El atentado a la AMIA: no es más que uno de lo peor de la política Argentina

El atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina – AMIA – no es más que uno de lo peor de la política argentina. Ningún gobierno se atrevió a investigar en profundidad este crimen.

El escándalo no cesó con la impunidad, sino que se sumó la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, cuya muerte aún es motivo de controversia, incluso conmocionó a la opinión pública en su momento con la movilización de cientos de millares de personas en las calles porteñas bajo la lluvia en 2015.

El tiempo ha pasado, tanto su muerte, como la del atentado a la mutual citada, quedan aún en la penumbra. Nadie en la clase política asume la responsabilidad para tratar esta herida abierta de la sociedad argentina. El decreto que declara al grupo libanés Hezbollah como organización terrorista, es solo un mero acto voluntarista.

El 18 de julio una vez más los argentinos tendremos un acto recordatorio a 25 años del atentado terrorista contra la mutual judía AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), en el ya lejano 1994. El tiempo ha pasado, se sucedieron jueces, teorías, gobiernos, promesas, pero ningún culpable terminó bajo la rejas. Luego vinieron las llamadas “pistas” la iraní y la siria.

La Justicia argentina encontró elementos que Irán era el responsable de la atentado, descartando de plano investigar la llamada “pista siria”, a pesar que en diversas investigaciones existían elementos para pensar al respecto. Sin entrar en la polémica, la posible intervención de un Estado en el atentado a la AMIA, indicaría que estamos ante un acto hostil o de agresión. Entonces quedaría abierta la posibilidad de haber denunciado el hecho ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA.

Por ejemplo en llamado caso Lockerbie, ocurrido en 1988, cuando un avión de la extinta línea aérea Pan Am, explotó en la localidad citada ubicada en el Reino Unido, a raíz de un artefacto explosivo colocado al efecto, causando la muerte a 270 personas. Una investigación conjunta entre el Reino Unido y los Estados Unidos, llegó a la conclusión de estar involucrado en el atentado el gobierno libio, más precisamente el agente de inteligencia Abdelbaset al-Megrahi.

La Justicia británica solicitó su extradición, lo que llevó a la negativa de Libia, que además negó cualquier implicación en los hechos. El resultado de esta actitud, terminó en el marco de las Naciones Unidas, más precisamente en el Consejo de Seguridad que aplicó sanciones a dicho país por encontrarse elementos que incriminan al Estado libio.

El gobierno de Gadafi no dudo en recurrir a la Corte Internacional de Justicia para debatir el asunto, que finalmente resultó perdedor en el recurso interpuesto. En el fallo de la Corte Internacional, indicó que el ámbito del debate era las Naciones Unidas y no la Corte.

El entonces presidente en funciones de la Corte, Shigeru Oda, presidente en funciones argumentó que las tres partes enfrentadas ya habían discutido el contencioso en Naciones Unidas, “y como miembros de la ONU están obligados a aceptar y a aplicar las decisiones de su Consejo de Seguridad, tal y como prescribe el artículo 25 de su Carta”.

El jurista japonés se refirió a resoluciones de Naciones Unidas sobre la entrega de agentes libios a las autoridades judiciales de Estados Unidos, Reino Unido o Francia. El debate en la Corte Internacional continuó en relación a los acusados o implicados en el atentado, donde puso en tela de juicio la demandas de extradición, siendo una suerte de retroceso. No obstante ello, el peso de los Estados implicados, mantuvo en el seno de las Naciones Unidas las sanciones.

En 1999 los implicados en el atentado, luego de arduas negociaciones, fueron entregados en los Países Bajos, para ser sometidos a la justicia británica. El principal implicado, al Megrahi afectado de un cáncer terminal, fue liberado tras diez años de prisión. En 2003 el gobierno libio reconoció su responsabilidad y compensó a los familiares de las víctimas con el pago de US$ 10 millones, que terminó con el levantamiento formal de las sanciones impuestas por Naciones Unidas en septiembre de 2003.

Otro ejemplo interesante, es el caso del asesinado del primer ministro libanés Rafic Hariri, muerto en un sangriento atentado en 2005 junto a otras 21 personas, que llevó al gobierno libanés aceptar la formación de un tribunal internacional para investigar el hecho. Así nació el Tribunal Especial para El Líbano. Dado la implicación de Hezbollah, según el fiscal de dicho tribunal, las investigaciones se hacen dificultosas, además de los problemas para que ciertos responsables se sienten en el “banquillo”. No obstante ello, estamos ante un precedente sumamente interesante para otros casos, entre ellos la Argentina.

La Argentina siguió un derrotero jurídico errático, la llamada conexión local, nunca nadie fue detenido o tuvo condenas, luego vino el polémico “Memorando con Irán” suscripto en la gestión kirchnerista, que mas allá de cuestiones judiciales/políticos, era en sí mismo un disparate jurídico, especialmente al establecer como lugar para llevar a cabo los interrogatorios, a ciudadanos iraníes que se encontraban en la llamada “alerta roja” de INTERPOL, en el mismo Irán.

Muchos de esos ciudadanos eran personajes con importante influencia en el régimen, lo que genera dudas sobre la eficacia del accionar de la comisión creada por el acuerdo en caso de haber funcionado. Finalmente este acuerdo, naufragó en el marco de un escándalo político, que llevó al polémico fiscal de la Unidad AMIA, Alberto Nisman de acusar a la ex jefe de estado, Cristina Fernández de Kirchner y a diversos políticos de la gestión anterior, de emplear dicho acuerdo, como maniobra de encubrimiento. El fiscal días antes de presentarse en el Congreso para sostener dichos argumentos apareció muerto en circunstancias misteriosas. Muchos meses después un informe pericial de Gendarmería determinó que había sido asesinado. Sus autores o implicados en ello, sigue siendo un misterio.

Un interrogante sobre el cual, no muchos se atreven a tocar, es la llamada pista siria. Esta ha sido sostenida por el periodista de investigación Christian Sanz, quién cuestiona las pruebas llevadas a cabo (https://periodicotribuna.com.ar/15320-amia-el-regreso-de-la-pista-siria-y-los-vinculos-con-el-caso-menem-jr.html). El citado y reconocido periodista ve lazos del atentado de la AMIA con la trágica muerte de Carlos Menem Hijo, que no ha sido esclarecida hasta el día de hoy.

Nunca sabremos, dado que si se encuentra detrás del atentado, un estado soberano, ya sea Siria o Irán, porque la Argentina no denunció este hecho ante el Consejo de Seguridad. Un hecho de estas características es un acto de agresión y demanda una respuesta correspondiente. La falta de una investigación adecuada que permitiera conocer la red de complicidades locales, impide avanzar en el esclarecimiento del caso en cualquiera de las hipótesis o líneas de investigación que quiera llevar a cabo la Justicia Federal.

La “causa AMIA” no cabe duda que los gobiernos argentinos no han tenido capacidad o voluntad de esclarecer los hechos, como mínimo los cómplices locales, como ha trascendido en diversas investigaciones periodísticas y la judicial en su momento. Es por ello que a nuestro entender no queda otra salida que un tribunal internacional para que investigue los hechos de manera imparcial, lejos de oportunismos políticos locales.

Llevar hoy el caso al Consejo de Seguridad, genera dudas, dado el contexto internacional, donde existe un abierto enfrentamiento entre Estados Unidos y los socios de Irán – por razones tácticas, no estratégicas a nuestro entender – que son Rusia y China.

La oportunidad se perdió en su momento en los 90. La posible salida que vemos para esta suerte de parálisis, el tribunal internacional. Gravísimos crímenes contra la humanidad o situaciones como la muerte del premier libanés Hariri, dado los intereses creados y la imposibilidad manifiesta que los mecanismos institucionales nacionales puedan dar una respuesta, no vemos otra opción para saber por lo menos una parte de la verdad.

La AMIA, no solo es una entidad de la importante colectividad judía argentina (una de las más importantes del mundo), sino es un actor social importante por sus programas de asistencia, que incluye el servicio de empleo no estatal más importante del país. El ataque fue una ofensa a la ciudadanía argentina y al país, eso no cabe duda, que costó 85 muertos y unos 300 heridos. Han pasado más de dos décadas y tenemos la impresión que el caso está siempre en “foja cero”, un verdadero insulto, especialmente para las víctimas.

Pareciera que en este tema no solo la impunidad es una regla, sino que existiera un pacto de silencio, una omertá, para que este caso no llegue a buen puerto. Esperemos equivocarnos al respecto y algún día sepamos la verdad y quienes fueron los responsables y sus cómplices. Pero saben una cosa…no se porque soy tan pesimista en este aspecto.