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Mejoramiento del Espacio Público: Nueva ley logra acortar a la mitad plazos de aprobación para nuevos proyectos urbanos

El Minuto | Balance de Urbano Proyectos, empresa líder en el mercado de la “permisología”, revela que nueva normativa de mitigaciones urbanas redujo la burocracia y permitió aprobar el 100% de las iniciativas planteadas.

De cada 20 nuevos proyectos de desarrollo urbano el ciento por ciento fueron aprobados y ya se encuentran en desarrollo. Además, el tiempo de tramitación de los permisos necesarios para su construcción se acortó a lo menos a la mitad. Esto, gracias a la implementación y puesta en marcha hace dos años de la nueva ley de Aportes al Espacio Público que fue evaluada en el marco de un estudio independiente desarrollado por la empresa Urbano Proyectos, la mayor consultora del área.

Así lo reveló un balance del funcionamiento de la Ley de Aportes al Espacio Público (Ley N° 20.958), que el próximo viernes 18 de noviembre cumple dos años de vigencia y que fue creada, luego de a lo menos cinco años de estudio y preparación bajo la lógica de ejercer un  cambio radical en la forma de gestionar la tramitación de todo proyecto construcción y desarrollo inmobiliario en el país.

La ley, que desde 2021 obliga a todos los desarrolladores inmobiliarios a ingresar sus proyectos a una misma plataforma estatal para tramitar sus permisos de obras, mitigaciones y/o construcción, permitió reducir la cantidad de evasiones de mitigaciones. Ello, porque hasta 2021 cualquier proyecto inmobiliario que se planificaba con menos de 250 estacionamientos no estaba obligado a financiar mitigaciones por ello.

Durante las últimas décadas proliferaron los edificios, strip center y edificios que, para evitar enfrentarse a la montaña burocrática del mundo municipal, de transportes, urbana y hasta ambiental -en que cada organismo corría con colores propios- preferían proponer distintos tipos de obras para mitigar su impacto o simplemente aprovechar el vacío y no mitigar.

Por otro lado, el antiguo modelo también alentó la ya crónica desorganización de la planificación urbana debido a la falta de coordinación y planificación entre los organismos del Estado y que en vez de coordinarse para aprovechar los aportes privados con la finalidad de generar ciudades cada vez mejor organizadas y de mejores prestaciones para sus habitantes, terminó por alentar el desarrollo inorgánico de los entornos públicos.

Balance del gestor líder en el mercado

Si existe en el mercado una compañía especialista en estas materias, es Urbano Proyectos, empresa de asesorías urbanas integrales líder en el mercado de la movilidad, el Transporte Público y la tramitación de proyectos capaces de mitigar sus impactos con el menor nivel de impacto sobre la movilidad de las personas y el funcionamiento de los proyectos. Entre sus más importantes logros se encuentran el estudio de impacto vial del Costanera Center -cuyos detractores habían pronosticado erróneamente un caos vial generalizado para la ciudad- y el Centro Cultural y Gastronómico de Bellavista, dos importantes hitos urbanos del Santiago actual.

Según explicó Iván Muñoz,  gerente general de la compañía, “en los 14 años de trayectoria de Urbano Proyectos -más la experiencia acumulada de sus socios principales Andrés Villaseca e Iván Muñoz-  hemos desarrollado una buena parte de los más relevantes proyectos de desarrollo urbano del país con la tasa de aprobaciones y permisos de construcción más alta del mercado. Esta experiencia es la que nos impulsó, tras la puesta en marcha de la nueva normativa sobre Aportes al Espacio Público, a revisar el estado y verdadero impacto que la ley ha tenido sobre el mercado”.

De la observación estadística de su primer año de funcionamiento -Explica Muñoz- “el primer hallazgo radica en que desde la implementación del sistema Sistema de Evaluación de Impacto en la Movilidad (SEIM) -que es la plataforma universal donde deben ingresar todos los proyectos- el ciento por ciento de las iniciativas urbanas han terminado siendo aprobadas, lo que contrasta con la tasa previa a 2020, cuando la presentación errónea de un formulario, o el uso de una herramienta desactualizada de parte del proponente podía poner en riesgo toda la iniciativa, lo que lógicamente impactaba negativamente en el empleo, la ciudad y también el desarrollo urbano de nuestras ciudades”.

A juicio del gerente de Urbano Proyectos, “es importante observar que hemos detectado que gran cantidad de comunas no han realizado sus planes de inversión, lo que puede provocar que en el tiempo estos estándares se vayan deteriorando, pues la factibilidad de los proyectos se irá disminuyendo por la de infraestructura”.

Por su parteFrancisco Santibáñez, director del área de Revisión Independiente de Urbano Proyectos, añadió que del informe independiente efectuado por nuestros especialistas, otro hallazgo relevante radicó en los tiempos de tramitación: “según nuestros registros, considerando todos los tipos de proyectos tramitados (básico, intermedio o mayor) el tiempo de tramitación, evaluación y análisis por parte de la autoridad, se redujo en al menos 50%”.

Para Santibáñez, “lo anterior revela que por supuesto con la nueva ley se redujo el nivel de burocracia de parte de la autoridad, y que al mismo tiempo aumentó o mejoró automáticamente el nivel de coordinación entre las entidades públicas relacionadas generando un nivel de eficiencia mucho mayor del sistema, lo que finalmente redundará en un mejor estándar de calidad de nuestras ciudades, lo que comenzará a notarse prontamente”.

El resultado del informe

En el detalle, el estudio efectuado por Urbano Proyectos, revisó la cantidad total de proyectos aprobados por el sistema Seim. En que Urbano Proyectos ha obtenido la mayor parte de las aprobaciones concedidas por la plataforma, abarcando más del 9% del total de las iniciativas tramitadas, entre un total de 79 consultoras o especialistas inscritos en la plataforma de inscripciones.

De ellas, UPSA ha logrado, en el primer año, obtener un total de 19proyectos aprobados, cuatro de los cuales son de gran envergadura es decir, que requieren medir y modelar más de 250 viajes en transporte privado o más de 500 viajes en el lapso de una hora; en un área de influencia superior de entre cuatro a 12 intersecciones.

Además, la revisión del modelo gestionado hasta ahora por el Sistema de Evaluación de Impacto en la Movilidad (SEIM) reveló que el lapso de tramitación de un estudio promedio se redujo de entre 10 a 14 meses a un tiempo de tramitación de entre cuatro y seis meses, lo que implica que para la tramitación de un proyecto de inversión urbana el sistema redujo en a lo menos la mitad el tiempo en que se presenta el proyecto hasta que queda totalmente tramitado y recibe la autorización para iniciar obras.

Cámara de la Construcción

Para Emilio Thodes, Consultor Urbanista yPresidente Comisión Ciudad y Territorio Cámara Chilena de la Construcción, por la novedad del sistema y el desconocimiento del mercado existe la posibilidad de que el modelo aun no revela toda su potencialidad.

Sin embargo, “como gremio entendemos que, si bien los aportes asociados a este instrumento pueden ser insuficientes para disminuir significativamente las brechas (en la calidad de vida entre ciudades mejor planificadas que otras urbes con menores recursos), estos sí tienen el potencial de direccionar la inversión y los esfuerzos de los distintos sectores de manera estratégica y propender al desarrollo de espacios públicos más humanos cuando se integra adecuadamente con otros instrumentos e iniciativas, tanto públicas como privadas”.

Según expuso Thodes en una columna de La Tribuna penquista: “consideramos que la participación activa de las comunidades locales en los procesos de desarrollo de estos planes, al igual que la demanda por mejores espacios públicos es fundamental para asegurar los resultados esperados en nuestras ciudades”.

Añade que “también entendemos que estos procesos no se traducirán en transformaciones reales a mediano plazo en la medida que las autoridades locales no los aborden con la relevancia que ameritan y promuevan también la generación de consensos realistas que permitan orientar la inversión a aquellos lugares donde más se necesita; ya que la mera aprobación de planes o instrumentos de ordenamiento territorial no es suficiente para hacer mejores ciudades”.