El uso político del covid-19 por parte del gobierno nacional

El Presidente de la República Argentina, Dr. Alberto Fernández, ha comenzado a mutar su sonrisa alegre y canchera por un rictus presagiante de un escenario desolador que se aproxima. Las interminables cuarentenas vienen solapando la recesión económica, generada por la ausencia de medidas satisfactorias.

Por: Mariana Martinese | Especial para El MINUTO desde Argentina

La pandemia es utilizada políticamente para que no quede al descubierto la ineficacia del gabinete del Dr, Alberto Fernandez. Comienza a avizorarse una imagen muy improvisada del Presidente de la Nación: No hay plan económico, creación de nuevos impuestos, aumento del gasto, emisión de moneda.

Antes del confinamiento de todos los argentinos dispuesto el 20 de marzo, las encuestas -y me refiero a las más serias- han medido el nivel de aceptación pública del Dr. Alberto Fernández como muy alto. La propaganda antivirus y la cuarentena dispuesta le dieron resultado. Las personas sentían temor y el gobierno les brindaba protección.

Pero las cosas han ido cambiando. Los argentinos ya no sienten terror por el Coronavirus, otros países como los europeos ya anuncian la salida de las cuarentenas, y aquí mismo estamos viendo circular más gente por las calles, hastiadas del encierro y preocupadas por su frágil situación económica. El empobrecimiento se plantea como una realidad latente. Seguir jugando a la falsa dicotomía “salud o economía”, no sólo es hartamente peligroso, sino, además resulta una simplificación grosera. No se trata de una competencia entre muertos y nuevos pobres. El Pueblo Argentino comienza a percibir la franca violación de las libertades individuales. Por lo tanto, ya no se prefiere la “falsa protección” del Gobierno Nacional sino la libertad para poder trabajar y ganarse el sustento. Parecería que esa presión social podría determinar que el Dr. Alberto Fernández se vea forzado a ir morigerando el confinamiento hasta levantarlo por completo. Y a partir de ese momento, su realidad política va a verse profundamente modificada.

Nos cansamos de escuchar opiniones de infectólogos que refieren que el virus vino para quedarse por un tiempo y con él tendremos que convivir. Según los especialistas irán incrementando los contagios, con lo cual muchos argentinos tenemos la sensación de que la cuarentena fue decretada muy tempranamente, teniendo en cuenta que el pico de infectados se producirá en las próximas semanas. Ello sumado a medidas sanitarias desacertadas, testeos poco confiables,

datos inciertos e información poco precisa. La realidad económica va a quedar al descubierto. Gran parte de la población comienza a notar el daño a su economía personal y en general: despidos masivos, reducción de salarios, suspensiones de los contratos de trabajo, empresas cerradas o en proceso de quiebra, excesivo aumento de los precios producto de la hiperemisión monetaria, falta de incentivos para producir, en una coyuntura de desesperación y gran desesperanza. Se profundiza la disrupción de la economía.

Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, en materia de Derecho Laboral, léase prohibición de los despidos, no ha causado el efecto esperado. Máxime cuando el DNU que los prohíbe, deja abierta una ventana al empleador, a través de la excepción prevista en el art. 223 bis de la LCT, que permite suspender a los trabajadores mediante las denominadas “suspensiones concertadas”. Las manifestaciones y cacerolazos de estos días son un termómetro del descontento popular en todos los niveles sociales.

La clase media pulverizada, nuevos pobres, conflicto con el gobierno de nuestro principal socio comercial, Brasil, acercamiento con China, ataque con el impuesto a la riqueza y a los bienes personales a quienes pueden invertir para reconstruir la economía, apología del peor sindicalista argentino -Hugo Moyano-, liberación masiva de presos, algunos peligrosos y una deliberada neoforma de ahondar la grieta: designar funcionarios incapaces, que generan ipso facto gran indignación en un amplio sector del Pueblo. Peligrosa concentración del Poder en el Ejecutivo que desde el 10 de diciembre, gobierna por decreto.

No se respeta la división de poderes. Argentina no funciona como República. El Poder Legislativo convalida los DNU y el Poder Judicial se encuentra paralizado, lo que reviste gravedad institucional, toda vez que se violan normas supraconstitucionales. El Poder Judicial se encuentra interdictado. No está garantizado el acceso irrestricto al servicio de justicia, en franca violación de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de DDHH. Ya hemos sido sancionados en 2002 en los autos: “Cantos c/Argentina” y lo mismo ocurrirá en esta oportunidad.

El panorama es desolador para los argentinos.