Jue. Ago 6th, 2020

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El exgobernador Alfredo Cornejo: dejo una peculiar propuesta independizar Mendoza

El exgobernador Alfredo Cornejo: dejo una peculiar propuesta independizar Mendoza

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La crisis sanitaria del COV ID 19 ha puesto en evidencia las miserias de la política en Argentina. Los estados provinciales comportándose como si fueran soberanos, han establecido puestos “fronterizos” para limitar la circulación de bienes y personas, en nombre de la “salud” y evitar la propagación de la pandemia.


Por: Jorge Alejandro Suárez Saponaro | Director Diario El Minuto para Argentina


Los abusos están a la orden del día, unido la indiferencia de un sector del país, hacia otro que atraviesa la peor crisis, como es la Región Metropolitana de Buenos Aires. En este contexto, el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y dirigente opositor de la Unión Cívica Radical, dejó en el aire una peculiar propuesta: independizar su provincia, Mendoza.

El ex gobernador Alfredo Cornejo, en radio Nihuil, dejó abierto la posibilidad de debatir sobre la posibilidad de separar a Mendoza del Estado argentino.

El origen de esta postura, tiene que ver con el conflicto que tiene la Provincia de Mendoza con las provincias de La Pampa, Río Negro, y Buenos Aires por el proyecto hidroeléctrico Portezuelo de Viento.

Las provincias citadas reclaman estudios de impacto ambiental, dado que consideran que la obra puede tener consecuencias aguas abajo del Río Colorado. En su momento el presidente Mauricio Macri, actuó como árbitro entre las provincias en conflicto y dio luz verde a la postura de Mendoza, revocado por el actual gobierno.

Esto avivó tensiones, que ha generado que el ministro de Interior, De Pedro tuviera reuniones con las partes involucradas.

El ex gobernador Cornejo subió la apuesta y señaló en medios locales y nacionales que “El país productivo está a punto de rebelarse contra el país no productivo por la mala administración del Estado”. Las críticas se centraron en la gestión del presidente Fernández, señalando que el federalismo de concertación por uno “extorsión” dado la voracidad fiscal del Estado en tiempos de cuarentena.

Asimismo insistió que hay “mala fe” con la provincia de Mendoza por el veto virtual al proyecto de Portezuelo. Días más tarde, Cornejo relativizó sus dichos, pero la polémica está abierta. Estos comentarios “secesionistas” los hemos escuchado en boca de varios dirigentes políticos, como el caso de Alberto Rodríguez Saa, gobernador de la provincia de San Luis.

La ira de muchos líderes provinciales se concentra en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acusándolas de “centralismo” y perjudicar al interior. Un debate que nos retrotrae al siglo XIX. Muchos consideran que los males están en la reforma de la Constitución en 1994, que introdujo la elección del presidente de la Nación.

Esto ha convertido a determinados distritos de la Provincia de Buenos Aires, en actores clave y donde los poderes de turno se han encargado de concentrar recursos, no para mejorar la vida de la gente que vive allí, sino para el armado de estructuras clientelares, generalmente atadas a planes de asistencialismo social.

La Argentina es una federación con 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Existen más de 2.000 municipios. Todos estos niveles cuentan con sus ejecutivos, legislativos, con sus asesores, estructuras y miles de millones en salarios y costos asociados. El 35% de los empleados del país son del Estado (7% la Nación, 23% las provincias y 5% los municipios).

Vale la pena recordar que mientras el sector privado es duramente golpeado por la crisis del COVID 19, los salarios del Estado no han sido tocados, con algunas excepciones, pero todos cobran puntualmente y no hubo reducción de salarios, como si se vieron obligados miles de empresas y comercios. Existen provincias con casi el 70% de empleados públicos.

Esto tiene que ver con liderazgos locales y garantizar una base electoral que garantice su permanencia. Pero desde el punto de vista económico hace a muchos estados provinciales en inviables. Esto es un detalle que omiten los gobernadores y dirigentes provinciales, siempre ávidos de más recursos. La cuestión es hacia donde quieren destinar dichos recursos.

El Congreso Nacional es otro ejemplo de generador de empleos costosos para el contribuyente. Tiene unos 16.000 empleados. Esto le cuesta a la Argentina más de $ 11.000 millones (US$ 90 millones) En el caso de las legislaturas locales, la Provincia de Buenos Aires le costó en 2017 sostener diputados y senadores, empleados, asesores y largo etc, en 2017 unos US$ 200 millones.

La lista de despilfarros es larga, tenemos los casos de la legislatura de la Provincia de Santa Fe que cuesta más de $2.711 millones gasto similar destinado a desarrollo social ($2772 millones) u obras públicas ($ 2786 millones).

Tierra del Fuego destina más de 670 millones de pesos, frente $ 360 millones para la dirección provincial de vialidad. Formosa (uno de los territorios más pobres del país), ejemplo de régimen feudal, con un gobernador atornillado al poder, gasta más en su legislatura $991 millones, frente a solo $ 11 millones para ciencia y tecnología.

Chaco, otra provincia con graves bolsones de miseria, gasta más en sus legisladores que salen en su conjunto más de $ 1300 millones. La Fundación Libertad estimó el gasto político de las provincias a un promedio aproximadamente de 80 millones de pesos diarios, en su conjunto se estimaba en 2017, que suman unos $ 24.000 millones para sostener 24 legislaturas con un total de 1100 legisladores.

Las provincias con más problemas sociales, generalmente tienen legislativos más caros, como el caso de Tucumán que en promedio gastaba en 2018 por año 54 millones de pesos por legislador (hoy sería unos US$ 450.000). Cifra que va siempre en aumento.

El Estado argentino es costoso e ineficiente. En sus diversos niveles, equivale al 40% del PIB (Producto Interno Bruto). Alemania, por ejemplo el Estado es el 44% del PIB y como es de público conocimiento, la calidad institucional y de prestación de servicios es bien distinta. El tema no es la relación entre gasto público y PIB, sino como se utilizan los recursos.

La corrupción tiene ver bastante ver con esto. Entre 2003 y 2015 el empleo público creció 52% para la Nación y un 53% en las provincias.

¿Entonces toda la culpa la tiene el gobierno federal porque los Estados Provinciales no tienen dinero?.

Esto ha generado un intenso debate entre los expertos, pero dado la situación existente, con un país con el 40% de la mano de la obra informal, elevados niveles de subempleo y dependencia de ayudas sociales, pone en evidencia que es preciso adoptar medidas de racionalización.

El debate planteado por Cornejo, tiene ver mucho con un estilo de hacer política en Argentina: echarle la culpa al otro de los males propios y no asumir responsabilidades. Los estados provinciales si en muchos casos, no reciben recursos acordes a sus economías, especialmente los más perjudicados son Provincia y Ciudad de Buenos Aires, cuyas economías son casi el 50% del PIB nacional.

Es verdad que el sistema federal debe ser revisado, que existe una deuda pendiente en materia de régimen de coparticipación de impuestos, previsto por la Constitución en su articulo 75, pero que nunca hubo un debate a fondo de cómo debe redistribuirse los recursos y como controlar que no sean desviados para alimentar aparatos clientelares.

La pandemia puso en evidencia las miserias de la clase política, su mediocridad y una clara incapacidad de superar diferencias y poder dar respuestas a una sociedad, que luego de tantas medidas improvisadas, saldrá de esta crisis más empobrecida que nunca.