mar. Nov 12th, 2019

Corrupción sistemática en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires

Cualquiera que indague en la historia argentina se dará cuenta que la corrupción, el nepotismo, el amiguismo y el clientelismo, entre otras taras, son segmentos inseparables de su ADN. Un psicólogo diría, si se tratase de una persona, que son partes constitutivas de su personalidad. Y esto ha sido así desde los primeros tiempos de la conquista española. Tal es así, que bien puede decirse que la primera actividad comercial del Buenos Aires virreinal fue el contrabando, ya que las ciudades de las colonias españolas sólo estaban autorizadas a comerciar con su metrópoli y los porteños de dicha época no lograban conseguir los productos básicos para su mantenimiento, ni contaban con los medios técnicos para producirlos. De esta manera, comerciando con brasileños e ingleses, surgió el contrabando porteño.

Por: Agustín C. Dragonetti Corresponsal del Diario el Minuto en Argentina

Volviendo a la historia reciente, una de las promesas de campaña del entonces candidato Mauricio Macri fue terminar con la descomunal corrupción endémica enquistada en todo el andamiaje institucional de la República Argentina. Si bien se frenó el fenomenal sistema de recaudación de coimas y retornos basados en la concesión de obras públicas del kirchnerismo, todavía subsisten nichos de corrupción. Y uno de esos focos de corrupción se produce dentro de lo que es el bastión político del macrismo: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, administrada por quien fuera jefe de Gabinete en los dos períodos en los que Macri gobernó la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Grave denuncia

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el órgano de “selección de magistrados y administración del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la función de asegurar su independencia, garantizar la eficaz prestación del servicio de administración de justicia, promover el óptimo nivel de sus integrantes, y lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado”. Toda una declaración de principios y funciones más que loable si no fuera porque, según la denuncia del Dr. Esteban E. Soaje, ex empleado del Consejo de la Magistratura porteño, tras sus muros se esconde todo un entramado de corrupción que trasciende los gobiernos y toca a personas poderosas.

LOS HECHOS-Ante la Justicia Federal, un joven abogado de nombre Esteban E. Soaje denunció que se acercó al Consejo de la Magistratura porteño a fines de 2016 sin saber concretamente a qué lo convocaban, siendo invitado por un colega amigo que trabajaba allí, el Dr. Juan Pablo Iunger. Se trataba de una reunión sorpresa, y junto a Iunger se encontraba el Dr. Juan Pablo Godoy Vélez, quien fuera Consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, elegido por el estamento de los abogados porteños. En esa reunión, ambos le ofrecen un empleo dentro de dicho organismo, en una Comisión presidida por el Consejero de Administración, Gestión y Modernización Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El joven abogado decide esperar y pensarlo, ya que ejercía la profesión independiente en un estudio jurídico familiar y nunca trabajó en el sector público, desconociendo cómo moverse en ese ámbito. Ciertamente no se esperaba esta propuesta, pero éstos últimos insisten en que lo necesitaban. El tiempo pasa y tras agravarse la salud y producirse el posterior fallecimiento de su padre, el Dr. Soaje decide aceptar el nombramiento.

En febrero de 2017 ya es un agente y funcionario público del Consejo de la Magistratura de CABA, decisión de la que se arrepentirá toda su vida, pero a través de él podemos ver cómo se gestan las corporaciones en el interior del Poder Judicial. Cuenta que al principio encontró una gran desorganización y nadie le contestaba sobre dónde comenzar su trabajo, y con el tiempo descubrió funcionarios ociosos, no prestando tarea alguna sino que sólo comían y miraban las redes sociales permanentemente para ver qué escribían opositores políticos, y que estaban unidos a través de una agrupación partidaria que los nucleaba como espacio corporativo llamado “Encuentro de Abogados Independientes”. En un principio se sintió atraído por dicho espacio político y compartía, junto con su otrora amigo Iunger, una misma visión de mejorar la vida diaria de los abogados porteños y hacer frente al manejo político discrecional del Dr. Jorge Rizzo, presidente durante muchos años del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y jefe de una agrupación política que opera allí inmersa, llamada “Gente de Derecho”.  Con el correr del tiempo, el abogado y funcionario judicial cae en la cuenta que está metido en una corporación que maneja uno de los principales referentes del justicialismo capitalino y ex presidente del Consejo de la Magistratura porteño, Juan Manuel Olmos.

Juan Manuel Olmos.

De ahí en adelante, le costará salir de esa situación. Buscando combatir la política corporativa del Dr. Jorge Rizzo, cayó sin saberlo en otra corporación, la de los judiciales que une el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) a través de Olmos. Y descubre un sinnúmero de otros agentes nombrados a través del Consejo de la Magistratura de CABA para prestar tareas ajenas a la función pública. Éste hecho se corrobora, ya que después de muchas vueltas, quien denuncia los hechos fue llevado con otros agentes públicos a prestar tareas distintas a la de sus lugares designados, más precisamente a un departamento privado alquilado en la calle Talcahuano 469 octavo frente, que opera en los Tribunales en plena Ciudad de Buenos Aires. Allí él decide esperar, continuar averiguando más, sin entender los entramados del sector público, ya que estaba acostumbrado a trabajar en forma privada, y otros funcionarios le ruegan no decir nada, le exponen a sus propias familias y le dicen que ellos no tienen otra forma de conseguir trabajo si no es por éstos medios. Por aquella época, realiza un back up de una de las computadoras del lugar.

Y mientras pregunta y pregunta, escucha del destino de fondos públicos que hace el Consejero Godoy Vélez para su aparición en diversos programas periodísticos de televisión afines al kirchnerismo, a la vez que se da cuenta que hay servicios de dicho departamento de la calle Talcahuano a nombre de funcionarios del Consejo de la Magistratura de CABA, como en el caso del teléfono fijo del lugar qué estaba a nombre del Dr. Santiago Dragani, secretario letrado de la Unidad del Consejero Godoy Vélez. Ese lugar se mantenía con insumos que se trasladaban desde el mismo Consejo de la Magistratura de CABA y con dinero que era alojado bajo llave en una caja fuerte dentro del departamento por dos agentes del Consejo Magistratura porteño trabajando tiempo completo en este otro lugar, los Dres. Gastón López Méndez y Débora Chammah. El departamento funcionaba también como sede partidaria, y se simulaban cursos académicos para abogados matriculados en la Capital Federal, a través de un sistema de “Comisiones Permanentes”.  Éstos se  disfrazaban de gratuitos y  eran dados por los mismos agentes ociosos nombrados por el Consejo de la Magistratura a fin de recabar datos de otros abogados simpatizantes y con ello tener votantes futuros para la corporación de Olmos. Por ese entonces, es apartado de dicha agrupación uno de sus referentes, el Dr. Nicolás Oszust y el Dr. Godoy Vélez también encara cierta desconfianza con nuestro agente, y decide moverlo de la sede Talcahuano por saber ya demasiado respecto a su funcionamiento. A Godoy Vélez tampoco le gusta que el agente disienta sobre temas o ponga en duda el funcionamiento de la corporación frente a los demás, que se evidencia por los choques que el agente tiene con el propio hermano del Consejero, de nombre Daniel Godoy Vélez.  Éste último no tuvo mejor idea que ofrecer un curso de couching o liderazgo positivo en Talcahuano para los agentes nombrados por su hermano menor y, de paso, ver cómo piensan y buscar adoctrinarlos en el ideal corporativo judicial. También solía ir a operar políticamente la esposa del citado Consejero, de la raíz sindical de Olmos, Alicia N. Neubert.  Nuestro problemático abogado es movido a una oficina judicial de la que es jefe de Sector su amigo Juan Pablo Iunger -área manejada por el sindicato SITRAJU de Juan Manuel Olmos-, llamada Asistencia Jurídica a la Comunidad (AJUC). En esta oficina de AJUC prestaba tareas junto con la agrupación “La Justicia Con Vos”, de la Dra. Ana Casals y la Sra. Ema Torres, y la agrupación misma pensaba que el agente estaría más ocupado en temas jurídicos, ateniendo consultas de vecinos de la Ciudad de Buenos Aires en un espacio de Olmos, y ya no incurriría en preguntas indiscretas. Pero allí, en la  oficina judicial, ubicada en Av. de Mayo 654 planta baja, el referido empieza a ver que también prestan tareas de forma irregular, que muchos de los vecinos o consultantes no son tales, ya que esa oficina no estaba promocionada al público, y le requiere a su jefe inmediato, el Dr. Juan Pablo Iunger, explicaciones (junto a un pase de sector) ya que no quiere caer en falta ética dando asistencia jurídica gratuita en competencia desleal con sus colegas de profesión de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, un agente problemático que cumple con la función pública correctamente, es un problema para cualquier corporación. Disconforme con el manejo de los sindicatos filo-kirchneristas sobre el edificio, a la par que es forzado a afiliarse al sindicato kirchnerista SITRAJU de Olmos, le llega la noticia de una denuncia periodística contra el Consejo de la Magistratura de CABA a comienzos del año 2018. Obviamente, el agente pregunta pero los consejeros en pleno junto a Olmos apoyan al Dr. Iunger como futuro Consejero de la Magistratura porteña. Siendo que el agente no puede combatir toda esa situación y viendo que dichos funcionarios buscan tapar los efectos de la repercusión pública de la noticia periodística, es forzado a ser parte de una campaña política dirigida por el Consejo de la Magistratura de CABA y el sindicato de judiciales, para lograr una victoria electoral y mantener los puestos políticos del grupo de Olmos-Godoy Vélez-Iunger y procurar la impunidad del resto de los consejeros denunciados penalmente por asociación ilícita y malversación. El agente rehúsa la situación todo lo que puede, y sus seguidores amigos lo ayudan anímicamente. Pero recibe amenazas vía WhatsApp de otro funcionario, el Dr. Ruben Cantero, quién le envía una foto de su entonces pareja y le recomienda que cese sus cuestionamientos y se cuide. Forzado por las circunstancias, continúa ejerciendo la función pública, y atendiendo el celular de emergencia de Asistencia Jurídica a la Comunidad del Consejo de la Magistratura porteño a pesar de las hostilidades. En medio de la campaña política por la renovación de puestos del Consejo, recibe una denuncia de femicidio en AJUC, que intenta investigar en medio de la presión política de la corporación qué maneja Juan Manuel Olmos, y hace malabares para no estar inutilizado en mesas de campaña perdiendo su tiempo con decenas de otros agentes del Consejo de la Magistratura de CABA en la vía pública durante horas de trabajo y, a su vez, corriendo a la oficina por el temor de la urgencia por casos derivados quien sabe de quien y trabajando como se puede, lo cual, lógicamente, le produjo un enorme stress.

Finalmente, esa agrupación que malversa fondos del erario público termina perdiendo las elecciones del 24 de abril del 2018 para presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y para el Consejo de la Magistratura de CABA, con lo cual se pierden los cargos y con ello, por supuesto, la caja del Consejo a futuro. El agente, casi agradece para sí mismo esta situación, y continúa ejerciendo su función pública con lo que él considera “por fin, volver a la normalidad, y ejercer la función pública”. Después de muchos dimes y diretes, el Consejero Dr. Juan Pablo Godoy Vélez lo convoca a una reunión en su despacho, junto con el secretario letrado Dr. Santiago Draganni, el Dr. Juan Pablo Iunger (Jefe de Sector de AJUC), y la Dra. Patricia Vescio, candidata a Consejero Nación. En dicha reunión, de muy malos modos, lo presionan a formar parte de algo distinto a lo que él entendía de forma idealista, y que se comprometa de una vez CON ALGO QUE EXCEDE UNA AGRUPACIÓN, algo que el agente de inmediato rechaza, y se le dan 24 horas para pensar y recapacitar, caso contrario, le darían de baja su contrato. En esas 24 horas, los agentes pertenecientes a dicha asociación o agrupación de Olmos, comienzan a difamar al agente diciendo que se vendió por dinero a otra corporación, la de los abogados de “Gente de Derecho”, perteneciente al Dr. Jorge Rizzo.

El agente trata de grabar las conversaciones durante esa semana, que se extiende desde el mencionado apriete con fecha 14 de mayo de 2018, hasta el alejamiento por la fuerza física y sin resolución de baja de su oficina el 17 de mayo, por el Dr. Juan Pablo Iunger, con la complicidad directa del Sindicato SITRAJU y del jefe peronista Olmos. Ese mismo día al irse de la oficina, el agente presenta la denuncia para iniciar un sumario en el Consejo de la Magistratura de CABA contra los funcionarios que buscaron apretarlo en la oficina del Consejero y contra éste mismo por apartarlo de sus funciones públicas. Posteriormente habla con el Dr. Jorge Rizzo el sábado siguiente en su programa de Radio Cooperativa contando estos hechos y buscando aclararlos para hacer prevalecer su seguridad personal, por el temor de ser atacado, y éste último reconoce la mentira de la difamación y que ellos hacía años que no se dirigían la palabra y se compromete a ayudarlo desde lo institucional del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. De allí, tardará más de un mes en poder recuperar sus pertenencias, repartir sus papeles y en  poder acceder a una oficina de la que no debió haber sido apartado sin una Resolución de baja pertinente.

Incluso, no se lo acompañó con un personal de seguridad ni funcionario público idóneo, cosa que él había pedido al Consejo y éste no accedió, a retirar sus pertenencias. Quien lo acompañó fue un amigo del Dr. Juan Pablo Iunger y funcionario tanto de Olmos como de Ana Casals, de nombre Oscar Fernández Vázquez, integrante de la Secretaría de Asuntos Institucionales.

Posteriormente y más allá del inicio de un pedido de sumario, el agente interpone una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) por discriminación política y comparte una documental con el constitucionalista Dr. Andrés Gils Domínguez para colaborar en una denuncia (bajo el Expediente N° 44.182, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal), anteriormente interpuesta contra el Consejo de la Magistratura porteño. Asimismo pide el acompañamiento del Colegio público de Abogados de la Capital Federal e interpone una denuncia en Comodoro Py (los Tribunales Federales) denunciando estos hechos.

Desgraciadamente, nada ha salido bien hasta entonces. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, no hizo pasar la documental del agente por la Comisión de Defensa del Abogado, como institucionalmente correspondería, el INADI nunca informó detalles de un inicio de investigación y en Comodoro Py no quisieron investigar al respecto y se declararon incompetentes para entender hechos nuevos, no tomando las medidas urgentes que el letrado solicitó sobre allanamiento de la sede Talcahuano e incluso se negaron a recibir posteriores escritos.

Respecto al sumario administrativo que el agente efectuó ante el Consejo de la Magistratura porteño, con Resolución CM N° 196/2018, se decidió no investigar el hecho ni analizar la documental acompañada en formato DVD, y se tomó declaración a agentes involucrados en “Encuentro de Abogados Independientes” pertenecientes a Juan Manuel Olmos, que admitieron la existencia de tal agrupación paralela en el Consejo de la Magistratura porteño y la realización de aportes económicos a la misma.

Tampoco el hecho de las amenazas recibidas fue investigado correctamente, siendo desestimado el hecho de las amenazas sin analizar la prueba y sin mayores averiguaciones.

DESCENLACE- Lo cierto es que hoy en día existe el temor de que toda esa información se haya usado políticamente y el tema se haya mantenido en reserva entre amigos, siendo que en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal funciona otra corporación o agrupación, llamada “Gente de Derecho”, y quien la lidera es el mismo Dr. Jorge Rizzo,por años presidente de dicha entidad, que hoy preside un amigo suyo, no vidente, el Dr. Awad, y que dicha agrupación política también ha metido en las últimas elecciones sus consejeros de la magistratura porteña y han buscado tapar la situación para que nada cambie, ayudándose entre todos y que la historia no trascienda.

La preocupación es que el Consejo de la Magistratura porteño sea tan solo un espacio de pelea deportiva y amistosa de las corporaciones judiciales, enredadas con jueces afines y abogados pertenecientes a uno u otro partido y color de bandera, y donde los letrados que deciden ejercer libremente la profesión son coaccionados permanentemente por estos poderes. Desde el interior de estas corporaciones al sector del peronismo o al macrismo, se proyectan y administran presupuestos, se ejercen facultades disciplinarias, se interviene en los concursos públicos y en la elección de jueces y abogados, y se establece la política salarial de todo el sector judicial. Se los ve en las mismas fiestas y reuniones, sus líderes se jactan públicamente de los amigos que tienen en el poder y de sus agendas con nombres de contacto, y llamados.

El joven abogado, a fuerza de combatir a unos, se fue dando cuenta que los que le rodeaban eran más de lo mismo, y que ha remado en círculo, de corporación en corporación, ya que el propio Godoy Vélez era en su momento íntimo de Jorge Rizzo, y que luego se abrió para formar una corporación distinta junto al peronista Juan Manuel Olmos.

Al mismo juego son llamados todos, y en lugar de los colegas abogados que deberían haber acompañado al agente en colaboración, operó nuevamente bajo el velo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la agrupación “Gente de Derecho”, haciendo un uso político de la información.

Finalmente, nada ha cambiado y para sorpresa -o no- bajo la apariencia de un Colegio de Abogados de la Capital Federal, funciona una corporación llamada “Gente de Derecho” (los rojos) y en el Consejo de la Magistratura de CABA, otra que se llama “Encuentro de Abogados Independientes” (los azules). Ninguna se ataca más allá de la cuenta, las cosas se deciden entre Jorge Rizzo, Daniel Angelici y Juan Manuel Olmos, y el poder temporal lo tendrá quien pueda meter más Consejeros en la Ciudad y en la Nación en cada elección. Es decir, el chiste es que el poder lo maneja a quien le fue mejor en las elecciones, pero sin destruir el sistema de cómo funciona ese poder, para que no se termine nunca el ciclo, único fin y meta de las agrupaciones o corporaciones políticas judiciales, el fondeo de las cajas, siendo que las denuncias se sobreseen sin fundamento ni análisis de la prueba acompañada o se paralizan, a cambio de favores políticos en el poder judicial federal, nacional y de la Ciudad.

Pensar una intervención del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y otra del Consejo de la Magistratura porteño, hoy, parece una quimera imposible. Pensar eso, sería mejorar la vida de los justiciables y resolver la pregunta de porqué la justicia argentina no funciona como debiese, o sea, intervenir ambos espacios y descubrir esas agrupaciones o corporaciones con sus nombres y apellidos, sería hacer las cosas bien. Y eso en Argentina no ocurrirá porque nuestra corrupción siempre es estructural.

El turbio mundo de la justicia porteña

La denuncia del Dr. Esteban Soaje desnuda en parte el fenomenal juego de ajedrez que se desarrolla dentro de la justicia porteña. Es un verdadero hervidero de negociaciones permanentes donde las corporaciones ponen y sacan funcionarios y empleados. Acá no importa la mejor administración de la justicia. Ni siquiera las adscripciones ideológicas. Acá está en juego la suculenta caja y el manejo del poder. Tan es así que el Consejo de la Magistratura de CABA creo siete nuevas estructuras y rejerarquizó a 40 empleados, todo en medio de un fenomenal -aunque necesario- recorte de gastos por parte del Estado nacional. Sin embargo, el presupuesto de 2018 fue de $30.831.134.511, de los cuales el 93,7% representan gastos del personal. Este año será de casi $36.000 millones.

Los popes del andamiaje judicial de la Ciudad de Buenos Aires son, principalmente, tres personas que negocian los cargos de sus apadrinados.

Juan Manuel Olmos: el dirigente peronista Juan Manuel Olmos, alias “el Gordo”, presidió el Partido Justicialista de la Ciudad y fue presidente del Consejo de la Magistratura. Olmos fue legislador porteño por el Frente para la Victoria entre 2005 y 2009, pero como todo buen peronista, es un pragmático. En realidad fue un k hasta la derrota del kirchnerismo en 2015, cuando conformó “Nuevo Espacio de Participación” (NEP), una mixtura entre kirchnerismo, peronismo ortodoxo e izquierda. Su esposa es la legisladora kirchnerista María Rosa Muíños, presidenta del Bloque Peronista en la Legislatura porteña.

Hay un dato no menor sobre Olmos y sus aspiraciones: sus padres se casaron ante un sacerdote muy joven, que posteriormente los bautizó a él y a sus hermanos. Ese sacerdote era Jorge Bergoglio, el actual Papa peronista Francisco. El “Gordo” lo va a ver cada vez que puede y, por supuesto, publica las fotos de esas visitas. Olmos tiene muy buenos amigos dentro del gobierno de Rodríguez Larreta, como el peronista Diego Santilli, a quienes les dio una mano en más de una oportunidad en las votaciones en la legislatura y les garantiza parte de la gobernabilidad.

Quienes conocen las internas judiciales, dicen que Olmos maneja el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SITRAJU-CABA). Tan es así, que el otro sindicato judicial, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, denunció penalmente tanto a Olmos como a la polémica ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por amenazas y persecuciones. También denunciaron que el entonces ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, Carlos Tomada, fue parte de la creación del kirchnerista SITRAJU, ya que facilitó el trámite de inscripción del sindicato en tiempo récord (cuando normalmente lleva años): el SITRAJU y el SITRAJU-CABA obtuvieron su inscripción el 14 de abril de 2015, tan sólo cuatro días después de haber iniciado su tramitación. SITRAJU es conducido por la ultrakirchnerista Vanesa Siley, diputada nacional por Buenos Aires por Unidad Ciudadana y allegada a Olmos. En las últimas elecciones de los abogados porteños para el Consejo, Olmos operó a través de la agrupación “Seamos el encuentro de abogadxs”, postulando a la Dra. Patricia Vescio.

Jorge Rizzo: el titular de “Gente de Derecho” (GDD) y hasta abril del año pasado presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (en su lugar asumió Eduardo Awad, un abogado no vidente del riñón de Rizzo, por lo que GDD se quedó por quinta vez con la presidencia del Colegio) es un personaje bastante particular. Fanático del Club Atlético Independiente, tiene tratos y modales groseros, como aquella expresión lanzada al aire durante una entrevista por Radio La Red, luego del fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia contra la reforma del Consejo de la Magistratura por parte del kirchnerismo, allá por 2013: “Ahora, las listitas de candidatos a consejeros se las van a meter en el culo”. Un gentleman.

En julio de 2016 protagonizó un incidente callejero con un motociclista durante un embotellamiento y lo amenazó con su revólver calibre .38, por lo que fue demorado en la Comisaría 7ª. Por este hecho, si bien Rizzo tiene autorización para portar armas, se le abrió una causa por “amenaza con arma de fuego” en la Fiscalía Nº 20 de la Ciudad. Sobre el incidente, declaró: “A veces me hago el loco, cuando conviene, es parte de la necesidad”. Unos días antes de este episodio, durante la primera reunión de la Asamblea de Representantes del CPACF, tuvo un altercado a los gritos con una ex empleada, invitó a pelear a un abogado opositor y recibió el malestar de sus colegas, que lo denunciaron por estafa. En marzo del año pasado, se trenzó a golpes de puño con el abogado Marcelo Olivetti cuando Rizzo quiso echar a unos jóvenes de la calle que comían al lado del CPACF. Olivetti lo denunció por lesiones leves.

Para las lecciones de abril que finalmente ganó su lista (en un áspero acuerdo con Daniel Angelici, a quien quiso remover en junio de 2017 de la vicepresidencia segunda del CPACF por inasistencias a las reuniones), tuvo que elegir a Eduardo Awad ya que su principal candidato, Alejandro Donato -incondicional de Rizzo y su operador en el Consejo- era muy cuestionado cuando empezó a correr el dato de los familiares que hizo entrar al Consejo con salarios abultados.

Daniel Angelici: “El Tano” Angelici merece, más que unas líneas en este artículo, un libro entero. Denunciado desde 2016 por la diputada Elisa Carrió como un operador dentro de la justicia, principalmente la porteña, el actual presidente del Club Atlético Boca Jrs. tiene familiares y amigos enquistados en el Ejecutivo Nacional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la AFIP, el Consejo de la Magistratura porteño, la Auditoría General de la Ciudad, la Legislatura porteña, el Banco Ciudad, la Inspección General de Justicia, el Instituto Previsional bonaerense, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Justicia y el Congreso de la Nación. Sin hablar de sus emprendimientos empresariales.

Un muchacho multitasking. Antes que operador judicial y político, “el Tano” es un poderoso empresario del juego. Dueño de bingos y casinos, fue el impulsor de Gambling TV, el primer canal televisivo argentino dedicado íntegramente a todas las modalidades de juegos de azar. Angelici llegó a ser director de la Cámara Argentina de Salas de Bingos y Anexos (CASBA) hasta febrero del 2009, cuando fue reemplazado por Daniel Mautone, su ex socio hasta 2009 en Bingo Horse, un haras donde preparaban caballos de carrera. Actualmente es el dueño de World Games S.A. (Pergamino) y tiene intereses en cuatro sociedades anónimas más, referidas con el juego: Binarge S.A., American Games, Betec S.A. y Cronopios S.A. La mayoría de estas empresas tienen domicilio fiscal en Av. Rivadavia 1157, 5º A, de CABA.

 

Daniel Angelici: “El Tano” Angelici

En 2011 Ariel Fassione, titular del Sindicato de Juegos de Azar (ALEARA), lo denunció penalmente ante la Justicia Criminal y Correccional Federal por la violación del artículo 4 de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional. Lo inculpó bajo los cargos de “coacción, amenazas y violación de la ley de seguridad interior”. La demanda de ALEARA nació ante la sospecha de que Angelici espió a los delegados del Bingo Ramallo –filmados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de Gendarmería Nacional- cuando hicieron una protesta frente al bingo. Según la denuncia de ALEARA, “el Tano” accedió a las filmaciones de las fuerzas de seguridad para identificar a gremialistas y “obtener datos personales”.

Uno de los operadores de Angelici en la Ciudad de Buenos Aires es Martín Ocampo, el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño de Horacio Rodríguez Larreta. Ocampo (que debió renunciar luego del fracasado operativo de seguridad durante la final de la Copa Libertadores entre Boca Jrs. y River Plate en noviembre último), es compadre de Angelici, fue su abogado y ambos provienen de la Unión Cívica Radical (URC) antes de pasarse al PRO, el partido que creó Mauricio Macri. Además, organizó varias de sus sociedades comerciales. De hecho, figura como director suplente de la empresa Cronopios S.A., fijando “domicilio especial” en Av. Rivadavia 1157, 5º A. El ex ministro (que también fue fiscal general de la Ciudad y legislador) fue denunciado por enriquecimiento ilícito junto a su mujer, Mónica Nancy Peralta (que trabajó desde el 2009 al 2011 en un bingo de Angelici), empleada del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires desde 2014, con el legajo 3796.

Si bien Angelici quería bajar a Jorge Rizzo y su agrupación del Colegio Público de Abogados -jugada avalada por el propio Mauricio Macri-, tras una alianza de más de diez años entre el macrismo y GDD, predominó la opinión del sector de Abogados PRO, que eran partidarios de lograr otra vez un acuerdo con Rizzo, entre ellos José Torello (jefe de asesores presidencial y amigo personal de Macri desde los tiempos en que eran compañeros del Colegio Cardenal Newman) y Pablo Clusellas (secretario de Legal y Técnica y otro amigo de la infancia del presidente desde la época del Cardenal Newman).

Como hemos visto hasta aquí, la denuncia del Dr. Esteban Soaje es solo una puntada en el fenomenal tejido de relaciones cruzadas y operaciones turbias dentro de la justicia porteña. Terminar con los nichos de corrupción fue una de las promesas de campaña del presidente Macri. Aún estamos bastante lejos.

AfrikaansArabicEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish