dom. Ago 25th, 2019

Diario el Minuto

Bases militares extranjeras y acuerdos militares en Sudamérica, entre la realidad y el mito

Este artículo comenzó como una charla entre quien escribe y un colega paraguayo. El tema: una “nueva base militar estadounidense” en Paraguay. Mi postura era que no había bases, sino solo participaciones esporádicas de personal militar estadounidense dentro de programas de cooperación entre ambas naciones e instalaciones para emergencias y catástrofes donados por las embajadas estadounidenses de cada país, pero operados por personal nacional. El colega sostenía que era conocida la presencia de soldados de los Estados Unidos en el vecino país, aunque no hubiese filmaciones ni fotografías de estos efectivos realizando acciones militares o de vigilancia. Las únicas imágenes que han trascendido, se encuadran dentro de programas de acción humanitaria de atención médica a poblaciones de escasos recursos y a comunidades indígenas que desarrolla el Comando Sur de los Estados Unidos, dentro de los proyectos de acercamiento a América Latina.

Esa conversación me llevó a investigar si, efectivamente, había tantas bases militares con personal estadounidense en el Cono Sur como nos quieren hacer creer los líderes políticos, académicos y los medios de izquierda. Y eso me llevó, a su vez, a revisar las “otras” intervenciones militares extrajeras en la región.

Este artículo -extracto de un trabajo mayor y detallado, cuyo enlace se encuentra al pie de página- espera echar algo de luz al controvertido tema de las bases extranjeras en suelo sudamericano

Colombia

En 1998 llega al gobierno de Colombia Andrés Pastrana, quien inició de manera casi inmediata diálogos con la guerrilla para llegar a una solución pacífica del conflicto. Un año después, el secretario de Estado norteamericano, Thomas Pickering, durante su visita a Colombia, le sugirió al presidente Pastrana revaluar su “Política de Pacificación y su estrategia antinarcóticos”, para canalizar efectivamente la ayuda ofrecida por los Estados Unidos.  

El intercambio en materia militar entre Colombia y Estados Unidos se incrementó a partir de entonces, pasando de la cooperación exclusiva que se le daba a la Policía Nacional de Colombia, a las Fuerzas Armadas colombianas. El convenio estableció un grupo de trabajo bilateral entre las Fuerzas Armadas de ambos países y creó la especialización de “batallones antinarcóticos” en el Ejército de Colombia. Si bien el Plan Colombia tiene ciertos mecanismos que buscan promover la ayuda social y la reforma institucional en Colombia, la iniciativa es considerada como un programa fundamentalmente de asistencia militar y antidroga.

En 1997, un documento de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, DIA (Defense Intelligence Agency, en inglés) de los Estados Unidos había precisado que, dado el deficiente estado en que se encontraba el Ejército colombiano, los grupos insurgentes estaban en condiciones de someterlo militarmente, por lo que la guerra contra las drogas indefectiblemente terminaría dirigida también contra los grupos terroristas.

Si bien en Colombia operaban asesores de agencias estadounidenses desde hacía años (CIA, DEA y contratistas privados), el capítulo estadounidense del “Plan Colombia” excluía la participación directa de personal norteamericano en operaciones contra insurgentes y había limitado el número de consejeros, tanto civiles como militares, a 800 y en casos excepcionales a 1.000. Muchos de esos asesores estadounidenses operan en la Base Aérea “Capitán Ernesto Esguerra Cubides”, conocida como Base Tres Esquinas, en el Municipio de Solano, Departamento de Caquetá, al sur del país, lugar desde donde se formó la primera brigada antinarcóticos y que hoy alberga a más de 3.000 hombres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea colombianas. Las principales modificaciones a esa base militar para que sea realmente operativa fueron hechas por los Estados Unidos (una pista de aterrizaje de 1.400 metros y un moderno sistema de aeronavegación y meteorología) convirtiéndola en una de las más modernas de América Latina.

En 2009, el entonces ministro del Interior del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, Fabio Valencia Cossio, dejó en claro que el personal estadounidense que opera en bases militares colombianas “no son tropas de combate”, sino que se trata de asesores militares técnicos.

Por su parte en Perú, se han construido, en convenios firmados entre el Instituto de Defensa Civil Nacional del Perú (INDECI), dependiente del Ministerio de Defensa del Perú, y el Comando Sur de los Estados Unidos, los llamados COER (Centro de Operaciones de Emergencia Regional). En la actualidad hay once edificados -de 15 proyectados para el país- ubicados en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Madre de Dios, Pasco y Ucayali.

Estas unidades son centros de coordinación, acciones preventivas y de respuesta ante desastres naturales, como el sucedido el 14 de enero en Arequipa, donde un sismo de 6,8 grados destruyó centenares de viviendas y en el que hubo una persona fallecida y 88 personas heridas.

En la Guayana Francesa, funciona el Centre Spatial Guyanais (Centro Espacial Guayanés), ubicado en Kourou, a 55 Km. al noroeste de la capital, Cayena. En Guayana está apostado el 3er Regimiento de Infantería de la Legión Extranjera Francesa, con base en Kourou.

En los territorios holandeses de Curazao, Aruba y Bonaire, funcionan dos bases de los EE.UU.: una en el Aeropuerto Internacional “Hato”, en Willemstad, Curazao, arrendado después de 1999, tras la salida del Comando Sur de Panamá y otra en el Aeropuerto Internacional “Reina Beatrix”, en Oranjestad, Aruba. A su vez, los Países Bajos tienen presencia militar propia a través de la Base Naval de Suffisant, en Curazao. La otra unidad militar de los Países Bajos en Curazao es la Base Naval de Parera. También está estacionada una brigada de la Real Gendarmería de los Países Bajos.

En Aruba, está instalado el Cuartel del Cuerpo de Marines en el pueblo costero de Savaneta. Allí está apostada la Compañía de Infantería 32ª (Korps Mariniers, en holandés).

En setiembre de 2009, el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa tomó el control de la Base Aérea “Eloy Alfaro”, ubicada en la ciudad portuaria de Manta, donde funcionaba un Puesto Avanzado de Operaciones (Forward Operating Location, FOL, en inglés), desde donde operó la 478th Expeditionary Operations Squadron (Escuadrón de Operaciones Expedicionarias).

En Chile, durante la presidencia de Ricardo Lagos, fue inaugurado el Centro de Entrenamiento para Personal de Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC), organismo interinstitucional dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, ubicado en La Reina, Santiago de Chile. El CECOPAC es el órgano encargado de la preparación de personal militar, policial y civil destinado a participar en Operaciones de Paz de la ONU.

En 2011, dentro del Fuerte de la Infantería de Marina “Félix Aguayo Bastidas”, en Concón, Valparaíso, se comenzó a construir en tiempo récord (60 días) un centro de instrucción para Operaciones Militares en Territorios Urbanos (Military Operations in Urban Terrain, MOUT, por sus siglas en inglés). El MOUT fue montado por la constructora chilena BITUMIX con fondos del US Army South, dependiente del US Southern Command (Comando Sur de los Estados Unidos). Los MOUT son centros de instrucción para operaciones urbanas de soldados bajo mandato de las Naciones Unidas, conocidos como “Cascos Azules”.

En Uruguay, durante el gobierno de José “Pepe” Mujica, se rechazaron acuerdos por los cuales los Estados Unidos financiarían obras y un centro de idiomas para el Ejército, pero aceptaba acuerdos en materia de defensa con la República Bolivariana de Venezuela. Recién en 2015 se volvieron a suscribir acuerdos bilaterales con los Estados Unidos.

En julio de 2008, dos meses antes de asumir la presidencia de la República del Paraguay, el presidente electo, Fernando Lugo (insospechado de simpatías con la política exterior estadounidense), se entrevistó con su par boliviano, Evo Morales. Morales le expresó a Lugo su preocupación por la presencia de una base estadounidense en suelo paraguayo. “Mucho se ha escuchado, pero nunca he visto una base militar en Paraguay”, aseguró Lugo. “Nosotros, por lo menos como paraguayos, lo negamos y queremos abrir todas nuestras fronteras para quien desee que vaya a Mariscal Estigarribia, que se instale y que vea qué es lo que hay en esta región. Posiblemente se quedará con la sorpresa de que no existe ninguna base militar en este momento”, había dicho en declaraciones recogidas por la agencia de noticias boliviana ABI.

Lo que sí sucede en Paraguay, es la firma de convenios con EE.UU. en materia de entrenamiento, apoyo humanitario (como la financiación para el montaje de COEs, Centro de Operaciones de Emergencias) y Depósitos de Suministros para Emergencias, que dependen de de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), para capacitar personal y responder ante situaciones de desastres naturales y crisis humanitarias y asesoramiento en inteligencia, contraterrorismo y  narcóticos.

Por otro lado en Bolivia, desde que Evo Morales asumió la presidencia, se lo acusó a de aprobar la instalación de bases militares extranjeras (principalmente venezolanas y cubanas) en su territorio, así como también mantener relaciones controvertidas con el régimen teocrático iraní.

Brasil firmó decenas de acuerdos en materia de defensa y seguridad con las principales naciones productoras de armas del mundo, con un agregado que merece seguir su ejemplo: todo acuerdo se hace con transferencia de tecnologías, para usar el know how correspondiente en las industrias del complejo militar-industrial brasileño.

En Argentina, los rumores sobre presencia de militares e instalación de bases estadounidenses se suceden casi con cotidianeidad, siempre traído a la palestra por los dirigentes y los medios de izquierda. Y siempre sin ninguna prueba verosímil. De hecho, se confunden -por desconocimiento o pruritos ideológicos- los programas de las Naciones Unidas con los remanidos fantasmas de las bases norteamericanos. Ahora bien, casi ningún político, periodista o filósofo de la izquierda argentina hizo el más mínimo reclamo por la única base extranjera real en suelo argentino: la Estación de Estudio del Espacio Profundo de la República Popular China, en la provincia de Neuquén, en el sur argentino. Existen tres razones para catalogar a esta estación espacial como militar: 1) la estación pertenece a la China Satellite Launch and Tracking Control General, CLTC (Agencia Nacional China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites de la República Popular China), que pertenece orgánicamente al Departamento General de Armamentos del Ejército Popular de Liberación; 2) todo el personal y las instalaciones se rigen bajo las leyes de la República Popular China (producto de cláusulas firmadas por el Estado argentino bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner; y 3), la antena, que según autoridades militares especializadas en este tipo de actividades, afirman que la tecnología utilizada es de aplicación dual, (civil-militar), y que, según dichos del ex jefe de la inteligencia argentina, Miguel Ángel Toma “un informe reservado de fuentes castrenses afirma que las antenas que se levantarán en la base de Bajada del Agrio son también aptas para el seguimiento y control de misiles, o sea vehículos de uso militar”.

En síntesis y para finalizar, no habría inconveniente alguno en afirmar que Sudamérica está plagada de bases militares estadounidenses, si eso no fuera sencillamente una falsedad. Sí existen bases militares utilizadas en Colombia por personal militar y contratistas norteamericanos –“Plan Colombia” mediante-, que le permitió a Bogotá propinarle duros reveses a las FARC y al narcotráfico. También es innegable la utilización de bases aéreas de Holanda en las islas de Aruba y Curazao por parte de la US Air Force. Y también es real la presencia de agentes de la Drug Enforcement Administration (Agencia para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés) operando en nuestros países en virtud de acuerdos firmados por los gobiernos de la región para dar respuesta a la amenaza del narcotráfico. Y, del mismo modo, es verídica la presencia de militares de los Estados Unidos en maniobras conjuntas con nuestras fuerzas armadas por plazos perentorios. Pero una cosa son los acuerdos interagencias o los programas de entrenamiento conjunto, con acuerdo de los Parlamentos respectivos, y otra muy distinta es la presencia física efectiva en bases propias.

Tal vez si los latinoamericanos diseñáramos, unificadamente y dejando de lado antiguos resquemores y desconfianzas mutuas, proyectos de defensa y seguridad regionales serios, no necesitaríamos la intervención ni física ni financiera de potencias extranjeras.

Para acceder al trabajo completo, ingrese al siguiente link:

https://www.dropbox.com/s/hyweyhx27ujhdm2/Bases-militares-extranjeras-y-acuerdos-militares-en-el-Cono-Sur.pdf?dl=0

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