La Enérgica respuesta de Javier Milei frente a la rebelión de los Gobernadores
El Minuto | En medio de la intensificación del conflicto tras la advertencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de frenar la producción petrolera debido a la retención ilegal de $13.500 millones por parte del Ministerio de Economía, el Gobierno ha respondido con una firmeza inusual. El presidente Javier Milei no ha escatimado en críticas, refiriéndose a “la casta que ha arruinado la vida a los argentinos”, mientras que la Oficina Presidencial ha calificado la situación como una “amenaza de carácter chavista”.
En sus palabras, Milei expresó su incredulidad ante la situación, destacando cómo la élite política defiende sus privilegios mientras la pobreza sigue en aumento. En un tono desafiante, hizo referencia al artículo 194 del Código Penal, advirtiendo a los responsables sobre las posibles consecuencias legales de obstaculizar servicios esenciales como el transporte y la energía.
La postura oficial del Gobierno, transmitida a través de la Oficina del Presidente, ha rechazado rotundamente las acusaciones de retención ilegal de fondos, presentando argumentos que sitúan la responsabilidad en la deuda acumulada por la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Se enfatiza la necesidad de reducir el gasto público y gestionar con austeridad en tiempos de crisis económica.
Además, se ha instado a los gobernadores a ajustarse a esta nueva era de responsabilidad fiscal, dejando claro que el Gobierno Nacional no respaldará prácticas que considera derrochadoras o irresponsables. Se hace especial hincapié en el compromiso con la reducción del gasto público en todo el territorio nacional.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ha intervenido para aportar datos concretos, desmintiendo las acusaciones de retención ilegal y proporcionando detalles sobre la naturaleza de la deuda de Chubut con el Fondo Fiduciario. Su intervención busca aclarar la situación y demostrar que el Gobierno está actuando dentro de los límites legales y los términos acordados.
La respuesta del ministro del Interior, Guillermo Francos, refuerza la posición del Gobierno, subrayando que la retención de fondos es parte de un proceso legal y necesario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras de las provincias. Se destaca la ilegalidad de cualquier intento de obstaculizar el suministro de servicios esenciales, como el petróleo y el gas, y se advierte sobre las posibles consecuencias legales de tales acciones.
