El Salvador: alcaldes y policías detenidos por corrupción
Las autoridades de El Salvador capturaron este lunes, a los alcaldes Salvador Hirezi, de la localidad de Zacatecoluca, y Rafael Amílcar Aguilar, de la ciudad de San Rafael Obrajuelo; así como al inspector de la Policía Nacional Civil (PNC) Manuel de Jesús Ayala por supuestamente estar involucrados en casos de corrupción.
El fiscal general, Raúl Melara, explicó a la prensa que los alcaldes “están involucrados en casos de negociaciones ilícitas en las que también participaron empresarios de diferentes sectores, como transporte y construcción”. Melara agregó que estas personas “habían creado una estructura de corrupción en las alcaldías de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo” y señaló que “en la red participaban también regidores, empresarios del transporte y un abogado”.
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Las investigaciones determinaron que en la alcaldía de Zacatecoluca existían estructuras corruptas que solicitaban dádivas, dinero que después se repartían entre los involucrados.
Estamos capturando tanto a corruptos como corruptores, dijo Melara en declaraciones a periodistas.
Hirezi Morataya, es un reconocido dirigente del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que ha gobernado por varios períodos la alcaldía de Zacatecoluca, en el departamento La Paz, al este de la capital.
El mandato del alcalde de Zacatecoluca -quien participó en las recientes elecciones municipales y legislativas del 28 de febrero y fue derrotado por el candidato del partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele- finaliza el 30 de abril.
La Fiscalía sostiene que en la alcaldía de Zacatecoluca se negoció la presentación de carpetas técnicas y órdenes de compra directas en las que particulares pagaron a los miembros del Consejo Municipal y al alcalde para que las compras fueran autorizadas, favoreciendo ilícitamente a los empresarios interesados.
También se determinó que empresarios del transporte colectivo pagaron al Consejo Municipal de Zacatecoluca para que aprobara un acuerdo para afectar a la “competencia”, por lo que entregaron diferentes cantidades de dinero.
A su vez se estableció la participación de integrantes de la Policía Nacional Civil, quienes habrían recibido dádivas de los empresarios.
Por su parte, la fiscalía determinó que el alcalde de San Rafael Obrajuelo se habría apropiado de 900 quintales de maíz -que luego se vendieron a 9.900 dólares- que había recibido la población afectada por las tormentas Cristóbal, Amanda y Eta.
