mié. Nov 13th, 2019

Crisis política y constitucional en Perú

Ante el bloqueo de la mayoría fujimorista, el presidente Martín Vizcarra jugó el todo por el todo al disolver el Congreso, una medida constitucional pero extrema. Mientras la economía como siempre parece sobrevivir, la pregunta es si unas nuevas elecciones solucionarán la crisis.

Perú atraviesa en estos días una crisis política grave. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, el 30 de septiembre, , amparándose en el artículo 134 de la Constitución peruana, por decreto disolvió el Congreso, lo que desató una tormenta política, promovida especialmente por la oposición fujimorista. Mientras que la sociedad ha dado muestras de apoyo al Jefe de Estado peruano tras su decisión.

Por Jorge Alejandro Suárez Saponaro. Director Diario El Minuto para Argentina

El presidente Vizcarra, por decreto en el uso de las atribuciones del art. 134 de la Carta magna peruana disolvió el Congreso. Fue designado un nuevo gabinete de ministros, presidido por Vicente Zeballos. El jefe de estado peruano entendió que el rechazo en la elección de los integrantes para el Tribunal Constitucional como un rechazo de hecho u la pérdida de confianza del Congreso a su gobierno, por ende decidió disolverlo y convocar nuevas elecciones Los argumentos de Vizcarra para disolver el Congreso, presentó tres pedidos de confianza, el último está relacionado con la designación de los integrantes del Tribunal Constitucional.

El domingo 29 el presidente adelantó su intención de convocar elecciones para un nuevo Congreso, con estas palabras Ante la denegación fáctica de la confianza, y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas El mensaje presidencial incluyó duras críticas a los legisladores, por no escuchar la voluntad de la ciudadanía. El conflicto se desató cuando los congresistas hicieron oídos sordos a la postura del Ejecutivo respecto a la designación de magistrados del Tribunal Constitucional, con acusaciones por parte del primer ministro Salvador del Solar de falta de transparencia. Medios peruanos indicaron que el primer ministro, le fue impedido el ingreso, cuando se debatía la designación de magistrados. Incluso exhortó a los legisladores que la ciudadanía conociera los nombres de los aspirantes al Tribunal Constitucional.

En el decreto presidencial son convocadas elecciones para el Congreso para el 26 de enero de 2020. Esto generó una explosión de apoyo popular, que salió a las calles. Los legisladores son sumamente impopulares en Perú. A ello cabe agregar el apoyo de las fuerzas armadas y la policía nacional al actual jefe de Estado, lo que le da el suficiente poder político para mantener su decisión, a pesar de la actitud del Congreso. Este ignoró el decreto presidencial y designó como presidente interina, a la vicepresidente Merecedse Áraoz, bajo el amparo del art. 114 de la citada norma. En la noche del 30 de septiembre, el pleno de la Cámara se reunió para debatir sobre la acusación de incapacidad moral del presidente, y suspenderlo en sus funciones. Solo fueron logrados 83 de los 87 votos necesarios. Entonces la oposición cambió de estrategia, para promover la suspensión temporal del jefe de Estado.

La crisis política en Perú era inevitable

Las relaciones tensas entre el Ejecutivo y el Congreso vienen de las elecciones de 2016, que dejó al parlamento dominado por fujimoristas, aglutinados en el partido Fuerza Popular, y un presidente Pedro Pablo Kuczynski., de otro signo político. La población percibe al Congreso como una herramienta de obstrucción a la gobernabilidad. La caída de PPK como se lo conocía popularmente al ex presidente Kuczynski, por el escándalo Odebrecht, llevó a la jefatura del estado a Martín Vizcarra, quien lanzó una serie de iniciativas contra la corrupción duramente resistidas por el fujimorismo.

La idea de adelantar las elecciones generales para la presidencia y el Congreso, fueron archivadas por los legisladores. En este contexto, los congresistas iniciaron un proceso de elección “Express” de magistrados para el Tribunal Constitucional y de dudosa legalidad, lo que desencadenó la crisis política que vive el país. Se viven horas de incertidumbre, dado que el Congreso desconoce la decisión del Poder Ejecutivo y todo quedará en manos del Tribunal Constitucional quién tiene la última palabra en todo esto.

Los congresistas intentan resistirse dado que ante la disolución del Congreso, estos no podrán presentarse para ser reelegidos, además de perder sus privilegios e inmunidades. Un ejemplo fue el

caso del legislador Roberto Vieira, que no pudo abordar un vuelo a Estados Unidos el pasado 2 de octubre, haciendo uso del pasaporte oficial.

Desde el punto de vista constitucional, funcionará una comisión permanente en el Congreso, hasta las elecciones del 26 de enero de 2020. El intento de suspender al presidente Vizcarra en sus funciones, creemos que fue una maniobra de desestabilización que responde a intereses del fujimorismo de mantener un papel central en la política peruana. El sistema de partidos en Perú es un muestrario de la crisis que atraviesa la dirigencia política, donde se observan alianzas cambiantes y una clara incapacidad para generar consensos, que terminan en crisis como la que vive actualmente con la disolución del Congreso.

La necesidad de una reforma del sistema político y de la Constitución de 1993

La Constitución de Peru, que data de 1993, es una herencia de la presidencia de Alberto Fujimori, consecuencia del autogolpe de 1992. La Constitución sufrió cambios posteriores, especialmente al terminar con la reelección inmediata del jefe de Estado, ampliar el número de congresista, un margen mayor para las autonomías regionales, el Tribunal Constitucional, considerado un importante avance. La caída del régimen fujimorista, abrió un intenso debate sobre la reforma de la Constitución, en ese momento, académicos y expertos hablaron de retornar a la Constitución de 1979. Cuestiones políticas parecieran indicar que la reforma tan esperada solo quedó a mitad de camino.

La crisis observada entre Vizcarra y el Congreso, demanda una reforma integral del sistema político en Perú. Creemos que debería debatirse no solo la reforma de la Constitución, reforzando instituciones de control ciudadano, la posibilidad de contar con un congreso bicameral, que incluya la representación regional y funcione como balance. Generalmente las Cámaras altas o senados, tienen injerencia exclusiva en la designación de jueces, altos funcionarios de la diplomacia, altos mandos militares en acuerdo con el ejecutivo. En este proceso de reforma debería plantearse también el rol de las autoridades locales, fortaleciendo su autonomía y acercando el Estado al ciudadano.

La crisis de octubre entre el legislativo y el ejecutivo peruano, pone en evidencia que todavía queda un largo camino para las reformas del sistema político, especialmente en materia de transparencia y lucha contra la corrupción que clama la ciudadanía desde hace muchos años, luego de la experiencia traumática del fujimorismo.

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