El expresidente Evo Morales (2006-2019) y su antiguo delfín y actual presidente de Bolivia, Luis Arce, ambos aún correligionarios del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), se ha vuelto a tensar esta semana con una serie de acusaciones de “corrupción” y “protección al narcotráfico”. Estas acusaciones no son nuevas en el escenario político boliviano, pero la repetición constante de los señalamientos sugiere una verdad inquietante: el país podría estar atrapado en una dinámica en la que el narcotráfico y la política están inextricablemente entrelazados.
Por: Oed Marcelo Bustamante.
Las preguntas que surgen tras estas acusaciones no son menores: ¿Hasta dónde llegan realmente los tentáculos del narcotráfico en Bolivia hoy? ¿Cuáles son sus vínculos con las estructuras de poder político? ¿Estamos siendo testigos de la consolidación de un narcoestado en Bolivia?
Bolivia, un país productor de cocaína en plena transformación
Bolivia es uno de los principales productores de hoja de coca del mundo. A pesar de que su cultivo, venta y consumo individual son legales, existe una franja gris que escapa al control estatal. Según InSight Crime, hasta el 40 por ciento de la producción de hoja de coca se comercializa al margen de la ley, alimentando la producción de cocaína. Este fenómeno no es exclusivo de Bolivia, pero la evolución del país como productor de clorhidrato de cocaína (cocaína en polvo) marca un cambio preocupante.
Hasta hace poco, Bolivia era principalmente un proveedor de pasta base de cocaína para otros países, como Brasil, Perú o Colombia, donde se procesaba. Sin embargo, como señala la politóloga Ana Soliz, el país "se ha vuelto productor de clorhidrato de cocaína", consolidando su lugar en el mercado mundial de narcóticos. Este cambio ha venido acompañado de un aumento en el número de laboratorios clandestinos encontrados en reservas naturales y parques nacionales, lo que no solo amenaza el medio ambiente, sino que también demuestra el grado de penetración del narcotráfico en el tejido social y económico del país.
Geopolítica del narcotráfico: Bolivia como centro de operaciones
Bolivia no es solo un productor de cocaína; su ubicación geográfica lo convierte en un punto clave para el tránsito de drogas hacia otros mercados. Limita con Brasil, uno de los principales consumidores de cocaína de América Latina, con Perú, que produce hoja de coca más barata, y con Paraguay, que se ha convertido en un centro logístico clave para el narcotráfico. Además, el mercado argentino, con su creciente demanda interna, refuerza la posición de Bolivia como un corredor estratégico para la cocaína destinada no solo a los mercados regionales, sino también a Europa y Estados Unidos.
En este contexto, Bolivia ha visto la entrada de organizaciones criminales extranjeras, como el Comando Primeiro da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) de Brasil, así como estructuras colombianas y mexicanas. Estos grupos encuentran en Bolivia un terreno fértil para sus operaciones debido a la corrupción en las fuerzas de seguridad y la debilidad de las instituciones judiciales.
Narcotráfico y política: El pulso entre “evistas” y “arcistas”
El comercio ilegal de la hoja de coca, más allá de sus implicaciones económicas, tiene una connotación profundamente política en Bolivia. Evo Morales, uno de los líderes históricos de las federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba, ha sido frecuentemente estigmatizado como "líder cocalero y, por lo tanto, narcotraficante". Esta narrativa ha sido alimentada por sus opositores, pero también por sectores del MAS que apoyan a Luis Arce.
La pugna interna en el MAS entre los "evistas" y los "arcistas" ha exacerbado la retórica sobre el narcotráfico. Mientras que Arce ha intentado desmarcarse de las acusaciones de Morales, el aumento de operativos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en regiones controladas por los "evistas" ha sido visto como una estrategia para debilitar políticamente a Morales. No es casual que, en medio de esta disputa, salgan a la luz más denuncias sobre corrupción y protección al narcotráfico.
Un Estado cooptado por el narcotráfico: ¿Bolivia al borde del narcoestado?
La detención de figuras clave como Maximiliano Dávila, exdirector de la FELCN, y Omar Rojas, un excomandante de policía apodado el "Pablo Escobar boliviano", pone de manifiesto las conexiones entre el narcotráfico y las altas esferas del poder en Bolivia. Sin embargo, más allá de estos casos aislados, la falta de una acción sostenida contra las redes del narcotráfico y la impunidad generalizada refuerzan la percepción de que Bolivia está siendo cooptada por estas estructuras criminales.
Para la criminóloga Gabriela Reyes, el aumento de las incautaciones de drogas en el país no es una medida de éxito en la lucha contra el narcotráfico, sino un síntoma de una mayor circulación de cocaína en el mercado. Las operaciones policiales que se anuncian con bombos y platillos, como la desarticulación de laboratorios y fábricas de cocaína, son apenas un paliativo frente a un problema mucho más profundo: la infiltración del narcotráfico en la política y la justicia bolivianas.
El escándalo de los "narcoaudios", el triple asesinato de policías en la frontera y los constantes ajustes de cuentas entre bandas criminales son indicativos de un Estado debilitado, donde la corrupción y el narcotráfico están minando la capacidad de las instituciones para combatir el crimen organizado.
Conclusión: ¿Hacia dónde va Bolivia?
Bolivia se encuentra en un momento crítico. En mi opinión, es innegable que el país ya ha caído en la categoría de narcoestado, y los indicios son alarmantes: el narcotráfico ha logrado una profunda infiltración en las esferas de la justicia, la política y la economía. A medida que el conflicto entre Evo Morales y Luis Arce se agudiza, las acusaciones de corrupción y protección al narcotráfico se han convertido en herramientas de combate político, atrapando al país en una espiral de criminalidad que no hace más que debilitar aún más las ya frágiles instituciones del Estado.
La creciente influencia del narcotráfico en todos los niveles del Estado pone a Bolivia en una situación extremadamente vulnerable. Si esta tendencia continúa, el país corre el riesgo de consolidarse como un narcoestado en el corazón de América Latina, con consecuencias devastadoras no solo para su democracia, sino también para la estabilidad de la región y el bienestar de su población.
