mié. Oct 16th, 2019

Empoderar al sector joven contra la corrupción marca un camino

Empoderar al sector joven contra la corrupción marca un camino

Luchar contra la corrupción en el Perú es actuar contra un cartel camuflado como organización política, es actuar contra la impunidad convertida en status quo. El planteamiento de la Cuestión de Confianza aplicada por el poder Ejecutivo al Congreso de la República a mediados de setiembre representó la voluntad ciudadana como ningún anuncio presidencial lo significó en los últimos 30 años, pero el escenario luego de su parcial aprobación días después, no ha cambiado mucho.

Escribe Gary Ayala Ochoa (*)

Las reformas judicial y política son necesarias y urgentes, pero su planteamiento se aprecia hasta hoy cortoplacista y solo reactivo frente a la pugna entre el poder Ejecutivo de Martín Vizcarra y el poder Legislativo del aprofujimorismo. Si bien, es importante someter a referéndum la reelección de congresistas, la bicameralidad, el financiamiento partidario y la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia) la ciudadanía espera más, una visibilización de victoria sobre el poder oscuro.

Hay dos realidades que han afirmado su presencia en el Perú: la corrupción y la informalidad; por dicha razón, quienes se benefician mayormente de la corrupción defienden la coyuntura, no permiten que ningún viento vulnere el contexto ya que es su hábitat de sostenibilidad y reproducción. Con esta estructura, los cambios de gobierno en las últimas décadas han involucrado también transferencia de corrupción.

Si la vigente percepción ciudadana estima que la delincuencia (57%), la corrupción (52%) y el consumo de drogas (27%) son actualmente los principales problemas nacionales del Perú (X Encuesta Nacional sobre Corrupción, Proética 2017) y que la corrupción de funcionarios y autoridades (62%) es mucho más grave que la ineptitud de los funcionarios (15%), entonces hay un país que sabe detectar, pero que no place su voluntad mayoritaria.

Más allá del escándalo del saqueo al Estado, el congelamiento, por ejemplo, de las operaciones de la empresa Odebrecht -donde están vinculados ex presidentes y líderes políticos- ha sembrado una grave desconfianza para nuevas relaciones de inversión que serán vistas en adelante bajo sospecha, ergo, el PBI nacional tiene ataduras para el mejor despegue y los sectores socioeconómicos postrados quedan expuestos a continuar así.

A propósito, según el sistema de medición que utiliza el Estado, el 27.8% de la población peruana está en situación de pobreza; pero, según el método multidimensional de la Universidad de Oxford, la cifra se eleva a 39.9%. La corrupción vulnera más a quienes requieren más protección.

Los estudios arrojan que el costo macroeconómico anual de la corrupción para el país no baja del 10% del presupuesto público, es decir, en este año significará 5 mil millones y medio de dólares (incluso podría llegar hasta el 25%). Si sumáramos el costo acumulado solo del último lustro la deuda externa -ascendente a 22 mil millones de dólares- ya estaría solucionada.

El actual proceso electoral que vive el Perú definirá a nuevas autoridades en 1,874 distritos, 195 provincias y 25 gobiernos regionales donde se asumirán cargos a partir del 2019. Hasta el anterior periodo de gestión, 19 de los 25 gobernadores regionales tuvieron denuncia por corrupción y más del 60% de los alcaldes provinciales tuvieron proceso de investigación por la misma causa. ¿Qué garantiza que habrá un cambio?

El presidente Vizcarra tiene la oportunidad de vigorizar políticas de Estado realmente transversales con implementación de plazos a través de los 19 Ministerios y 63 entidades estratégicas del aparato estatal. Desde la Iniciativa Nacional Anticorrupción (2001) orientada a investigar la corrupción del ’90 (gobierno fujimorista) hasta el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 se han creado instrumentos importantes, pero la tarea se centró más en la forma y no tanto en el fondo: la persona.

Disponer las políticas, estrategias y recursos nacionales para formar una plataforma humana de desarrollo con valores permitirá construir una realidad distinta; priorizar el decoro moral a través de la educación en todas sus etapas permitirá romper el ciclo dialéctico de la corrupción. Hay una tarea transversal que el gobierno, Estado y toda la sociedad civil deben comprender en la presente coyuntura: empoderar al sector joven contra la corrupción marca un camino.__

(*) Presidente de la Asociación por la Vida y la Paz Global, ASVIPAZ.

Foto: El autor del artículo en capacitación a líderes juveniles de diversas regiones del Perú.

AfrikaansArabicEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish