios a las petroleras para que mantengan cierto nivel de precios de combustibles. El Plan Gas de dudoso éxito salió al pais unos $ 17.000 millones, y los subsidios a las petroleras unos 26.000 millones de pesos. 

Otro caso de subsidio, y también cuestionable es Aerolíneas Argentinas que cuesta al país US$ 100 millones. La enorme planta de empleados públicos a nivel federal, provincial y municipal, que abarca el 35% de la mano de obra (unas tres millones de personas). Una cifra mas que elevada, registrándose en algunas provincias que hay más empleados públicos que del sector privado.  En Argentina hubo una expansion explosiva de empleo público durante el kirchnerismo y durante esta gestión, este proceso se ha limitado, pero el Estado sigue siendo el principal generador de empleos.  Los beneficios a las mineras (que poco o nada han beneficiado generando valor agregado), los gastos innecesarios como publicidad o en redes sociales (más de cien millones de pesos), las jubilaciones de privilegio, los altos salarios de funcionarios políticos.

Tenemos serias dudas que el gobierno apuesta a las reformas, todo indica que los ajustes continuarán y que el 2018 será un año de nuevos conflictos. Errores políticos, muy gruesos, como la inoportuna reforma provisional, alimenta el accionar de grupos radicalizados y consolida posiciones más intransigentes de la oposición y sindicatos, cuestiones que pareciera que el gobierno no quiere o no puede comprender.

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