Jue. Jun 4th, 2020

El Minuto

El Primer Diario Social de Chile

Costa Rica bajo amenaza del crimen organizado

Costa Rica era una isla de estabilidad y seguridad en la convulsionada América Central, pero el drama del crimen organizado, donde poderosas organizaciones desafían abiertamente a los Estados, ha convertido a gran parte de América Central en un lugar poco seguro, expulsando a millares de personas a buscar ante todo seguridad en Estados Unidos, en el medio de un verdadero éxodo.


Por: Jorge Alejandro Suárez Saponaro. Director Diario El Minuto para Argentina.


Costa Rica por su ubicación geográfica y contexto geopolítico, se ve seriamente amenazada por el creciente tráfico de drogas, las disputas de poderosos grupos por controlar rutas de comercialización.

En el Diario La Nación de Costa Rica, señaló en su oportunidad que En la medición de 2014, se registró una tasa de homicidios de 10,3 por cada 100.000 habitantes, mientras que en la de 2019 fue de 11,9, es decir, 1,6 puntos porcentuales más. Cuando esa tasa es superior a 10, es considerada como “epidemia” por la Organización Mundial de la Salud (OMS) Observadores locales ven esto, como resultado de la caída del nivel de vida del país, que durante décadas fue visto como ejemplar.

La presencia de grupos criminales ligados al creciente tráfico de drogas complica aún más las cosas. El país es punto de trasbordo para la cocaína – que viene de Colombia – que va a Europa y Estados Unidos. Los grupos locales pueden obtener unos US$ 3.000 por día en este lucrativo negocio, lo que genera disputas, a ello se une las conexiones con poderosas organizaciones criminales en México o Colombia.

La estrategia del gobierno ha sido captura líderes locales, lo que para algunos expertos, o sitios especializados como Insight Crime (financiado por el Reino Unido), aumenta la fragmentación y por ende mayor grado de violencia. La muerte de turistas, allá por mayo de 2018, llevó al presidente costarricense Carlos Alvarado, a destinar fondos especiales para seguridad para la importante industria de turismo.

Las organizaciones criminales han puesto el “ojo” en los diversos parques nacionales y reservas naturales, de gran atractivo turístico, para usarlos como refugio. Esto ha ocasionado la muerte de guardaparques. Estamos ante organizaciones criminales que tienen un creciente poder de fuego, lo que plantea serios desafíos para las autoridades locales.

El gobierno en las grandes ciudades, especialmente en la llamada Área Metropolitana, los mega operativos, ha permitido desarticular bandas criminales, capturar prófugos, decomiso de drogas y armas. Estas acciones han llevado que muchos grupos se desplacen al interior del país. Otras medidas han sido el pedido de fondos para incrementar la presencia territorial policial, regulación sobre el uso de motocicletas, empleadas por los sicarios, restricción de uso de celulares en centros penitenciarios, etc.

El país es objetivo de organizaciones de México y también de Colombia, siendo identificados por parte de las autoridades de Costa Rica, la influencia creciente de la FARC en su momento en la pugna por el control del tráfico de drogas. Su desmovilización no ha impedido que organizaciones criminales de Colombia dejen de emplear Costa Rica, especialmente por su posición geográfica. En el plano local operan los Moreco, o Movimiento Revolucionario del Crimen Organizado, poderosa entidad criminal, cuyo líder José Efraín Mendoza, fue capturado no hace mucho.

José Efraín López Mendoza pasó de ser un miembro de la conocida banda del “Acetileno” que golpeaba supermercados y cajeros automáticos a líder de un poderoso grupo narco.

Esta organización, similar a los carteles de droga que operan en México (se cree que Moreco es aliado del poderoso Cartel de Sinaloa).

Este grupo es marcadamente local, con control territorial y no responde a estructuras foráneas, en apariencia, lo que genera inquietud a los responsables de seguridad, dado que expertos de la Organización de Investigaciones Judiciales (policía de investigaciones) han considerado a los Moreco como una organización bien articulada y alto nivel de cohesión. Esto dificulta sin ninguna duda la labor de inteligencia.

La violencia de estos grupos queda en evidencia con los hallazgos de las víctimas de los grupos criminales. En 2018, la opinión pública local quedó conmocionada con un cuerpo de un ciudadano colombiano decapitado, consecuencia de algún ajuste de cuentas entre bandas criminales. El problema ha llevado, a que el país cuenta con una creciente asistencia externa, especialmente de Estados Unidos, lo que ha permitido adquirir embarcaciones ligeras para el guardacostas, elementos de movilidad terrestre, aeronaves ligeras, programas de entrenamiento, etc.

El gasto en seguridad pública se ha ido incrementando sustancialmente desde 2006. Se estima que el país gasta unos US$ 950 millones. Esta cifra supera a lo invertido en seguridad y fuerzas armadas en países vecinos. Lo que pone en evidencia el problema que afronta Costa Rica.

La Fuerza Pública

Costa Rica no cuenta con ejército permanente. Este fue disuelto en 1948. La Constitución prevé en su artículo 12, que solo por convenio o en caso de defensa, podrán organizarse fuerzas armadas. La vigilancia y control de espacios terrestres y marítimos corren a cargo de la Fuerza Pública, entidad que desde 1996, engloba una serie de direcciones especializadas en seguridad pública, lucha contra el narcotráfico, migraciones, seguridad de fronteras, guardacostas y vigilancia aérea.

La Fuerza Pública depende del ministerio de seguridad, es una institución profesional, de buen nivel y con un nivel de corrupción mucho menor que sus pares de la región. Costa Rica tiene elevados índices de respeto de derechos humanos y la Fuerza Pública, no ha estado entrometida en casos graves. Un hecho más que destacable, en una región donde el crimen organizado está infiltrando al Estado.

La Policía de Fronteras, fue vuelta a crear en 2010, con personal desplegado en distintos “comandos” que operan unidades menores destinadas a la vigilancia de fronteras comunes con Nicaragua y Panamá. Sabemos que la Policía de Fronteras tiene morteros de 60 y 81 mm y cierto poder de fuego, pero que no se compara con su vecino de Nicaragua, donde su ejército cuenta con poderosos recursos en materia de blindados y artillería El Servicio Nacional de Guardacostas cuenta con una decena de patrulleros obsoletos, entre los cuales se integran material de Estados Unidos, que ha llegado vía donación, y remozados.

Además de lanchas de diversos tipos. No obstante ello, sus medios son exiguos para patrullar las aguas del Caribe y el Pacífico. Estas limitaciones se extienden a capacidades en materia de lucha contra la polución ambiental y búsqueda y rescate, funciones tradicionales de este tipo de cuerpos.

El Servicio de Vigilancia Aérea, es un cuerpo que cuenta con helicópteros Bell 206, 412, y MD 500E aeronaves ligeras de enlace y transporte, como los Cessna Caravan, Caribou C 7, Piper, etc. Estos medios solo pueden brindar un apoyo muy limitado a las acuciantes necesidades para búsqueda y rescate, transporte rápido a zonas remotas, vigilancia, reconocimiento y patrulla.

La Dirección de Unidades Especializadas, aglutina unidades de élite y de orden público, como Unidad Canina, Policía Montada, Unidad de Intervención, Armas y Explosivos, Unidad Especial de Apoyo, Unidad Especializada en Seguridad y Protección, etc.

El despliegue territorial de unos 12.000 efectivos que forman la Fuerza Pública, encontramos siete dirección regionales, que ejecutan las funciones de seguridad pública, de fronteras, lucha contra el narcotráfico, etc. Existe una Policía de Control Fiscal, dependiente del Ministerio de Hacienda y un Organismo de Investigaciones Judiciales, que es la policía judicial. La legislación de Costa Rica prevé la existencia de una agencia de inteligencia nacional, dependiente directamente del presidente de la república.

Existe una curiosidad, que es la Reserva de la Fuerza Pública, personal adiestrado que puede ser movilizado en casos de emergencia nacional. Desconocemos la situación de este componente de la Fuerza Pública.

Esta estructura, debe hacer frente a organizaciones criminales transnacionales, que cuentan con importantes recursos financieros y materiales. En México hemos observado cómo los carteles tienen un poder de fuego, que requieren el uso de fuerzas militares de elite, para hacer frente a estos grupos.

Los traficantes cuentan con gran poder de fuego, embarcaciones veloces, que demanda medios adecuados para su interceptación. Asimismo, intereses políticos y otros de otra índole, han impedido que la región tuviera aviones con capacidad de interceptar aeronaves que trasladan droga en grandes cantidades rumbo a Estados Unidos, México y diversos puntos del Caribe.

Guatemala que había decidido adquirir un lote de aviones argentinos IA 63 Pampa, la compra fue frustrada bajo excusas legales poco claras. El mismo procedimiento de compra de buques logísticos a Colombia, no fue cuestionado. Sin ninguna duda hay intereses para que no exista capacidad de defensa aérea en la región. Costa Rica forma parte de un corredor aéreo que es empleado por el crimen organizado según medios especializados, lo que demanda en la necesidad de hacer algo al respecto.

Las estructuras de seguridad e inteligencia frente al crimen transnacional

Costa Rica precisa en primer lugar contar con una verdadera comunidad de inteligencia, con agencias especializadas en inteligencia exterior, criminal, seguridad de comunicaciones y ciberseguridad, y la integración de áreas de inteligencia de organismos responsables de lucha contra el lavado de activos, migraciones, y aduanas. Es por ello que creemos conveniente formar un Centro Nacional de Inteligencia, órgano que asesorará de manera integral al Poder Ejecutivo y con responsabilidad de producir planeamiento para percibir, definir amenazas y riesgos que deben enfrentar las estructuras de seguridad y defensa del país.

Es preciso que Costa Rica cuente con “agregados” policiales con la finalidad de estrechar lazos en la región y fuera de ella. La cooperación internacional será clave en la prevención y respuestas de amenazas a la seguridad nacional del país.

La Fuerza Pública creemos que debería ser reestructurada, con la finalidad de hacer un uso óptimo de los recursos y medios, eliminar organismos redundantes, y mejorar el mando y control. En un informe del Banco Interamericano de Desarrollo señalaba Las fuerzas de seguridad en Costa Rica… trabajan con cinco ministerios nacionales además del poder judicial y los gobiernos municipales.

Esta amplitud de afiliaciones multiplica las complicaciones para el diseño y desarrollo de acciones y políticas de seguridad. Es por ello que consideramos que la Fuerza Pública deberá racionalizar sus estructuras.

La Dirección de Unidades Especializadas, debería articularse en Fuerza de Operaciones Especiales, una unidad de élite con capacidad de lidiar con el fenómeno del narcoterrorismo, rescate de rehenes, desactivación de explosivos, protección VIP, etc. Deberá contar con bases en distintos puntos del territorio para facilitar su despliegue.

La protección de fronteras, objetivos estratégicos (centrales de energía, centros de comunicaciones, etc), seguridad de aeropuertos, parques y reservas naturales, policía auxiliar en materia migratoria y aduanera, lucha contra el tráfico de flora y fauna, debería estar en manos de una fuerza de seguridad intermedia Este cuerpo requiere poder de fuego, movilidad táctica terrestre y aérea adecuadas, para acceder a zonas remotas, capacidad para superar el poder de fuego de organizaciones criminales complejas.

La problemática del narcotráfico, está estrechamente ligada al crimen organizado y la criminalidad transnacional en general. La llamada Policía de Control de Drogas, debería dar paso a una Policía Crímenes Complejos y Narcotráfico. Una suerte de DEA de Costa Rica.

El Servicio Nacional de Guardacostas o SNG, debe dejar de ser un componente con patrulleros de limitado alcance. Es preciso invertir en radares costeros, modernos sistemas de comunicaciones, entrenar un equipo de élite para abordaje e inspección de buques.

Es preciso invertir en medios navales de mayores prestaciones, esto puede adquirirse tanto en el mercado de segunda mano, como por programas de leasing naval. Es preciso buques de patrulla, logísticos, medios para lucha contra la contaminación ambiental. Las misiones del SNG demandan contar con medios aéreos para apoyar su misión.

El Servicio de Vigilancia Aérea, para brindar apoyo adecuado a los otros componentes de la Fuerza Pública, precisa de medios aéreos equipados con medios de vigilancia todo tiempo, además de incorporar medios de mayor alcance y prestaciones para misiones de patrulla marítima, inteligencia electrónica, evacuación médica, búsqueda y rescate, y vigilancia del espacio aéreo.

Esto último demanda radares y sistemas asociados para el monitoreo del espacio aéreo nacional. Creemos que es políticamente aún insostenible la adquisición de algún tipo de aeronave artillada, para interceptación y disuasión a quienes violen el espacio aéreo. Pero creemos necesario que los países de la región cuenten con medios de esta capacidad.

El Organismo de Investigación Judicial, debería convertirse en una agencia de investigaciones y protección, especializada no solo en las funciones ya tradicionales, sino en la protección de magistrados, fiscales, testigos. El creciente fenómeno criminal demanda contar con personal especializado, especialmente cuando estamos ante jueces y testigos expuestos a represalias de organizaciones, realmente poderosas.

Las reformas no solo deben ser comprar equipamiento o cambios de estructura, sino mejorar la formación del personal de la Fuerza Pública, articulando la carrera policial con las Universidades. Los programas de entrenamiento y capacitación, debe incluir preparar personal especializado en cuestiones como la trata de personas, ciberdelitos/ciberseguridad, mejora cualitativa del personal destinado al área de inteligencia y fuerzas especiales.

La ciudadanía debe participar activamente en el control de la Fuerza Pública, y puede instrumentarse la creación de consejos regionales de seguridad. La idea es que estos organismos sean responsables de programas de prevención, policía comunitaria, etc. La activa interrelación entre policía y comunidad, facilitará sin ninguna duda mecanismos de prevención y respuesta del Estado ante el problema de seguridad que atraviesa el país, mayor transparencia en la implementación de políticas.

Final

Costa Rica todavía está a tiempo para realizar una transformación de su estructura de seguridad e inteligencia para hacer frente al crimen transnacional. El país se inserta en una región donde el crimen organizado ha logrado infiltrar los poderes del Estado hasta los más altos niveles. Esto genera tensiones, como hemos visto con Estados Unidos, donde ha hecho más una vez amenaza del uso de la fuerza. Los países que no fueron capaces de ejercer un control efectivo sobre su territorio, dejaron espacios a merced de grupos criminales, que son una amenaza real a las libertades públicas y seguridad de sus ciudadanos.

Costa Rica está inserta un espacio donde las organizaciones criminales tienen particular interés y han logrado adquirir el suficiente poder para ser un factor desestabilizador. El drama que vive México es un ejemplo claro, además de los países de América Central, donde la violencia expulsa a muchos y el Estado es acorralado, dejando a merced de estos grupos a la ciudadanía indefensa, sometida a la extorsión y otros crímenes. En un clima de violencia, las inversiones se esfuman y la pobreza se hace presente en sus peores facetas. Costa Rica es una isla de estabilidad, a pesar del problema que atraviesa, una adecuada respuesta a las amenazas que acechan, permitirá que el país continué siendo el ejemplo que ha sido para la región.

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