mié. Dic 11th, 2019

La crisis de seguridad pública en Argentina

La actual gestión de Cambiemos ha heredado un pesado déficit no solo fiscal, sino también político y social. El primer año de gobierno, considerado por muchos analistas como clave para generar consensos necesarios para dar paso a políticas de Estado, fue desperdiciado, por muchos factores, especialmente por el caer en la polarización y no plantear abiertamente los gravísimos actos de la gestión anterior, por cuestiones de gobernabilidad o paz política, que finalmente no fue obtenida. 

Por: Jorge Alejandro Suárez Saponaro.Director del diario el Minuto de Argentina

Entre los lamentables hechos protagonizados por la gestión anterior ha sido sin duda, la ausencia de políticas concretas para superar los problemas de seguridad pública.

Cuestiones ideológicas, complicidades, ignorancia, ayudaron, unido a institucionalidad débil y un elevado nivel de irresponsabilidad que el crimen organizado tuviera anclaje territorial en importantes zonas metropolitanas (gran Buenos Aires, Gran Rosario, etc), el país se convirtiera un centro atractivo de lavado de activos y donde el narcotráfico ha logrado instalarse como un factor de riesgo elevado.

Los prejuicios ideológicos y la incapacidad de asumir la situación real, que implicaba el fracaso de una gestión en un hecho de sensibilidad pública, motivó por ejemplo que la posibilidad de derribar aeronaves que intrusan el espacio aéreo, generalmente vinculados al tráfico de drogas, armas y otras actividades ilegales, fuera vetada, en contraposición a los países vecinos. Así prosperaron cientos de pistas clandestinas y la Argentina se transformó en una importante base de exportaciones para el narcotráfico.

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El problema del narcotráfico adquirió una magnitud alarmante en la gestión del kirchnerismo (2003-2015), que tuvo como consecuencias, no solo que el espacio aéreo se vea invadido por decenas de aeronaves transportando drogas, sino también la Hidrovía, los puertos, y la red carretera que conecta los puertos litorales con el Noroeste del país, en un “eje” para la logística del crimen organizado.  Consultado sobre la realidad en materia de lucha contra el narcotráfico al experto en seguridad Felipe Rodríguez, este nos señaló: La lucha contra el narcotráfico ha sido un poco más efectiva en ese actual gobierno, lo cual no quiere decir que sea lo totalmente eficiente y efectiva, se han realizados procedimientos pero no han realizado grandes detenciones a los jefes de bandas, siempre los detenidos son los conductores (choferes) de los vehículos o encargados de las bases de la gran pirámide del narcotráfico. Aunque se ha realizado un gran procedimiento con detención de Intendente (Itati) Pcia de Corrientes, da la pauta que es concerniente a jugadas políticas para desprestigiar al gobierno anterior, aunque fueran detenidos con plenas pruebas de causa de tráfico de estupefacientes. La falta de personal de Gendarmería Nacional en las fronteras del país realizando las tareas básicas de seguridad hacen que ingresar con cualquier elemento ilegal no sea de gran preocupación debido a la flexibilidad de nuestras fronteras, a raíz de las políticas de tener a personal de Gendarmería en la Ciudad de Buenos Aires, hizo que la seguridad en la frontera sea débil y no pueda cumplirse con los estándares correspondientes.  La idea de desplegar fuerzas de seguridad federales en la Ciudad de Buenos Aires y el llamado Gran Buenos Aires, fue idea de la gestión anterior, por varias razones, destacándose la incapacidad de las fuerzas policiales de responder al creciente delito y la otra, por razones electoralistas.

La crisis de seguridad pública tiene particular notoriedad en la Provincia de Buenos Aires, el estado más poblado de la Argentina y que cuenta con el llamado Conurbano o Gran Buenos Aires, un espacio de unos 3.000 km2, donde viven unos diez millones de personas. Allí se encuentran los lugares con elevada concentración de riqueza, como también grandes bolsones de pobreza.  El drama de inseguridad afecta a todos sin distinción de clase, las respuestas de los sucesivos gobiernos provinciales han sido erráticas. Los graves problemas fiscales, siempre han sido limitantes a la hora de emprender reformas. Además la posible “sombra” que puede ser el gobernador de la Provincia frente al jefe de Estado de turno, siempre ha sido motivos de roces. 

La actual gobernadora, Eugenia Vidal, enfrenta serios desafíos especialmente por los elevados niveles de corrupción de las fuerzas policiales provinciales (unos 100.000 efectivos). La corrupción se extiende al servicio penitenciario provincial, que desembocó en investigaciones y la separación de oficiales y agentes de dicho cuerpo de seguridad. En lo que respecta a las fuerzas policiales provinciales, millares de agentes fueron separados y muchos de ellos han tenido que rendir cuentas en la justicia. No obstante las buenas intenciones, los secuestros continúan, como un elevado índice de delitos contra la propiedad.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no está exenta a la crisis de seguridad, cabe destacar entre las medidas adoptadas fue la creación de la Policía de la Ciudad, consecuencia de la fusión de la Policía Metropolitana y las fuerzas de la Policía Federal asignadas a la seguridad de la capital argentina. 

El experto Felipe Rodríguez realiza una serie de observaciones al respecto: El traspaso de la Policía Federal Argentina a la Ciudad de Buenos Aires, fue una promesa electoral, a raíz de esto y ante las elecciones inminentes decidieron hacer un traspaso totalmente abrupto, apresurado y desordenado. Desde el cambio de jerarquías con unificación de escalafón y desarticulación de la pertenencia laboral de una institución centenaria (PFA), hace de un descontento generalizado del personal policial lo cual incide en la eficacia de la seguridad en la ciudad de buenos aires. Se tendría que haber realizado paulatinamente en años, pero el apresuramiento hizo que se desvirtuara un paso histórico en la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 

En este proceso algo desordenado de transferencia de competencias, la Ciudad espera el traspaso de la Justicia ordinaria, que tiene fuertes resistencias sindicales, por razones políticas.

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Hemos visto que la problemática de la seguridad afecta a muchos puntos de la Argentina, especialmente las grandes ciudades o aglomeraciones urbanas importantes, donde existen desde hace décadas importantes capas marginadas, donde claramente las políticas asistencialistas han fracasado. Los candidatos a todas luces no tienen propuestas concretas para salir del atolladero, como lo expone claramente el experto Rodríguez: En estas elecciones intermedias, los candidatos no han sido muy ingeniosos y esto es a raíz de la falta de conocimiento de la problemática de la inseguridad, los más audaces tratan de implementar un aplicación de celular para hacer denuncias y solicitar la presencia policial al lugar ante el hecho de ser víctimas de un delito, esto ayuda a la denuncia no siendo practica si no se implementa todo un sistema de prevención y asistencia posterior al acto delictivo. Otros desean implementar un mapa del delito, desconociendo que ese sistema es el inicio de lo que finalmente se logra que es el mapeo criminal, con aplicación de minería de datos, software de información geográfica, etc. y posterior implementación de prevención y solución ante la víctima. Por lo cual da la pauta, que desconocen la problemática integral de la Seguridad Ciudadana.

El problema de seguridad que afecta a la Argentina se inserta una realidad regional, donde el avance del crimen organizado es una realidad, no solo por el poder de narcotráfico, sino por los preocupantes niveles de trata de personas contrabando, tráfico de armas y lavado de activos. Por ende es imperioso un diálogo constructivo entre países vecinos, y estrecha cooperación, que sin ninguna duda repercutirá en los índices de violencia doméstica. El problema es, que los políticos tomen conciencia de la importancia de ello.                   

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