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Argentina y las elecciones legislativas 2021 espejismo de la Victoria

El Minuto | El pasado 14 de noviembre de 2021, los argentinos concurrieron a las urnas para renovar la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio de los senadores, además de legisladores locales.

Por: Jorge Alejandro Suárez Saponaro | Director de Diario El Minuto

El debate y las propuestas tanto del oficialismo como de la oposición, se caracterizó por la pobreza de ideas, reduciéndose solo a destacar los aspectos negativos del otro. En este contexto se agregaron la izquierda y el fenómeno de los llamados “libertarios, que al fin de cuentas, favorecieron a la estrategia del oficialismo de fragmentar el electorado opositor».

La “eterna” inseguridad.

En las semanas previas a las elecciones, la sociedad quedó estremecida con una serie de crímenes, en el marco del creciente delito que afecta especialmente al llamado Gran Buenos Aires. En la ciudad de Rosario, como de su región metropolitana, también el poder de las bandas narcotraficantes, están desencadenando una oleada de violencia, incluyendo atentados a funcionarios judiciales.

El gobernador Perotti, fue increpado públicamente por los vecinos de Rosario, el pasado mes de octubre, luego de la muerte violenta de un arquitecto en un hecho de inseguridad. La ciudad vive una escalada de violencia, los homicidios crecieron un 26% desde 2020 (la tasa de homicidios según el diario La Capital de Rosario, es de 17 por cada 1000 habitantes que supera a otros distritos del país afectados por la criminalidad). El Ministro de Seguridad de la Nación, Dr Aníbal Fernández, minimizó como de costumbre los hechos, señalado que la comisión de delitos, es algo común en todo el mundo. Mal de muchos, consuelo de tontos.

La inacción del gobierno federal ante la crisis de seguridad, especialmente por razones de neto corte ideológico, llevó al roce con la titular del ejecutivo de la Provincia de Río Negro, Arabela Carreras, y el propio Presidente de la Nación, Dr Alberto Fernández, ante el accionar de grupos autodenominados mapuches, que están llevando una campaña de violencia, que incluye toma de terrenos públicos y privados, incendios y otros desmanes, que han puesto en jaque a las fuerzas policiales.

El jefe de estado, en una carta, señaló que la seguridad era competencia del estado provincial y por ende no resultaba necesario el envío de ayuda requerido por la gobernadora rionegrina. Para peor, estos grupos hablan de independizar parte del territorio argentino, de estar librando una lucha de liberación y desconocen la vigencia de la ley argentina. En otras palabras estamos ante un acto de sedición. Una vez más la política y lo ideológico, impiden que el gobierno federal tome cartas en el asunto, y tan solo han enviado un puñado de gendarmes, como una medida de compromiso.

Siguiendo con la cuestión de seguridad, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires reportó la comisión de medio millar de delitos diarios. Entre enero y junio de 2021, unos 70.000 delitos de diversa índole, fueron cometidos solo en la Provincia de Buenos Aires. El crecimiento del crimen comparado con el año 2020, crecieron el 7%, según estadísticas oficiales.

El tema es más importante para la población que el COVID 19 (Según una encuesta del Diario Perfil, señaló que el 70% de los consultados, era preocupante la seguridad sobre la pandemia). Sin ninguna duda el kirchnerismo, tuvo serias falencias, por razones político – ideológicas, de abordar el tema de seguridad, más bien tiene una tendencia a la negación del problema, tener una visión extremadamente tolerante con quienes delinquen, o cargar culpas a otras dependencias del estado.

En el partido (municipio) de La Matanza, una investigación, publicada por el reconocido medio Infobae, puso en evidencia que el presupuesto asignado al tema seguridad, en 2020, solo fue ejecutado en un 30%. Estamos frente al tercer distrito más violento de la Provincia de Buenos Aires.

El crimen de un quiosquero Roberto Sabo en la localidad de Ramos Mejía, en los primeros días de noviembre, generó la indignación de los vecinos, que intentaron protestar ante la comisaría del lugar, pero un potente dispositivo de seguridad, incluso con fuerzas especiales, lo impidió y terminó con incidentes. Curiosamente el Ministerio de Seguridad provincial ordenó la formación de un importante dispositivo, de mayor magnitud, superando a los desplegados ante protestas de los llamados “piqueteros”. Los otros distritos más violentos, son San Martín – donde el narco campa a sus anchas – y Lomas de Zamora. Mas allá que los jefes comunales no tienen control directo sobre la fuerza policial, se observa una dispersión de esfuerzos, especialmente en materia de infraestructura, como iluminación, cámaras, implementar mecanismos de prevención que mejore los canales de comunicación entre la sociedad y la policía.

La Matanza es una metáfora del impacto negativo del clientelismo político y la ausencia de renovación. Desde hace décadas gobierna el justicialismo con diferentes denominaciones. El distrito tiene serios problemas de seguridad, servicios públicos, especialmente redes de agua potable y cloacas, que afecta a más del 30% de los vecinos, que en muchos casos viven en barriadas muy precarias, sin pavimento, mala iluminación, etc. Las falencias de gestión queda en evidencia que $ 29.484 millones de ingresos y los gastos $ 24.709 millones, resultando un superávit de $ 4.774 millones.

Algo similar sucedió en 2020, donde el superávit fiscal local fue colocado en plazos fijos y bonos. Estamos ante un distrito que el 30% de las viviendas de los vecinos de La Matanza, viven en barrios carenciados o villas de emergencia (se estima el número de 150 barrios populares) y el 35% de la población aún no tiene acceso a cloacas. Desde el gobierno municipal sostienen que la cobertura de agua potable es del 90% y 65% de cloacas. El 11% de la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas. No cabe duda que algo anda mal en dicho municipio desde hace décadas. Agregándose cuestiones ambientales como la cuenca del río Matanzas Riachuelo, etc.

Existe una clara incapacidad de la dirigencia política, para abordar la crisis de seguridad y generar los consensos necesarios para una reforma del sistema de seguridad, tanto federal, como provincial. La reforma del Código Penal es una cuenta pendiente. En síntesis, desde hace décadas el país no cuenta con política criminal. La improvisación está a la orden del día, lo que ha costado la vida de muchos inocentes, y muchos millones a los contribuyentes.

Pobreza, inflación, desempleo. Los males de siempre.

El gobierno se aferra a la existencia de una recuperación económica, una lectura peculiar, de una economía que busca normalizar sus actividades, luego de meses de cuarentena dura, que desde el punto de vista sanitario fue un fracaso. La inflación golpea los bolsillos, especialmente de los sectores menos favorecidos. Desde el gobierno contraatacan con recetas propios de los anos 50, como control de precios, congelamientos, limitaciones a las exportaciones de carne, etc. Además de subsidiar el consumo, alimentando más la inflación con una enorme emisión monetaria. La coalición oficialista tiene enormes diferencias, en torno a llegar a un acuerdo con el odiado FMI, para hacer frente a vencimientos de deuda, y adoptar medidas de austeridad (aunque no se diga, los jubilados fueron los primeros en padecer estas medidas con la reducción del índice de reajuste).

Las cumbres del G 20 en Roma, como la del Clima en Glasgow, pusieron en evidencia la soledad de la Argentina en el tablero internacional, lo que se refleja a una falta de confianza de inversores como acreedores. Incluso los considerados nuevos amigos del gobierno, Rusia y China, son más que cautos a la hora de inversiones y créditos.

El déficit fiscal es otro serio problema, y el gobierno, por una cuestión netamente política, no ha llevado el ajuste, en el propio Estado, sino ha optado por mayor presión impositiva. La presión fiscal es del 23.8 % del PIB en 2020, lo que hace al país poco atractivo para inversiones. La política cambiaria, la inflación y un largo etc, desalientan sin ninguna duda la inversión. Tanto el oficialismo como la oposición, no cuentan con propuestas concretas en materia de desarrollo.

Argentina es un país con un elevado índice de precariedad de su mercado de trabajo, se estima que más del 40%. Esto se traduce que millares de personas no realizan aportes al sistema provisional, que en el largo plazo, resultará un serio problema social y económico para el Estado. Asimismo, se agrega baja tasa de participación – oferta de trabajo – que ronda el 46% – que a juicio de los expertos, es bajo desde el punto de vista de los estándares internacionales.

Los planes sociales, han ayudado en cierto punto a reducir el número de personas que buscan trabajo, además de la peculiar lectura que hace el Estado, que no incluye entre desempleados a beneficiarios de planes sociales. Desde 2012, se observa una reducción del empleo privado de mejor calidad, que en ese momento alcanzaba unos 6.1 millones, para estar en estos últimos tiempos a 5.8 millones.

Mientras que la población económicamente activa no para de crecer, entre 2012-2021, fue la oferta de empleo estatal la que creció (22.1%) junto a los independientes (14.7%). Estudios públicos y privados agrupan los desempleados en tres grupos, por su nivel educativo, los que no llegaron a completar su educación secundaria y/o primaria, los que tienen el secundario completo, y los que recibieron algún tipo de educación superior o universitaria. Dichos estudios observan que los tres grupos se ven afectados en proporciones similares: 35,2%, 32,9% y 31,8%, respectivamente. Esto ayuda en cierto punto el nivel de frustración de los sectores medios urbanos de Argentina.

Los últimos años se pronunció la diferencia entre los sectores de más altos ingreso de los menores. Fenómeno que viene de lejos, de mediados de los setenta. El nivel de ingresos, es comparable al del período 1989/1990, cuando el país salía de la hiperinflación. El plan de estabilidad económica, tuvo como consecuencia negativa, un empeoramiento de la brecha entre sectores de menores y altos ingresos. La debacle argentina queda de manifiesto, con la existencia de planes sociales, que en lo últimos veinte años se han duplicado. En 1986, el plan de asistencia social de la presidencia del Dr Alfonsín afectaba a 5.6 millones de personas.

En 2001, durante la crisis financiera y política, el presidente Dr. Duhalde implementó el plan Jefes y Jefas de Hogar, que involucró a casi la mitad de la población argentina. En la actualidad se estima que 22 millones de personas reciben ayuda del Estado, por intermedio de programas alimentarios, asignación universal por hijo o embarazo. Aunque existe más programas a nivel nacional y local, sumando más de un centenar, coordinados por un Consejo Nacional, dependiente del Jefe de Gabinete de Ministros. A este escenario hay que agregar el enorme número de empleados públicos a nivel federal, provincial y municipal, con 3.9 millones de empleados según la ONG CIPPEC. Una pesada carga para casi seis millones de asalariados del sector privado.

La victoria “táctica” de la oposición

En un contexto para nada alentador, con más de cien mil muertos por COVID 19, el escándalo del vacunatorio VIP, e incluso el mismo presidente en plena cuarentena, festejó el cumpleaños de su pareja, cuando por decreto estaban prohibidas las reuniones sociales, el gobierno tuvo que hacer frente a las elecciones legislativas. El debate fue sin ninguna duda pobre de contenido, donde los adversarios centraron en criticarse mutuamente.

El oficialismo apostó a tradicionales prácticas clientelares, anuncios de aumentos del salario mínimo, más ayudas sociales, un tímido aumento para jubilados y pensionados, líneas de crédito de estímulo al consumo, y un incremento sustancial de la emisión monetaria, para financiar a liderazgos políticos locales, que no dudaron en regalar bicicletas, electrodomésticos, para atraer el voto de los sectores más pobres al oficialismo.

La coalición Juntos para el Cambio, con un renacido ex presidente Mauricio Macri, se caracterizó por su discurso sobre independencia de poderes, republicanismo, libertad, criticar tardíamente la cuarentena impuesta por el gobierno en 2020, el manejo sobre el plan de vacunación y el tema de seguridad. La Provincia de Buenos Aires, mereció especial atención, donde el mismo jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta acompaño la dupla Santilli – Manes, en sus recorridas por la provincia, especialmente en el populoso Gran Buenos Aires. Juntos, se vio frente a un nuevo competidor, que no es el kirchnerismo/ peronismo, sino los llamados “libertarios”. Un fenómeno político, nacido en 2019, que buscó cooptar un público conservador, descontento con la gestión del presidente Macri.

Entre sus banderas, se destacan el liberalismo económico a ultranza, reivindicar la política de los años 90 (donde provienen muchos males que estamos viviendo) y desregular el mercado de trabajo, derogando la legislación vigente, olvidándose su base constitucional. En la Ciudad de Buenos Aires, el fenómeno Milei, sorprendió a muchos, con un discurso de tono combativo, y más de una ocasión agresivo, con demostraciones propias de un rockstar.

Dado que este fenómeno generó atención entre grupos jóvenes y de sectores medios descontentos, llevaron a Juntos por el Cambio, adoptar algunas de sus banderas, especialmente por promover una reforma laboral, que a la luz de la legislación vigente es un retroceso. A nuestro entender, Juntos por Cambio, cayó una trampa ideológica, que favorece al oficialismo, que puede contraatacar sosteniendo la defensa del derecho del trabajo vigente. Esto resta posibilidades para que la oposición pueda avanzar sobre sectores populares, que ven en propuestas de reforma laboral, como una amenaza a sus intereses.

Los libertarios obtuvieron cinco bancas en la Cámara de Diputados, restando presencia a la coalición de Juntos. El objetivo del oficialismo, era dividir a la oposición y en parte lo logró.

Recuperó posiciones en la Provincia de Buenos Aires, donde el poderoso aparato clientelar fue puesto en marcha y el Frente de Todos acortó distancias con Juntos, liderado por Santilli. La ex gobernadora Vidal, optó por librar batalla en la ciudad de Buenos Aires, a sabiendas que tendría una victoria fácil. A pesar del discurso triunfalista del oficialismo, la oposición se impuso en todo el país, liderado por la coalición Juntos por el Cambio por el 42.38%, seguido por el Frente de Todos, 32.93%, la izquierda con el 5.6%, y partidos provinciales, 4.95%. Esto se traduce en las bancas, 118 diputados para el Frente de Todos, 116 bancas para Juntos para el Cambio, 5 para los liberales, 4 bancas para el Frente de Izquierda, y 5 para partidos de extracción provincial. En otras palabras, la oposición es mayoría en la cámara baja. En el Senado, el Frente de Todos y aliados, se quedan con 36 bancas; Juntos para el Cambio y aliados, 35 bancas, y los partidos provinciales, 5 asientos. En oficialismo, perdió el quórum propio.

En 24 distritos, 14 fueron ganados por sectores opositores al oficialismo, que por cierto conservó sus bastiones en Formosa (donde era sabido que la oposición, no podría oponerse al régimen autoritario del gobernador Insfrán), el Gran Buenos Aires y parte de las provincias del norte; mientras que la oposición tuvo victorias en las bastiones tradicionales, donde su avance fue significativo, como Córdoba, y otros distritos fueron sorpresa, como San Luis, Entre Ríos, La Pampa, y Santa Cruz, tradicionalmente controlados por el peronismo. Esto ha permitido, que el gobierna perdiera el quórum de ambas cámaras, rompiendo con la hegemonía peronista que tenía desde los años 80, en el Senado. Noticias para nada alentadoras para la vicepresidente Cristina F. de Kirchner, quedando frustrado, teóricamente, los proyectos de reforma de la Justicia Federal y la espinosa cuestión del nombramiento del Procurador General de la Nación, ascensos militares, cargos diplomáticos, nombramiento de jueces y fiscales, serán objeto ahora de negociaciones con la oposición, lo que abre sin ninguna duda un capítulo altamente conflictivo entre las relaciones entre la Casa de Gobierno y la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio.

Las disputas que se vislumbran incluyen la presidencia de la Cámara de Diputados, las negociaciones con el odiado FMI, los paquetes de medidas económicas, la ley de presupuesto, y los intentos del arco opositor de controlar un gobierno, que no está acostumbrado a rendir muchas cuentas o explicaciones. El Congreso, será la gran prueba de fuego, para mostrar a la oposición como una alternativa de poder para el 2023, frenar los sesgos autoritarios de sectores del oficialismo, debatir proyectos reforma a nivel institucional, social y económico, que impulsen el crecimiento, desarrollo y combate a la pobreza. Es una oportunidad para superar una campaña carente de ideas constructivas y de reformas estructurales. Sino más bien lo que hemos escuchado, eslóganes y críticas.

El principal desafío de la coalición opositora, es librar una batalla cultural, destinado atraer a votantes del oficialismo, muchos de ellos atrapados por sistemas clientelares. El oficialismo fue derrotado, por no de manera contundente, para poder hablar del fin de un proceso político, el kirchnerismo. Si Juntos por el Cambio aspira a ser una alternativa, para el aún lejano 2023, no debe caer en trampas, como buscar el voto de los libertarios, dado que ello los aleja, de poder ampliar la coalición, y alcanzar a sectores populares, que no vean en un hipotético gobierno de esta coalición, un posible desmedro para sus intereses. Generar empleo, no depende de reducir derechos, sino de algo más complejo, que tiene que ver con regulaciones impositivas, infraestructura, crédito y por sobre todas las cosas, hacer algo con el flagelo de la corrupción, y un programa de desarrollo integral de largo plazo.

Quedan todavía dos años largos y duras batallas en el seno del Congreso. La oposición no debe dejar de llevarse por el Espejismo de la Victoria de noviembre de 2021, dado que el oficialismo, mostró capacidad de recuperación, y todavía tiene “poder de fuego” gracias al relato y una poderosa presencia territorial, que buscará por todos los medios, quitar legitimidad el triunfo opositor, como quedó manifestado en el acto del día del Militante del pasado 17 de noviembre. Una escena que siempre se repite cuando el kirchnerismo se siente amenazado, moviliza sus bases e intenta radicalizarse. Es por ello, que es tiempo de mesura, sentido común y de trabajar en la construcción de una verdadera alternativa para el 2023, que vaya mas allá de una mera coalición electoral, sino debatir un proyecto nacional acorde al siglo XXI.

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