El Talón de aquiles de la jueza Romy Rutherford

Mientras las instituciones y órganos de la Administración del Estado parecen estar al debe, con un Poder Judicial en opinión de la sociedad civil cada vez más debilitado y que parece no recuperar la confianza de la ciudadanía.

Sobresale dentro de este escenario un caso, casi como “un faro en la oscuridad”, que parece devolver la credibilidad hacia los magistrados y en su independencia a la hora de indagar.

Por: Rodolfo Novakovic Cerda | Dpto de Investigación el Minuto.

Se trata de la conocida ministra de la Corte Marcial chilena Romy Rutherford Parentti, más conocida como la “Jueza de Hierro”, a quien no le tembló la mano a la hora de investigar las posibles malversaciones de fondos al interior del Ejército y sus aristas, que hoy tienen a exgenerales en el banquillo de los acusados.

No obstante, un confuso y misterioso caso que desde el 2017 se ventila en tribunales, podría convertirse en una “piedra en el zapato”, o peor aún, en su “talón de Aquiles”, en especial ahora que se ha tramitado con éxito la denominada “ley Rutherford” y cuya venía final se encuentra en la reunión de este lunes, a desarrollarse en el Pleno la Corte Suprema de Justicia.

La ejemplar y sistemática investigación del Caso Fraude en el Ejército tiene nombre y apellido. Nadie puede desconocer que la paciente, mesurada y tenaz indagación para conocer del destino y justificación de las platas ocupadas por los generales de Ejército ha sido mérito exclusivo de la jueza Romy Rutherford, quien -moviéndose en un complejo escenario que hasta antes de ella era ocupado por hombres- valientemente ha procesado a otrora poderosos hombres de armas, como es el caso de los exgenerales Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.

Exgenerales y Humberto Oviedo y Juan Miguel Fuente-Alba.

Su actuación, en la persecución de eventuales irregularidades en las comisiones de servicio en el extranjero de oficiales y suboficiales, han abierto nuevas aristas en su investigación inicial, a tal punto, que gracias a una moción de la Cámara de Diputados (encabezados por la RN Ximena Ossandón, los DC Pablo Lorenzini y Matías Walker, y el PS Leonardo Soto, entre otros siete parlamentarios) se tramitó, sin observaciones ni indicaciones, la promulgación de la normativa que se conoce como “Ley Rutherford”, la que, en principio, le permitirá a la magistrada aumentar el plazo hasta por dos años adicionales en su gestión, especialmente para aquellos causas de alta complejidad, duración e impacto público.

Habiéndose pronunciado el Tribunal Constitucional (TC) a favor de la modificación introducida al Código de Justicia Militar (CJM) de aumentar el plazo actual de tres años para los ministros que lleven este tipo de casos, es ahora el turno del Pleno la Corte Suprema de Justicia, quien deberá decidir este lunes si aplica el criterio de esta norma para el caso de Romy Rutherford, ahora que dicho texto jurídico fuese publicado en el Diario Oficial.

No obstante, la meteórica carrera judicial de la “Jueza de Hierro” no ha estado exenta de dificultades y de tropiezos, siendo el más emblemático y curioso el libelo judicial que se conoce en tribunales civiles y que dice relación con uno de sus hermanos, Luis Guillermo (nacido del primer matrimonio de su padre, el conocido abogado y penalista Edmundo Rutherford) quien, según lo que se comenta en el libelo, estaría desaparecido, y sin paradero conocido, desde fines de 2009 (según Interpol, y de acuerdo con el texto principal de la acción voluntaria, al que tuvo acceso El Minuto, se hallaría fuera del territorio nacional desde abril de 2008).

Según las declaraciones de testigos y de las partes que se han ido incorporando a la causa (que se tramita en un tribunal donde además Romy Rutherford es la Ministra Visitadora), Luis Guillermo Rutherford habría sido visto por última vez entre mediados y fines del año 2009, sin que desde entonces se tengan noticias de él.

Nora Figueroa (ex pareja de Luis), en representación de su hijo Diego Rutherford, luego de interponer una denuncia por Presunta Desgracia ante Carabineros y otra tanta ante el Ministerio Público hacia fines de 2009, y ante la imposibilidad de obtener noticias esperanzadoras que dieran con la ubicación del padre de su hijo, en 2017 dedujo una acción voluntaria por Muerte Presunta ante los tribunales civiles de Santiago, autorizándose y publicándose en el Diario Oficial, en las tres oportunidades que dispone la ley, el texto en que se conmina al desaparecido a comparecer ante el tribunal bajo apercibimiento de tenerlo por declarado difunto, para todos los efectos legales.

Pero a partir de septiembre del año recién pasado, la causa daría un vuelco, tras conocerse que -gracias a documentos proporcionados por un testigo clave y amigo del desaparecido- según informa CAPREDENA, el presunto extraviado figuraría aún cobrando mes a mes su pensión de retiro, en calidad de ex funcionario del Ejército, y que además, según Informe de Dirección Física de Equifax, Luis Rutherford figuraría con direcciones recientes (octubre de 2017 y febrero de 2018) en la ciudad de Arica; todo lo cual acreditaría que el ex teniente del Ejército sigue vivo y que, por ende, no podría ser declarado muerto. 

Lo que a primera vista pareciera ser un mero caso policial, propio de la columna de prensa de “personas desaparecidas”, adquiere otros ribetes, incluso políticos, porque de la documentación que fue aportada a la causa civil, y a la que tuvo acceso El Minuto, el propio Ejército de Chile reconoce y acompaña copia de la Hoja de Vida del hermano de la magistrada, cuando aquel formó parte de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), como miembro operativo y destacándose en una acción militar contra subversivos ocurrida en 1984, subrogando al Comandante de Unidad, con óptimos resultados, lo que le valió UN PUNTO en su hoja de servicio; todo acreditado en una breve reseña que de fecha 14 de septiembre de ese mismo año por su jefe directo, el mayor Jaime del Pozo Hoppe.

En este sentido, al revisar, en fallos y sentencias, las acciones perpetradas por miembros de la CNI en agosto de 1984, sobresale la denominada Operación Alfa Carbón (que buscó desbaratar supuestas células terroristas en Concepción, el 23 de agosto, y en Valdivia, el 24 de agosto de ese mismo año); operación que en la ciudad penquista fue conocida bajo el nombre de Caso Vega Monumental, donde tres personas resultaron fallecidas, y cuyo proceso iniciado en septiembre de 2009 (el mismo año en que desapareció el hermano de la ministra Rutherford), estuvo a cargo del magistrado Carlos Aldana, y cuyo fallo y condenas fueron conocidos a comienzos del año pasado. 

Tras dicho operativo militar de agosto de 1984, y tras un accidente automovilístico sufrido el día cuatro de septiembre de aquel mismo año, el teniente Rutherford comenzó a padecer de cuadros paranoides, lo que finalmente lo llevó a ser hospitalizado de urgencia en el Hospital Militar, siendo diagnosticado en agosto de 1986 como paciente portador de Esquizofrenia Catatónica Paranoide en Brote Agudo.

Determinando que dicha patología no correspondía a una enfermedad profesional, y que el funcionario estaba imposibilitado de firmar documentación legal o administrativa y que además no podía prestar declaración alguna como testigo, esto es, se le aplica la figura legal del incapaz o interdicto (figura que se encuentra comprendida en las disposiciones del artículo 1447 del código civil, artículo 357 del CPC, y artículo 10 del Código Penal, según versa el informe del Hospital Militar fechado el 5 de agosto de ese año al que también tuvo acceso El Minuto); siendo dicho ex miembro de la CNI finalmente dado de baja, por resolución aprobada por Contraloría General de la República, bajo la figura de Inutilidad de Segunda Clase; correspondiéndole, a partir de noviembre de 1987, una pensión de retiro que se reajustaba año a año.

Según señala un testigo en el proceso, la ministra en visita Romy Rutherford fue informada de esta causa, con la finalidad de que -siendo ella un familiar directo- se hiciese parte en dicho proceso judicial que, como ya se dijo, se tramita además en un tribunal donde ella posee la calidad de Ministra Visitadora, y así ayudar a dar con el paradero de su hermano, el desaparecido teniente del Ejército.

Como respuesta, según lo que consta en autos, la magistrada habría contestado, por medio de su secretaria, que “no iba a permitir que sus problemas personales influyesen en su vida profesional”, y hasta la fecha de publicación del presente artículo la “Jueza de Hierro” no se ha hecho parte en la causa por Muerte Presunta de su hermano.

Estos hechos, a lo que se agrega el que hoy se conozca que su hermano fue miembro del Ejército y un operativo militar de la disuelta CNI, para algunos abogados, sería causal suficiente de inhabilidad (argumento jurídico del Código Orgánico de Tribunales, COT, contenido en el capítulo de implicancias y recusaciones) para que Romy Rutherford pudiese continuar como miembro de la Corte Marcial así como también para conocer de los delitos cometidos por miembros de la institución a la que perteneció el teniente Luis Rutherford; todo lo cual podría empañar, entorpecer, dilatar o finalmente alejarla, de su investigación judicial.