Lun. Mar 30th, 2020

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Legalidad administrativa conceptos

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Estimados amigos, el especialista en cuestiones de “buen gobierno” y control, Daniel Defant, nos acerca un nuevo articulo para la Sección El Dato Jurídico, esta vez sobre conceptos de legalidad Administrativa.


Por: Daniel  Alberto Defant | Corresponsal el Minuto de  Argentina


Es muy importante que los ciudadanos en general conozcan los mecanismos de control existentes en el ordenamiento jurídico argentino. Desde El Minuto apoyamos este tipo de iniciativas de carácter didáctico, no solo para los lectores en general, sino para los estudiantes y docentes que nos leen todas las semanas.

La legalidad, es la calidad de lo legal, lo que esta regulado por ley y es el modo de obrar y actuar conforme lo estatuye esta. Cuando decimos que una decisión es legal, significa que se ajusta a la norma fijada por el legislador.

La actividad estatal se ajusta a las normas que la rigen, es decir, a ciertos principios jurídicos, se manifiesta a través de normas jurídicas y es lo que hace a la actividad jurídica en sí.

La legalidad administrativa que es el caso que nos atañe, constituye una verdadera garantía a los administrados y torna transparente la eficacia de la gestión administrativa. Además, la actividad administrativa tiene que respetar los derechos y las libertades de los particulares, pues tiene raigambre constitucional. Siguiendo a Dromi podemos sostener que este principio de legalidad administrativa tiene las siguientes derivaciones jurídicas:

a.- toda actividad jurídica tiene que sustentarse en las normas jurídicas (Constitucionales, legislativas o administrativas).

b.- ninguna decisión o acto emanado de un órgano inferior podrá dejar sin efecto lo dispuesto por otro órgano superior jerárquico; esto hace a la unidad del sistema y al normal desenvolvimiento del orden jurídico.

c.- la Administración debe poner en pie de igualdad a todos.

d.- los actos de Administración tienen que ser razonables, esto significa que deben seguir el debido proceso con la exposición y análisis de los hechos, su valoración objetiva y una adecuada proporcionalidad lógica entre el valor de la causa y el fin que es el objetivo de la ley.

e.- debe darse la posibilidad de controlar todos los actos administrativos por la vía judicial, ya sea que emane de cualquier órgano (ejecutivo, legislativo); pues la no justicia de los actos administrativos estaría contrariando todo principio de juridicidad.

Por último, hay que destacar, parafraseando al Dr. Linares, que el principio de legalidad es una verdadera garantía Constitucional, es la esencia del estado de derecho, y tiene cinco contenidos el principio:

1) Democrático.

2) De Igualdad.

3) De razonabilidad.

4) De restricción interpretativa.

5) De irretroactividad.

Este es un procedimiento en virtud del cual una persona u órgano debidamente autorizado por la ley, examina o fiscaliza un acto realizado por otra persona u órgano, con la finalidad de verificar si en la preparación y cumplimiento de dicho acto se han observado todos los requisitos que exige la ley.

La sociedad es la que otorga y garantiza los derechos individuales y depende de la existencia de límites impuestos al ejercicio del poder por parte de sus poseedores. La actuación debe ser vigilada y controlada, para que se mantenga dentro de esos límites; pues la naturaleza humana no es proclive por lo común a autolimitarse voluntariamente en esta materia, y de ahí entonces que no pueda esperarse de quienes posean el poder que no caigan en el abuso del mismo. Por ello resulta importante y necesario institucionalizar el control del poder, mediante una ordenada creación de medios.

La historia y la experiencia de siglos ha demostrado al hombre político, la necesidad de que existan frenos por medio de un sistema de reglas fijas, generalmente contenidas en una Constitución, destinadas a regir y restringir el ejercicio del poder político. La Constitución se convierte entonces en el gran dispositivo para ejercer el control del proceso del poder. Loewenstein afirma que a toda Constitución se la debe considerar como “telos”.

La creación de instituciones para limitar y controlar el orden político, no solo libera al ciudadano del control social absoluto de quien lo ejerce, sino también le asigna una legítima participación en el proceso del poder a través de la técnica de la representación.

Independientemente de la distribución de funciones, la Constitución crea distintas técnicas institucionales y procedimientos para limitar y controlar el ejercicio de las mismas. Dentro de esos controles se encuentran los “intraorganicos” o “intraorganos” que son aquellos que operan dentro de la organización de un solo poseedor de poder. El control “intraorgano” es aquel que funciona entre varios de ellos, que cooperan en la gestión oficial.

Finalmente, los controles “extraorganos” operan tanto en los órganos del poder como los extrapoderes y los demás sujetos auxiliares del Estado como los partidos políticos, el cuerpo electoral, sindicatos y asociaciones intermedias.

Tema que en una próxima publicación voy a explayarme; dado a que estas distintas clases de controles constituyen la categoría de los controles horizontales que comprenden la vinculación que une a los órganos entre si en paridad de situación, como el mecanismo interno de control que prevé la Constitución para la actuación de los órganos, teniendo en cuenta que esta categoría de control debe necesariamente ser completada y corroborada con la segunda categoría, llamada “controles verticales” que operan sobre la totalidad de los investidos del poder constitucionalmente establecidos, encargados de dirigir el proceso gubernamental en cualquier ámbito: nacional, provincial y municipal; y todas las demás funciones sociopolíticas de la sociedad estatal.

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