sáb. Sep 21st, 2019

Corte ordena entregar nómina actualizada de condenados por las violaciones a los DD.HH

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En este sentido, está el artículo 21 de la Ley Sobre Protección a la Vida Privada establece que  : “Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena  ”.

Pascale Bonnefoy Millares,

Christian Alveal Gutiérrez, Director Nacional de Gendarmería de Chile,deduciendo reclamo de ilegalidad contra la decisión de amparo Rol C-4065-18 de fecha de diciembre de 2018, del Consejo para la Transparencia (CPLT), a través de la cual fue acogido un requerimiento de doña Pascale Bonnefoy Millares, ordenando a Gendarmería la entrega de la información siguiente, nómina actualizada de internos por delitos de lesa humanidad recluidos en los penales de Colina 1 y de Punta Peuco, sin tarjar los nombre y apellidos.

Christian Alveal Gutiérrez, Director Nacional de Gendarmería de Chile.

En síntesis, sustenta su reclamo en que se denegó el acceso a lo pedido relativo al nombre de los internos consultados.En cuanto a la causal de excepción prescrita en el artículo 21, N 2, de la Ley de Transparencia, sostienen que la divulgación de la identidad de los internos consultados afectar a no solo a la vida privada de éstos, los cuales no por estar privados de libertad pierden su derecho a la intimidad, sino también la seguridad e intimidad de sus familias o cercanos, exponiéndolos a una estigmatización social por efecto expansivo de los actos cometidos por aquellos.

Punta Peuco

Además, entregar el nombre relacionado con la Unidad Penal en la cual se encuentran cumpliendo pone en riesgo a las personas que concurran a visitarlo, por acciones que podrían ejecutar terceros aprovechando la instancia de visitas. Así, argumentan que revelar la identidad de 175 personas condenadas por crímenes considerados de lesa humanidad, no solo implicar a un control social sobre aquellas, lo cual ese Servicio realiza día a día, sino también un daño en la esfera privada de sus familiares.

Finalmente, explica que no aplicaron el procedimiento establecido en el artículo 20, de la Ley de Transparencia, por configurarse en ese caso la causal de reserva o secreto establecida en el artículo 21, N 1 , letra c), de la Ley de Transparencia; en atención a que habría que otorgarle traslado a un total de 175 internos informados y si hacen extensible el impacto de difundir la información, a todos sus cercanos que podrían ver afectados sus derechos por las razones expuestas se configura sin lugar a dudas la causal de excepción alegada.

Que evacuó los descargos el Consejo para la Transparencia, señalando como primer argumento, que este debe ser desestimado ya que ha sido el constituyente quien permite el conocimiento público, de los nombres de las personas recluidas en recintos penitenciarios, conforme lo dispuesto en el art.19 n 7 letra d) de la Constitución Política, que establece “Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que ser público  .”

Pascale Bonnefoy Millares,

Así las cosas, no queda cubierto dentro de la hipótesis alegada por el reclamante, el deber de secreto que establece el artículo 7 de la Ley 19.628, ya que esa norma establece el secreto sobre información de fuentes no accesibles al público, y en este caso, según la norma constitucional citada, la información proviene precisamente de fuente accesible al público.

Explica que el legislador permite el tratamiento de datos sobre condenas por delitos mientras no está cumplida o prescrita la sanción o la pena, pues ha efectuado ex ante un juicio de ponderación, que lo ha llevado a descartar la eventual afectación de los derechos de los condenados.

En este sentido, está el artículo 21 de la Ley Sobre Protección a la Vida Privada establece que  : “Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena  ”. A  contrario sensu, quiere decir que está permitido el tratamiento de datos mientras se esté cumpliendo la condena.

Hizo presente que el derecho a la vida privada y la honra no son derechos de carácter absoluto, resultando procedente la entrega de la información consistente en los nombres y apellidos de los condenados, que actualmente cumplen condenas por delito de lesa humanidad, en los centros penitenciarios indicados, pues existe un interés público prevalente en el acceso a dicha información, mientras la condena no se cumpla, por lo que no se afectan sus derechos y no concurren las reservas alegadas, en conformidad a lo exigido por el inciso 2 del art. 8 de la Constitución Política de la República.

En conclusión la Quinta Sala del tribunal de alzada confirmó una resolución que ordenó entregar información sobre los condenados por crímenes de lesa humanidad recluidos en Colina Uno y Punta Peuco.

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