Policía en la Provincia de Buenos Aires entre la pandemia y la crisis de seguridad

La Policía en la Provincia de Buenos Aires ha sido objeto de reformas y contrarreformas.

La Provincia de Buenos Aires atraviesa una crisis sin precedentes, especialmente en la llamada Área Metropolitana de Buenos Aires o Conurbano.

Por: Jorge Alejandro Suárez Saponaro | Director Diario El Minuto para Argentina

En este reducido espacio de 14 millones de habitantes y 3500 km2 con serios problemas sociales y económicos, ahora azotado por la pandemia del COVID 19 y una escalada de delitos, encontrando a los cuerpos policiales en una situación complicada.

Más allá del mediático ministro de seguridad, Sergio Berni, es preciso plantear un debate constructivo sobre un nuevo sistema policial moderno y acorde a los graves desafíos de seguridad pública que atraviesa el principal estado provincial de la República Argentina.

La policía en tiempos de pandemia

La llegada de la gestión del gobernador Kicillof en 2019, no trajo anuncios nuevos, más allá del elevado perfil mediático del ministro de seguridad, Sergio Berni. La fuerza pública de la Provincia, con serios problemas históricos, especialmente en materia de medios, recursos humanos, logística, tuvo que hacer frente a la crisis del coronavirus, en el marco de una ausencia de estrategia clara a nivel nacional.

La Policía no solo tiene que hacer frente a un delito creciente, y cada vez mas violento, ahora agregándose la demanda de hacer cumplir las normas sobre aislamiento social, llamada vulgarmente “cuarentena”.

Años de falta de inversión se han sentir especialmente cuando es preciso contar con medios adecuados.

En cuanto a la compleja estructura de conducción y organización de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, prevista por la ley 13482, la actual gestión vía resolución en mayo de 2020, decidió pasando por arriba de lo normado por la ley mencionada, una reestructuración de profunda, pero que consideramos que realmente no hace más que mantener una estructura de conducción compleja.

El proceso de racionalización, según lo señalado en diversos medios, es en verdad un intento de centralización en manos del Ministerio de Seguridad y optimizar recursos, facilitar el sistema de mando y control.

Las llamadas policías de distrito, son suprimidas y las jefaturas departamentales, devenidas en estaciones de policía departamental de seguridad. 44 municipios son los afectados, por tener la mayor densidad de población

La conducción de las Fuerzas policiales de la Provincia de Buenos Aires, desde hace muchos años tiene una seria falencia en la organización de distintos niveles de la decisión, como establecen la doctrina en materia de organizaciones, destacándose los trabajos del experto argentino en la materia Dr Federico Frischknecht.

El ministro de seguridad tiene un rol a nivel estratégico, por ende no tiene que estar tomando decisiones en ámbitos que le conciernen a organismos de ejecución. Existe una necesidad imperiosa de revisar a fondo no solo la organización del sistema policial provincial, sino del ministerio de seguridad.

La crisis sanitaria, que expone seriamente al personal policial, ya costó la primera vida de un funcionario policial por contraer COVID 19, lo que requiere insumos especiales para su seguridad, además de un sistema de salud que brinde soporte para aquellos que sean afectados.

En medios de comunicación masiva, que nos inundan de casos de inseguridad, muchos de ellos con resultado trágico, pone en evidencia problemas logísticos de la Policía, especialmente por el estado de los móviles de patrulla, falta de combustible, problemas que hace tiempo que los venimos escuchando.

La Seguridad Pública pareciera reducirse a solo prevención del delito, pero abarcan otras cuestiones, dado que del ministerio con responsabilidad en dicha área, dependen organismos como los Bomberos (Policía de Seguridad Siniestral), que históricamente han tenido siempre limitaciones en materia de medios.

El grueso del servicio de bomberos recae en organizaciones voluntarias, también con sus carencias. La Provincia debe contar con una política específica para el área de gestión de siniestros, protección civil y emergencias.

Bomberos de la Cuidad de Barracas.

Una deuda pendiente que han dejado los políticos, es el mecanismo de participación ciudadana, con serias falencias como prevé la ley 12154 de Seguridad Pública, a través de foros vecinales y departamentales, pero que debidamente implementado puede generar un nexo entre la sociedad y la policía, generando lazos de confianza y también herramientas preventivas adaptadas a situaciones de carácter local.

Los municipios por razones políticas han tenido participación en políticas de seguridad, pero no cabe duda que es preciso un ordenamiento y un uso racional de los recursos.

La necesidad de reformas estructurales y de largo plazo.

El Sistema de Seguridad Pública, como fue pensado en su momento en la llamada Primera Reforma (1997-2004) nunca fue implementado por razones políticas y por las falencias de la misma. Luego vino la Segunda Reforma (2004) que no hizo más que complicar las cosas creando un modelo descentralizado, con complejos sistemas de coordinación y conducción.

Posteriormente se hicieron cambios para implementar una conducción centralizada, pero la carencia de una estrategia clara en materia de seguridad tuvo sus consecuencias. Nunca se planteó una reforma que fuera acorde con la realidad social, política y económica de la provincia. Sino más bien intervinieron factores políticos circunstanciales e ideológicos.

La crisis sanitaria derivada de la pandemia del Coronavirus, que impuso la llamada “cuarentena” que ha distraído muchos recursos para imponer normas sobre circulación, controles en los transportes y accesos con la ciudad de Buenos Aires, además de operativos para aislar barriadas afectadas por el virus, ha permitido que el delito se hiciera presente nuevamente con fuerza y mayor violencia.

Pero en el Gran Buenos Aires, no solo creció el delito contra la propiedad, sino que desde hace años, organizaciones criminales detentan el control territorial de barriadas marginales y pobres, donde pueden llevar a cabo diversos ilícitos, como el tráfico de drogas.

El creciente poder de los grupos criminales son una amenaza a la seguridad del Estado, tolerar la consolidación de estos grupos generará problemas de gobernabilidad en el mediano y largo plazo.

Las políticas erráticas han llevado que las fuerzas policiales de la Provincia de Buenos Aires tengan unos 100.000 efectivos. Un porcentaje importante está con sumarios por problemas diversos, otros con licencia médica y un largo etc. Este enorme grupo, es altamente costoso para el erario público y es preciso revisar las políticas de recursos humanos, selección, y formación.

Ha llegado la hora de dar prioridad a la calidad sobre la cantidad.

En un escenario post pandemia, el debate sobre la reforma del Sistema de Seguridad Pública en la Provincia de Bueno Aires debe ser dado, sin pasiones ideológicas, con una visión realista y con visión de largo plazo.

El actual estado de cosas lleva al Estado a la defensiva, y tarde o temprano, su legitimidad será objeto de disputa por parte de organizaciones criminales.