sáb. Sep 21st, 2019

Ecoterrorismo en un pueblo cordobés

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Si algo nos ha enseñado la Historia, es que todos los fanatismos se radicalizan y que tarde o temprano terminan de mala manera.

Si algo nos ha enseñado la Historia, es que todos los fanatismos se radicalizan y que tarde o temprano terminan de mala manera. Incluso los que dicen defender causas justas. Tal es lo que sucede con algunas agrupaciones ambientalistas o de defensa de los derechos de los animales. Aunque su utilización es a veces confusa, existe un término para estos últimos casos: ecoterrorismo. La mejor definición sobre este vocablo la da el Federal Bureau of Investigation, el FBI. Para la Agencia Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, se denomina ecoterrorismo “al uso o amenaza de uso de la violencia de carácter penal en contra de víctimas inocentes de una propiedad, por grupos subnacionales con orientaciones ecologistas para el medio ambiente o por razones políticas, o destinadas a un público más allá del objetivo, a menudo de carácter simbólico”.

Por Agustín C. Dragonetti

Periodista-Analista de inteligencia, seguridad y defensa

Corresponsal del Diario el Minuto de Argentina

Esto lo que está sucediendo en la Comuna de Dique Chico, una pequeña localidad de unos 300 habitantes, según cifras extraoficiales, situada en el departamento Santa María, en la provincia de Córdoba.

En Dique Chico, varios productores agropecuarios vienen denunciando ataques sistemáticos contra sus campos, que van más allá de las simples protestas.

¿Qué es lo que exigen estos militantes ambientalistas? La suspensión de las fumigaciones con glifosato y otros herbicidas para depurar los campos de la mala hierba que perjudican los sembradíos y disminuyen el rinde de las cosechas.

Glifosato: la demonización de un producto por ahora imprescindible

Cuando los fundamentalistas ambientales hablan de ataques contra el ecosistema y la vida humana, surgen dos nombres que utilizan como ariete: Monsanto y glifosato. El primero, Monsanto, es la firma agroquímica estadounidense líder en la investigación biotecnológica y de ingeniería genética destinadas a la agricultura y la producción de semillas, así también como la elaboración de agroquímicos y herbicidas. Si bien algunos de los productos que fabricó Monsanto han sido en su momento altamente cuestionables (como la producción entre 1962 y 1971 -a pedido del gobierno estadounidense y en colaboración con otras siete firmas químicas, entre las que se encontraban Dow Chemical y Uniroyal– del llamado Agente Naranja, el defoliante y herbicida utilizado sobre la selva y cultivos durante la guerra de Vietnam para privar al Viet Cong (la guerrilla marxista survietnamita) de cubierta donde resguardarse, de apoyo rural y de abastecimiento de alimentos), hoy la firma (que fue comprada hace un par de meses por el grupo alemán Bayer) elabora semillas genéticamente modificadas para hacerlas más resistentes a las plagas y las sequías y el herbicida Roundup, a base de glifosato. Y aquí aparece el otro cuco de los ambientalistas. Veamos.

El glifosato es la materia prima de muchos herbicidas que se comercializan actualmente, ya que en el año 2000 venció la patente de Monsanto para fabricarlo con exclusividad. Si bien fue sintetizado por primera vez en los años 50, no fue hasta la década del 70 cuando John E. Franz, un químico de la compañía estadounidense, descubrió sus efectos como herbicida. Monsanto lo lanzó al mercado en 1974 bajo el nombre comercial de Roundup. Una característica del Roundup es que pasan pocos días antes de biodegradarse en sustancias no tóxicas, aunque se ha hecho evidente que su uso intensivo, como cualquier otro producto químico, tiene secuelas sobre el medio en el que se aplican, pero no serían tóxicos. De hecho, hay herbicidas y pesticidas actualmente en uso mucho más perjudiciales que el glifosato. La atrazina, por ejemplo, se usa para prevenir las malas hierbas de hoja ancha antes y después de la emergencia en cultivos como el maíz y la caña de azúcar. También se utiliza en el control del césped en grandes extensiones, como los campos de golf, los parques públicos y los jardines residenciales. El uso de la atrazina es más problemático desde el punto de vista medioambiental porque utiliza vías que no son exclusivas de la plantas (como en el caso del glifosato) y ataca a los anfibios deteriorando el medio en el que se hallan. Otro de los herbicidas más usados en el mundo es el Dicloruro de 1,1′-dimetil-4,4′-bipiridilo, cuyo nombre para uso comercial es paraquat. Este es un herbicida no selectivo de amplio espectro que actúa por contacto, es decir, no se trasloca sino que afecta directamente a la hierba cuya superficie resulta rociada. Es altamente tóxico para el ser humano y puede producir vómitos, quemaduras o problemas neurológicos serios, aunque la intoxicación por vía inhalatoria no es muy común ya que las gotas pulverizadas son demasiado grandes para penetrar en los pulmones.

Volviendo al glifosato, hasta marzo de 2015 los informes sobre un potencial lazo entre cáncer en humanos y glifosato habían arrojado resultados negativos. Ese mismo año, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) que depende de la Organización Mundial de la Salud, incluyó al pesticida en el discutido Grupo 2A, es decir como “probable cancerígeno”. En esa misma categoría figuran por ejemplo trabajar en una peluquería, operar una freidora, o consumir yerba mate caliente o carnes rojas. En el peor de los casos, algunos expertos estiman que una persona debería comer por día alrededor de 16,8 Kg. de soja durante dos años consecutivos para igualar la dosis que se ha planteado como cancerígena. A finales de ese mismo año, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) publicó una nueva evaluación, más exhaustiva, en la que concluía que el glifosato “es improbable que suponga un riesgo cancerígeno para los seres humanos”. Este informe provocó la reacción inmediata de varios colaboradores de la IARC, que redactaron una carta a la EFSA con cuestionamientos sobre la metodología de su valoración. Asimismo, la EFSA respondió a la IARC cuestionando las restricciones de los estudios que habían incluido en el suyo.

Ante esta situación, Alemania pidió a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) otro examen, que tuvo en cuenta los informes originales de estudios efectuados por la industria sobre los posibles peligros producidos por el uso del glifosato. En marzo de 2016, la ECHA anunció las primeras conclusiones: la evidencia científica no reunía los criterios para clasificar el glifosato como cancerígeno ni tóxico para la reproducción humana.

En medio de esta disputa científica, la agencia de noticias Reuters reveló que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer había manipulado su informe de 2015, al realizar una comparación entre el borrador del informe de la IARC sobre el glifosato y su versión definitiva. Reuters descubrió que los estudios que no hallaban evidencia de efectos cancerígenos en animales fueron editados de la versión final. En total fueron diez los cambios que realizaron al borrador original. Cada vez que un estudio relevado no hallaba relación entre el desarrollo de tumores y la exposición al glifosato, los analistas de la IARC alteraban el vocabulario para quitarle contundencia.

Aquí vemos como se utilizan criterios ideológicos por encima de los científicos para instalar estados de ánimo en cuestiones tan sensibles como la salud y el medio ambiente. De hecho, el informe de la IARC sirvió para que se generaran miles de juicios contra la firma estadounidense, como el caso de Dewayne Johnson, el hombre que demandó a Monsanto y quien deberá ser indemnizado con U$S 289 millones, ya que sostiene que el cáncer terminal que padece se debe a su exposición al herbicida, que utilizó de manera frecuente cuando trabajó como jardinero.

¿Qué dijo la principal organización medioambiental del mundo, Greenpeace, sobre esta dicotomía en el uso del glifosato?  “Cuando hay divergencia en las conclusiones de los organismos de evaluación científica hay que aplicar el principio de precaución”, señaló Luis Ferrereim, de Greenpeace España. Claro, Ferrereim olvida que la prohibición del glifosato tendría como consecuencia directa el encarecimiento de los alimentos. Estos grupos de presión medioambientales reniegan del uso del herbicida como parte de su lucha contra los organismos genéticamente modificados, sin fundamento científico alguno.

El glifosato se usa en abundancia en los países que cultivan algodón, soja transgénica y maíz resistente al herbicida, como Estados Unidos y varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Uruguay y Brasil. Sin ir más lejos, el glifosato fue uno de los ingredientes principales de la explosión de competitividad agrícola que ayudó a sacar a la Argentina de la fenomenal crisis económica de 2002. Pero el éxito del herbicida lo colocó en la mira de la agenda pública a partir del uso generalizado (y ciertamente en forma abusiva) del mismo. Por ahora, las autoridades de la Unión Europea resolvieron extender la habilitación del uso del glifosato hasta el 22 de diciembre de 2022, aunque no puede descartarse que en cinco años la votación tenga un resultado diferente.

La disputa en Dique Chico

Los Dalmasso son pequeños productores sojeros y maiceros de Dique Chico. Tercera generación de hombres de campo, son descendientes de un piamontés que llegó a la Argentina con una sola intención: trabajar la tierra. Los Dalmasso están adheridos a las buenas prácticas agrícolas, realizan los cursos de capacitación exigidos por las autoridades de Córdoba y tienen las máquinas pulverizadoras habilitadas. Sin embargo, desde 2016 comenzaron los problemas cuando un grupo de vecinos armaron una nota firmada por más de 100 habitantes de la comuna, solicitándole al jefe comunal, Nilo Pérez, que se analizara la situación y se prohibieran las fumigaciones. Esto derivó que en noviembre de 2017 Pérez confeccionara una resolución para impedir las fumigaciones en los campos cercanos a las viviendas, que planteaba una zona de “resguardo ambiental” de 1000 metros (los ambientalistas pedían 2000 metros de restricción) para impedir cualquier tipo de aplicación, tanto aérea como terrestre, cuente o no con autorización, sobrepasando la ley provincial que fija los criterios de restricción en esta materia. Como forma de protesta, los hermanos Dalamasso y otros productores realizaron un “tractorazo” y se encadenaron frente a la comuna. Al respecto, el jefe comunal señaló: “Yo viví toda mi vida en Dique Chico. Mirá si les voy a tener miedo a estos, si los vi crecer. Que se encadenen, que chillen, yo elijo escuchar a 325 vecinos y no a cinco productores”. El gobierno provincial, ante esta situación, armó una mesa de diálogo entre ambientalistas y productores. Sin embargo, mientras se estaban realizando las conversaciones entre las partes, vecinos maltrataron y apedrearon a los inspectores de la Dirección de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricultura y Ganadería cordobés que estaban inspeccionando una pulverización que se estaba efectuando bajo las medidas que establece la ley provincial de uso de fitosanitarios.

En diciembre del año pasado, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Segunda Nominación, a cargo de los jueces Humberto Sánchez Gavier y María Inés del Carmen Ortiz, hizo lugar al recurso de amparo presentado por los productores. La resolución judicial suspendió la aplicación de la ordenanza pero impuso que los amparistas “deben cumplir íntegramente todas y cada una de las previsiones de la ley de agroquímicos de la provincia 9164 y demás reglamentación vigente”, algo que los Dalamasso siempre hicieron.

Abel Cístaro, el ex jefe comunal de Dique Chico, acusó a su predecesor Nilo Pérez de no convocar a la minoría a la hora de emitir resoluciones. Según explicó Cístaro al portal Resumen de la Región, cuando Pérez “hizo la resolución para prohibir las fumigaciones, no sólo no consultó con nadie, tampoco llevó adelante ningún estudio. Esa resolución no tiene basamento científico, sólo es el resultado de un pedido de 4 ó 5 personas del lugar. Encima está decretada la prohibición en una zona gris, ya que Bajo Chico no está dentro del ejido”, aseveró Cístaro. El jefe comunal Nilo Pérez, fue imputado en marzo de este año por la Fiscalía de Alta Gracia como sospecho de los delitos de peculado y malversación de fondos públicos a instancias de una denuncia promovida por el propio Abel Cístaro.

La principal impulsora de las protestas es la “Asamblea de Vecinxs Autoconvocados”, a quienes se les pidió que demostraran los problemas que generan las fumigaciones. La repuesta que dieron no deja duda del transfondo ideológico del conflicto: “No somos nosotros quienes debemos probar nada. Nosotros no utilizamos sustancias tóxicas en proximidades de ninguna persona. Hay sobradas muestras de las dificultades que genera el uso de agrotóxicos en la salud y la vida de pueblos como el nuestro”. Otros grupos ambientalistas son “Paren de Fumigar Córdoba”, “Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico” y “Asamblea Paravachasca”. Estas agrupaciones también cuentan con el apoyo de Sofía Gatica, una reconocida ecologista que cofundó el grupo Madres de Ituzaingó para oponerse al uso de herbicidas. Gatica, (que recibió el Premio Medioambiental Goldman en 2012, lo que le permitió obtener recursos económicos para sus movilizaciones) también fue candidata a diputada nacional por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en las elecciones de 2015. Eva Gatica es la misma que fue detenida por la policía cordobesa en enero pasado en los campos de la familia Dalmasso cuando intentó impedir una aplicación fitosanitaria autorizada por el Ministerio de Agricultura de Córdoba. La ambientalista fue imputada por violación de la propiedad privada y resistencia contra la autoridad.

 

Un dato no menor es quién es el principal abogado que patrocina a los ambientalistas de Dique Chico. Carlos “Chuzo” González Quintana tiene militancia en el Frente de Izquierda y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), pero tiene cercanía con el kirchnerismo. Es asesor legal de la Comunidad Cannábica de Córdoba y dice ser miembro de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Córdoba, algo que ya desmintió la propia APDH en un comunicado público. González Quintana es asesor del Pu Lof en Resistencia, en Chusamén, Chubut, bastión de Facundo Jones Huala, el autoproclamado líder mapuche condenado ahora en Chile a 9 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, por el incendio de una propiedad y por tenencia ilegal de armas. González Quintana sostuvo públicamente la mentira de que a Santiago Maldonado (el militante anarquista pro mapuche ahogado en el río Chubut) lo había secuestrado Gendarmería Nacional…

Hoy los ataques contra los productores agropecuarios incluyen el amedrentamiento verbal (los amenazan con quemarles los campos y las casas), pedradas y esparcir los denominados “clavos miguelitos” (clavos soldados de manera que al arrojarlos siempre quede uno en punta para traspasar cubiertas de vehículos), uno de los cuales incluso perforó la cubierta de un móvil policial. Lo que no esperaban los productores es que se llegara al punto de recibir disparos de armas de fuego. Esto ocurrió el martes 4 de diciembre pasado, mientras se estaba haciendo una aplicación controlada por agentes de la Dirección de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. El hecho quedó registrado en un video que realizó Alejandro Dalmasso y compartido vía Twitter por su hermano Enzo. En el video se observa como una oficial de policía de la subcomisaría de Anisacate señala que los disparos iban en dirección a uno de los denominados “mosquitos”, las máquinas de fumigación pulverizadoras. Literalmente un hecho que puede ser calificado como ecoterrorista.

Sabemos que el uso de agroquímicos es indispensable para producir mayores y mejores rindes por cosecha, lo que permite abaratar los costos de los alimentos a nivel mundial. También sabemos que se ha hecho un uso excesivo de agroquímicos, lo que ha producido serios daños ambientales y de salud en diversas partes del planeta, Argentina incluida. Pero ceder ante la presión de fundamentalistas ambientales cuando se realizan actividades agropecuarias siguiendo al pie de la letra las recomendaciones gubernamentales, escudados en estudios de dudosa verosimilitud e insuflados por cuestiones ideológicas, es conferir identidad a los grupos violentos. Algo inconcebible para un país donde rige el estado de derecho.

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