La reciente liberación de diez ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales detenidos en Venezuela ha sido celebrada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como un avance diplomático en la protección de sus nacionales. Sin embargo, la inclusión de uno de los liberados ha generado una creciente controversia en el ámbito internacional.
Se trata de Dahud Hanid Ortiz, ciudadano estadounidense con doble nacionalidad venezolana, quien fue condenado en 2023 por el asesinato de tres personas en el barrio madrileño de Usera, en un caso que conmocionó a España. La condena a 30 años de prisión fue confirmada por documentos judiciales venezolanos, medios españoles y por funcionarios judiciales en Madrid, quienes hablaron bajo condición de anonimato.
La sombra del crimen en medio de un acuerdo diplomático
Pese a la gravedad de los cargos, Hanid Ortiz fue excarcelado como parte del acuerdo alcanzado entre Caracas y Washington, sin que hasta ahora se hayan entregado explicaciones públicas por parte del Departamento de Estado. Al momento de su arribo a territorio estadounidense, no se ha confirmado si Hanid Ortiz permanece bajo custodia o en libertad.
Tres fuentes con conocimiento del proceso —incluyendo un fiscal español y dos personas vinculadas a la causa— confirmaron que España había solicitado su extradición, solicitud que fue rechazada debido a la prohibición constitucional de extraditar nacionales en Venezuela. Sin embargo, la legislación venezolana permite juzgar a sus ciudadanos por delitos cometidos fuera del país.
El silencio oficial y las preguntas sin respuesta
Consultados por medios estadounidenses y europeos, los representantes del Departamento de Estado declinaron comentar sobre los motivos específicos por los cuales Hanid Ortiz fue incluido en la lista de liberados, ni cuál será su situación legal en Estados Unidos.
El caso reaviva el debate sobre las decisiones diplomáticas en contextos de negociación, especialmente cuando involucran a personas con antecedentes criminales internacionales. La falta de transparencia en torno al caso podría tener repercusiones tanto en el Congreso como en las relaciones bilaterales entre EE.UU., España y Venezuela.
