dom. Dic 15th, 2019

Que hacer con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En materia de seguridad pública es preciso, una visión realista, lejos de prejuicios ideológicos, donde es esencial el consenso entre las fuerzas políticas .

En Diario El Minuto hablamos de las fuerzas de policía de la Provincia de Buenos Aires, que cuentan con 100.000 efectivos. Una pesada carga fiscal y con muchos problemas que van desde cuestiones de índole profesional, corrupción y una organización que dificulta su conducción.


Por: Jorge Alejandro Suárez Saponaro. Director Diario El Minuto para Argentina


Desde 1997, cuando la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue disuelta, creándose en su reemplazo policías de seguridad, investigaciones y policía vial, comenzó una serie de reformas, marchas y contramarchas, que no han tenido los resultados esperados.

En esta nota hacemos una serie propuestas, en la búsqueda de que la provincia de Buenos Aires (el estado más importante de Argentina), para que pueda contar con un servicio policial acorde a la compleja realidad social, económica y delictiva que atraviesa dicha provincia.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires tuvo una conducción centralizada, en manos de un Jefe de Policía durante un siglo. La corrupción, el incremento de las tasas de delitos, y un notorio deterioro institucional, llevó al gobernador de ese entonces, Dr Eduardo Duhalde, a intervenir la Policía, y promover un cambio legal radical, liderada por el ex juez federal del Dr León Arslanián, quien como ministro de seguridad y justicia, fueron creadas en reemplazo de la Policía provincial, las llamadas Policías de Seguridad Departamental, Policía de Investigaciones en Función Judicial, Policía de Seguridad Vial y el Servicio de Custodia de Objetivos Fijos, Personas y Traslado de Detenidos.

El área de inteligencia policial, quedó bajo directa dependencia del ministerio. La ley 12154, de Seguridad Pública, creó un andamiaje institucional, donde promovió la creación de mecanismos de participación ciudadana, a través de los foros de seguridad a nivel departamental y municipal. Asimismo la ley creaba un sistema de seguridad articulando policías, servicio penitenciario, instituto penal de menores, ministerios, y los foros de seguridad locales. Está previsto un consejo de seguridad, pero desconocemos si se ha reunido. A la vista de la situación des seguridad de la Provincia de Buenos Aires, nunca fue dinamizado dicho sistema, a pesar de falencias, pero que hubiera permitido coordinar esfuerzos y pensar en una estrategia integral.

La crisis de seguridad pública estalló en 2004 con el llamado Caso Blumberg, el secuestro y posterior asesinato de Axel Blumberg, que movilizó a la sociedad. La respuesta desde la Provincia de Buenos Aires, fue el regreso del controvertido León Arslanián al frente de seguridad, quién lanzó la llamada reforma de segunda generación. Las medidas iban desde la supresión de la división de oficiales y suboficiales, por una escala única de oficiales; y la organización de Policías de Seguridad de Distrito, Siniestral (Bomberos), Policía Buenos Aires 2 (un cuerpo especial de prevención para el gran Buenos Aires); Policías de Investigaciones en función judicial, tráfico de drogas; Crímenes complejos; Policía Científica; Policía Aérea; Superintendencia de Policía de Comunicaciones y Policía de Informaciones (Inteligencia policial criminal).

Incluso la reforma iba más allá, creó nuevas jefaturas departamentales (la provincia se divide en departamentos judiciales, anteriormente cada uno de ellos contaba con una jefatura de policía de seguridad), y la posibilidad que las policías comunales (en municipios de menos de 50.000 habitantes) sus jefes fueran electos por voto popular.

La formación se vio afectada, se crearon escuelas descentralizadas y el período de entrenamiento no era suficiente, con sus consecuencias. El experimento Arslanían, no funcionó, siendo reemplazado por una nueva gestión, durante el gobierno de Daniel Scioli. Más allá que se estableció el viejo sistema de jerarquías y una suerte de “jefe de policía” una creación no prevista por la ley, la crisis continuó. La fórmula de crear unidades de policía local en municipios del gran Buenos Aires, sirvió para reclutar personal sin la debida preparación y sin los resultados esperados.

Daniel Scioli

El gobierno de María Eugenia Vidal, a pesar de tener una postura más enérgica en materia de lucha contra la corrupción, prioridad a la desarticulación de grupos de narcotraficantes, especialmente el llamado “narco menudeo”, la estructura de la reforma de 2006, continuó. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, designado por cuestiones políticas, realizó cambios de organización, destacándose la liquidación de la Policía Buenos Aires 2, un cuerpo que existió por breve espacio de tiempo y que no dio ningún resultado, no se llevaron reformas de fondo que precisa el sistema policial de la provincia.

¿Qué hacer con la Policía? En primer lugar, hay que dejar sin efecto la ley 13482, o reforma del 2006, que ha creado una maraña de organismos difíciles de conducir y coordinar. Es preciso convocar el Consejo de Seguridad Provincial, para lanzar acciones coordinadas en zonas de mayor riesgo.

En el marco de un plan de emergencia, deberán ser movilizados recursos provinciales, municipales, organizaciones no gubernamentales y sociales, entidades privadas diversas para actuar en zonas vulnerables. En lo referente a la conducción estratégica de la seguridad, las superintendencias de las distintas policías (investigaciones, seguridad, comunicaciones, policía aérea), serán aglutinadas en un Cuartel General o Departamento Central Operacional, bajo un subsecretario. El objetivo racionalizar las estructuras, eliminar redundancias y optimizar el gasto. El número de jefaturas departamentales, debe ser reducido, siendo equivalente al número de departamentos judiciales.

La realidad del Gran Buenos Aires, demanda la creación de un organismo, responsable de la conducción de las fuerzas policiales allí desplegadas. La Agencia de Policía Metropolitana que dependerá directamente del ministerio de seguridad, que contará con la asistencia de un consejo regional de seguridad metropolitana.

La Justicia y el Ministerio Público, deben tener una estrecha relación con las policías de investigación. Es por ello que vía reglamentaria puede crear una Dirección General de Policía Judicial, es la esfera de la Corte suprema provincial, o de la Procuración General con el objetivo de coordinar y colocar también medios y personal a disposición de jueces y fiscales, formando verdaderos equipos de trabajo. La existencia de policías de investigaciones especializadas, dificulta su coordinación. Ello no impedirá la existencia de Equipos especializados en determinados fenómenos delictivos.

Cristian Ritondo.

Búsqueda de prófugos, protección de testigos y pruebas, seguridad en fiscalías y tribunales, además de protección a funcionarios, demandan recursos. La llamada Policía de Custodia de Objetivos Fijos, debe ser objeto de una reorganización, para que la Justicia cuente con recursos permanentes para la seguridad de tribunales, funcionarios, etc.

Es preciso contar con un sistema logístico, bajo estándares modernos, en manos de una agencia especializada. El nuevo modelo debe terminar con la responsabilidad de jefes policiales de hacerse cargo desde el combustible de los coches de patrulla, pasando por su mantenimiento. La Agencia Logística será responsable de la infraestructura, vestuario, armamento, equipo policial, sanidad y hasta alimentación del personal.

El citado organismo estará articulado en escalones: logística genética (adquisición y obtención de medios logísticos para la seguridad pública); de alistamiento (que permite que los medios estén en aptitud para su empleo); y de sostenimiento (que es responsable de la operatividad y disponibilidad de los medios). En otras palabras, los jefes policiales dejarán de tener competencias logísticas, solo se limitarán a cuestiones netamente operativas.

La llamada Policía de Seguridad Siniestral (Bomberos) debe articular su accionar con los cuerpos de bomberos voluntarios, sobre los que recae en gran parte actuar en emergencias. Es por ello que debe contarse con una agencia especializada de protección civil y emergencias, responsable del sostén logístico de la policía siniestral, cuerpos de bomberos voluntarios, y conducción operativa. Se integraría el sistema de emergencias médicas provincial. La provincia cuenta con instalaciones nucleares, plantas petroquímicas, lo que demanda contar con una debida coordinación y planificación de los recursos provinciales en caso de emergencias.

La Superintendencia de Evaluación de Información para la Prevención del Delito, con funciones de inteligencia criminal, debería conformar una agencia con mayores recursos, contando con oficinas especializadas en búsqueda de personas, trata, ciberdelitos/ciberseguridad, terrorismo, etc. Este organismo debe ser responsable de elaborar inteligencia criminal en el plano estratégico. Dado lo delicado de su función, debería estar sometido a control parlamentario.

El área de formación, muy descuidada, debería quedar articulada en un Instituto Universitario Policial con escuelas especializadas para formar oficiales de policía y bomberos. El personal equivalente a suboficiales, debe contar con una Escuela única, donde el personal proveniente de las escuelas regionales, deberán terminar su formación. La Escuela Juan Vucetich, de formación de oficiales del cuerpo comando, deberá otorgar un título terciario de validez nacional.

Asimismo debe crearse canales de incorporación para diplomados universitarios para integrar la carrera policial. Será obligatorio para alcanzar determinadas jerarquías tener grado universitario de licenciatura o equivalente. El sistema de reclutamiento tendrá como prioridad la calidad, sobre la cantidad.

En materia de bienestar, el personal policial deberá tener la posibilidad de optar por la obra social o cobertura social que le parezca mejor, sin que ello impida la existencia de un sistema de salud garantizado por el Estado provincial. Es indispensable programas de subsidio a la vivienda, créditos subsidiados. El sistema provisional también debe ser revisado, con el objetivo que sea sustentable. Es preciso también trabajar sobre seguro de vida, etc.

En síntesis, proponemos una reforma estructural, con el objetivo de ahorrar recursos, que puedan ser invertidos en la mejora cualitativa del personal, equipamiento e infraestructura. La conducción se verá facilitada con la reducción de estructuras de conducción superior. El Ministerio de Seguridad contará con un organismo centralizado de conducción de las fuerzas policiales, el citado Departamento Central Operacional, una agencia logística, subsecretaría de formación y recursos humanos, una oficina de presupuesto y administración, y un área para emergencias y defensa civil.

El objetivo un mayor control civil sobre la fuerza pública. El problemático Gran Buenos Aires, queda en manos de una agencia especializada, pero también con fuerte control civil de la mano de un consejo regional de seguridad.

Control civil y sistema de seguridad pública. La ley 12154, establece aspectos interesantes, especialmente al crear un Consejo de Seguridad, foros vecinales y departamentales de seguridad. El Consejo de seguridad debe reunirse a los fines de asistir al gobernador para una estrategia integral de seguridad, determinar los objetivos y escenarios más complejos para seguridad provincial.

El consejo provincial de seguridad deben participar ministros del poder ejecutivo, legisladores tanto del oficialismo y oposición, procurador general de la provincia, defensor provincial del pueblo, entre otros funcionarios. Este define la estrategia de seguridad provincial, ejecutada por medio de una Directiva emitida por el Gobernador.

El consejo regional de seguridad metropolitana (Gran Buenos Aires) es un organismo, que define la estrategia de seguridad para el Gran Buenos Aires, sobre los lineamientos de la estrategia provincial. Ejerce el control de la agencia de policía metropolitana, evaluando el desempeño, y llegado el caso solicitar cambios que considere necesarios. El consejo tendrá competencias en elaborar planes de emergencia, estadísticas, fortalecimiento institucional, etc. Estaría formado por legisladores, representantes de los ministerios de justicia, seguridad, desarrollo social, ministerio público, poder judicial y en sesiones plenarias, por representantes de los consejos municipales de seguridad.

En los departamentos judiciales de la provincia, los foros de seguridad, serán reemplazados por consejos departamentales de seguridad. Estos los formarán los defensores municipales de seguridad, fiscal general departamental, magistrado que represente al poder judicial, delegado del colegio de abogados, y demás integrantes que pueda prever la ley. El objetivo que sea una representación equilibrada entre funcionarios del poder judicial y ministerio público, fuerzas vivas de la sociedad y representantes políticos. Los consejos entenderán en la elaboración de planes de seguridad, coordinación entre municipios y organismos diversos, evaluación de las políticas de seguridad y gestión policial, planes de emergencia y defensa civil, estadísticas, y gestión de recursos, para infraestructura y equipamiento de seguridad.

Los defensores municipales de seguridad, que a nuestro juicio deben ser elegidos por voto directo, serán responsables de los consejos municipales de seguridad, organismos destinados a debatir planes locales de seguridad y emergencia, control del desempeño policial, políticas de prevención de la violencia, programas de asistencia a la víctima, proveer por sus propios recursos o municipales, infraestructura para el sistema de seguridad (cámaras de vigilancia, gestión de centros de monitoreo, vehículos, equipo diverso, etc).

Final

En este artículo, hemos realizado una serie de propuestas realistas, orientadas a administrar los recursos con prudencia, racionalizar, mejorar la calidad del cuerpo policial, desde lo profesional, pasando a lo personal, con propuestas para la mejora de su calidad de vida y de sus familias. El Ministerio de Seguridad, adquiere otra fisonomía, que le permite ejercer un mejor comando y control de las fuerzas asignadas. La reducción de estructuras superiores, facilita la comunicación y conducción efectiva de las fuerzas policiales. Una novedad que cabe resaltar es la creación de un sistema logístico moderno, además de una nueva organización para el sistema de educación y formación de personal.

La dura realidad del Gran Buenos Aires, demanda una estructura especial, creando un organismo de conducción específico, pero con control civil a través de un consejo regional de seguridad. Esto obligará autoridades provinciales, legisladores y municipios a trabajar en conjunto. La compleja realidad social, económica y política del Área Metropolitana, obliga a crear un organismo especializado en la problemática de la seguridad, que en más de un caso difiere del resto del territorio provincial, demandando un abordaje específico.

En el nivel provincial proponemos un consejo provincial de seguridad, verdadero “estado mayor” del gobernador, para el diseño de una estrategia provincial de seguridad. Su composición debe ser lo más plural posible para generar consensos y legitimidad en las políticas aplicadas.

El control civil sobre la seguridad pública se ve reforzado por los consejos departamentales de seguridad y los defensores municipales de seguridad. Estos organismos con representación equilibrada tienen la responsabilidad de evaluar la gestión policial, administrar recursos para infraestructura y equipamiento de seguridad, programas de prevención y asistencia a la víctima, hasta planes de emergencia, adaptados a realidades locales, teniendo como base la estrategia provincial de seguridad.

En materia de seguridad pública es preciso, una visión realista, lejos de prejuicios ideológicos, donde es esencial el consenso entre las fuerzas políticas representativas y demás fuerzas vivas de la sociedad. Las políticas erráticas, ha costado muchas vidas inocentes. El actual estado de cosas, abre las puertas para que el crimen se transforme en el mediano plazo en una amenaza cierta a la estabilidad del estado provincial.

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