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La Corte Federal Suprema de Brasil: ¿Hay razones para que Bolsonaro lo odie?

El Minuto | El Tribunal Supremo Federal es el máximo órgano de la Justicia brasileña y guardián de la Constitución Federal de 1988. El presidente Bolsonaro se encuentra en una guerra ideológica abierta contra el Tribunal y afirma que le obstaculiza el gobierno.

Por: Danielle Souza | Corresponsal El Minuto de Brasil

Por otro lado, los Ministros del STF se ubican como meros cumplidores de los mandamientos constitucionales. En medio de este enfrentamiento, los partidarios de Bolsonaro piden el cierre del STF y la declaración del estado de sitio.

Los motivos del descontento del presidente con el Supremo Tribunal Federal se detallan a continuación y evidencian otro momento de delírio para Bolsonaro, quien externaliza su incapacidad para gobernar, además de agredir a los ministros que lo investigan a él y a su familia.

El gran profesor austriaco Hans Kelsen, al acuñar su teoria sobre la supremacía de la Constitución, vio la necesidad de la existencia de un órgano encomendado por la Constitución para salvaguardarla y dar la última palabra en cuanto a lo que está o no de acuerdo con el sistema constitucional.

Los estados soberanos han adoptado a lo largo de la história el organismo que les pareció más adecuado para cumplir con este papel.

En el caso brasileño, como en la mayoría de los países, está actividad protectora del texto constitucional recayó en el Poder Judicial, que en esencia es el más neutral entre los Poderes de la República creados por las lecciones de Montesquieu.

Así, en Brasil, el Tribunal Supremo Federal es el máximo órgano del Poder Judicial que ejerce principalmente la custodia de la Constitución y los valores en ella incluidos, siendo responsable de decir si una ley se ajusta o no a los dictados constitucionales.

En términos históricos, en Brasil el STF tiene un origen profundo en la Casa de la Súplica de Brasil creada por D. João VI, luego de la llegada de la Casa Real portuguesa en 1808. Posteriormente, con la Proclamación de la Independencia y la fundación del Imperio, la Constitución de 1824 dispuso la Corte Suprema de Justicia, destinada a dictar sentencias en segunda y última instancia para conveniencia de los pueblos.

Evidentemente, la presencia de un tribunal constitucional no fue exclusiva del ordenamiento jurídico en Brasil, dada, por ejemplo, la presencia de la Corte Suprema de Estados Unidos ya en funcionamiento en ese momento, en la que se dictaron sentencias que sirven de paradigma para la El mundo occidental hasta el día de hoy, como en el famoso caso Marbury v. Madson, juzgado por el célebre juez John Marshall.

Volviendo al caso brasileño, con la Proclamación de la República, el órgano guardián de la constitución de 1891 se denominó Tribunal Supremo Federal, posteriormente cambiado en la Constitución de 1934 a Tribunal Supremo (aquí se percibe la influencia estadounidense), rebautizado como Supremo. Tribunal en la Constitución de 1937, nombre que permanece hasta la actualidad, pasando por las constituciones de 1946, 1967, 1969 y 1988 (sí, querido lector, hubo varias constituciones en menos de dos siglos).

Durante este período de existencia, la Corte tuvo 167 ministros (título otorgado a los jueces que actúan o actuaron allí), y solo uno de ellos fue nombrado dos veces, el juez Francisco Rezek, un reconocido internacionalista.

Actualmente, el STF está integrado por once Ministros (hoy se encuentran ocupados diez escaños y uno aguarda la aprobación del Senado para el nombramiento del Presidente de la República) y el conjunto de sus atribuciones y modo de funcionamiento están previstos en los artículos 102 a. 104 de la Constitución Federal de 1988.

Pues bien, el texto constitucional establece que el ejercicio del cargo de ministro en el STF es vitalício, con jubilación a los 75 años, y que su elección le corresponde al Presidente de la República, cuyo nominado será sometido a una audiencia ante el Senado Federal que, en teoría, puede rechazar a la persona elegida, lo que implicaría la necesidad de que el Presidente de la República designe a otra persona, hasta su aprobación por la cámara alta del Congreso Nacional.

Históricamente, solo hubo una desaprobación por parte del Senado, lo que tradicionalmente formalizó la audiencia del Senado, un mero cumplimiento de un mandato constitucional para darle un aire democrático a la nominación presidencial.

Como ejemplo de vida, el miembro más joven del colegiado, nominado y aprobado en 2020, el ministro Nunes Marques cumplirá 75 años en 2047, es decir, juzgará en el STF durante 26 años.

A pesar de la longevidad que marca el ejercicio del cargo y, en cierta medida, una garantía de exención para los Magistrados, al no poder ser removidos del STF por conveniencia política, los jueces de la Corte pueden ser objeto de procesos de acusación. (impedimento), en los mismos casos que el Presidente de la República.

Sin embargo, no hay notícias en la história de Brasil como ministro del STF de que haya sido destituido por este tipo de proceso. De hecho, hasta hace unos días ni siquiera había un ministro contra el que se hubiera presentado una solicitud de juicio político.

El presidente Jair Bolsonaro, en una maniobra más de su política de baja y baja, presentó dos solicitudes de juicio político de los ministros del STF, una contra el ministro Alexandre de Moraes y la otra contra el ministro Luis Roberto Barroso, ambas presentadas de inmediato por el presidente del Senado y virtual. candidato a la presidencia de la república Rodrigo Pacheco.

Además de la maniobra política antes mencionada que falló, como todo lo que hace Bolsonaro, el Presidente de la República ha extendido entre sus seguidores un odio infundado contra la Corte Suprema, incluso alegando que es una dictadura de túnica que vivimos en Brasil y que el tribunal no le permite gobernar, limitando sus poderes y entorpeciendo sus acciones frente al Ejecutivo Federal.

Ahora bien, esas declaraciones no son más absurdas que las que afirman la honestidad del presidente (esa grieta no es un robo) y que la tierra es plana.

El descontento de Bolsonaro con el STF reside en que el que llevaba la banda presidencial imaginó que gobernaría Brasil como lo hacen sus compinches milicianos en Río de Janeiro, ordenando y desmantelando sin dar satisfacción a nadie. Bolsonaro, como todo megalómano, ha olvidado que hay una porción creciente de la población que desaprueba su gobierno y necesita protección legal contra sus ataques antidemocráticos (no son golpistas, porque como se dice en otro artículo nuestro, ha ni perfil ni coraje y mucho menos inteligencia para dar un golpe de Estado).

En este escenario, la imparcialidad del Supremo Tribunal Federal brilla y se destaca como un verdadero baluarte en la protección de los valores constitucionales.

Quizás mucha gente no lo sepa, pero Bolsonaro ha sido imputado en el STF desde su etapa como Diputado Federal, cuando no menos burdo, cometió varios delitos contra las minorías y fue demandado en varias ocasiones en ese juzgado, procesos que ahora están suspendidos por su asunción del cargo de Presidente de la República (un error histórico que seguramente no se repetirá en 2022).

Tras su elección y con la llegada de la pandemia, Bolsonaro empezó a defender la idea de que no podía hacer más para proteger a los brasileños del Covid-19 porque el STF le retiró sus poderes. Ahora, cualquiera que tenga la menor cantidad de bondad puede percibir que la Corte Suprema no tiene los medios para frenar los poderes del Presidente de la República, incluso porque eso sería una injerencia indebida de un poder en el otro.

Lo que hizo la Corte Suprema al juzgar ADI 6341 MC-Ref / DF, fue decidir que: “La Ley N ° 13.979 / 2020 establece las medidas que puede adoptar Brasil para atender la emergencia de salud pública de importancia internacional derivada del coronavirus.

El STF manifestó que la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios tienen competencia concurrente (rectius: competencia común) para adoptar medidas de combate al coronavirus. En otras palabras, las medidas adoptadas por el Gobierno Federal «no excluyen los actos a ser practicados por el Estado, el Distrito Federal y el Municipio considerados competencia concurrente conforme al artículo 23 inciso II de la Ley Mayor».

En otras palabras, el Tribunal Supremo señaló que, además del Gobierno Federal, los Estados y Municipios también podrían adoptar medidas para combatir el coronavirus, previendo una acción conjunta en todos los niveles de la federación, que gracias a la necropolítica practicada por Bolsonaro, no sucedió.

Es bien conocida la inercia de Bolsonaro en la lucha contra la pandemia, así como que las medidas que adoptó resultaron en la muerte de miles de brasileños que podrían haberse salvado, si el agente hubiera tenido el mínimo grado de seriedad en el ejercicio del cargo y la mínimo de humanidad, dos rasgos que ya ha demostrado despreciar.

Por tanto, en este sentido, la rancidez de Bolsonaro contra el STF no tiene por qué serlo.

Otro punto que molesta mucho al Presidente de la República sobre la actuación del STF, y aquí, especialmente en relación con el ministro Alexandre de Moraes, es la Investigación instituida para investigar la difusión de noticias falsas, que se tramita con la Policía Federal bajo nº 4781 y supervisado por el Supremo, en la persona del citado Ministro Moraes.

Ministro Alexandre de Moraes.


Bolsonaro se rebela contra la citada investigación porque sabe que toda su campaña y su gobierno se basan en la difusión de noticias falsas, a través de lo que se ha denominado el “gabinete de odio”, del cual su hijo Carlos es mentor y se le suministra dinero público., muy probablemente de la tarjeta corporativa cuyos gastos se clasificaron como confidenciales, y solo se pueden investigar en las próximas décadas.

En medio de la citada Indagación, Alexandre de Moraes determinó varias detenciones de simpatizantes de Bolsonaro, además de incluir al propio presidente como investigado, de ahí el enfado que destila Bolsonaro contra el Colegiado.

La apertura de esta investigación generó controversia ya que se desencadenó sin la solicitud de otros órganos, como el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación o una autoridad policial.

Sin embargo, la investigación es lícita y es permisiva en el artículo 43 del reglamento interno del STF, según el cual, «en caso de infracción de la ley penal en la sede o dependencia de la Corte, el presidente iniciará una investigación, si se trata de una autoridad o persona sujeta a su jurisdicción, o delegará esta atribución en otro ministro». Alexandre de Moraes estaba entonces a cargo del caso, especialmente por su experiencia pasada como miembro del Ministerio Público del Estado de São Paulo y ministro de Justicia del Gobierno de Temer.

Es importante resaltar que la inclusión de Bolsonaro como investigado en la Consulta de Fake News se debió a una solicitud unánime presentada por los Ministros de la Corte Superior Electoral, dados los ataques, sin pruebas, realizados por el presidente a las urnas electrónicas y al sistema electoral del país. Incluso después de ser electo, Bolsonaro ha realizado reiteradas declaraciones durante los últimos tres años poniendo en tela de juicio la equidad del proceso electoral (que demuestra una inclinación patológica a la mentira y desviación de la realidad por parte de Bolsonaro).

Al incluir al presidente en la lista de investigados, Alexandre de Moraes enumera los delitos, en teoría, cometidos por el presidente en frecuentes ataques a las urnas y al sistema electoral, a saber: difamación (art. 138 del Código Penal); difamación (art. 139); lesión (art. 140); incitación al delito (art. 286); apología del delito o delictivo (art. 287); asociación delictiva (art. 288); denuncia calumniosa (art. 339); tratar de cambiar, con el uso de la violencia o amenaza grave, el orden, el régimen actual o el estado de derecho (art. 17 de la Ley de Seguridad Nacional); publicitar públicamente procesos violentos o ilegales para alterar el orden político o social (art. 22, I, de la Ley de Seguridad Nacional); incitar a la subversión del orden político o social (art. 23, I, de la Ley de Seguridad Nacional); dar lugar al início de una investigación policial,

Por lo tanto, la disputa de Bolsonaro con Alexandre de Moraes no tiene justificación y es solo el resultado de la mala conducta del presidente, quien al darse cuenta de que no puede hacer todo lo que quiere, lanza a sus seguidores en curso de colisión contra el ministro mencionado y, en consecuencia, , contra el colegiado en su conjunto.

En el mismo sentido, no se justifica el odio que destila Bolsonaro contra el ministro Luis Roberto Barroso (quien actualmente se desempeña como presidente del Tribunal Superior Electoral). De hecho, la desgana del Presidente de la República se explica por el hecho de que existen acciones en curso en ese tribunal electoral que pueden resultar en la rescisión de su mandato por hechos ilícitos cometidos durante la campaña presidencial de 2018, como el uso de fondos no declarados. a la Justicia Electoral, el uso de robots informáticos para distribuir propaganda electoral irregular y la difusión masiva de notícias falsas.

De confirmarse alguna de estas diversas acciones, el resultado sería la caída de la boleta presidencial, resultando en la pérdida del mandato electoral de Bolsonaro y su diputado Hamilton Mourão y la celebración de elecciones directas si antes de los 06 meses del final de la mandato o indirecto después de ese plazo.

Así, ante la amenaza real de juicio político de su elección, Bolsonaro responde de la única manera que sabe, con bravuconería, maldiciones, amenazas vacías y un vocabulario típico de los peores bares de Brasil, como lo sucedido el pasado septiembre 07, cuyos discursos. generó una fuerte reacción social que también se reflejó negativamente en los intercambios de inversión, provocando pérdidas de miles de millones de dólares.

En varias ocasiones Bolsonaro, de manera sigilosa, dirigió insultos contra la persona del ministro Barroso, llamándolo “idiota”, “pedófilo” entre otros, además de afirmar que su lucha no es contra la Corte Suprema, sino contra Barroso. Este, a su vez, en un comunicado reciente, utilizó toda su clase, finura y poder de argumentación para rechazar los avances de Jair Messias. Lástima que Barroso usó argumentos y palabras tan sofisticados que ciertamente Bolsonaro necesitaba un traductor para entender lo que decía (nótese que el vocabulario del presidente de la República no supera las 500 palabras).


Luís Roberto Barroso, ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil,


Los seguidores de Bolsonaro, ignorantes o maliciosos, compran el discurso del «Mito» y, en su mayor parte sin entender siquiera cómo funciona la justicia en Brasil, entonan cánticos amenazadores contra los Ministros, cuya actuación debe pasar a la historia como la última trinchera de defensa de Brasil. el Estado de Derecho Democrático contra el anarcocapitalismo predicado por Bolsonaro.

Y sin embargo, lo más irónico es que después de predicar el cierre del STF (algo curioso) los mismos pocketnarists acuden a la Corte pidiendo que les otorgue órdenes de hábeas corpus (sería cómico si no fuera por la altura de la tragedia brasileña).

Sin embargo, la vida está llena de ironías y brújulas que solo los dioses entienden. Digo esto porque en las próximas elecciones, el Ministro Presidente de la Corte Superior Electoral será Alexandre de Moraes, uno de los blancos predilectos del “Pocketnarismo” y que, hasta el momento actual, ha demostrado ser firme como una piedra en ante la embestida de la horda “Pocketnarista”, que no cedió ni un centímetro y emitió varias órdenes de aprehensión contra quienes traspasan los límites impuestos por la Constitución Federal de 1988.

Al final, parece que no hay razón para que Bolsonaro afirme que el STF está actuando de manera inconstitucional o incluso antidemocrática, pero lo que se verifica es que el presidente de la República que ignora las reglas republicanas y busca minar la credibilidad. del Supremo Tribunal Federal, anticipando su derrota que es seguro, solo queda por ver cuándo y cómo.

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