Fonasa obligada a realizar diagnostico de lupus eritematoso que esta cubierta por el Plan Auge-Ges

La Corte Suprema acogió recurso de protección y ordenó al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) realizar los exámenes necesarios que permitan confirmar el diagnóstico de lupus eritematoso, enfermedad que se encuentra cubierta por el plan Auge-Ges.

En fallo dividido (causa rol 12.412-2018), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Andrea Muñoz, Carlos Cerda y Arturo Prado– estableció el actuar arbitrario de la parte recurrida, al retrasar la confirmación del diagnóstico que permitiría a la paciente acceda al tratamiento de la patología.

El Fondo Nacional de Salud recurrido debe asegurar obligatoriamente las garantías explícitas en salud a sus beneficiarios y, concretamente, el otorgamiento de las prestaciones garantizadas por la Ley”, sostiene el fallo.

Resolución que agrega: “De lo anterior se sigue que, al ser un hecho no discutido que la recurrente es beneficiaria del aludido FONASA, éste ha debido asegurarle dichas garantías así como el otorgamiento de las prestaciones correspondientes; deber que ciertamente supone la adopción de las medidas necesarias para que, en casos como el de autos en que existe sospecha diagnóstica de alguno de los problemas de salud establecidos en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 3 de 2016, del Ministerio de Salud, dicha sospecha sea confirmada o descartada, pues de lo contrario la obligación legal del Fondo Nacional de Salud de asegurar las Garantías Explícitas en Salud y, en especial, las de Acceso y Oportunidad, dependería no de si el paciente tiene o no el problema de salud respectivo -que es la condicionante que a fin de cuentas establece la ley para que operen las Garantías- sino del hecho que la Administración lleve adelante las gestiones pertinentes para diagnosticarlo”.

“Lo anterior –continúa– revela que el recurrido no ha adoptado todas las medidas legalmente necesarias para que la recurrente cuente oportunamente con un diagnóstico certero y definitivo que sea producto del estudio médico de la totalidad de los antecedentes y exámenes que le fueron prescritos; omisión que por contravenir las normas legales referidas en los motivos que anteceden es ilegal, además de arbitraria por cuanto la demora de la recurrida en realizar tales medidas carece de una justificación razonable”.

El comportamiento recurrido vulnera el derecho a la protección de la salud de la recurrente, garantizado en el número 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como así también su derecho a la igualdad ante la ley, contemplado en el numeral 2 del mismo artículo, toda vez que no ha sido tratada en forma similar a otras personas que, en situación equivalente, han visto satisfechas sus Garantías Explícitas en Salud”, añade.

Por tanto, concluye que: “se declara que el Fondo Nacional de Salud recurrido deberá disponer todo lo necesario para que se dé a la recurrente el diagnóstico certero, definitivo y a la vista de los resultados de todos los exámenes médicos que le han sido prescritos, de la dolencia o problema de salud que presenta, dentro del plazo de 15 días, informando de ello a la Corte de Apelaciones”.

Decisión adoptada con los votos en contra de las ministras Sandoval y Muñoz.

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