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Puerto Rico: “La última colonia de Latinoamérica”

El Minuto | Puerto Rico, fue noticia por muchos motivos en 2019. Su sociedad se moviliza luego que trascendiera el diálogo que tuvo el gobernador saliente de la isla, Ricardo Rosello, no solo por términos discriminatorios, que incluyó a las víctimas del huracán María que trajo aparejado una difícil reconstrucción para la isla.

Por Jorge Alejandro Suárez Saponaro | Director de Diario El Minuto

El escándalo fue un detonante ante la crisis económica, la deuda impagable y una relación con Estados Unidos, que lentamente está siendo cuestionada por el peculiar estatus de la isla.  Un nuevo proyecto de ley presentado en 2022, en el Congreso para impulsar reformas en el régimen colonial de Puerto Rico, apostando a que se integrado como un estado más de la unión. Los sectores conservadores se oponen a ello, sin ninguna duda con cierto sentido racista.

Puerto Rico está bajo control de Estados Unidos desde su victoria frente a España en 1898. En una primera etapa los locales fueron ciudadanos de segunda clase y sometidos a un gobernador militar. En 1900 se designó un gobernador civil, designado por la Casa Blanca. En 1917 los puertorriqueños consiguieron ser ciudadanos de Estados Unidos y para 1952 fue aprobado el peculiar estatus de Estado libre y Asociado.

En la práctica no es un régimen de libre asociación, sino más bien un régimen colonial encubierto.  La libre asociación define la situación de relación formal entre el Estado asociado –el socio menor– y otro territorio. El Derecho Internacional reconoce que el socio menor es independiente. Un caso emblemático y exitoso son las Islas Cook, en relación a Nueva Zelanda.  En el caso de Puerto Rico, el Congreso de Estados Unidos tiene potestad sobre la isla y por ende mantiene una relación del tipo colonial.

Los movimientos nacionalistas tuvieron una presencia minoritaria, dado la dependencia económica de la población respecto a Estados Unidos. Ser ciudadanos les permite viajar al continente y buscar una vida mejor. 5.5 millones de portorriqueños viven repartidos en todos Estados Unidos. No obstante, hubo una actividad que incluso rozó con actividades terroristas, pero de impacto muy minoritario. A pesar de la relación muy desigual, los isleños tuvieron acceso a un mejor nivel de vida que el resto del Caribe, pero muy lejos de la media de Estados Unidos.   En el plano interno, la política quedó en manos de un régimen bipartidista, que con el tiempo se fue erosionando, agregándose la corrupción.

La crisis de la deuda y su impacto político

Puerto Rico tiene una deuda exorbitada, de unos US$ 73.000 millones, más si tomamos en cuenta una población de 3.5 millones. La política de la Reserva Federal promovió un boom de los bonos de la isla, gracias a su rentabilidad y exenciones fiscales. La caída de los ingresos públicos, las limitaciones impuestas por la Ley Jones (solo puede utilizar los puertos de la isla buques de bandera de Estados Unidos) y un gasto social creciente, tuvieron sus consecuencias. El régimen de incentivos fiscales en su momento atrajo muchas empresas de Estados Unidos, tras expirar este régimen (por decisión del Congreso en 2006), la isla entró en un proceso de recesión. El peculiar estatus de la isla impidió decretar la bancarrota, como lo hizo la ciudad de Detroit.

La indiferencia del Congreso, potenciaron sentimientos antiestadounidenses. Tengamos en cuenta que la isla no tiene política monetaria. La crisis expulsa a millares de sus habitantes a buscar trabajo en los propios Estados Unidos. El huracán María paralizó al país, la estatal de energía eléctrica, llena de deudas, y por una pésima gestión, quedó en evidencia la falta de inversiones. La reconstrucción de la isla, fue estimada en US$ 95.000 millones, una cifra imposible ante un gobierno que entró en cesación de pagos parcial.  El Huracán y sus consecuencias, fueron de escaso interés en los grandes medios de Estados Unidos, a pesar que causó la muerte entre 3.000 a 4.000 personas. Una verdadera tragedia humanitaria.

El gobierno federal para asegurar el pago de la deuda, que ha sido motivo de más de una controversia con el tempestuoso Donald Trump, que por un lado ha reconocido la necesidad de condonar la deuda, como por otro de negar ayuda por la crisis del huracán María. Según declaraciones de la ex titular del Departamento de Seguridad Interior, Elaine Duke, el entonces presidente Trump, en 2017, consideró “vender” Puerto Rico. Sin ninguna duda un verdadero ignorante en materia de derecho internacional.  Las relaciones ente la Casa Blanca y el gobierno isleño, fueron tensas. En este marco, Puerto Rico no solo debía afrontar la cuestión del desastre del huracán, sino las medidas de la Junta Federal de Control, creada durante la última etapa de la presidencia Obama, bajo la llamda Ley Promesa.

La Junta ha sido objeto de críticas por exceder en sus funciones y ser funcional a la política local, cada vez más corrupta.  En este contexto de crisis, en junio de 2017, hubo un referéndum, el 23% del electorado concurrió a las urnas y votó por la integración a Estados Unidos como un estado más de la Unión. Claro que esto debía ser refrendado por el Congreso en Washington, pero finalmente, el senado vetó la posibilidad de aprobar la idea de incorporación de Puerto Rico como Estado federal. Cabe señalar que connotaciones racistas de la política estadounidense han alimentado que la isla siga en el limbo que es el régimen actual.

En diciembre de 2022, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, aprobó una ley para celebrar un referéndum vinculante en Puerto Rico para habilitar una serie de opciones sobre el estatus futuro de la isla. La situación política imperante en Washington, es poco probable que el Senado apruebe la iniciativa por la resistencia que presentarán los republicanos, que, en su momento, hicieron naufragar iniciativas como esta. 

En su cuenta de Twitter, el gobernador de Puerto Rico., Pedro Pierluisi, que viajó a Washington para estar presente en la votación, señalo: Es un paso más hacia el fin del colonialismo en la isla, y para responder al reclamo de igualdad de mi pueblo. Es indudable que está a favor de que la isla se convierta en Estado de la Unión.  El partido opositor Partido Popular Democrático de José Luis Dalmau, criticó el proyecto de ley y defiende el actual estatus.

En lo referente a la deuda, en marzo de 2022, fue aprobada una importante reestructuración de esta por parte de la Justicia Federal de Estados Unidos, que pasó de US$ 34.000 a US$ 7.400 millones de dólares, gracias a la entrada en vigor de un plan de ajuste.  Los cambios permitirán al gobierno de la isla, emitir bonos por US$ 10.000 millones. Respecto a la Junta impuesta por el gobierno federal. Su titular, Natalie Jeresko, señaló que la reestructuración es un avance significativo.  El mandato de la Junta Federal de Control permanecerá hasta que Puerto Rico tenga cuatro presupuestos equilibrados consecutivos, algo muy difícil, dado la situación económica que atraviesa dicho país, agregándose que no hay un programa de desarrollo económico, que permita un crecimiento sostenido para liberarse de las ataduras de la deuda.

El desarrollo de Puerto Rico vino del programa de industrialización impulsado por el gobernador estadounidense Rexford Tugwell, por medio de subsidios del Estado. El incentivo estatal y sustitución de importaciones, fue reemplazado por un régimen de incentivo fiscal. Este proceso impulsó la llegada de empresas vinculadas a sectores textil, alimentos y farmacéutica. Esto facilitó la expansión de la clase media y la calidad de vida de Puerto Rico cambió.  El fiasco del impulso al sector petroquímico, por la caída de precios del petróleo en 1973, llevó a la aprobación en 1976 de un régimen legal, aprobado por el Congreso de Estados Unidos, de exenciones para empresas farmacéuticas y de alta tecnología.  La ley permitía que las empresas estadounidenses, depositaran sus ganancias en la banca local para luego remitirlas libres de impuestos al continente. Esto perduró hasta 1996, cuando el régimen especial fue finalizado. El período de transición previsto por la ley, venció finalmente en 2006, abriendo las puertas para la crisis. Entre 1997-2012, Puerto Rico perdió 80.000 empleos.

El país no implementó medidas para el “día después” del fin del régimen de exenciones, sino quedó atado a las consecuencias de una industrialización dependiente. Estados Unidos al fijar una fecha máxima para el régimen especial de incentivos, puso en evidencia el escaso interés de promover el desarrollo.  Las consecuencias de las malas decisiones y el duro ajusto impuesto por Estados Unidos, significó que Puerto Rico tenga una pobreza que ronda el 40% de los 3.2 millones de habitantes y un desempleo del 5.2%, muy superior a la del resto de la Unión. (el nivel de pobreza se estima en el 18% y el desempleo 3.2%)- El ingreso promedio de una familia portorriqueña es de US $20.474 el cual es menor al ingreso anual que tiene una familia promedio en los Estados Unidos de US$ 65.712. Otro índice que pone en evidencia las limitaciones económicas, es la elevada tasa de emigración de portorriqueños al continente, en busca de mejores oportunidades laborales. Se estima que para 2022 el número de isleños viviendo en territorio estadounidense eran 6 millones.

¿Hacia dónde va Puerto Rico?

Puerto Rico estuvo en 2019 en los portales de los grandes medios del mundo, casi todos estaban de acuerdo que el estatus de la isla no hace más que complicar su situación económica, y por ende afecta la política. En su momento el gobernador puso a disposición su renuncia, pero la crisis no termina ahí, dado que los dirigentes políticos de la isla, son objeto de serios cuestionamientos por parte de millares de manifestantes que tomaron las calles de San Juan, la capital de Puerto Rico.  Existe un contexto político en Washington, donde tenemos serias dudas que el Congreso acepte a Puerto Rico como estado federado más, lo que habilitaría de alguna manera a acceder ayudas federales y que los isleños tengan representación en el Congreso, con voz y voto.  Los gobiernos portorriqueños han fracasado en mejorar la situación en relación a Estados Unidos. El país precisa una importante reforma política y una revisión de su régimen colonial. En este aspecto América Latina siempre ha sido un gran ausente, salvo Cuba que, por cuestiones políticas e ideológicas, solo ha solicitado la independencia, pero sin pasar más allá de la retórica.

Una prueba que los ciudadanos de Puerto Rico, a pesar de tener pasaporte de Estados Unidos, son de segunda clase, quedó reflejado en un fallo de la Corte Suprema Federal de 2017 dictaminó ante el debate si los portorriqueños tenían derecho a prestaciones de Seguridad Social fuera de la isla, el alto tribunal determinó que los residentes en Puerto Ruco no tenían ese derecho.

El Congreso, a través de su aplicación de la cláusula plenaria de la Constitución – con respecto al “territorio u otra propiedad perteneciente a los Estados Unidos” – decide inconsistentemente cuándo Puerto Rico es parte de la Unión, y cuándo debe ser tratado como extranjero.

En un evento dedicado al debate sobre el libro “Las Constituciones de Puerto Rico” de Cox Aolmar, llevado a cabo en diciembre de 2022, uno de los expertos invitados señaló, respecto a la jurisprudencia federal en los llamados Casos Insulares, que impacta de lleno en la situación de Puerto Rico.  Díaz Olivo, experto invitado en el citado evento, aseguró que el problema es que «Estados Unidos está muy cómodo con ellos». “Ellos en su mente resolvieron que los territorios están en manos del Congreso, el Congreso es el que decide si lo integra o no lo integra y eso está resuelto. […] Eso está en un compartimiento separado de todo el esquema de análisis constitucional estadounidense y, por lo tanto, cualquier planteamiento que nosotros hagamos sobre esa realidad no progresa porque eso está resuelto”.

Parecieran olvidar que Puerto Rico está sometido a una situación colonial, y como señala el Derecho Internacional y la resolución 2065 de Naciones Unidas, que dice claramente que los pueblos sometidos a dominio colonial, tienen derecho a la autodeterminación y a decidir su propio destino. En otras palabras, los habitantes de Puerto Rico, son los dueños de decidir el destino de su país.  El Congreso de Estados Unidos, para nuestra modesta opinión, lo único que hace es vulnerar este derecho.

Puerto Rico como territorio no incorporado, es propiedad de la federación, pero no forma parte de ella como Estado de la Unión. Los territorios no incorporados, no están en un plano de igualdad con los Estados federados, sino tienen una relación de subordinación. El término de No Incorporado fue para diferenciar a los territorios que estaban sujetos al régimen de la Ordenanza de los Territorios del Noroeste (régimen previsto para territorios incorporados a la Unión con la promesa de alcanzar el estatuto de Estado federado). En otras palabras, estamos hablando de un régimen colonial, con la salvedad que Washington ha otorgado un régimen de autonomía, pero bajo un ordenamiento específico. En el caso de Puerto Rico, la ley Foraker de 1900, estableció un ordenamiento de tipo republicano, con un gobierno designado por el presidente de Estados Unidos y una cámara legislativa parcialmente electa. En 1917 por medio de la ley Jones, creó una legislatura bicameral y una clara separación de poderes. Esta norma tuvo una serie de enmiendas, que, en 1947, habilitó para que la población eligiera al gobernador y en 1950 por medio de la Ley 600, el Congreso de Estados Unidos autorizó a la asamblea de Puerto Rico la potestad constituyente, para dictar una Constitución propia, pero su vigencia dependía de la aprobación final por parte del Congreso federal y del Presidente de Estados Unidos.

Es por ello que más de un autor, habla de una “pseudo constitución”. Esto pone de relieve el rol subordinado del territorio respecto al gobierno federal. Las Constituciones de los Estados de la Unión, no está, por ejemplo, sujetos a la aprobación por parte del Congreso federal para su vigencia. Otro ejemplo de subordinación, es la llamada Ley Promesa, aprobada en 2016 por el Congreso de Estados Unidos que ha creado una Junta de Supervisión Fiscal, que es una entidad de control ejecutivo local, para la reestructuración y pago de la deuda de Puerto Rico.

El escenario de independencia es poco probable, dado que ser ciudadano de Estados Unidos, les permite a miles de boricuas que no encuentran empleo o futuro en la isla, buscarlo en el país citado, más ahora que vive un proceso de crecimiento y expansión de su economía. La integración como Estado federado, genera resistencias dentro de sectores conservadores de Estados Unidos, además es vista como una carga económica, y no un beneficio.  Queda solo el replantear el estatus de Estado Libre y Asociado. El camino a seguir serían el ejemplo de las islas Cook, que tiene un acuerdo desde 1965 con Nueva Zelanda. El peculiar régimen de dichas islas, las habilita llegado el caso a independizarse, pero mantienen una relación privilegiada. Sus habitantes son ciudadanos de Nueva Zelanda, país que es responsable de las relaciones exteriores, defensa y asistencia económica.

Las Islas Cook pueden mantener incluso delegaciones diplomáticas y representación en organismos internacionales, como Organización Mundial de la Salud, UNESCO, y hasta forma parte de la Convención de Derecho del Mar.  Una revisión del régimen de libre asociación con Estados Unidos, que termine con el régimen colonial encubierto y sus restricciones, por ejemplo, con el sistema de la Ley Jones, puede convertir a Puerto Rico en un puente entre América Latina y los propios Estados Unidos.

Los líderes políticos de Puerto Rico, deben buscar alternativas, ante el veto de sectores conservadores de la política estadounidense, que no aceptan discutir el cambio de estatus de la isla, y menos que sea incorporado como Estado de la Unión. A pesar de la denominación “Estado Libre y Asociado” o “Commonwealth” en inglés, Puerto Rico, sigue siendo una colonia, con su impacto negativo en lo político y económico, quedando reflejado el escaso interés de Estados Unidos de impulsar un verdadero cambio, que permita por lo menos estándares de desarrollo equiparables a los estados de la Unión.

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