Los teléfonos impenetrables del narcotráfico

Las autoridades de Singapur confiscaron cuatro cuentas bancarias que contenían $ 3.971.468,40 en fondos ilícitos generados por Phantom Secure, una red de telecomunicaciones cifrada utilizada por sindicatos delictivos organizados transnacionales, y las repatriaron a los Estados Unidos, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California anunciado hoy. 

Vincent Ramos, director ejecutivo de Phantom Secure, con sede en Canadá, y cuatro de sus asociados fueron acusados ​​por un gran jurado federal en marzo, por cargos de que operaban una empresa criminal que facilitaba la importación y distribución transnacional de narcóticos a través de la venta y el servicio. de dispositivos y servicios de telecomunicaciones cifrados.

Vincent Ramos, director ejecutivo de Phantom Secure.

Esta fue la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos apuntó a una empresa y sus directores por conspirar con organizaciones criminales al proporcionarles las herramientas tecnológicas para evadir la aplicación de la ley y obstruir la justicia mientras cometen tráfico de drogas transnacional.

Según documentos judiciales, Phantom Secure anunció sus productos como inmunes al descifrado, las escuchas telefónicas o las solicitudes de registros legales de terceros. 

Phantom Secure también garantizó la destrucción de la evidencia contenida dentro de un dispositivo si fue comprometido, ya sea por un informante o porque cayó en manos de las fuerzas del orden.  

Las autoridades estadounidenses, en estrecha colaboración con el Departamento de Asuntos Comerciales (CAD) de la Policía de Singapur, identificaron e incautaron más de 3,9 millones de dólares en fondos ilícitos relacionados con la venta de dispositivos Phantom Secure.

Esos fondos fueron incautados en Singapur, confiscados como producto de actividades delictivas y ahora han sido repatriados a los Estados Unidos. 

Asimismo, Ramos se declaró culpable de liderar una empresa criminal que facilitó la importación y distribución transnacional de narcóticos a través de la venta y servicio de dispositivos de comunicación encriptados. 

En su acuerdo de culpabilidad, Ramos admitió que él y sus co-conspiradores facilitaron la distribución de cocaína, heroína y metanfetamina a lugares de todo el mundo, incluidos Australia, Canadá, Europa, México, Tailandia y Estados Unidos al suministrar Phantom a los narcotraficantes. Dispositivos de comunicaciones cifrados seguros diseñados para frustrar la aplicación de la ley.

Para mantener las comunicaciones fuera del alcance de las fuerzas del orden, Ramos y otros mantuvieron servidores Phantom Secure en Panamá y Hong Kong, utilizaron servidores proxy virtuales para disfrazar la ubicación física de sus servidores y eliminaron o “borraron” de forma remota los dispositivos incautados por las fuerzas del orden. 

Los clientes de Ramos utilizaron sus productos con efectos devastadores y, a veces, mortales, y Ramos utilizó esto para comercializar sus servicios de cifrado a delincuentes de todo el mundo. 

Según documentos judiciales, en respuesta a un artículo noticioso del 5 de marzo de 2014 que informaba que las investigaciones de un asesinato de pandilleros fueron bloqueadas porque los sospechosos usaron dispositivos Phantom Secure para coordinar el asesinato, Ramos escribió: “Esta es la mejor verificación de lo que hemos estado diciendo todo el tiempo – probado y eficaz por ahora más de nueve años. Es el nivel más alto de autoridad que confirma nuestra efectividad. 

Como parte de su declaración de culpabilidad, Ramos acordó un juicio de decomiso de dinero de $ 80 millones, así como el decomiso de decenas de millones de dólares en activos identificados, que van desde cuentas bancarias en todo el mundo, casas, un Lamborghini, cuentas de criptomonedas, oro y monedas.

El dinero repatriado desde Singapur estaba entre los activos identificados por los investigadores como decomisados. Ramos fue sentenciado a 108 meses de prisión.

“La tremenda determinación de esta oficina y nuestros socios de investigación desmantelaron esta red criminal”, dijo el fiscal federal Robert Brewer. “Como resultado de este enjuiciamiento innovador, la red se cerró, su fundador fue llevado ante la justicia y su dinero está siendo identificado y confiscado para ayudar a las víctimas y testigos de delitos”. 

Brewer elogió a los fiscales Mark Pletcher y Joshua Mellor, así como a los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones, la Administración de Control de Drogas de EE. UU. Y el Servicio de Alguaciles de EE. UU. Por su excelente trabajo en este caso. 

El Departamento de Justicia encomia específicamente los esfuerzos de nuestras contrapartes de Singapur para identificar, congelar y repatriar el producto de esta empresa criminal. 

Los investigadores del Departamento de Asuntos Comerciales y los representantes de la Cámara del Fiscal General trabajaron sin descanso para garantizar que estos ingresos no se utilizarían para promover más actividades ilegales. 

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California destaca además la invaluable ayuda de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.    

“La repatriación de cerca de $ 4 millones por nuestros socios con sede en Singapur garantiza que Vincent Ramos y los líderes de Phantom Secure pagarán por sus crímenes”, declaró la agente especial a cargo del FBI, Suzanne Turner. 

“El trabajo implacable del FBI para acabar con las organizaciones criminales transnacionales como Phantom Secure y recuperar sus ganancias financieras ilegales solo es posible a través de relaciones de trabajo cercanas con nuestros socios globales de aplicación de la ley”.

“Este caso demuestra el firme compromiso de los alguaciles estadounidenses de rastrear fondos ilícitos y desmantelar empresas delictivas en todo el mundo”, dijo el subdirector Timothy Virtue de la División de decomiso de activos de los alguaciles estadounidenses. “Expresamos nuestro agradecimiento a nuestros homólogos de Singapur por su inquebrantable cooperación para reprimir a los sindicatos delictivos organizados transnacionales y a los blanqueadores de dinero”. 

Este enjuiciamiento es parte de una investigación de las Fuerzas de Trabajo de Lucha contra las Drogas del Crimen Organizado (OCDETF). 

La OCDETF identifica, interrumpe y desmantela a los narcotraficantes, lavadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos mediante el uso de un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales, impulsado por inteligencia que aprovecha las fortalezas del gobierno federal, agencias de aplicación de la ley estatales y locales contra las redes delictivas.