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Morir por una Bicicleta

El Minuto | La crisis de seguridad pública es de vieja data. A pesar de los reclamos por parte de la ciudadanía, los políticos tienen otra agenda. En esta semana, el país quedó conmocionado por la muerte a puñaladas de un joven de 17 años, Lucas Cancinos, luego que intentaran robarle su bicicleta en el inseguro Quilmes, localidad del también poco seguro Gran Buenos Aires, conocido popularmente como “Conurbano”. Existe una barrera ideológica que impide al liderazgo político, tomar las acciones que sean necesarias para poner fin a la escalada de delitos, agravándose con la aparición de fenómenos criminales que son una amenaza en ciernes.

Por: Jorge Alejandro Suárez Saponaro | Director de Diario El Minuto para Argentina

Estas primeras semanas del mes de octubre, sacudieron a la sociedad con noticias sobre robos, cada vez más violentos y con víctimas mortales. A ello se agrega una crisis policial en puerta en la Provincia de Buenos Aires, por condiciones laborales y salariales, pero que oculta la incapacidad de la conducción política, de mantener cohesionada la institución policial provincial.

En este contexto, donde salir a la calle, es como jugar a la ruleta rusa en muchas localidades de grandes ciudades de Argentina, especialmente el Gran Buenos Aires, un joven estudiante de secundaria, con sueños de ser ingeniero, fue ultimado por dos sujetos, uno de los cuáles, hacía poco lo habían liberado. En ese fatídico día, trascendió en el diario La Nación, que el ministro de Seguridad, Sergio Berni, había entablado una violenta discusión, con Máximo Kirchner, diputado y jefe de la bancada oficialista.

Evidencia del estado de ánimos de la coalición Frente de Todos, luego de la derrota electoral en las primarias de septiembre. El gobierno subió la apuesta, con medidas de neto corte electoral, algunas realmente polémicas, como pagar el viaje de egresados para 220.000 estudiantes del último año del nivel medio. Esta promesa del gobernador Kicillof, que hasta no hace mucho se negaba rotundamente de abrir los colegios por razones sanitarias, ahora está dispuesto a gastar $ 6 mil millones de pesos, cuando miles de jóvenes abandonaron la escuela, la situación de los comedores escolares deja bastante que desear, agregándose serios problemas edilicios. Existe un claro mal uso de los escasos recursos públicos, con visión de corto plazo y fines netamente electoralistas. La seguridad no está exenta de ello.

La crisis de seguridad, encuentra a la provincia con el mediático Sergio Berni, ministro de seguridad provincial, con una escalada en materia de delitos, una fuerza policial agotada y profundas diferencias en la coalición de gobierno, para lidiar con la creciente criminalidad. El gobernador permanece ausente frente al problema, y la idea de dar un mayor respaldo a los cuerpos policiales de la Provincia, siempre cae en saco roto, por debates del tipo ideológico, agregándose una tendencia en sectores del poder judicial, sumamente tolerantes con el delito, como puso en evidencia en plena cuarentena, donde fueron liberados nada menos que 4 mil detenidos, bajo distintas interpretaciones, que en más de un caso, eran peligrosos delincuentes.

Pero al parecer, es un verdadero tabú para el kirchnerismo, abordar el tema de la seguridad y reconocer la gravedad de la situación. Hace años que en loa grandes aglomerados urbanos, el delito contra la propiedad crece día a día, agregándose la violencia creciente hacia las víctimas, el incremento de la participación de menores en hechos violentos, quedando impunes, por la sencilla razón, que los dirigentes políticos se niegan a debatir sobre la edad de imputabilidad. Desde la década del 90, el delito en las grandes ciudades, aumentaron todos los años.

En 2014, cuando el gobierno de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, decidió debatir sobre la reforma del Código Penal – algo que duerme en los laureles hace años – bajo la batuta del polémico ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Zaffaroni, la propuesta incluía la baja de la pena a numerosos delitos, entre ellos vinculados con delitos extorsivos, tortura, secuestro, etc.

Es famosa la escuela de dicho magistrado, conocida popularmente como “abolicionista”, pero que a todas luces es un estrepitoso fracaso y pone en evidencia que muchos altos funcionarios viven a espaldas de la realidad.

Los asesinos de Lucas, habían sido detenidos por robo agravado, y al poco tiempo el juez interviniente los excarceló. Vaya saber con que criterio, pero sin ninguna duda, con una interpretación más que benévola de la ley penal para el delincuente.

Nazareno Juan Cruz Mejías y Rodrigo Agustín Rivas, culpables por  el asesinato del adolescente Lucas Iván Cancino


El mismo caso, pasó con el criminal que acabó con la vida del subcomisario de la Policía de la Ciudad, Becker, ultimado en la puerta de su casa en un robo de su motocicleta. El autor sindicado por el hecho, no hacia mucho había sido detenido por robo automotor. Ahora viene la pregunta del millón ¿Qué hacía libre? Este criterio laxo, que aplican los jueces ha llevado por ejemplo, que delincuentes sexuales, cumplan prisión domiciliaria cerca de sus víctimas. Sin ninguna duda hay una línea ideológica doctrinaria, que ha hecho mucho daño, y lo sigue haciendo.

La oposición también tiene su cuota de responsabilidad. En los cuatro años de gestión de Cambiemos, a pesar de reconocer la existencia del problema de seguridad, e implementar medidas, no fueron suficientes. Por ejemplo, en el marco del decreto de emergencia de Seguridad, habilitó el derribo de aeronaves, que violaran el espacio aéreo. Curiosamente no se tomaron acciones destinadas a contar con los medios adecuados, como incrementar mejoras en el sistema de vigilancia y control del espacio aéreo.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, no se implementó la esperada reforma del sistema de seguridad pública, que no solo abarca la institución policial, sino otros sujetos que forman parte. Nadie quiso implementar, la imperfecta, pero por lo menos genera ciertas bases para construir una política de seguridad, ley 12154 de Seguridad Pública. Esto hubiera permitido crear canales de comunicación entre la sociedad y el Estado, por medio de los Foros de Seguridad, articular los distintos sujetos del Sistema de Seguridad, y poder generar condiciones para una estrategia de largo plazo. Las autoridades políticas siguieron con la costumbre de mostrar operativos, importantes decomisos de drogas, armas, mercaderías robadas, pero la incapacidad de la clase política de generar consensos para una política de largo plazo, especialmente por la hostilidad del kirchnerismo y la izquierda en estos temas, por meras razones ideológicas.

El problema, no es que los delincuentes paguen por sus delitos con severas penas, sino que exista un Estado lo suficiente persuasivo, que limite al número de personajes que se atrevan pasarse de la raya. El gobierno del presidente Macri siguió cometiendo el error de desplegar las Fuerzas de Seguridad – Gendarmería Nacional y Prefectura Naval – en áreas urbanas, descuidando las fronteras, vital para impedir o limitar la infiltración del narcotráfico y organizaciones criminales complejas. En otras palabras, la política de seguridad pareciera ser una sábana corta. El cambio de gestión en 2019, dio por tierra los cambios positivos en materia de seguridad, especialmente por los tímidos avances en materia de narcotráfico.

La legislación penal, debe ser revisada, orientado a endurecer penas, especialmente en materia de abuso de armas, delitos contra la propiedad, tráfico de drogas, violencia contra las víctimas, homicidios, y para quienes operen en bandas u organizaciones criminales más complejas. Es imperioso que la ley sancione a los menores de edad que delinquen, con un régimen penitenciario específico, y juzgados y fiscalías especializadas en la problemática del delito juvenil.

La falta de seguridad pública, tiene además de su aspecto más grave, el peligro para la vida y libertad de los ciudadanos, su impacto económico, como lo han señalado estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Las empresas deben invertir en dispositivos de seguridad, contratar personal específico, lo que tiene costos adicionales, como también el nivel de seguridad de un país incide en la toma de decisión de los inversores para crear empresas y generar empleos. El drama del delito, no solo pone en peligro la vida de los ciudadanos, sino que afecta su calidad de vida, dado que los potenciales dadores de empleo, son reacios a invertir en áreas con elevadas tasas de criminalidad.

La falta de seguridad, ha llevado a que empresas de diversos tamaños, desde las más importantes, hasta el más modesto emprendedor o comerciante, se vean obligados a contratar empresas de seguridad, invertir en medidas defensivas, seguros y un largo etc. El avance del delito, se trasladó a sectores rurales, donde le robo del ganado y granos, afecta a los productores, el fenómeno de los “piratas del asfalto” que afectan al transporte automotor de media y larga distancia.

Esta situación, generan pérdidas económicas y afectan seriamente a sectores clave para la Argentina. Se gastan millones al año para tener cierta seguridad, ante un Estado, incapaz para dar respuestas adecuadas a la situación imperante. Esos millones que se gastan en seguridad por parte del sector privado, afecta a su productividad, son recursos que se distraen en procesos de innovación productiva, expansión, generación de empleo, etc.

En un interesante libro, Delito Urbano. La degradación social y sus consecuencias de Osvaldo H Rolleri, reflexiona de manera brillante, lo siguiente La confianza de un individuo en los sistemas e instituciones de una sociedad contribuye de manera significativa a su comportamiento. Cuando una parte integrante de la sociedad percibe que otros no cumplen las normas establecidas, tanto social como legalmente, y que las sanciones previstas no se materializan por distintas razones estamos frente a un problema de anomia. El “ejemplo” que dan las clases dirigentes en Argentina, impulsa que sectores de la sociedad rompan con las reglas. El escándalo de Olivos, donde el propio jefe de estado, vulneró las mismas reglas que el dictó respecto a reuniones sociales en tiempos de pandemia, es un ejemplo del clima de anomia que vive el país.

En estos últimos treinta años, comenzando con la década del 90, donde millones de personas fueron arrojadas del sistema económico, al desempleo y pobreza, la falta de políticas de asistencia y contención, agregándose la corrupción del gobierno e indiferente con la deuda social que estaba dejando, crearon las condiciones para promover problemas estructurales. El acceso a las drogas, alcohol y otras adicciones, el desmantelamiento de la institución familiar, contextos de violencia doméstica, déficit alimentario, hacinamiento, falta de trabajo, deserción escolar, falta de ejemplos, crean condiciones aptas para la violencia social, donde se incuba del delito.

El inicio en esta vida marginal se da generalmente a temprana edad, como ponen en evidencia muchos estudios. Ello indica la ausencia del Estado, que se ocupe activamente de la infancia, especialmente en capas marginales y vulnerables de la sociedad. Incluso de manera irresponsable, no se ha actuado para contrarrestar el desarrollo de una suerte de subcultura, donde el delito y la trasgresión a ley, como ha quedado en la música, o en barriadas marginales, donde se observan murales o distintos recordatorios de bandidos abatidos.

En medios de comunicación, en programas populares de televisión, figuras políticas como, comunicadores sociales o actores “progres” que pretenden ser “trasgresores”, tiene un discurso tolerante hacia el comportamiento delictivo, e incluso lo justifican. Es más, hace varios años atrás en un manual escolar, en un dibujo donde se mostraban los distintos oficios y profesiones, había uno dedicado a la figura del ladrón.

Años de desidia y abandono, con generaciones afectadas por la violencia, marginalidad y consumo de estupefaciente, han permitido que quienes ingresen a las filas de delito, sean cada vez más violentos, aún cuando las víctimas no opongan resistencia. La sed de sangre, implica un mayor prestigio en el submundo donde se desenvuelven, a sabiendas que no serán castigados, dado que existe una certeza que sus fechorías permanecerán impunes. Hace tiempo que la Justicia como las fuerzas del orden, han perdido credibilidad y la suficiente autoridad, para disuadir a quienes quieran vulnerar la ley, a llevarlo a cabo.

Argentina ha llegado a un estado de cosas inaceptable. Millones de personas atadas a planes sociales, siendo rehenes de estructuras clientelares, condiciona el futuro de generaciones. A ello agregamos, que se siguen manteniendo las condiciones para que el delito siga expandiéndose. Desde hace años nos hablan de miles de jóvenes que no estudian, ni trabajan. Observando detenidamente las propuestas políticas que hay, soluciones integrales a este problema no hay. Estamos solo ante eslóganes, medidas populistas o solo posibles de llevarlas a cabo en la imaginación de determinados sectores políticos, pasando por algunos personajes que rozan con la histeria, que solo sirven para canalizar el llamado “voto bronca” pero nadie se atreve a tomar el toro por las astas.

La falta de responsabilidad de liderazgo político, promueve una cultura de la muerte. Sectores de la población de toda clase social o edad, tienen gracias a dicha desidia, acceso a la droga. Esto es factible, como veníamos diciendo más arriba, porque no se tomaron medidas para ejercer un control efectivo de las vías de acceso de estupefacientes al mercado interno. No hay “interdicción estratégica del narcotráfico” o sea negar el uso del espacio propio a bandas criminales. El mercado negro de armas, es otro serio problema y pareciera que nadie quisiera atacar el problema, más allá del discurso de barricada.

Este estado de cosas sucede, porque los funcionarios responsables de hacer frente a la creciente violencia, por sus errores, no pagan la cuenta, no dan explicaciones, y como observamos en ciertos personajes mediáticos, siempre les dan una tercera o enésima oportunidad para que sigan haciendo daño, todo por intereses mezquinos y las pugnas de poder que carcomen a la política en Argentina.

La pregunta del millón que nos hacemos, cuantos Lucas deberán pagar con su vida por una bicicleta, para que realmente haya un punto de inflexión, y que la seguridad, deje de ser un prejuicio ideológico, y se convierta en un valor central, para que los ciudadanos puedan vivir en el marco de una verdadera libertad.

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