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Conflicto pseudomapuche: el gobierno argentino avala a grupos insurrectos

El Minuto | Gran parte de las provincias de la Patagonia argentina están en llamas. Pero esta vez no es por la acción de la naturaleza. La conflictiva situación que se vive en Neuquén, Río Negro y Chubut con los mal llamados “pueblos ancestrales mapuches” dejó en evidencia de manera brutal la posición del gobierno kirchnerista ante el conflicto.

Por: Agustín Dragonetti | Corresponsal de Argentina 

La última semana, funcionarios de la primera línea del gobierno y allegados al kirchnerismo más duro, expresaron públicamente su punto de vista sobre las usurpaciones, incendios, amenazas y agresiones físicas que miembros de la comunidad mapuche vienen realizando desde hace algunos años en el sur argentino.

Si bien se vienen realizando ataques desde hace varios años, la provincia de Río Negro ha sufrido en el último mes tres ataques incendiarios reivindicados por los mapuches. El primero se produjo el pasado 3 de octubre, cuando un incendio intencional destruyó la nueva Oficina de Turismo de El Bolsón, sobre la Ruta Nacional 40, que todavía no había sido inaugurado.

El segundo ataque se produjo al día siguiente cuando, luego de maniatar a dos personas, los atacantes prendieron fuego un depósito de Vialidad Provincial en San Carlos de Bariloche. Los terroristas dejaron un mensaje que decía: “Arabela Carreras, Cendón, Arrien, Calcagno. Los niños mapuches crecerán y vencerán en el weichan. La tierra no se vende, se defiende. Fuera winkas terratenientes de wallmapu”. El mensaje hace referencia a Arabela Carrera, la gobernadora de Río Negro, la fiscal Betiana Cendón, el fiscal de El Bolsón Francisco Arrien, y el juez de Garantías Ricardo Calcagno. En cuanto a las palabras mapuches utilizadas, weichan significa guerra, wincas son los blancos y wallmapu es el nombre que le dan los mapuches al territorio que habitan o creen que les pertenece.

El tercer atentado se produjo durante la madrugada del miércoles 20, cuando el edificio del Club Andino Piltriquitrón, ubicado en la localidad turística de El Bolsón, fue destruido por la fuerza de un ataque incendiario. También se dejaron mensajes contra la gobernadora, el intendente y el Grupo Benneton y Joseph Lewis, extranjeros propietarios de tierras en el sur argentino.

Río Negro y Neuquén son los focos de los ataques terroristas mapuches en la Patagonia argentina. El último incidente en Neuquén se produjo el domingo 3, donde una pareja que acampaba con sus dos hijos fueron atacados por dos personas que se identificaron como pertenecientes a la comunidad mapuche Kaxipayiñ y que los agredieron con cuchillos y brasas. El hombre fue apuñalado, mientras que la mujer dijo que los quisieron matar. El hecho se produjo a orillas del embalse Los Barreales, en el paraje Mari Menuco, ubicado a 61 kilómetros de Neuquén capital.

Un poco de historia

Muchos de los actuales dirigentes mapuches, llamados lonkos, sostienen que sus reclamos territoriales obedecen a que “sus tierras ancestrales” fueron usurpadas por el hombre blanco -el “winca” para ellos-. Bien, la cosa no es tan así. Es más, el “relato mapuche” es una mentira absoluta. Los mapuches que habitan la Republica Argentina eran araucanos originarios de la zona centro-sur de Chile, entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes, es decir que no son un pueblo originario argentino. Posiblemente, ateniéndonos a estos datos históricos, las reivindicaciones mapuches sean más comprensibles en Chile.

En el libro “Poblaciones indígenas de la Argentina”, el autor, Canals Frau, consigna: “…los araucanos representan el último de los elementos indígenas establecidos en nuestro país, proceden de Chile y su inmigración es relativamente reciente: hasta se puede decir que todavía perdura en la actualidad, pues la infiltración comenzada dos siglos y medio atrás sigue produciéndose a lo largo de las fronteras de la Patagonia”. El jesuita Nicolás Mascardi, que visitó la región en el siglo XVII dejó constancia de la presencia de tribus tehuelches que vivían en los márgenes del lago Nahuel Huapi, Río Negro, o al pie del volcán Lanín, en Neuquén.

La historia de la penetración araucana en Argentina puede resumirse de la siguiente forma: cuando se instaura la Capitanía General de Chile, en 1541, ante el incontenible avance español, varias familias araucanas iniciaron una masiva emigración hacia lo que sería suelo argentino que duró hasta los primeros años del siglo XIX, proceso que se denomina “araucanización de la Patagonia”. Inmediatamente después del arribo de estas tribus, comenzaron las matanzas de pampas, puelches y tehuelches.

Tras el fin de la guerra de independencia en Chile, varias tribus araucanas, voroganas y ranqueles se instalaron en territorio argentino, lo que abrió las puertas a los cruentos malones de los caciques Calfucurá y Yanketruz en San Luis, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, con miles de muertos, secuestro de mujeres y robo de ganado que luego era vendido en Chile.

Los arauco-mapuches, que siempre fueron un pueblo guerrero -y que los conquistadores españoles amargamente pudieron corroborar- diezmaron a los pacíficos indígenas tehuelches para apoderarse de sus tierras, sus mujeres y sus hijos, que eran posteriormente “asimilados” y convertir en esclavos a los hombres. Las tolderías tehuelches eran asaltadas por la noche por los arauco-mapuches. En las últimas incursiones ya portaban armas de fuego recibidas de los ingleses en territorio chileno a cambio de ganado. Por eso si hablamos de genocidio (el que la izquierda le carga al general Julio Argentino Roca), deberíamos hacer referencia al genocidio tehuelche a manos de las tribus arauco-mapuches.

Vale explicar también que las campañas al desierto de Juan Manuel de Rosas, en 1833, y Roca, en 1879, fueron contra las tribus arauco-mapuches, nunca contra los verdaderos pueblos originarios de la Patagonia. De hecho, los tehuelches y pampas tenían muy buena relación con los blancos. Tal es así que Casimiro, cacique tehuelche, “llevaba siempre una bandera azul y blanca, que hacía flamear en reuniones, fiestas y consejos, con el deliberado propósito de significar que ellos eran indios argentinos” (Dionisio Schoo Lastra, El Indio del Desierto (1535-1879), Agencia General de Librería y Publicaciones, Buenos Aires, 1930, segunda edición). Casimiro, al tener conocimiento de la llegada al lago Nahuel Huapi, en 1881, de la expedición victoriosa del general Conrado Villegas, se presentó ante el militar argentino al frente de su indiada con la bandera argentina al frente, donde fue recibido con los honores propios de un general.

Cientos de lanzas tehuelches y pampas pelearon codo a codo con las fuerzas expedicionarias para combatir contra las tribus arauco-mapuches.

Hasta aquí, la historia antigua. La historia reciente de los reclamos mapuches arranca a mediados de 2001. De ese momento a la fecha, en las provincias patagónicas se han producido decenas de amenazas, usurpaciones, atentados explosivos e incendios.

Funcionarios cómplices de la violencia mapuche

Luego del tercer ataque incendiario que sufrió la ciudad de El Bolsón este mes, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, culpó al grupo terrorista RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, cuyo líder es Facundo Jones Huala (extraditado en septiembre de 2018 a Chile por su participación en el incendio que consumió la hacienda Pisu Pisue, cerca de Valdivia en la región chilena de La Araucanía, el 9 de enero de 2013).

“Estoy pidiendo al Presidente un refuerzo de Gendarmería”, manifestó la mandataria provincial. Y sentenció: “Hay falta de comprensión de la envergadura del problema”. Carreras no podría tener más razón. Juan Cabandie, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, le propuso el manejo conjunto de los Parques Nacionales de Río Negro con los grupos mapuches que los incendian. Un delirio propio de un tipo que amenazó a una agente de tránsito con sanciones en octubre de 2013 porque le quería hacer una multa por una contravención.

La gobernadora (que pertenece a una alianza de partidos opuestos al gobierno) fue casi denigrada por el presidente y su ministro de Seguridad, el inefable Aníbal Fernández. Fernández -el presidente- hizo pública una carta que le envió a Carreras en donde le dice que “es imperioso aclarar que no es función del gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad en la región”. Si estimado lector, usted leyó bien: para el presidente formal en funciones de Argentina, el gobierno nacional no tiene la obligación de brindar seguridad a las provincias que soliciten efectivos federales. Alberto Fernández siguió diciendo en la carta: “es la propia Ley 24059 de Seguridad Interior la que define que las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto, cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior”. “No es este el caso ni mucho menos”, disparó Fernández. Sin palabras.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la Nación, luego de ordenar el envío a la zona de efectivos federales, dijo a una radio que “la posición que asumimos en el día de ayer (por el día miércoles 20), porque ya ha habido varios desmanes, es la de colaborar. Y lo estamos haciendo en este momento. Pero la escuché a la gobernadora de Río Negro diciendo que ella no pedía favores y que era nuestra obligación hacerlo.

No señora, no es nuestra obligación”. Fernández -el ministro- se mantuvo en sintonía con la posición del presidente. “Es cuestión de leer la ley de Seguridad Interior y se dará cuenta de que la participación de las fuerzas federales en las provincias solo está habilitada cuando hay complicaciones respecto de restituir el valor de la institucionalidad, de volver las cosas a la normalidad”. “No es nuestra obligación, ni la responsabilidad del Estado Nacional. Ella tiene una policía con la que podría crear un cuerpo específicamente dedicado a los mapuches o a esta situación que tiene. Hay como 167 comunidades en la zona que ya han resuelto por la vía pacífica estas cosas”, intentó explicar el ministro. Al respecto, caben varias aclaraciones.

En primer lugar, la ley de Seguridad Interior tiene tres artículos (18, 23 y 24) que avalan los dichos de la gobernadora Arabela Carreras. De hecho, el mismo Artículo 24 contradice al presidente en funciones y su ministro: “Producidos los supuestos contemplados en el artículo precedente, el gobernador de la provincia donde los hechos tuvieren lugar podrá requerir al Ministerio de Seguridad el concurso de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional, a fin de dominar la situación. Se dará al Comité de Crisis la intervención que le compete, de acuerdo a lo normado en la presente ley.

Sin requerimiento del gobierno provincial, no podrán ser empleados en el territorio provincial los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional sino una vez adoptadas las medidas prescritas en los artículos 6º y 23 de la Constitución Nacional, o bien por orden de la justicia federal”. Más claro, imposible. El problema es que para los principales funcionarios del gobierno no existe violencia mapuche. Es una cuestión ideológica.

Por otro lado, habría que explicarles a los Fernández que existe un instrumento legal votado en 2007 y promulgado y modificado en 2011 por el gobierno de Néstor Kirchner: la Ley 26.734, llamada Ley Antiterrorista. Fue una ley votada por los parlamentarios kirchneristas con los dedos en la nariz, ya que era una exigencia del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para despegar a Argentina de los países que no tenían leyes duras contra el lavado de activos financieros.

Por eso el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, también salió al cruce del presidente. “Tenemos que tener las garantías de seguridad por estar dentro del territorio nacional”, indicó Pogliano, en declaraciones al canal Todo Noticias. Y añadió: “Si se trata de terrorismo, como está planteado y con las denuncias en la fiscalía federal de San Carlos de Bariloche, es un tema que tiene que ver con la Nación, obviamente”. “Si bien son un pequeño grupo de violentos, hay que dar con ellos y desarticularlos. El 99 por ciento de El Bolsón tiene miedo”, relató el intendente.

Sin embargo, el ministro de Seguridad de la Nación parece no entender la gravedad de lo que está sucediendo y pone por delante la mezquindad política contra una provincia opositora por encima de sus obligaciones como funcionario. O si lo hace, lo hace a regañadientes. “Si piensan que esto lo van a resolver como lo hubiera resuelto Julio Argentino Roca, que es yendo por la Campaña del Desierto, me parece que se equivocan feo”, lanzó Aníbal Fernández de manera inconciente. “No es el invento de unos trasnochados, unos zurditos trasnochados argentinos, que son los que ven la forma de resolverlo.

Lo ha hecho Nueva Zelanda con éxito, ha pedido perdón a sus pueblos originarios. Lo ha hecho Estados Unidos con éxito. Neuquén ha hecho las cosas muy ordenadamente y acordando con los pueblos originarios”, siguió diciendo Fernández a la radio ultrakirchnerista AM 750, y agregó, “en el fondo hay muchos que tienen vocación represiva”. Esta es una constante del kirchnerismo y la izquierda: hacer cumplir la ley, con el Código Penal en la mano o con el brazo auxiliar de la justicia, que son las fuerzas de seguridad, es tildado como “represivo”. Un delirio.

Y si algo faltaba a este combo de opiniones estrafalarias y miserables, son los dichos de Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. En diálogo con la oficialista Radio Nacional y desde el lugar donde se está generando el conflicto, El Bolsón, de Carlotto dijo que se debe “dejar” a los mapuches “vivir donde nacieron” y agregó que su organización (que hace tiempo dejó de ser un organismo de derechos humanos para convertirse en un bastión kirchnerista y de cuanta causa levante la izquierda insurreccional) toma posición por la usurpación de tierras y el incendio de propiedades: “Si tenemos que ayudarlos, cuenten con nosotros”. Además agregó, que “nosotros estamos sosteniendo el amor por los originarios. Luchamos por ellos, por los que fueron diezmados y siguen siendo perseguidos por la avaricia de quienes pretenden robarles sus tierras”.

Luego siguieron una serie de frases que sacan a la luz la nefasta ideología que prima en Abuelas de Plaza de Mayo. “No vamos a aplicar ninguna fuerza represiva, con los resultados que vimos con Maldonado”, comenzó diciendo de Carlotto. “La muerte de Maldonado fue muy dolora y acompañamos a la familia, no hay que olvidar a las víctimas y hay que defender a los pueblos originarios a toda costa. No hay razón para no hacerlo y reclamar por lo que les pertenece”. “Queremos justicia para ustedes. Son más valiosos porque fueron los primeros que poblaron y con sacrificio levantaron el país. Después como vinieron los sabios que empezaron a robarles lo propio, se tuvieron que defender. Y ahora los llaman terroristas”. “¿Quiénes son los terroristas? Los que roban, no los que reclaman lo propio”.

Estela de Carlotto hizo mención a Maldonado. Recordemos que Santiago Maldonado fue un anarquista que murió ahogado en el río Chubut mientras escapaba de las fuerzas de seguridad, luego de lanzar bombas molotov contra los efectivos que acudieron a la liberación ordenada por la Justicia del corte de la Ruta 40, cerca de Esquel, el 1 de agosto de 2017, en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en la provincia de Chubut, del cual Facundo Jones Huala es el lonko (jefe). El uso político que se hizo en ese momento del caso por parte de las organizaciones de izquierda, anarquistas y kirchneristas fue vergonzoso. La familia aún hoy sigue insistiendo con la “desaparición forzada” de Santiago Maldonado por parte de efectivos de Gendarmería, cuando en realidad se ahogó y fue abandonado por sus compañeros mapuches.

Al malestar general por la inacción del gobierno nacional -y aún un apoyo explícito a las acciones hostiles y secesionistas de algunas organizaciones mapuches- se sumó la defensa que hizo el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, del líder del grupo radical Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, que cumple una pena de 9 años de prisión en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, al sur de Santiago por los delitos de “incendio simple y portación de un arma casera ilegal”. Si bien se trató de una situación normal de asistencia consular, Bielsa acompañó el pedido de la defensa de Huala para que le concedan el beneficio de libertad condicional (que le fue vehementemente denegada por la justicia chilena). Según el diario El Mercurio, el embajador refutó “los argumentos entregados por el abogado de la Intendencia General de Los Ríos, Don Hernán Valdebenito Castillo”, donde ocurrieron los delitos por los que está condenado el líder de la RAM.

Al respecto Diego Frutos, un vecino de Villa Mascardi, en Río Negro, cuya casa fue asaltada y casi destruida por un grupo de encapuchados que se identificaron como mapuches y que no puede volver a su propiedad con su familia, dijo que “con lo de Jones Huala, que cada tanto manda sus comunicados incitando a estos hechos, imaginate si desde la cárcel está logrando esto, que pasará cuando le den la libertad”. Puro sentido común, últimamente el menos común de los sentidos.

Un fallo que pasó desapercibido

El 8 de abril pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en el caso “Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena Neuquina c/ Provincia del Neuquén s/ acción de inconstitucionalidad”. Dicho fallo puede hacer tambalear los conceptos sobre la propiedad privada, la seguridad jurídica, la autoridad del Estado y la soberanía nacional.

Con el voto de la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema, se resolvió que no se respetó la identidad y el derecho participación de la minoría mapuche en la formación del gobierno municipal, añadiendo que todos los actos jurídicos ya realizados son legítimos pero que de ahora en más, se los debe consultar previamente cuando haya que tomar decisiones políticas. Para basar la sentencia, la Corte Suprema esgrimió el Artículo 6, inc. (a) del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que establece: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Más allá de lo raro que resulta que la Corte Suprema recurra a un convenio de la OIT para avalar un reclamo indígena, la misma Corte omite el Artículo 16 de nuestra Carta Magna: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.” Los pueblos indígenas no están exceptuados del cumplimiento a rajatabla de la Constitución Nacional.

En el caso de la Comunidad Mapuche Catalán, ésta pretendía que se declarase nulo el llamado a elecciones legislativas, porque tenían que consultar con su asamblea y llevar sus pretensiones. Que yo sepa, nadie puede presentarse a una elección si no es a través de un partido político, inclusive los “pueblos originarios”, ya que de pretenderlo gozarían de libertades que los demás habitantes del país no poseen.

Esta pretensión está negada por el Artículo 22 de nuestra Constitución: “el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.”

No estoy diciendo que no se respeten sus costumbres sobre la toma de decisiones. Esto es privativo de cada de comunidad. Pero el respeto a las culturas y prácticas tradicionales no deben ser ilimitados, máxime cuando las mismas entran en confrontación directa con los derechos de la mujer y el niño, que también están amparados con rango constitucional. Es como dice Sergio Capozzi, presidente de la Fundación Río Negro Activa: “consentir que una asamblea de una parte del pueblo tome decisiones políticas que afecten a todos los habitantes es crear un Estado dentro de otro Estado. Nuestras leyes no contemplan esa figura”.

El integrante de la Corte que votó en minoría, el ex presidente del tribunal supremo Carlos Rosenkrantz, dejó claro en sus considerandos sobre su voto que: “Las comunidades indígenas no pueden pretender derechos políticos que ningún colectivo diferente al pueblo de la Nación y de las provincias tiene ni podría aspirar a tener dado el modo representativo, republicano y federal adoptado por la Constitución”. Y añadió: “El municipio de Villa Pehuenia no es una amenaza a la vida interna de las comunidades indígenas. No tiene la obligación de organizarse, siquiera parcialmente, por el sistema “asambleístico” propio de las comunidades que es extraña a la forma de gobierno representativa y republicana. Ello solo sería posible si antes se reformase la Constitución Nacional ya que, de acuerdo con ella, el gobierno nacional, provincial y municipal debe adaptarse a la forma representativa y republicana.”

Gracias al fallo de la Corte Suprema, el caso de Villa Pehuenia se trasladó a Villa La Angostura, también en Neuquén y puede replicarse en muchos lugares más, lo que abre las puertas a nuevos conflictos que pueden escalar en violencia. Algo que ya ha empezado a suceder.

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