El debate del aborto en Argentina y el oportunismo político

“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Ese derecho estará protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción”

Artículo 4 inciso 1. Convención Americana de Derechos Humanos

Este articulo, comienza con una norma contenida en el llamado “Pacto de San José de Costa Rica” oficialmente denominado Convención Americana de Derechos Humanos. En el ordenamiento constitucional argentino, dicho tratado tiene rango constitucional, y el marco legal interno debe estar sujeto a dichos tratados internacionales.

Por: Jorge Alejandro Suárez Saponaro | Director del Diario el Minuto en Argentina.

Entre los tratados internacionales, que tienen rango constitucional encontramos la Convención de los Derechos del Niño, que la Argentina en el momento de su firma, hizo una reserva expresa que dice con relación al artículo 1º de dicha convención, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”.

Esta breve introducción o explicación jurídica, es un claro indicio de que el debate del aborto en Argentina, responde a nuestro entender a un mero hecho oportunista.

El gobierno del presidente Alberto Fernández ha decidido cumplir con una promesa electoral, tocar el espinoso tema del aborto, que generó verdaderas pasiones en 2018, cuando el presidente Mauricio Macri, dio luz verde para dicho debate.

En un intento de ganar tiempo, dado que la política económica aplicada por dicha gestión naufragaba, agregándose el creciente desencanto de sectores de la sociedad, sobre promesas incumplidas especialmente por temas de corrupción, seguridad.

En este momento, fue dado un golpe maestro, se fue habilitado del debate sobre el aborto. Así vimos inundadas las calles con “pañuelos” verdes defensores del aborto y los celestes, contrarios a ellos, que con el tiempo se convirtieron un factor electoral.

Haciendo un poco de historia previa, en 2015, el Ministerio de Salud de la Nación, había aprobado un protocolo sobre aborto en los casos que el Código Penal lo habilita, como también tomando de referencia la jurisprudencia.

En los casos que la ley considera factible realizar esta práctica es en los siguientes supuestos: si pone en riesgo la vida o la salud de la mujer o en caso de violación. El protocolo entiende que el riesgo de salud debe encontrarse dentro del concepto de salud integral que incluye el aspecto físico, mental, emocional y social, tal como lo define la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Dicha disposición fue objeto de controversias, dado la judicialización del problema, la objeción de conciencia de muchos profesionales, desconocimiento por parte de las autoridades de aplicación, problemas para instrumentarlo y largo etc. En una nota del diario La Nación del 22 de febrero de 2018 (https://www.lanacion.com.ar/2111741-aborto-legal-un-protocolo-que-rige-desde-2015) señaló que el ministerio de salud de la Ciudad de Buenos Aires, informó sobre la práctica en hospitales de dicha ciudad de abortos, aplicando el “Protocolo” alcanzó los 2.000 pacientes.

Según estadísticas de 2017, ministerio de salud de la nación, informó que hay unas 53.000 internaciones anuales por aborto (mejor dicho por las consecuencias de estas intervenciones). El 15%, aproximadamente, corresponde a adolescentes y niñas menores de 20 años. A ello se agrega que el protocolo aprobado en 2015 en la materia, solo está presente en 9 provincias, el resto no han adoptado medidas al respecto.

La Corte Suprema de Justicia exhortó adoptar este protocolo, con la finalidad de impedir la judicialización de los casos, donde la ley establece claramente el régimen de “aborto no punible”, pero parece que no todas las autoridades provinciales tomaron nota de ello. No cabe duda que esto pone de manifiesto la incapacidad de articular políticas nacionales de salud y el nivel de desidia de muchas autoridades provinciales.

El debate sobre la cuestión del aborto, tuvo en 2018, un marcado sesgo ideológico, agregándose un hecho peculiar, los diputados invitaron a referentes sociales, que incluyeron profesionales de la salud, intelectuales, religiosos y figuras de los medios de comunicación (conductores de TV, actores, actrices, periodistas), que ha sido motivo de críticas, dado lo delicado del debate y sus implicancias sociales.

A ello se agregó un elevado nivel de intolerancia, especialmente hacia los que se oponen a la “despenalización” lo que pone en evidencia los sesgos sectarios tan característicos de la política en Argentina.

La Argentina tiene desde hace décadas problemas para articular políticas de largo plazo en temas muy sensibles, y la salud no está exenta. El tema de la educación sexual, que generó intenso debate, derivó en una ley, que ha tenido muchos problemas de implementación. Algunos arguyen a la oposición de la iglesia católica, pero nosotros afirmamos que es un problema de gestión.

La educación en Argentina ha bajado su nivel, esto se pone en evidencia en muchas falencias observadas para quienes concurren a la Universidad, además de preocupantes niveles de deserción escolar.

En una “escuela” azotada por una creciente violencia, como el fenómeno llamado “bullying”, problemas de aprendizaje, conflictos sindicales de los docentes y largo etc., ponen en evidencia que la no aplicación de la citada ley de educación sexual, responde, no a presiones de sectores conservadores, sino a un Estado cada vez más ausente.

La despenalización es mostrada por muchos como una “panacea” para terminar con millares de muertes, según argumentan quienes defienden esta postura, y además de defender los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Una lectura simplista, que a fin de cuentas, no ataca las causas del problema, que son muchas, que van desde comportamientos irresponsables, a la crisis de valores que vive nuestra sociedad, donde todo se relativiza, hasta la vida misma.

Por otro lado genera honda preocupación, dado que el sistema de salud público, se encuentra en una situación de crisis que viene de lejos. Tiene una elevada demanda, por la situación social, incluso por la presencia creciente de pacientes de países vecinos (que ocasionó un incidente con Bolivia) que vienen a la Argentina atenderse por la mejor calidad de profesionales y la gratuidad.

No obstante ello, es de público conocimientos las listas de espera para cirugías complejas, los problemas en materia de insumos, etc. ¿Que pasará con la despenalización del aborto? ¿Estará preparado el sistema de salud público debidamente para un cambio de escenario?

En este debate, también se ha insertado el drama de millares de menores de edad que tienen los llamados “embarazos no deseados” y cada vez su edad se reduce, con un promedio que ronda los 12 años.

Esto pone en evidencia lo precoz de la iniciación sexual de muchos jóvenes y por lo general con una escasa, por no decir nula educación sexual. Esto tiene raíces de tipo cultural, de un contexto social, de problemas de educación muy serios, que no han sido afrontados debidamente.

No se observan políticas adecuadas para prevenir el creciente número de “embarazos adolescentes” y lo más grave, el incremento de las enfermedades de transmisión sexual. Entre 2011 a 2017 se triplicaron los contagios de sífilis, especialmente en la franja etaria que va entre los 17-30 años (en 2017 se reportaron más de 11.000 casos). Algo muy grave, un verdadero fracaso de la política de salud del país, y que nadie se atrevió a interpelar a los responsables de salud de la nación, como también de los niveles provinciales.

La crisis del COVID 19, puso en evidencia lo endeble del sistema de salud argentino, las asimetrías regionales son más que evidentes. Los medios poco lo dicen, pero en muchas localidades hay sistemas al borde del colapso, o colapsados con su costo en vidas.

Además de la situación precaria con la que trabajan muchos profesionales de salud, con falta de insumos y elementos de bioseguridad. Argentina es un país que tiene uno de los índices más bajos de testeos, lo que lo ha llevado a ser el séptimo país en el mundo por tasa de mortalidad.

En el principio de la crisis, el gobierno se ufanaba que si hubiera estado otro signo político en el poder, las muertes superarían los 10.000. En estos momentos las cifras superan los 34.000 fallecidos. La gestión sanitaria ha sido un fracaso, por ende el gobierno ha dejado de lado el tema, a la espera de la vacuna, como verdadero milagro. Las medidas adoptadas en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, ha generado la pérdida de más de 3 millones de empleos, la mayoría del sistema informal, y la pobreza superó rápidamente el 40%.

La emisión monetaria es de vértigo, junto al gasto publico y una crisis de confianza que provocó la salida de numerosas y reconocidas multinacionales. Las pugnas entre los integrantes de la coalición del Frente de Todos es evidente, y el discurso presidencial, es

contradictorio y muchas veces está lejos de la moderación. El gobierno está en aprietos, precisa un salvavidas, y deberá recurrir al odiado FMI. Se viene un ajuste “Nacional y Popular”, donde los platos rotos los pagará el sector privado y los jubilados, sector que sale muy mal parado, a pesar del discurso oficial y el famoso “relato” kirchnerista.

El debate del aborto, se viene, con un marco tinte de oportunismo político, con la casualidad que coincide con negociaciones con el FMI. En el caso del gobierno anterior pasó algo similar. Diversos analistas políticos, coinciden que las movilizaciones, conocidas como “Banderazo Nacional” preocupan al gobierno, por su crecimiento en participación, a pesar de las invectivas que lanzaron diversos funcionarios del gobierno y dirigentes oficialistas, molestos por las movilizaciones.

En Argentina existen muchos políticos, que les molesta que existan sectores sociales que no adhieran a su “verdad revelada”. Es posible que con esta estrategia del debate del aborto, como intentó el gobierno del presidente Macri, distraiga por un tiempo a la opinión pública de los desaciertos de la gestión.

Asimismo, este debate, coloca al presidente Fernández en una contradicción, ya que durante su campaña como en su gobierno, sus elogios al Papa son permanentes. Por un lado este gobierno quiere que venga el Papa Francisco, y por otro lado, impulsa una medida, que es sabido que la Iglesia Católica no aplaude casualmente.

El oportunismo político deja fuera cuestiones consagradas por la misma Constitución Nacional, como encabeza este artículo, donde citamos a la Convención Americana de Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica – que nuestra normativa recepta con rango constitucional.

El Dr. Gregorio Badeni, maestro del derecho constitucional, señaló en su oportunidad, respecto al artículo 75 enciso 23 de la Constitución Nacional, Otro tanto resulta implícitamente del art. 75, inc. 23, de la Constitución que establece un régimen de seguridad social completo y específico para la protección de la niñez en situación de desamparo que se proyecta desde el embarazo.

La referencia constitucional al embarazo significa el reconocimiento del derecho a la vida antes del nacimiento de las personas, así como también a su derecho a la salud. No cabe duda que el mayor desamparo lo padecen los niños antes de su nacimiento. El citado jurista incluso va más allá y considera que la temática del aborto, requiere de una reforma constitucional, nuestro régimen jurídico no permite el aborto. Si alguien no está de acuerdo con tal normativa, debería denunciar las convenciones Americana sobre Derechos Humanos y Derechos del Niño y propiciar la reforma constitucional modificando el alcance del art. 75, inc. 23, así como también la esencia personalista de la Ley Fundamental.

Pero, mientras ello no acontezca, y tal como ocurre en un Estado de Derecho, la ley nos impone el deber de defender el derecho a vivir del niño desde que comienza su existencia: desde la concepción. Además existe una larga tradición jurídica, como son fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: en los fallos “Saguir y Dib” (Fallos, 302:1284) y “Baricalla de Cisilotto” (Fallos, 310:112) En “Saguir” se sostuvo que el derecho a la vida es el “primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta admitido y garantizado por la Constitución Nacional y las leyes”. Y en “Portal de Belén” [ED, 197-13], la CS ha sostenido que la vida desde la concepción debe recibir protección en la “máxima medida posible

Argentina atraviesa una situación delicada en lo político, económico, y social, con un gobierno con fuertes divisiones y pugnas internas, donde sectores o referentes de sectores intentan imponer intereses propios, en la agenda pública, sin tener en cuenta los reclamos de la sociedad o la dura realidad que tiene el país.

Creemos que este debate es inoportuno y obedece a cuestiones políticas del momento. La prioridad es la pandemia, sus efectos en la sociedad y la economía del país, y como superar esta verdadera pesadilla en la cual está sumergido el país.

Consideramos que Argentina precisa políticas de salud con visión de largo plazo, metas claras, recursos, infraestructura, una vez más insistimos que el COVID 19, puso en evidencia, la falta de políticas específicas desde hace décadas.

En materia de salud reproductiva, una deuda pendiente es promover comportamientos responsables, valores y educación, acorde a las distintas realidades culturales, y sociales. Finalmente a modo de reflexión final, pareciera que en este debate muchos olvidan que el derecho a la vida es el más relevante de los derechos humanos.