mié. Sep 18th, 2019

El difícil camino para superar la crisis y hacer de Argentina un país creíble.

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Por: Jorge A. Suárez Saponaro.

El gobierno del presidente Macri está atravesando una severa crisis económico – financiera, con sus consecuencias sociales. La devaluación del peso frente al dólar parece no detenerse. El ministro de Hacienda, Dujovne – quien estuvo en el famoso “supermartes” que le costó a las reservas del Banco Central US$ 11.000 millones – negocia con el Fondo Monetario Internacional, medidas flexibles para conseguir fondos del préstamo de US$ 50.000 millones (pagaderos en varias cuotas) en el marco de un severo ajuste, que sin ninguna duda afecta a sectores medios, pobres, además de pequeños comercios y pequeñas y medianas empresas.

Por:Jorge A. Suárez Saponaro. Director del Minuto en Argentina

El país tiene un déficit del 1.3% del PBI, que fue sostenido con deuda externa. Ahora llegamos a un nivel que nadie le presta a la Argentina y el gobierno tuvo que ir a tocar las puertas al odiado FMI. Medidas netamente electoralistas, alimentaron el déficit fiscal heredado (luego de una década de manejo irresponsable del presupuesto). La reducción de ganancias en su momento, implicó un “bache” de $ 80.000 millones (unos US$ 2000 millones a la cotización actual), las reducciones a las retenciones sobre exportaciones de productos primarios y las minería, también trajo aparejado la pérdida de decenas de miles de millones de ingresos.

Los ajustes en el Estado no se hicieron, también por reacciones de los sindicatos y la frágil relación con los gobernadores de provincia, los primeros que nunca ajustaron sus fiscossobredimensionados.

La voracidad para llegar a al meta del déficit cero en 2020, ha significado impuestos a las exportaciones de bienes manufacturados, generando un serio contratiempo para un país, que la mayoría de los exportadores de este rubro son pequeñas y medianas empresas o PYMES.  La reducción de subsidios a servicios públicos ha significado el alza brusca de las tarifas de transporte, gas, energía eléctrica y agua potable. 

Los escándalos de corrupción, donde quedó de manifiesto que las empresas dedicadas a las obras públicas, en menor o mayor medida estaban detrás de ilícitos en el gobierno anterior, puso un manto de sospecha, con limitaciones a los créditos para dichas entidades, que sumado al recorte de gasto, la obra pública quedará muy limitada.

La inflación esperada del 42% carcome los bolsillos de millones de argentinos, la caída de la economía se traduce en mayores índices de desempleo y pobreza. Estamos ante un clima de recesión. Mientras tanto, los políticos discuten quién “pagara el pato de la boda”.  Observándose un escaso interés de ceder privilegios de muchos sectores. Los jueces, sobre la interpretación abusiva, no quieren pagar impuestos a las ganancias, lo que priva de recaudar US$ 175 millones. Mientras a que a los jubilados que ganan la mayoría unos  US$ 200, tuvieron un recorte de cientos de miles de millones sobre la base de una “nueva lectura” de los índices de aumento de sus prestaciones.

Varios gobernadores presionan para la transferencia de servicios a la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, así como la suba brusca de tarifas, sobre la falacia que “el interior” financia los gastos y subsidios de estos dos distritos, los más ricos del país. La Provincia de Buenos Aires, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son responsables del 32.3% y 19.1% del PBI respectivamente, o sea 51.3% del PBI es generado por estos dos distritos, que son los que tienen que sostener las deficitarias provincias, que teniendo un gran potencial en recursos, en su conjunto no llegan a cubrir la mitad del PBI.

Los expertos, pseudo expertos y charlatanes de turno, nos llenan con diagnósticos, pero pocos por no decir nadie plantean soluciones, que impliquen no el sacrificio de un sector, que siempre paga los platos rotos, sino de todos los sectores para poder salir adelante y de esta manera terminar con el ciclo de “hipotecas” que condicionarán a las generaciones futuras.  El gobierno solo ha planteado el restablecimiento de algunos impuestos, supresión de ministerios, algunas de suma importancia social, como Salud, Ciencia y Tecnología, y Trabajo, manteniendo en líneas generales a los mismos funcionarios, que de alguna manera, son parte del fracaso de la gestión en el plano económico. Una tradición bien argentina, el gobierno anterior también tenía por costumbre sostener ministros, que habían sido un rotundo fracaso en la gestión. A ello hay que sumarle el elevado nivel de corrupción, las constantes idas y venidas de los políticos, que no cumplen con los compromisos a nivel internacional y las “internas” y “pugnas” de las corporaciones entre sí (sindicatos, políticos, financiera, rural, etc) que a toda costa quieren preservas privilegios o prebendas, a costa del hundimiento del país, llegado el caso.  Muchos consideran que estamos en un círculo vicioso, donde la historia siempre se repite.  Las cuentas no cierran. La deuda externa es enorme y urge medidas drásticas para romper con ese estado de cosas.  Algunas ideas las dejamos a los lectores para su reflexión y debate.

Necesidad de una reforma política y reforma del Estado.

El gobierno del presidente Macri, sostenía estructuras que no eran viables. Teníamos al Ministerio de Modernización, curiosa organización para “mejorar” la gestión pública, que hasta ahora, no hemos visto grandes avances.  La Argentina es una federación con 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Existen más de 2.000 municipios. Todos estos niveles cuentan con sus ejecutivos, legislativos, con sus asesores, estructuras y miles de millones en salarios y costos asociados.  El 35% de los empleados del país, son públicos (7% la Nación, 23% las provincias y 5% los municipios).  Existen provincias con casi el 70% de empleados públicos,. Una cifra insostenible.  Es por ello que es preciso encarar una profunda reforma del Estado.  El Congreso Nacional es otro ejemplo de generador de empleos costosos para el contribuyente. Tiene unos 16.000 empleados.  El Congreso Nacional le cuesta a la Argentina unos $ 11.000 millones (US$ 280 millones) En el caso de las legislaturas locales, la Provincia de Buenos Aires le costó en 2017 sostener diputados y senadores, empleados, asesores y largo etc, en 2017 unos US$ 200 millones.

La lista de despilfarros es larga, tenemos los casos de la legislatura de la Provincia de Santa Fe que cuesta $2.711 millones, un gasto similar destinado a desarrollo social ($2772 millones) u obras públicas ($ 2786 millones). Tierra del Fuego destina unos 670 millones de pesos, frente $ 360 millones para la dirección provincial de vialidad. Formosa, ejemplo de régimen feudal, con un gobernador atornillado al poder, gasta más en su legislatura que le cuesta a uno de los distritos más pobres del pais $991 millones, frente a solo $ 11 millones para ciencia y tecnología. Chaco, otra provincia con graves bolsones de miseria,  gasta más en sus legisladores que salen en su conjunto que salen unos $ 1300 millones frente a $ 285 millones. 

La Fundación Libertad estimó el gasto político de las provincias a un promedio aproximadamente de 80 millones de pesos diarios, en su conjunto se estimaba en 2017, que eran unos $ 24.000 millones para sostener 24 legislaturas que en total tienen 1100 legisladores.  Las provincias con más problemas sociales, generalmente tienen legislativos más caros, como el caso de Tucumán que en promedio gasta por año 54 millones de pesos por legislador (un millón de dólares….)

El Estado argentino es costoso e ineficiente, tenemos el mismo impacto que en países desarrollados en proporción. El Estado en sus diversos niveles, equivale al 40% del PBI.  Alemania, por ejemplo el Estado es el 44% del PBI y como es de público conocimiento, la calidad institucional y de prestación de servicios es bien distinta.  Entre 2003 y 2015 el empleo público creció 52% para la Nación y un 53% en las provincias. Esto ha generado un intenso debate entre los expertos, pero dado la situación existente, con un país con el 40% de la mano de la obra informal, elevados niveles de subempleo y dependencia de ayudas sociales, pone en evidencia que es preciso adoptar medidas de racionalización.  El empleo público debe ser objeto de una reducción escalonada a fin de tener por lo menos el nivel de empleo de 2003.  

El difícil camino de la verdadera austeridad.

Reforma Política.  Reducción de las dos terceras partes de los salarios de legisladores nacionales, provinciales, concejales municipales, gobernadores, ministros, secretarios de estado, intendentes. Fin de las jubilaciones de privilegio (US$ 2000 millones), recayendo su sostén en lo referente al sistema a los propios beneficiarios, sin apoyo del fisco.  Los gastos de las estructuras políticas locales, que como hemos visto significan un gasto de $ 25.000 millones de pesos, que debe ser reducido drásticamente.

Todos los funcionarios públicos que tengan fondos/bienes en el exterior deberán repatriarlos. Caso contrario serán removidos de sus cargos. La Oficina Anticorrupción será transferida a la Defensoría del Pueblo, a fin de garantizar su independencia del poder Ejecutivo.  Ley de Extinción de Dominio que facilite el pasaje de bienes obtenidos por la corrupción al patrimonio público.  La ley aprobada recientemente debe ser reemplazada por ser funcional a los corruptos.

Coparticipación Federal.  Nuevo régimen basado en metas de desarrollo y responsabilidad. No existen más aportes del tesoro de manera discrecional. Estos serán créditos otorgados por un Fondo Federal, que los estados provinciales deberán devolver.  Transferencia de servicios a la región metropolitana de Buenos Aires. En este proceso de racionalización debemos hablar de regionalización, microrregionalización, ordenamiento territorial. El objetivo emplear con criterio racional los recursos existentes, eliminando redundancias innecesarias Los gobiernos de provincia deben entender que la asignación de recursos adicionales a través e transferencias, debe estar acompañado de acciones concretas en materia educativa, salud, obras públicas y empleo, y no para alimentar estados o burocracias sobredimensionadas o entidades municipales creadas para caudillos territoriales.

Reforma del Estado.  El Estado nacional creció entre 2003 a 2015 un 52% su plantilla de empleados y las provincias uno 53%. El Estado es una pesada carga, es ineficiente. Es precisa una racionalización escalonada, a fin de poder tener los niveles de empleo público de 2003, con un sistema de carreras y selección por exámenes/concurso.  Nuevo sistema de gestión de la administración pública basada en resultados. La reforma debe facilitar la comunicación interna de los organismos y su interacción con otras entidades públicas y privadas.  Impuesto a las ganancias a los jueces ($ 7.000 millones). Nuevo régimen de administración de bienes del Estado, que implicará la recuperación de bienes, muchos de los cuales forman parte de asentamientos (estos deben ser relocalizados o urbanizados), enajenados con el objeto que generen recursos para proyectos de inversión. Fin de subsidios a las aerolíneas controladas por el Estado.

Reestructuración de las empresas del estado, a fin de crear unidades de negocio rentables que pueden reportar importantes ganancias (existe una interesante capacidad industrial en materia ferroviaria, astilleros, fábricas de armamento, aeronáutica, espacial, nuclear, laboratorios, centros de investigación, etc).  Es preciso un estado menos costoso y más eficiente, siendo indispensable fortalecer mecanismos de control, imponer mayores restricciones para la constelación de gastos muchas veces innecesarios como chóferes, flotas de automotores, viáticos, decenas de asesores, etc.  El país precisa dotarse de un sistema de planeamiento, que permita planificar políticas de largo plazo. Debemos hablar de regionalización, microrregionalización y racionalización. 

Digitalización e informatización de trámites. Desregulación y simplificación en todos los casos que sea posible.  Disminuir los niveles y unidades administrativas en las áreas de gobierno. Definir los objetivos, misiones y funciones de cada unidad administrativa de manera que no haya superposiciones, ni conflictos, ni vacíos de responsabilidad.  Reforma del gobierno nacional. Los ministerios contarán solo con una secretaría o dos como mucho, de las cuales dependerán direcciones nacionales con funcionarios de carrera (Podría contarse con una veintena de ministerios, casi un centenar de direcciones nacionales y otro centenar de organismos e instituciones descentralizadas. De un millar de unidades administrativas, se verían reducidas a menos de 300).

Gasto social 15 millones de argentinos reciben prestaciones sociales ya sea a través de jubilaciones, pensiones, y otras prestaciones. De esos 15 millones, cuatro millones son beneficiarios de la asignación universal por hijo.  Existen diversos planes y ayudas sociales gestionados por la Nación y Provincias, donde intervienen en muchas cosas, las llamadas “organizaciones sociales” que tienen actividad política y la pobreza ha significado que dichas organizaciones tengan poder “de fuego” propio y peso político, que líderes locales y nacionales no pueden dejar de lado.  Consideramos necesario un régimen de auditoria y la unificación de los planes en un seguro social universal con carga pública para el beneficiario.  El Servicio Nacional Social implicará la movilización de beneficiarios en programas de obras públicas, capacitación y alfabetización obligatoria.  Los beneficiarios podrán tener un empleo formal y percibir por un seis o un año más la prestación social.  Los beneficiarios que decidan radicarse en zonas de frontera o zonas de fomento económico, recibirán una compensación especial.  

Los programas de ayuda social, no pueden ser “eternos” y tendrán como finalidad la promoción de actividades económicas, capacitación y reinserción en el mercado laboral formal. Los programas de obras públicas irán desde la refacción/construcción de escuelas, centros de salud, dependencias policiales, espacios verdes/recreativos, reparación de calles, redes de agua potable, saneamiento ambiental, reciclado de residuos, hasta reconstruir redes ferroviarias, viales, canales de irrigación, forestación.  Los programas de fomento económico, estarán orientado a agricultura familiar, producción de bienes y servicios, reinserción laboral, educación y capacitación laboral.  Todos los programas deberán cumplir metas, desde los beneficiarios hasta las entidades que administren o participen de los programas.

El ANSES que tiene un fondo de US$ 55.000 millones de los cuales el 60% son títulos de deuda que el Estado contrajo con la entidad, debe ser capitalizado nuevamente. En este contexto consideramos importante una “amnistía” para los empleadores que tienen empleados no registrados, facilitar el acceso y obtención del monotributo a trabajadores informales y cuentapropistas. El objetivo es que uno a dos millones de personas sean incorporadas  como nuevos aportantes al sistema de seguridad social.

En materia provisional el país cuenta con sistemas de privilegio, deben quedar abolidos los regímenes especiales. Todos los ciudadanos deberán cumplir con los requisitos que establece el sistema integrado de jubilaciones y pensiones.  Las cajas especiales, tendrán su régimen, siempre y cuando no sean financiadas por el Estado. Se terminan los “retirados”. A los 65 anos para hombres y 60 para mujeres, serán las edades para percibir prestaciones jubilatorias/pensión. El país gasta 79.000 millones en regímenes especiales (jubilados que cobran entre 150.000 a 25.000 pesos), que demanda importantes reformas. Los costos de estos sistemas no debe recaer en la ciudadanía, que luego se jubila con 8800 pesos, sino que deben ser financiados quienes forman parte de esos regímenes.

Retenciones y régimen impositivo. El régimen de retenciones debe ser aplicado a todos los productos que no sean industrializados. Debe ser un mecanismo de regulación, promoción del valor agregado además de generar valor agregado. Las retenciones a los bienes industrializados en un grave error. El país precisa promover las PYMES, la producción de valor agregado.  La evasión fiscal en Argentina es muy elevada y es preciso adoptar medidas para combatirlas  En 2013 estudios internacionales demostraron que Argentina pierde US$ 24.000 millones por evasión fiscal.  Esto requerirá una reforma integral del sistema tributario a fin de que tenga la capacidad de captar gran parte del elevado nivel de evasión, ello requerirá flexibilidad, transparencia, acceso a la información y fluidez en la comunicación entre los organismos con responsabilidad en el tema. Incremento del impuesto a las ganancias (en su momento significó la reducción de $80.000 millones de ingresos). Régimen de amnistía fiscal para evasores que se adhieran. Blanqueo de capitales. Eliminar impuestos para quienes reinviertan sus ganancias.

Salud. Decretar la emergencia nacional, movilizando recursos humanos en campañas de prevención y atención primaria. Seguro universal de salud para quienes no tengan cobertura médica. Apoyo a la investigación médica y biológica. Plan de seguro alimentario para la infancia. Expansión de los centros de atención primaria de salud. El Ministerio de Salud debe ser restablecido y los recortes que se apliquen deben ser para una administración eficiente de recursos y concentrar el excedente en inversiones e investigación.

Educación. Existe un enorme nivel de conflictividad con los docentes.  El clima de austeridad impedirá aumentos salariales. Esto debe ser compensado con créditos y ayudas para adquisición de viviendas y otros bienes. Es preciso reformas en el sistema de capacitación y formación/selección de docentes en los diversos niveles. La Emergencia Educativa promoverá el voluntariado para campañas de alfabetización y lucha contra la deserción escolar. Apoyo a la articulación entre las Universidades y el sector productivo. Los planes sociales deben contener estímulos para quienes quieran realizar estudios terciarios y universitarios. Planes para la construcción de jardines maternales. Creación de redes de “contención” con participación de docentes, padres y entidades públicas y privadas para apoyar programas de lucha contra la violencia, actividades extra escolares, prevención de adicciones, educación sanitaria, seguridad alimentaria, mantenimiento de escuelas.

Salarios.  Los salarios deberán ser congelados por un plazo de dos años para el sector público y un año para el sector privado. Quedan exceptuados los jubilados/pensionados/beneficiarios de planes sociales.  Es una medida recesiva, fuerte, dura, pero el Estado no tiene capacidad de pagar aumentos.

Empréstito patriótico.  Propuesto por un grupo de empresarios, que hablaba de US$ 20.000 millones, esta cifra podría rondar entre 10.000 a 20.000 millones con una tasa de interés que resulte atractiva y genere una real ganancia a quienes participen.  Este fondo sería utilizado para proyectos productivos y de desarrollo.

Inversión Pública. Empleo de US$ 4.000 millones de las reservas del BCRA para la reconstrucción del sistema ferroviario (18.000 km de vías reconstruidas, 300 locomotoras, 900 vagones de pasajeros, y 15.000 de carga) generando millares de empleos en talleres y fábricas.  Fondo para la reconstrucción de la marina mercante (el país pierda más de US$ 3.000 millones por no contar con flota mercante propia) con la finalidad de reactivar astilleros y talleres especializados. Puerto de aguas profundas, destinado abaratar costos en el mediano y largo plazo. Construcción de centrales hidroeléctricas de Cóndor Cliff (ex Kirchner – Cepernic), Chihuido y Paraná Medio bajo la modalidad de Participación Público Privada o por sistema de concesión/privatización. Obras de impacto estratégico (carreteras, puertos, canales navegables). Emergencia Habitacional Nacional, destinada a urbanización de asentamientos irregulares, planes subsidiados para acceso a la vivienda. Plan de Obras Públicas de Impacto Social (cloacas, agua potable, energía). En estos dos programas se incluirán beneficiarios de planes sociales en el marco del Servicio Nacional.  Plan Belgrano II (desarrollo integral del NE, que incluye construcción de ferrocarriles, embalses en la cuenca del Bermejo, destinadas a extender la frontera agraria).

Combate a los monopolios y concentración empresaria. Control de precios.  Existe una verdadera “cartelización”  y concentración en materia de supermercados. El Estado sobre la base de la legislación antimonopolio deberá romper con esta concentración. Gobiernos locales y la Nación deberán establecer políticas para promover el pequeño comercio, ferias y centros de abaratamiento de productos de primera necesidad. Acuerdo marco para mantener precios estables de una canasta de productos básicos. Limitación del mercado de combustibles. Las petroleras solo podrán tener el 15%/20% de las estaciones de servicio/despacho de combustibles.  Existe concentración en materia de producción de acero, aluminio. Deberán adoptarse para diversificar la oferta. En los distintos rubros deberá combatirse la concentración.

Subsidios. Este ha sido y es un pesado lastre para la economía argentina, pero con fuerte impacto social. Su reducción demanda estudios complejos, dado que impactan en el alza de tarifas. Es preciso promover la producción de energía barata, dado que el país depende de hidrocarburos y gas para generar energía (60% proviene de estas fuentes) con sus costos asociados. En el mediano plazo

Desarrollo regional. Los Estados provinciales deberán acordar metas de desarrollo con el Estado Nacional. Los estados provinciales y municipales deberán buscar mecanismos para reducir impuestos. Los programas incluirán planes de forestación, apoyo a la diversificación económica, competitividad. Las duras medidas de austeridad estarán orientadas a inyectar fondos a las PYMES. Las economías regionales deben llegar a los grandes mercados consumidores, ello demandará políticas específicas y orientar parte del ahorro nacional para créditos para la producción e inversión.

Un verdadero cambio cultural.

La clase política argentina debe entender que el actual estado de cosas no lleva a ningún lado al país, sino más bien a crisis sociales constantes y más miseria.  Lo que hemos indicado, en muchos casos son medidas duras y difíciles de “digerir” pero necesarias para que el país pueda poner en orden su economía, que tiene un gran potencial, si existe realmente voluntad de luchar contra la corrupción. El dinero saqueado en gobiernos anteriores debe ser devuelto. Los bienes mal habidos deben ser devueltos a la sociedad.  Si se busca el apoyo de organizaciones multilaterales del crédito, debe haber señales claras. Es un insulto a la sociedad que los jueces amparados por curiosas interpretaciones, no paguen impuestos a las ganancias (ello le cuesta al país casi US$ 180 millones), mientras que comerciantes, pequeñas empresas son enviadas al cierre ahogados de “tarifazos” e impuestos.  Las provincias más pobres gastan más en sus estructuras políticas que en políticas de apoyo al desarrollo. Esto debe ser modificado. 

El país gasta más de US$ 600 millones en legislaturas cada vez más costosas, cuando pueden funcionar con muchos menos recursos. Tenemos más empleados en la Biblioteca del Congreso de la Nación, que la biblioteca del Congreso de Estados Unidos (una de las más grandes del mundo).  Los jubilados subsisten, mientras por otra parte, se sostienen sistemas de privilegio que le cuestan al país US$ 2.000 millones.  Entre la corrupción, los privilegios, la mala gestión se dilapida la riqueza de la Nación, generando más pobreza y postergación.

El país sigue atrapado con las recetas que siempre conocemos que solo benefician a los mismos sectores concentrados de la economía. La clase política sigue viviendo en su “burbuja” que llevará a la Argentina a otro estallido social. El actual estado de cosas demandan muchos sacrificios de todos los sectores, en la medida de la realidad de cada uno, pero siempre manteniendo como “norte” políticas de desarrollo. En este artículo por un lado hablamos de congelar salarios, una medida difícil y muy antipática, pero por otro lado apostamos a promover empleo a través de obras de alto impacto, que ayudarán a reducir el “costo” argentino, mejorar la calidad de vida de los más necesitados a través de obras concretas, recuperar la cultura del trabajo.  Si el país lograra encarar una reforma profunda, terminar con los vicios existentes, y apostar al desarrollo, su futuro será bien distinto al actual.

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