dom. Ago 25th, 2019

Diario el Minuto

Estado de Chile confirmo una Indemnización a familiares de ejecutados en Fundo Chihuío.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a indemnizar a cónyuges, madres, hermanos e hijos de trabajadores forestales y campesinos que fueron detenidos y ejecutados ilegalmente en octubre de 1973, en el fundo Chihuío, comuna de Futrono, Región de los Ríos....

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a indemnizar a cónyuges, madres, hermanos e hijos de trabajadores forestales y campesinos que fueron detenidos y ejecutados ilegalmente en octubre de 1973, en el fundo Chihuío, comuna de Futrono, Región de los Ríos.

Interpusieron una demanda de indemnización de perjuicios contra Fisco de Chile representado por el procurador fiscal Natalio Vodanovic Schnake, pretendiendo el pago de las indemnizaciones que indica, fundada en que en la comuna de Futrono, en el año 1073, – se encontraba la sede del sindicato “Esperanza del Obrero” y que a contar del 13 de septiembre de 1973 muchos campesinos fueron privados de libertad por funcionarios de Carabineros de Chile; que posteriormente, el 7 de octubre de 1973, se llevaron a cabo nuevas privaciones de libertad contra la población civil que habitaba el lugar, ocurriendo que el 9 de octubre de 1973 personal militar de los regimientos de caballería n.° 2″Cazadores” y “Maturana” de Valdivia, salió en dirección a Futrono llegando al sector sur del complejo maderero Panguipulli, con el propósito de privar de libertad y dar muerte a campesinos.

Que en la localidad de Futrono, en un almacén, fue privado de libertad Luis Ferrada Sandoval, de 22 años de edad,; que una vez en el sector Llifén, los efectivos militares se dirigieron al retén de Carabineros donde éstos le hicieron entrega de otros campesinos, entre ellos, Ricardo Ruiz Rodríguez, de 24 años de edad, y que había sido detenido el 7 de octubre de 1973en Arquilhue por Carabineros de Llifén; que privaron de libertad también a Rosendo Rebolledo Méndez, 40 años de edad; que los efectivos militares mantenía además privado de libertad a Manuel Sepúlveda Rebolledo, 28 años de edad, y que éstos continuaron hasta llegar al sector de Curriñe, donde reunieron a todos los hombres del lugar, instalando una especie de tribunal, compuesto por quienes estaban a cargo del contingente, siendo interrogados y golpeados, entre ellos, José Cortés Díaz, de 35 años de edad; Rubén Durán Zúñiga, de 22 años de edad; Eliécer Freire Caamaño, de 20 años de edad; Juan González Delgado, de 31 años de edad; Carlos Salinas Flores, soltero, 21 años de edad; Pedro Pedreros Ferreira, de 48 años de edad; todos quienes fueron llevados en camiones militares hacia el sector de Chabranco lugar donde también fueron apresados: Carlos Acuña Hinostroza, 46 años de edad; José Barriga Soto, de 32 años de edad; Narciso García Concino (sic), 31 años de edad; Daniel Méndez Méndez, de 42 años de edad; Rubén Vargas Quezada, de 56 años de edad; Sebastián Mora Osses, de 47 años de edad; Fernando Adrián Mora Gutiérrez, de 17 años.

Agregaron que el 9 de octubre de 1973 el personal militar sacó a los civiles de la casa patronal del fundo Chíhuío, donde se les mantenía privados de libertad y los trasladaron a unos 500 metros de la casa patronal, y procedieron a darles muerte sin mediar proceso alguno; y que el 10 de octubre de 1973 un testigo observó los cuerpos sin vida de las víctimas, los que presentaban cortes en las manos y en el estómago, permaneciendo durante varios días en el lugar cubiertos solamente con ramas y troncos, hasta que posteriormente fueron inhumados en forma irregular y clandestina por terceras personas, utilizando para ese propósito tres fosas abiertas en el lugar y que del mismo modo irregular y clandestino fueron exhumadas por terceros, los que hicieron desaparecer los restos y se practicaron inscripciones de defunción con infracción a las normas de la ley. 

Indicándose como lugar del deceso la localidad de Liquiñe por “causas no precisadas” y que se trató de acreditar los fallecimientos con el testimonio de soldados.

Indicó que en la causa criminal 2182-98 los hechos ya narrados se tuvieron por acreditados y se estableció la responsabilidad penal de Luis Osorio Gardasanich y Osses Chavarría, por lo que existiendo certeza absoluta que los ilícitos fueron cometidos por agentes del Estado de Chile, y la certeza de la entrega a sus familiares de los restos de las víctimas ya señaladas, y teniendo presente la imprescriptibilidad de los delitos, nace la obligación del Estado de reparar con celo el mal causado, obligándolo a pagar una indemnización a todos los familiares directos de las víctimas ya individualizadas.

En tanto la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama, Juan Manuel Muñoz Pardo y el abogado Antonio Barra– rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia que fijó las sumas que el demandado debe pagar a las viudas de las víctimas en $80.000.000; $100.000.000 para las madres; $60.000.000 para los hijos y $ 40.000.000 para los hermanos, como resarcimiento del daño moral provocados por agentes del Estado.

Que por lo que toca a la propuesta del recurso, es menester dejar en claro que el fallo asentó como fundamento de la pretensión indemnizatoria el hecho de que en sentencia firme y ejecutoriada dictada en causa criminal rol N° 2182-98, del episodio Chihuío, resulta acreditada la existencia de daño moral en los actores derivada de la muerte de sus padres, cónyuges, hermanos y/o hijos como consecuencia del actuar de agentes estatales en el año 1973.

En efecto, en la sentencia referida se acreditó la muerte de José Orlando Barriga Soto, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Rubén Vargas Quezada y Fernando Adrián Mora Gutiérrez”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “sin perjuicio de lo razonado en la sentencia recurrida, esta Corte tiene en consideración que la acción indemnizatoria planteada en estos autos tiene su origen en la perpetración de un delito de lesa humanidad, en que se persigue la responsabilidad del Estado por actuaciones de sus agentes que han cometido violaciones a los derechos humanos”.

De esta manera –continúa–, el contexto en que los hechos fueron verificados -con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad forjado con recursos estatales- trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- del eventual ejercicio de la acción civil indemnizatoria derivada de ellos, como reiteradamente lo ha sostenido este tribunal, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito.

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