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La Guardia Nacional en Argentina. Legado de gloria olvidado.

En los libros de historia poco se habla de una institución, que tuvo un importante papel, especialmente entre 1853-1870. Las milicias provinciales fueron conocidas desde la sanción de la Constitución de 1853 como “Guardia Nacional”.


Por: Jorge Alejandro Suárez Saponaro. Director Diario El Minuto para Argentina.


Estos cuerpos militares, cuyos integrantes eran movilizados en tiempos de crisis, llevaron una dura existencia y fueron protagonistas de luchas intestinas, de la guerra contra el “malón”, correrías llevadas a cabo por los indígenas en la zona llamada “Pampa” que durante décadas fueron un grave problema para el desarrollo de Argentina.

Los guardias nacionales combatieron con valor en la Guerra del Paraguay. La institución solo existirá en el “papel” con la reforma militar de 1901 impulsada por el ministro de Guerra, coronel Ricchieri. Traemos a los lectores de Diario El Minuto un capítulo poco conocido en la historia militar argentina.

En 1853 fue sancionada la Constitución Nacional, su reforma de 1860 mantuvo en su artículo 21 (presente también en la reforma de 1994), la obligación de los ciudadanos de armarse en defensa de la Patria. Este fue el sustento legal durante mucho tiempo para sostener la institución de la guardia nacional.

En la citada norma, previa a la reforma constitucional de 1994, en el viejo artículo 67 (hoy articulo 75) inciso 24 facultaba al Congreso autorizar a las provincias, a reunir milicias, cuando lo exija la ejecución de las leyes de la Nación y sea necesario contener las insurrecciones o repeler las invasiones.

Disponer la organización, armamento y disciplina de dichas milicias (….) dejando a las Provincias el nombramiento de sus correspondientes Jefes y Oficiales, y el cuidado de establecer en su respectiva milicia la disciplina prescripta por el Congreso. Estas milicias, cuyos orígenes debemos remontarnos a los tiempos del Virreinato, serían conocidas entre 1852-1901 como Guardias Nacionales.

La idea de denominar “guardia nacional” provenía de Europa, promoviendo la idea de “ciudadano soldado” que había nacido en la Francia revolucionaria de 1789. No obstante ello, el sistema recordaba al sistema de milicias que creó Liniers en 1806 y en los reglamentos de la Primera Junta de 1810. Eran los primeros pasos hacia la idea de contar con un instrumento militar moderno, acorde a la época y los recursos del país.

En los tiempos de la llamada “Confederación Argentina”, las fuerzas militares fueron organizadas en “Ejército de Línea” compuesto por soldados voluntarios y “veteranos”, además de los llamados “destinados”, que eran los infractores al servicio en la guardia nacional, y quienes se les aplicaban viejas leyes sobre “vagos y mal entretenidos” que incluía a convictos. Las fuerzas de línea estaban sujetas a las viejas ordenanzas militares españolas del siglo XVIII, que se extendía a las milicias, sujetos todos a una disciplina implacable.

Las guardias nacionales estaban conformadas por todos los ciudadanos aptos para el servicio, entre 17 a 60 años, recibiendo instrucción de carácter periódico hasta los 30 años. Una ley de 1857, sobre “Enrolamiento en la Guardia Nacional” fijó la obligación de todo argentino comprendido en las edades citadas, a enrolarse en la guardia, bajo penas muy severas, entre ellas ir a parar al ejército de línea, o sea a la peligrosa frontera con el indio. En cierto punto constituía un sistema de “leva” que fue modificado en parte por la presidencia Mitre que reglamentó aspectos según el estado civil del ciudadano, llevando la obligación de servir en la guardia nacional hasta los 50 años a los solteros.

Una ley de 1857, sobre “Enrolamiento en la Guardia Nacional”

Finalmente la defensa militar contaba con una “marina de guerra” de existencia precaria, hasta la construcción de lo que sería la “escuadra de Sarmiento”, la primera fuerza naval permanente que tuvo el país. En esta etapa histórica de consolidación de la Unidad Nacional, de lucha contra el malón, además de las luchas intestinas, y la Guerra de la Triple Alianza, la Guardia Nacional tuvo un importante papel, no solo militar, sino político y social.

La Guardia Nacional 1852-1872

En 1854 en un discurso dado por el flamante presidente constitucional, Justo José de Urquiza, ante las Cámaras del Congreso señaló sobre la Guardia Nacional “el notable rol de sostener y hacer respetar las leyes y autoridades” siendo “el verdadero baluarte de la inviolabilidad de nuestro territorio. El general Bartolomé Mitre, fue mas allá y la Guardia Nacional (de la provincia de Buenos Aires) la identificó con las milicias defensoras de Buenos Aires en tiempos de las invasiones británicas. Sarmiento también en 1872 ponderó el rol de las guardias nacionales en la defensa del país.

Esta institución que tuvo un rol importante en las luchas por la unidad nacional, la defensa de las fronteras y en la guerra de la Triple Alianza, no fue objeto de importantes estudios históricos. En los años 70 comenzaron a realizarse estudios históricos, de la mano del Círculo Militar, y luego en los 80 los estudios tocarían aspectos sociales, políticos de esta institución en la vida de las provincias. En los primeros años de existencia de esta institución, en la presidencia Derqui, los informes hablaban de entre 120.000/160.000 ciudadanos en esta categoría.

En la Provincia de Buenos Aires, la Guardia Nacional fue organizada por el gobernador Vicente López y Planes, decretando que los ciudadanos encuadrados en las milicias de la ciudad y campaña quedaban englobados como guardias nacionales. Distinguió entre la milicia activa de “mozos solteros con arraigo en el país, y por su falta en los casados, y de éstos, en los que tengan menos hijos”, para “suplir la insuficiencia del ejército permanente para la defensa y seguridad del territorio”; y la pasiva, de hombres “de 45 a 60 años”, convocada “cuando peligre la seguridad del Estado por invasión o rebelión. Los historiadores contemporáneos que han tocado el tema, definen a la guardia nacional como el ejemplo clásico de “ejército ciudadano” o “pueblo en armas”. El primer jefe de la Guardia Nacional porteña, fue el coronel Bartolomé Mitre.

La Confederación – tengamos en cuenta que desde la revolución de septiembre de 1852, la provincia de Buenos Aires se había separado del resto del país – reglamentó la movilización y organizaciones de las guardias nacionales provinciales. Al mismo tiempo fue creada la Inspección General, donde fue incluida la responsabilidad de las guardias nacionales en materia de seguridad de fronteras contra los “bárbaros”. El entonces llamado “ejército de línea” era reducido y tenía serios problemas de reclutamiento, esto obligó a más de una ocasión a recurrir a guardias nacionales a prestar servicios de manera precaria en la frontera, asolada por constantes correrías y pillajes de los indígenas, que en más de una ocasión terminaron en verdaderas matanzas en las poblaciones de la Pampa.

El rol de la guardia nacional en la frontera bonaerense, fue importante, dado que la presión de las incursiones indígenas generó importantes penurias económicas. Entre 1854-56, el coronel Álvaro Barrios estimó que el robo de ganado vacuno y caballar alcanzó las 400.000 cabezas.

Que eran llevados a Chile, donde eran vendidos. Los ataques de los indígenas en 1855, llegaron a niveles de gravedad extrema, quedando en el olvido, la matanza de 300 vecinos de Azul. Los guardias nacionales, con limitados recursos, tuvieron que hacer frente a innumerables combates y batallas, incluso hasta el exterminio, como fue el caso del teniente coronel Nicanor Otamendi, con 185 milicianos, que en la estancia San Antonio de Iraola, donde solo sobrevivieron dos soldados.

Muchos guardias nacionales perdieron la vida en la lucha contra los malones en la endeble frontera occidental de la Provincia de Buenos Aires. Mal armados, escasos siempre en número, fueron la primera línea de fuego para hacer frente a este problema que retrasó por décadas el progreso de la Argentina.

La guerra del Paraguay, sorprendió a la Argentina sin fuerzas militares permanentes. Por medio de la ley 129, fue movilizada la guardia nacional, hondamente resistida por las provincias, dado que existía una fuerte oposición a ir a la guerra aliados con Brasil. Ello no impidió que fuera conformado un ejército de operaciones, siendo el grueso de sus unidades, batallones y regimientos de guardias nacionales, que formaron el grueso de las unidades de infantería.

La guerra del Paraguay fue de gran importancia para la posterior modernización del ejército de línea, en materia de equipamientos, uniformes, y organización. Los batallones de guardias nacionales se cubrieron de gloria en aquellos parajes, siendo el último conflicto armado internacional que enfrentó Argentina hasta la guerra de Malvinas en 1982.

Siendo Mitre presidente, fue debatido el uso de la guardia nacional para mantener la seguridad interna y externa del país. El ejército de línea era insuficiente para restablecer el orden ante las rebeliones armadas en el interior del país. Esto motivó la movilización de guardias nacionales para reforzar las unidades de línea, como fueron los ejemplos en la represión de las rebeliones de Felipe Varela, Ángel Peñaloza, y López Jordán. El control de las guardias nacionales, era objeto de diversas interpretaciones constitucionales y legales, dado que para las provincias, era un baluarte de su autonomía, además de una herramienta política.

En 1867, el comandante de la frontera oeste de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Garmendia, resaltó los problemas que generaba la movilización constante de guardias nacionales en servicio de fronteras, solicitando el fortalecimiento del ejército permanente.

La movilización de ciudadanos en áreas rurales, le quitaban mano de obra al creciente sector agropecuario y generaba inconvenientes económicos. A ello se unía la impopularidad del servicio en los fortines en las fronteras interiores y las carencias logísticas de los hombres que iban a los precarios fortines, donde la vida estaba condicionada por la extrema pobreza y la dureza. Los recursos destinados a las fuerzas militares siempre eran menguantes, además de la corrupción, que generaba mayores penalidades.

En la Provincia de Buenos Aires, se observa en el período comprendido entre 1852-1870, un importante conjunto de normas, relativos a la organización de la Guardia Nacional. La figura del Inspector General de Milicias, era un nexo entre las unidades operativas, con el ministerio de guerra y marina de la Provincia (cargo que existió hasta que la provincia se incorporó al resto del país en 1860). A través del Inspector el gobernador impartía las directivas y órdenes a los diferentes comandantes de la campaña. Las tropas eran eminentemente locales. Los comandos de regimiento/batallón también recayeron en personajes locales, generalmente los vecinos destacados de la campaña, donde la capacidad y experiencia militar eran determinantes para acceder a cargos de conducción.

Los abusos en el reclutamiento de milicianos, y la necesidad urgente de contar con fuerzas permanentes que proveyeran seguridad a las fronteras, dado que el avance indígena era notable, y constituían una seria amenaza al progreso del país, generaron intensos debates tanto en medios de prensa como en las cámaras del Congreso. Los debates parlamentarios pusieron en evidencia la necesidad de un ejército profesional de carácter permanente, y que la guardia nacional era una herramienta para casos de emergencia grave y no para un servicio permanente en las fronteras.

Los siempre escasos recursos asignados a la defensa, limitaban avances en la reformas, hasta que finalmente durante la presidencia de Sarmiento, el sistema de leva de ciudadanos de la guardia nacional, sería reformado y se sentarían las bases para el “ejército moderno”.

Durante su presidencia serían creados el Colegio Militar de la Nación y la Escuela Naval Militar. Hasta ese entonces los cadetes se formaban en los barcos y regimientos.

La reforma de 1870 reemplazó el sistema de “regimientos” por el de “comandantes militar de partido” Esto tuvo repercusiones políticas, dado que tenían un rol importante en el control de sectores populares de la campaña, los enrolamientos de ciudadanos, transformando a la guardia nacional en una verdadera máquina electoral.

Las papeletas que habilitaban a los ciudadanos para votar, requerían la firma del jefe militar de distrito, lo que transformó a estos personajes en actores claves, que permitió la gestación de liderazgos políticos, además de la influencia que tenían los jefes de milicia en los electores.

La oficialidad de las guardias nacionales tenían los mismos rangos que el ejército de línea, pero los nombramientos estaban influenciados por los jefes de regimiento/partido de la campaña provincial, que recomendaban al gobernador las designaciones. Incluso hubo una experiencia marginal en la elección por parte de los milicianos de los jefes de la guardia nacional.

Idea que fomentó el general Mitre, pero que no prosperó. En muchos casos, ser oficial de la guardia nacional implicaba prestigio social y para quienes llegaban a ser jefe de regimiento, en más de una ocasión significaba beneficios de tipo político. En las zonas de frontera los jefes milicianos tuvieron una importante cuota de poder, dado que en la práctica ejercían el poder delegado por el Estado en zonas de frontera.

Ley de reclutamiento de 1872

La rebelión de Carlos Tejedor. Ocaso de la Guardia Nacional. La reforma legal de 1872 significó un mayor nivel de centralización del Estado en materia militar, estableciendo un nuevo régimen que implicaba: Mantenimiento del sistema de contingentes para complementar faltantes del ejército de línea, que seguiría siendo voluntario (los llamados “enganchados”); los contingentes serían determinados por sorteo, facultándose al Poder Ejecutivo a reclutar hasta 10.000 guardias nacionales; el papel de la Guardia Nacional se reduce al de fuerza auxiliar, pero su rol en la seguridad de fronteras se mantuvo; La pacificación del país, el fin de la guerra del Paraguay, tuvo su impacto en la Guardia Nacional, que significó que el presidente Avellaneda relevara los batallones de guardias nacionales de servir en las fronteras.

La rebelión de Carlos Tejedor.

Esta decisión tuvo razones económicas, dado que los movilizados, eran precisos para el desarrollo de la creciente actividad agrícola ganadera a las tierras que se iban ganando al “malón”. Finalmente el apoyo al plan propuesto por el general Roca, permitió que se llevara a cabo la llamada “Campaña del Desierto” terminando con el drama del malón e incorporando millares de km2 al patrimonio nacional.

En 1880, en un contexto de tensiones políticas, el gobernador Carlos Tejedor de la Provincia de Buenos Aires, elevó las cuotas de soldados por cada circunscripción, realizó nombramientos de jefes y oficiales afines a su proyecto político. Tejedor dejó en claro que no aceptaría la imposición de candidaturas desde el gobierno nacional, en referencia a su rival el general Julio Argentino Roca.

La respuesta del presidente Avellaneda, en el entonces municipio de Avellaneda, declaró ilegal la reunión de milicias sin autorización del Congreso Nacional. Algo que era cierto, dado que la movilización de milicias era competencia provincial en situaciones excepcionales, previstos por el ordenamiento constitucional.

El conflicto armado era cuestión de tiempo. El gobierno nacional movilizó las guardias nacionales de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, y Córdoba. Tejedor respondió con el “estado de asamblea” y la movilización de los guardias nacionales porteños para “defender la provincia de Buenos Aires”.

El clima de insurrección era palpable como relatan las crónicas de la época, los “voluntarios” iban al llamado Tiro Nacional, donde recibían instrucción militar, agregándose el incremento de gastos para los preparativos bélicos del gobernador. El gobierno nacional recurrió al ejército de línea, además de guardias nacionales aludidas. La derrota de Tejedor, significó la federalización de la ciudad de Buenos Aires y el inicio de una nueva etapa histórica y el fin del conflicto sobre el control de las guardias nacionales, que quedaron bajo control efectivo del poder ejecutivo nacional. Esto quedo efectivizado en 1893, que causó protestas, por considerarlo como un avance del poder central sobre las autonomías provinciales.

La crisis con Chile por la cuestión de límites, llevó al gobierno a realizar importantes inversiones en materia militar, con la compra de nuevos armamentos, el desarrollo de las fuerzas navales. En 1893 por ley, la guardia nacional fue organizada en activa con ciudadanos solteros entre 18 a 30 años, territorial con ciudadanos de 31 a 40 años, y una reserva compuesta por ciudadanos hasta los 50 años. En 1895, fue modificada la ley militar, habilitando la movilización de guardias nacionales para complementar las unidades de línea, sino había suficientes voluntarios.

Esta ley facilito la movilización de 20.000 efectivos, que fueron protagonistas de las maniobras de “Curumalal” liderados por los generales Alberto Capdevila y Luis María Campos. En 1898, fue establecida la posibilidad que los guardias nacionales realizaran instrucción en unidades de línea por tres meses a un año si era necesario, como también la movilización de la guardia nacional activa por plazos de tres meses para ejercitaciones.

Al terminar la presidencia de José E. Uriburu, el país contaba con 20.000 guardias nacionales y 60.000 efectivos en el ejército de línea, gracias a los cambios legales que incrementaron sustancialmente la cuota de ciudadanos que tenían la obligación de recibir instrucción militar en unidades de “línea”.

En 1900, previo al debate del servicio militar obligatorio en el ejército, a instancias del ministro de marina, comodoro Rivadavia, fue aprobada la ley de servicio militar en la Armada. En 1901, fue aprobada la ley 4031 o ley “Ricchieri” de servicio militar obligatorio en el ejército que fijó que parte del personal movilizado, tendría un servicio de dos años. Esta norma sin ninguna duda permitió que durante bastante tiempo el ejército contara con un núcleo de fuerzas permanentemente instruidas.

La ley Ricchieri (por el apellido del ministro de guerra e impulsor de la reforma) no se olvidó de la guardia nacional, que pasaría a ser una suerte de “reserva activa” pero que con el tiempo, su existencia pasó a ser letra muerta, para desaparecer en leyes posteriores que reemplazaron la ley de servicio militar obligatorio de 1901.

Los debates en torno a la ley Ricchieri, es sumamente interesante ver la propuesta que tuvo en su momento el general Alberto Capdevila, que era diputado al ingresar el proyecto del Ministerio de Guerra. La propuesta de Capdevila era la de mantener un ejército de línea formado por voluntarios y una guardia nacional, al mejor estilo “ejército ciudadano” con un régimen de instrucción militar universal. Estos guardias nacionales recibirían instrucción de un núcleo de cuadros permanentes, con programas de entrenamiento a lo largo de sus años de permanencia en la guardia nacional activa.

La idea del general Capdevila, sobre su experiencia profesional, era mantener un ejército voluntario destinado a la vigilancia de fronteras y disuadir a Chile, y que en caso de crisis, el sistema propuesto permitiría reunir rápidamente unos 160.000 guardias nacionales instruidos. Este sistema también sería de utilidad para que cuadros jóvenes puedan adquirir experiencia de mando y manejo de personal, adiestrando y conduciendo ejercitaciones con los guardias nacionales. Una verdadera “escuela” de cuadros.

Es interesante leer los debates parlamentarios previos a la sanción de la ley “Ricchieri” donde queda en evidencia que el ejército ha sido tradicionalmente una fuerza de voluntarios, apoyado por una milicia con un sistema de instrucción militar universal. Es indudable que los cambios militares en aquellos años, el conflicto posible con Chile y en menor medida con Brasil, motivó a crear un ejército formado por conscriptos. Los tiempos de los guardias nacionales habían terminado.

El legado olvidado

En medios de comunicación dado la crisis que padecen las fuerzas armadas, se habla de reducirlas a una “guardia nacional”. Este concepto fue aplicado por los Estados Unidos en los países de América Central, que tras disolver sus débiles cuerpos militares, reemplazados por guardias nacionales, fuerzas militares con competencias de seguridad interior y de defensa territorial. Su diseño respondía a escenarios de control de fronteras, del proteger al poder local y lucha contrainsurgencia. Una imagen bien distinta, a lo que fue la guardia nacional en Argentina. En cambio, en el caso argentino, dicha institución fue una herramienta de presencia del Estado, de promoción de cohesión e identidad local, de mantenimiento del orden y seguridad.

Era símbolo de las autonomías provinciales, heredera de las milicias que lucharon contra las invasiones británicas, en la guerras de Independencia, contra intervenciones extranjeras en los tiempos de Rosas y en la guerra civil que duró décadas hasta consolidarse la Unidad Nacional. Los hombres que fueron parte, fueron protagonistas y a la vez víctimas de abusos del sistema de reclutamiento, de la vida dura del fortín, de la disciplina draconiana, de muchas penurias, dado que los gobiernos hacía uso y abuso de estos miliciano, pero poco dinero destinaban a su equipamiento.

Fueron protagonistas de innumerables sacrificios, millares dejaron la vida en defensa de la frontera frente a los malones que asolaban las poblaciones de nuestra Pampa, de la Constitución, como también en las luchas protagonizadas por los últimos caudillos. Los guardias nacionales se cubrieron también de gloria en la campaña del Paraguay.

La reforma constitucional de 1994, terminó con su existencia formal, quedando la facultad de las provincias de reunir fuerzas militares en caso de peligro inminente o ataque exterior, dando cuenta de ello al gobierno federal. Esto es un recuerdo de cuando las provincias contaban con sus milicias o guardias nacionales.

Los años pasaron, el servicio militar obligatorio marcó a generaciones enteras, pero puso de manifiesto una falencia, que pocos han tratado, la carencia de una reserva activa. El sistema solo permitía que el ejército tuviera a sus soldados con instrucción completa un corto período de meses en el año. El viejo sistema de guardias nacionales, permitía contar con reservas instruidas, que podían ser movilizados en cortos períodos de tiempo, lo que permitió a los gobiernos de entonces hacer frente con eficacia a numerosas contingencias.

Las falencias de no contar con un sistema de reservistas bien organizado, se hizo sentir en la guerra de Malvinas, que sorprendió la crisis con un ejército con reclutas con pocas semanas de instrucción.

Los guardias nacionales fueron nuestro “ejército ciudadano” que de alguna manera escribieron varias páginas de la historia de nuestra Argentina. El “último combate” lo libraría en defensa de la autonomía de Buenos Aires en 1880. Vinieron luego cambios legales y la guardia nacional continuaría existiendo, pero será a partir de 1901, que esta entidad irá apagándose para desaparecer definitivamente. Pocos la recuerdan y conocen de su importante papel, quedando en el olvido los hombres que la formaron y el legado de gloria que dejaron.

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