Puerto Rico: las cadenas del dominio colonial

La necesidad de un cambio de su estatus jurídico

En el mes de julio de 2019, el mundo vio cómo la sociedad en Puerto Rico se moviliza para pedir la renuncia del gobernador Roselló.

Por: Jorge Alejandro Suárez Saponaro. | Director del Diario el Minuto en Argentina

La sociedad se mostró cansada de la corrupción, del inmovilismo político y de la ausencia de políticas destinadas a sacar a la isla de la crisis económica, una deuda impagable de US$ 75.000 millones y las consecuencias del Huracán María que devastó la infraestructura de este país, que a pesar de denominarse “Estado Libre y Asociado” no es más que una colonia de Estados Unidos.

Puerto Rico es una posesión de Estados Unidos desde la guerra hispano norteamericana de 1898. el creciente nacionalismo llevó a las autoridades de Estados Unidos a extender la ciudadanía a los habitantes de la isla, salvo que para votar en las elecciones nacionales, debían hacerlo en territorio continental. El proceso de autonomía fue gradual, hasta llegar a 1952 cuando fue creado el Estado Libre y asociado, que a pesar de dicho nombre, no dejó de ocultar una realidad colonial. Las limitaciones en la autonomía la observamos en que la Constitución de Puerto Rico, requirió para su puesta en vigencia su aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos y la reserva expresa de competencias en materia de correos, aduanas, migraciones y demás áreas reservadas a la autoridad federal. Incluso la isla no tiene el régimen de libertad de navegación que pueden tener otros enclaves coloniales.

La ley Jones sobre navegación, como herramienta de promoción de la marina mercante de Estados Unidos, lleva a que cualquier producto con destino a Puerto Rico debe ser transportado por buques de bandera de Estados Unidos.

Los costos de flete son más que elevados y ello se traduce en los precios de los bienes de consumo destinados a los puertorriqueños. En un artículo del New York Times, reflejó que por este régimen legal que impone altos impuestos y restricciones a buques que no sean de bandera de Estados Unidos, le cuesta a Puerto Rico unos US$ 17.000 millones.

Estados Unidos ha mantenido el status quo de la isla y en Washington poco y nada les interesa atender el problema de Puerto Rico. Naciones Unidas ha hecho llamados a la autodeterminación de la Isla, pero hasta ahora solo se ha llevado algunos referéndum, donde la población se ha mantenido favorable al actual estatus, salvo la consulta de 2017, donde solo concurrió el 23% del electorado, que se manifestó favorable a ser integrado como el Estado número 51, cuestión que duerme el sueño de los justos en el Congreso de Estados Unidos.

El prestigioso académico de Puerto Rico, José Javier Colón Morera, en un trabajo suyo señaló Los textos más recientes sobre Puerto Rico publicados en EEUU sugieren que ahora existe cierta correspondencia entre la apatía de los órganos políticos de EEUU sobre el asunto de la descolonización y el análisis que se infiere de ello. Otros argumentos que hemos encontrado sobre la indiferencia de Estados Unidos para modificar la situación de Puerto Rico e incorporarlo como Estado, es su condición cultural, distinto del mundo anglosajón y protestante de los Estados continentales. Asimismo, pareciera que los políticos en Washington no quieren lidiar con un nuevo Estado que se podría convertir en un peso más al fisco federal.

Por otro lado, cabe decir que la falta de un movimiento nacionalista fuerte se debe especialmente por la dependencia que tiene la población de la asistencia social federal, el contar con la ciudadanía de Estados Unidos les permite buscar nuevos horizontes a dicho país. En cierto punto Estados Unidos encontró una fórmula para perpetuar la situación y neutralizar cualquier intento nacionalista. La crisis económica, derivada del fin del régimen de promoción económica, ha generado inmovilismo, desempleo, que lleva a que muchos busquen nuevos horizontes fuera de la Isla.

En otras palabras el comportamiento de la metrópoli es abiertamente discriminatorio. El profesor Colón nos dice que existen fuerzas muy importantes que se oponen, como el movimiento conservador Tea Party. En el marco del interesante debate sobre Puerto Rico, el profesor Colón cita al profesor Alexander Aleinikoff, quien lamenta el mantenimiento del régimen de territorios no incorporados.

El académico estadounidense, considera que el régimen de Mancomunidad (Commonwealth) como lo define la legislación de Estados Unidos a Puerto Rico (Estado Libre y Asociado pareciera ser una suerte de convencionalismo por razones políticas para no delatar un régimen colonial), es una suerte de interpretación restrictiva del concepto de soberanía. Esto significaría que Puerto Rico podría objetar cierta legislación federal y sugerir recomendaciones para adaptarla a la realidad de la Isla. La revisión del estatus de Puerto Rico implica una visión más flexible en sus relaciones con la metrópoli.

Puerto Rico es un problema que no adquiere visibilidad para Estados Unidos. Políticamente no es una prioridad. Su control responde a un interés geopolítica en su área de influencia, el Caribe. El manejo de la crisis financiera y económica de la isla, se ha llevado a cabo al mejor estilo propio de una potencia colonial. El país cuenta ahora con una Junta que tiene directa ingerencia en los asuntos económicos de la isla para garantizar el pago de la deuda contraída. Esta Junta es una imposición del gobierno metropolitano. Salir del atolladero que vive Puerto Rico en el plano político, social y económico, dependerá sin ninguna duda del cambio de su estatus político.

Cambiar el estatus político de Puerto Rico ¿Es una solución para la crisis?

El régimen que vive Puerto Rico condiciona el desarrollo económico de la isla. Hemos hablado como el marco legal sobre navegación y marina mercante, implica costos para la economía de Puerto Rico. El régimen de promoción impositiva que tuvo un impacto positivo tuvo vigencia, sujeto a la potestad del Congreso de Estados Unidos, donde los habitantes de Puerto Rico, solo tiene un comisionad con voz, pero sin voto. Es una relación desigual y que vulnera derechos. La idea de convertir a Puerto Rico como estado federado, debe ser considerada como descartada. La idea de independencia también la consideramos descartada por la dependencia que tiene la población de la isla en relación a Estados Unidos, especialmente por ayudas sociales y por ser el destino para muchos que no tienen oportunidades laborales en la Isla. Creemos que el camino a seguir es un régimen de libre asociación como las Islas Cook

Las islas Cook desde 1965 tienen un régimen de libre asociación con Nueva Zelanda, que permite que los isleños tengan la ciudadanía de Nueva Zelanda, asumiendo dicho país la responsabilidad en materia de política exterior, defensa y apoyo al desarrollo. El amplio régimen de autonomía le permitió a las Islas Cook participar en organizaciones como la UNESCO, la Convención del Mar, la Organización Mundial de la Salud e incluso mantener representaciones diplomáticas.

Puerto Rico podría seguir dicho camino. Ello significaría en el marco del nuevo régimen, contar con su propio pabellón de marina mercante – varias colonias británicas cuentan con su propio registro de marina mercante como Bermudas – rompiendo con una vieja legislación que afecta a la Isla el costo de vida de sus habitantes, disponer de un sistema financiero propio, una activa participación en organismos como la OMS, UNESCO, también en foros regionales.

Los territorios británicos de ultramar por ejemplo, forman parte del mercado común del Caribe o CARICOM. Es sabido que las colonias británicas en el Caribe, muchos son paraísos fiscales, que benefician directamente al sistema financiero británico. Puerto Rico puede convertirse en una plataforma por el cual muchas empresas pueden ingresar al codiciado mercado estadounidense, y también empresas de Estados Unidos pueden emplear a Puerto Rico como plataforma para sus negocios en América latina y otros países. El establecimiento de un régimen especial en materia económica debe considerar la posibilidad que Puerto Rico pueda adherirse al FMI o la Organización Mundial de Comercio.

Esto permitiría a Puerto Rico acceder a mecanismos de asistencia internacional para hacer frente a la crisis que atraviesa hace varios años. El territorio especial de Hong Kong es parte del FMI, OMC y también de determinados organismos financieros regionales. Quedaría fuera de la responsabilidad del “Nuevo Estado Libre de Puerto Rico” celebrar tratados de carácter político.

El desarrollo económico de Puerto Rico contribuir a financiar la defensa y seguridad que provea Estados Unidos. Pero para que ello sea posible hay que hacer una revisión total del régimen vigente. La posibilidad de un régimen de libre asociación ha sido implementada por Estados Unidos con antiguos territorios que estuvieron bajo su control, como los casos de las Islas Marhsall, Micronesia y Palau. El régimen de libre asociación ha sido reconocido por el derecho internacional La resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de Naciones Unidas en su principio VII define a dicho instituto A. La libre asociación debe ser el resultado de una decisión libre y voluntaria de un pueblo a través de procesos informados y democráticos.

Debe ser una decisión que respete las características culturales y la individualidad del territorio y el pueblo. El pueblo del territorio asociado a una nación independiente retiene la libertad de modificar su “status” a través de maneras democráticas y procesos constitucionales. B. El territorio asociado debe tener el derecho a determinar su constitución interna libre de interferencias externas, de acuerdo a debidos procesos constitucionales y los deseos libremente expresados por el pueblo. Esto no impide consultas, de ser necesarias o aprobadas, bajo los términos pactados en la libre asociación.

El régimen de libre asociación significaría un gran salto para Puerto Rico, dado que el país capacidad legal para establecer su régimen constitucional con amplia libertad, contar con una política exterior en el plano económico, social, y cultural, uso y conservación de recursos naturales, poder contar con su propio sistema consular, etc.

El régimen de libre asociación, no alteraría sustancialmente los vínculos entre Puerto Rico y Estados Unidos, a nuestro juicio mejoraría aún más dichos vínculos. Asimismo el deseo de las habitantes de continuar disfrutando la ciudadanía de Estados Unidos, estaría garantizado. Los cambios deberían ser instrumentados a través del consenso entre las partes y no como una imposición unilateral.

América latina no puede estar ajena a este debate, nuestros hermanos de Puerto Rico, requieren de la solidaridad de los países de común origen. Puerto Rico podría convertirse en un puente entre la región y los propios Estados Unidos. Esperamos que este aporte, sirva para promover el interés sobre la situación que vive la isla y romper con el anacronismo del colonialismo, que se está convirtiendo en una pesada carga especialmente para los ciudadanos puertorriqueños.

“El autor quiere agradecer al profesor de la Universidad de Puerto Rico, José Javier Colón Morera por el material aportado”.