Los dilemas de un presidente sin rumbo

El último miércoles 18 la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas, pomposo nombre para bautizar un verdadero impuesto a la riqueza (aunque sea por única vez) ideado por el hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, cuya redacción quedó a cargo del presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Carlos Heller, presidente del Banco Credicoop, el único banco argentino que está exento del Impuesto a las Ganancias, beneficio del que goza a través de la ley de Cooperativas 20.337.

Por: Agustín Dragonetti, Periodista | Corresponsal del Diario el Minuto de Argentina.

Según el proyecto, el “aporte extraordinario” tiene la finalidad de mitigar las secuelas económicas de la pandemia de coronavirus, para recaudar un estimado de más de $300 millones. De ajuste del gasto político, ni hablar.

Pero el “aporte extraordinario” es solo uno más de la batería de medidas fiscales que viene instaurando el presidente Alberto Fernández para hacerse con dineros frescos en pos de franquear la fenomenal crisis económica, en parte generada por su propia gestión.

En lo que va del año -en plena recesión y caída de las actividades económicas en general- el gobierno implementó 15 medidas impositivas en el peor ciclo económico de la historia argentina reciente.

Esas medidas consisten en nuevos gravámenes (como el Impuesto PAIS, para la compra-venta de moneda extranjera o la adquisición de bienes o servicios en el exterior; el impuesto a los Servicios Digitales Internacionales, como Netflix, Spotify o Amazon y, algo supuestamente inadmisible para un gobierno “nacional y popular”, la reimposición del IVA a 13 alimentos de la canasta básica que habían sido eliminados por el gobierno de Mauricio Macri, luego de perder las elecciones primarias de 2019), marcha atrás para los que se estaban rebajando e incrementos de los que ya existían.

Pandemia, gestión económica y conflictos

El llamado Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) comenzó a regir en Argentina el viernes 20 de marzo, tras un anuncio por cadena nacional y con la presencia de casi todos los gobernadores. Lo que en un principio generó total respaldo de la población y toda la dirigencia política para contener la pandemia, pronto se transformó en una pesadilla que terminó en total fracaso: 234 días después del inicio de las medidas sanitarias (la cuarentena más extensa del mundo) y esta nueva etapa denominada DISPO (Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio), Argentina tiene más de 37.000 muertos y casi 1.400.000 infectados.

En el plano socioeconómico, se estima que para fin de año habrán caído unas 65.000 medianas y pequeñas empresas, mientras que la cifra de desempleados podría superar los 3 millones, con el sector de la economía informal como principal víctima. Según la consultora Ecolatina, el salario real formal no sufriría una significativa disminución en la última parte del año, aunque esto no será suficiente para revertir la dinámica de los últimos años y, en promedio, presentará una retracción cercana al 3%.

Pero para que esto suceda, la inflación promedio del último cuarto del año no deberá superar el 4%. También se suman las compañías y franquicias de capitales extranjeros que decidieron abandonar el país (algunas de manera parcial) a raíz de las restricciones impuestas por el Banco Central para obtener dólares para pagar las obligaciones de deuda con el exterior y enviar las remesas a sus casas matrices.

A su vez, se emitieron $2 billones para sostener ayudas económicas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinado a trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías afectados por el cese de sus empleos por la pandemia, la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo (AUH), Programa Hogar, Tarjeta Alimentar, Bono Salud, asignaciones familiares y bonos varios.

Este año, el índice de inflación cerraría en un número cercano al 40%, una baja significativamente menor que el 53,8% de 2019 que dejó la administración de Mauricio Macri. Este número, sin embargo, no obedece a medidas antiinflacionarias o a un plan económico (que dicho sea de paso, todavía no hemos visto ya que, según palabras del propio presidente Alberto Fernández, “no creo en los planes económicos”), sino a los bajos dígitos del primer semestre por cuestiones muy precisas: 1,5% en abril y mayo, 2,2% en junio y 1,9% en julio.

A este cóctel de datos económicos negativos y crisis sanitaria, se sumaron las masivas protestas sociales contra la cuarentena que destruyó empresas, comercios y puestos laborales, las tomas de tierras privadas y fiscales auspiciadas por partidos de izquierda, funcionarios gubernamentales y organizaciones indígenas en todo el país, el aumento exponencial de la delincuencia y la sublevación de la Policía de la provincia de Buenos Aires que estalló en septiembre por mejoras salariales y el derecho a sindicalizarse.

Sobre este último punto, Alberto Fernández recurrió a una medida que tomó por sorpresa a todo el arco opositor: la creación de un fondo de fortalecimiento financiero para la provincia de Buenos Aires, gobernada por el ex ministro de Economía de Cristina Fernández, Axel Kicillof.

Para conseguir el dinero necesario, Fernández le sacó 1,18% de los fondos de Coparticipación Federal dirigidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), conducida Horacio Rodríguez Larreta, gran aliado del gobierno para sostener la cuarentena inicial y sus sucesivas extensiones.

De esta manera, Alberto Fernández pretendió dos cosas: conseguir de manera urgente fondos para aplacar el descontento policial, descomprimir la caja de la provincia de Buenos Aires y revertir un decreto presidencial firmado por Mauricio Macri en 2016, que aumentó los fondos de la coparticipación para CABA de 1,4% a 3,75%.

En números concretos, el recorte significa la pérdida de $53.000 millones, lo que obliga a su ex aliado pandémico a hacer fuertes reducciones en su presupuesto 2021. Lo que Larreta calificó como “una traición” por parte del presidente, fue llevado a la Corte Suprema para su resolución, aunque no tiene muchas chances de prosperar.

Internas palaciegas

La mayoría de los analistas políticos argentinos sostenían que Alberto Fernández sería condicionado por Cristina Fernández y su aparato una vez que anunció la fórmula que competiría contra Mauricio Macri, el 18 de mayo del año pasado. Era la primera vez en la historia argentina que una autoproclamada candidata a vicepresidente anunciaba a su candidato a la presidencia.

Hoy ese aparente equilibrio está, sino roto, muy resquebrajado. De hecho, presidente y vicepresidente no se hablan desde antes del 17 de septiembre, algo gravísimo en medio de un temporal socioeconómico sin precedentes. Los motivos son varios.

En primer lugar, el extraordinario ego de CFK, su meta de quedar impune en las causas judiciales que la tienen acorralada y vengarse de aquellos que osaron entrometerse en sus asuntos. Cristina sostiene que Alberto Fernández no ha hecho lo suficiente como para protegerla de los embates judiciales y que el mal manejo de la situación económica les puede jugar una mala pasada en las elecciones legislativas del año que viene. Hoy la vicepresidenta acumula casi una decena de causas, de las cuales siete de ellas estaban a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio. Cinco de esos expedientes están en la instancia de juicio oral.

De todas ellas, tres de esas causas son las que le quitan el sueño: la causa “Los Sauces”, que investiga si los empresarios Lázaro Báez (con prisión domiciliaria) y el titular del Grupo Indalo, Cristóbal López (detenido y luego liberado), pagaron alquileres de propiedades de Los Sauces SA como retorno de las concesiones de obra pública que percibieron entre 2003 y 2015.

La segunda causa es “Hotesur”, donde Cristina Fernández fue procesada por el juez federal Julián Ercolini, en mayo de 2018, por el delito de lavado de activos y asociación ilícita por el presunto blanqueo de dinero a través del alquiler de cuartos del Hotel Alto Calafate, propiedad de la familia Kirchner y emplazado en la provincia de Santa Cruz.

En esta causa también están procesados sus hijos, Máximo y Florencia. La tercera causa es la denominada “cuadernos de la corrupción”, donde la Cámara de Casación confirmó el pasado 30 de septiembre el procesamiento de Cristina Kirchner por el delito de cohecho.

Casación también dejó firmes los procesamientos contra Julio De Vido, ex ministro de Planificación de Néstor Kirchner y Cristina, y también contra decenas de empresarios de la construcción entre los cuales se encuentra Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri.

En otro claro ejemplo de irresponsabilidad general de parte de la vicepresidente en medio de este momento tan delicado, fue la carta que publicó en Twitter el 26 de octubre, un día antes de recordarse los 10 años de la muerte de su marido, Néstor Kirchner. En la carta pública titulada “27 de octubre. A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas” lo que menos hizo fue rendirle un homenaje al ex presidente. El escrito fue más que nada uno de sus clásicos monólogos de autocelebración y catarsis contra sus enemigos. Y un palazo concreto a la gestión de Alberto Fernández, que no acusó recibo del golpe. En dicho monólogo Cristina se despachó sin nombrarlos contra algunos ministros “albertistas” y los errores en la gestión económica, temas a los que se refirió en la frase “más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos”.

Off the record, allegados a la vicepresidente aseguran que guarda un profundo rencor por Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia (ex pareja de Alberto Fernández y hermana de Aníbal, el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que fue destituido en 2006 luego de un juicio político tras el incendio de la disco República Cromañón, donde fallecieron 194 personas, en su mayoría jóvenes, el 30 de diciembre de 2004), quien publicó en 2015 un libro titulado Cristina versus Cristina, donde expuso las contradicciones de la actual vicepresidente. Nunca volvieron a hablar, pese a cruzarse en la Casa Rosada durante el cambio de mando el año pasado.

Otra funcionaria que sufrió la ira de la vicepresidente fue María Eugenia Bielsa, ex ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat. Ya había sido duramente cuestionada por su mal manejo durante la usurpación de tierras en la localidad bonaerense de Guernica cuando se conoció un video anterior a la conformación del Frente de Todos, donde la ex ministra le dijo a los militantes de su espacio: “Voy a ser sincera, me duele en el alma ir y sentarme en una mesa y explicar por qué robamos, muchachos… robamos, robamos, y esto perdónenme que lo diga así: robamos… y no hay que robar en la política”. Y remató: “la verdad, a mí me duele mucho cuando me tengo que sentar y primero me miran, en algunos sectores, y dicen: ‘A ver, explicala a Cristina, a ver… explicalo a De Vido”.

En reemplazo de Bielsa, asumió Jorge Ferraresi, intendente de la localidad bonaerense de Avellaneda, que si bien tiene buen trato con el presidente, es un kirchnerista de paladar negro y vicepresidente del Instituto PATRIA (Pensamiento, Acción y Trabajo para la Inclusión Americana), el think tank fundado por Cristina Fernández y presidido por el actual senador nacional Oscar Parrilli, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde también tiene una oficina Máximo Kirchner.

Otra de los “funcionarios o funcionarias que no funcionan”, a juicio de la vicepresidenta, es la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, amiga desde la Facultad de Derecho y socia en los estudios jurídicos que montaron con Alberto Fernández. Desde el kirchnerismo sostienen que, más allá de su vínculo laboral con la Secretaría de Derechos Humanos durante el gobierno de Mauricio Macri, a través de un contrato del “ente cooperador” ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), querían a un ministro cercano al kirchnerismo duro, pero tuvieron que conformarse con otros cargos para la tropa más fiel, como Carlos “el Chino” Zannini (ex secretario Legal y Técnico de Néstor Kirchner y CFK), como Procurador del Tesoro de la Nación o Juan Martín Mena, quien fuera el segundo en la AFI de Oscar Parrilli, en el cargo de secretario de Justicia.

También Losardo se oponía a la elección del abogado de Cristina, Carlos Beraldi, como miembro del Consejo Consultivo de expertos y notables para la reforma judicial. Con el dictamen de Comisión del Senado a la reforma (el cual tiene artículos fundamentales pergeñados en el Instituto PATRIA, como cambios para la Corte Suprema, reformas en el Consejo de la Magistratura o el cambio en la forma en que se elige al Procurador General), Losardo es acusada por el núcleo duro del kirchnerismo de no defender la reforma en los medios de comunicación ni en las redes sociales.

También desde el círculo K se critica a Santiago Cafiero por su “poca experiencia para el cargo”. La “jefa”, como la llaman sus súbditos, preferiría para el puesto a Eduardo “Wado” de Pedro, actual ministro del Interior y uno de los fundadores de La Cámpora, la organización ultra K que tiene a Máximo Kirchner como figura emblemática. En diálogo con los periodistas Román Lejtman y Mariano Thieberger, Cafiero solo se limitó a decir: “Yo soy un funcionario que funciona”.

Los otros funcionarios nacionales que sufren las “iras vicepresidenciales”, son Claudio Moroni, ministro de Trabajo y Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo. En estos casos puntuales, las críticas que salen del búnker K es que son dos áreas que deberían tener una impronta “más peronista”, si vale el término para el kirchnerismo, cuya máxima exponente le dijo a su ex jefe de inteligencia, en un audio privado que se filtró en 2018: “que se suturen el orto (SIC)… Aparte a mí nunca me importó el partido (por el Partido Justicialista). Acá nunca le dimos bola tampoco”. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Por supuesto, la vicepresidenta tiene entre ceja y ceja a Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados y líder del Frente Renovador, integrante del Frente de Todos, un verdadero saltimbanqui de la política argentina, quien luego de ser su jefe de Gabinete, se convirtió uno de los más acérrimos cuestionadores de CFK con apelativos muy duros.

La respuesta de Alberto Fernández a la carta de su vicepresidenta, fue irrisoria. “Yo la leí y me gusto, la sentí como un respaldo”, dijo el presidente. “El gobierno es una alianza electoral, por lo tanto todos tenemos derecho a opinar”, recalcó Fernández, restándole importancia a las críticas de la segunda figura en importancia institucional del país.

Y en una frase que mostró cierta irrealidad, el presidente espetó: “El párrafo de los funcionarios que no funcionan no esta dirigido a mi sino a quienes critican al gobierno impiadosamente.

Hay sectores que no soportan que el gobierno sea peronista”. Sin embargo, en una jugada para dejar en claro al kirchnerismo duro que respalda a los suyos, ese mismo día el presidente se fue caminado con Vilma Ibarra (quien no suele asistir a los actos públicos), Santiago Cafiero y Sergio Massa desde la Casa Rosada al Centro Cultural Kirchner -con todas las cámaras y flashes registrando el momento-, donde participó del homenaje oficial para recordar los 10 años de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. A buen entendedor, pocas palabras.

La pulseada palaciega entre albertistas versus kirchneristas, lejos de terminar, está en su punto más alto. Para garantizar la gobernabilidad, solo les queda bajar los decibeles por tres cuestiones centrales: zanjar la fenomenal crisis económica con el menor daño colateral posible, garantizarse una buena elección legislativa para 2021 y evitar el choque entre facciones rivales del peronismo, que los argentinos sabemos bien como termina.