Guardia Nacional en México

¿Continua la estrategia militarizada contra el crimen?

La llegada a la presidencia de Andrés Manuel Lopez Obrador como presidente de México, ha significado un intento de cambio en la política de seguridad del país. México en el marco de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” que ha significado el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, tuvo como consecuencia cientos de miles de muertes, millares desaparecidos.

Por: Jorge Alejandro Suárez Saponaro | Director del Diario el Minuto en Argentina y Abogado Magíster en Defensa Nacional.

Las poderosas organizaciones criminales, con redes regionales, importantes recursos económicos, son un desafío a la paz de los mexicanos. Estas organizaciones de hecho controlan policías locales, y tienen un elevado nivel de infiltración en distintos sectores del Estado mexicano. México se inserta en una geopolítica que no lo ayuda para nada, especialmente por la incapacidad manifiesta de sus vecinos del sur de controlar el problema y por la existencia del primer consumidor de drogas, los Estados Unidos.  El flamante presidente, ha decidido reemplazar las fuerzas armadas por una organización híbrida, la Guardia Nacional, no exenta de polémicas.

La creación de la Guardia Nacional era una de las promesas del actual presidente de México, e incluso fue mas allá y consideró que este cuerpo debería reemplazar a las Fuerzas Armadas. Incluso la creación de la Guardia estuvo rodeado de improvisación, dado que comenzó la selección de personal, antes que tuviera un marco legal que fijara las pautas en materia de competencias, organización, etc.

Finalmente el Congreso aprobó su ley orgánica, que define a esta fuerza  como una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, así como los bienes de la Nación, en los casos y bajo las condiciones dispuestas en esta Constitución y en las leyes”.  El régimen legal además define competencias propias de seguridad pública en el ámbito federal, dejando en manos de las Secretarías de Marina y Defensa Nacional el entrenamiento y control disciplinario. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es la responsable de la conducción del flamante cuerpo, cuyo comandante, es general del ejército mexicano, Luis Rodríguez Bucio.

Esta fuerza de seguridad, cuenta con efectivos provenientes de las fuerzas armadas, especialmente ejército y armada, de la policía federal y personal reclutados específicamente para el cuerpo. Se observa en el marco legal un fuerte control civil sobre la nueva institución, pero conserva una estructura del tipo militar, lo que la calificaría como fuerza intermedia. 

En la primera etapa de formación, fueron incorporados 10.000 efectivos, estando previsto para una serie de etapas de expansión, incorporar 80.000 hombres y mujeres, para ser distribuidos en 266 coordinaciones regionales.  El objetivo es contar con 150.000 efectivos distribuidos en todo el país (en julio de 2020, es estimaban que la nueva fuerza tenía unos 90.000 efectivos). La Secretaría de Defensa Nacional hizo una serie de previsiones, entre ellas la necesidad de organizar 85 batallones  de 590 efectivos como unidad operativa táctica territorial.

En esta etapa de organización y puesta en funciones, según su ubicación geográfica las coordinaciones estarían en una primera instancia bajo control del ejército o la marina.  Quienes se vieron afectados por la creación de este cuerpo fue la Policía Federal, institución con serios problemas, su personal quedó en una situación precaria al decretarse su disolución. El gobierno ofreció la posibilidad de incorporarse a otras dependencias de seguridad del Estado federal, como de la misma Guardia Nacional.

En medios especializados plantearon el costo de crear esta peculiar fuerza de seguridad, que ha significado para el estado mexicano desembolsar unos 800 millones de euros, dinero que según parece surge de recortes y reasignación de fondos provenienes de las Secretarías de Defensa Nacional y Marina.

El comandante de la Guardia Nacional, general Rodríguez Bucio, señaló los importantes avances que tuvo en plazos relativamente cortos. Especialmente el incremento de la fuerza en 90.000 efectivos(12.000 están asignados a tareas administrativas), desplegados en 32 coordinaciones estatales y 172 regionales, se han construido 160 cuarteles, adquirido más de dos mil vehículos, dado que existe una creciente demanda para cubrir las necesidades en materia de seguridad, especialmente la custodia de objetivos estratégicos, seguridad en medio centenar de aeropuertos, patrullar 50.000 kilómetros de carreteras, seguridad en penales federales y el control de más de ochenta puestos fronterizos.

El optimismo del general Rodríguez Bucio, choca con la dura realidad criminal que padece el país. Las estadísticas señalan que muren 96.1 personas por día en hechos violentos, escasa variación con las cifras del 2019 (95 personas por día). En lo referente a caídos en servicio, ya son 22 efectivos que han muerto en enfrentamientos, mas los que se han visto afectados por la pandemia del COVID 19.

La Guardia Nacional fue objeto de críticas diversas en medios mexicanos y extranjeros, dado que se considera que de alguna manera, no contribuye al saneamiento de cuerpos policiales locales, la gran parte cooptados por el crimen organizado y que se mantiene la militarización de la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, consideran que el cuerpo no ha sido desplegado en zonas realmente críticas, como Guanajuato, donde la situción del narcotráfico es complicada y concentra un quintos de los asesinatos que se cometen en el país.

A pesar de ello, quienes impulsan esta idea, indican que los cuadros de la Guardia Nacional tienen formación en materia de derechos humanos y un fuerte control civil, que es relativo dado la injerencia de las Secretarías de Defensa y Marina La organización de este cuerpo también genera dudas especialmente al crear coordinaciones regionales, bajo liderazgo civil y formado por funcionarios del ministerio público, militares, autoridades federales y locales. Creemos que esto dificultará la conducción operativa de las fuerzas desplegadas.

Andrés Manuel Lopez Obrador como presidente de México, ha significado un intento de cambio en la política de seguridad del país.

El debut de la Guardia Nacional ha sido la crisis migratoria de 2019,  que afectó seriamente a los países de América Central y al propio México. Las operaciones  se concentraron en blindar la frontera sur de México, especialmente cerrando numerosos pasos fronterizos ilegales. Desde Estados Unidosl, el presidente Donald Trump, elogió la labor de la Guardia Nacional, pero que dado a sus recursos aún limitados, precisó del apoyo de las Fuerzas Armadas, en el intento de controlar la enorme presión de millares de migrantes, desesperados por alcanzar la frotnera norte de México.

Aunque este cuerpo no está facultado para detener migrantes, sino más bien su presencia es de carácter disuasivo y de control de población. Por ende su eficacia es limitada.  El marco legal genera bastante dudas, dado que puedad dar a diversas interpretaciones, teniendo un rol de apoyo a las policías estatales y locales, seriamente cuestionadas, por los elevados niveles de corrupción.

¿Era necesario crear la Guardia Nacional?

 Desde hace largo tiempo las Fuerzas Armadas mexicanas tienen como prioridad la seguridad interior, esto es un hecho histórico y queda reflejado en el tipo de equipamiento que han tenido, su organización y despliegue. La guerra contra el narcotráfico con un saldo de millares de muertos y desaparecidos, puso en evidencia que la estrategia de militarizar respondió a intereses de Estados Unidos, como parte de exportar el problema a terceros países, más que a una necesidad de México. El crimen organizado se han convertido en un poder que tiene capacidad para desafiar al estado, ha infiltrado a cuerpos policiales locales y estatales, además de control geográfico sobre espacios concretos y hasta de localidades y ciudades.

Es un tema muy complejo. Es altamente probable como una solución política y para mostrar una suerte de cambio, fue previsto crear este cuerpo de seguridad de carácter nacional, con la idea de desplazar a las Fuerzas Armadas de su rol de seguridad interna y terminar con la Policía Federal, que no dio resultado desde su creación.

La Guardia Nacional puede ser una herramienta para promover el uso racional de recursos, avanzar hacia un mayor control civil sobre la seguridad interna del país. El aspecto negativo es que no se observa que se tomen medidas para sanear los cuerpos policiales totalmente cooptados por el crimen organizado y movilizar millares de soldados y marinos, en funciones policiales, que a pesar del tiempo transcurrido desde que han sido empleados a escala en materia de seguridad, no cuentan con la preparación adecuada.

No es algo fácil crear un cuerpo de seguridad desde cero y esto lleva muchos años hasta que esté plenamente operativo. Creemos que la mejor opción, sería seguir el modelo canadiense, de contar con una fuerza federal, que cumpla con funciones de policía de seguridad a nivel local, en base acuerdos. Claro que esto demandaría cambios en el sistema legal mexicano, y no vislumbramos consenso para una mayor centralización.  Por lo tanto por mucho tiempo los militares seguirán patrullando las calles y combatiendo el crimen organizado.

Un vistazo sobre las promesas electorales del actual presidente Lopez Obrador, pone en evidencia que la creación de este cuerpo, responde a cuestiones netamente políticas, con la idea de terminar con la imagen de los militares en las calles, que ha sido objeto de numerosas controversias. La Gendarmería, un cuerpo dentro de la Policía Federal ha sido una experiencia relativamente buena, pero que ha quedado en la nada con la puesta en marcha de este nuevo modelo de seguridad. Debemos resaltar que el presidente López Obrador reconoció que en materia de seguridad, es una deuda pendiente y no será para nada fácil sortear el problema en el corto y mediano plazo.

La necesidad de reestructura el sistema de defensa y seguridad en México

México se encuentra en una situación geopolítica difícil. El gran vecino del Norte, Estados Unidos, es el principal “mercado” para las organizaciones narcotraficantes. Su política se ha limitado a blindar fronteras y apoyar estrategias de militarización en México y América Central. De alguna manera traslada parte de sus problemas a sus vecinos, que a su vez nunca pudieron organizar un sistema regional de seguridad que permitiera de alguna manera cooperar eficazmente ante una serie de problemas comunes. El drama del narcotráfico, degenerado en narcoterrorismo, que se tradujo en una expansión de las Fuerzas Armadas en materia de efectivos y medios, con sus costos asociados. La saturación de poder militar no ha frenado la violencia. Salir de este atolladero es uno de los grandes desafíos para las autoridades políticas de México, que pretenden, reducir la presencia militar en las calles, pero pareciera que no existe un plan de largo plazo para poder llevarlo a cabo, mas allá de la creación de la Guardia Nacional.

En lo referente a los militares, México tiene una deuda pendiente, tener un verdadero control civil sobre las Fuerzas Armadas. Todavía conservan un anacronismo, que es contar con dos secretarías militares – equivalentes a ministerios – que gestionan las Fuerzas Armadas. No existe un mando conjunto, algo que es preciso para hacer frente de manera adecuda, los diferentes riesgos que atraviesa el pais.

Debe haber un replanteo en la seguridad y defensa de México. Más allá de los graves problemas internos, parte del problema deriva de un vecino poderoso que traslada el conflicto del nacotráfico a México. Estados Unidos es el principal mercado de drogas ilícitas en el mundo, y las políticas destinada a reducir el consumo no han tenido éxito. A ello cabe agregar vecinos débiles, en América Central y el Caribe, incapaces de controlar de manera efectiva sus propios espacios, agregándose el poder creciente del crimen organizado y su nivel de presencia territorial, siendo un desafío a la estabilidad de más de un estado en el área.

Las fuerzas armadas mexicanas pueden cooperar con sus vecinos no solo en materia de entrenamiento, equipamiento, sino en el patrullado de costas, vigilancia del espacio aéreo, políticas de cooperación cívico militar apoyando a localidades remotas y generando confianza en la población civil en las instituciones del Estado. Una suerte de misión de asistencia, que signifique de alguna manera articular una “defensa avanzada”. México debe trabajar en un sistema regional de seguridad con los países de América Central. El narcotráfico, el crimen organizado, así como el drama humanitario que viven estos países por la crisis migratoria demandan políticas integrales, que van mas allá de militarizar o colocar soldados en las fronteras.

Dado la ausencia de amenazas convencionales, las fuerzas armadas deben orientarse a conflictos asimétricos, control de los espacios terrestre, marítimo y aéreo, ciberseguridad, protección de objetivos estratégicos, defensa territorial, apoyo a la comunidad, además de contribuir a la seguridad interior, que se puede materializar a través de apoyo logístico, comunicaciones, entrenamiento, seguridad de fronteras. En materia de equipamiento no debe descuidarse la adquisición de medios de combate convencional, como por ejemplo pensar en el reemplazo de los veteranos cazas F5E, que a pesar que el gobierno de López Obrador descartó esa posibilidad, por cuestiones de presupuesto, el país precisa contar con interceptores.

Es por ello que un avión como el FA 50 Golden Eagle o el Leonardo M346,  no serían malas opciones o en menor medida, como quisieron hacer los vecinos de Guatemala, hacerse con el avión de entrenamiento avanzado de origen argentino, el FMA/Fadea IA 63 Pampa (México mostró interés en materia de participación industrial en dicho proyecto hace unos años atrás) para tareas de interceptación de vuelos ilegales, como también disuadir a que grupos criminales usen el espacio aéreo para sus propósitos.

En materia de seguridad pública, el modelo de policías municipales ha sido un fracaso., especialmente ante la aparición de poderosas organizaciones criminales trasnacionales.  Los países que cuentan con modelos descentralizados de policías locales han ido hacia un modelo centralizador. El Reino Unido ha reforzado el rol del ministerio del interior y ha creado agencias regionales y nacionales especializadas para lucha contra el crimen organizado e inteligencia criminal, asimismo ha promovido la racionalización de las estructuras existentes. Los Países Bajos que llegaron a contar con más de un centenar de policías locales, fueron articulados en una decena de agencias regionales, con fuerte control civil y del Ministerio del Interior.

La Guardia nacional es una realidad en México, todavía con limitaciones, dado que el papel de los militares en seguridad pública seguirá por bastante tiempo. El problema del crimen organizado que alcanzó un nivel más que preocupante, al desafiar directamente al Estado en más de una ocasión, no es un conflicto nacional, sino de carácter regional. La militarización ha tenido un resultado más bien limitado. Este drama se supera con políticas de desarrollo, saneamiento de las instituciones y una estrecha cooperación de las agencias nacionales involucradas, movilización de la sociedad civil y cooperación fuera de las fronteras. Queda un largo camino para la ansiada paz.