jue. Nov 14th, 2019

Rechazó de nulidad y se confirma la sentencia que condenó por tráfico de migrantes

Rechazó de nulidad y se confirma la sentencia que condenó por tráfico de migrantes....

La Corte Suprema rechazó recurso de nulidad y confirmó la sentencia que condenó a recurrentes como autores de los delitos de asociación ilícita para el tráfico de migrantes y tráfico de migrantes. Ilícitos perpetrados entre 2013 y 2016, en sectores fronterizos con Perú y Bolivia.

En fallo unánime (causa rol 331-2019), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm– ratificó la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, que condenó a Soledad Maquera Clabetía a 5 años de presidio por asociación ilícita para el tráfico de migrantes y 12 años de presidio por tráfico de migrantes; y a Juan Castillo Vilca a 3 años de presidio por asociación ilícita para el tráfico de migrantes y 10 años y un día de presidio por tráfico de migrantes.

El máximo tribunal descartó infracción del tribunal de primera instancia, al aplicar en la especie, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo que sanciona este tipo de delitos.

Que, de la normativa expuesta en la motivación precedente, aparece de manifiesto que la Convención, estableció en su ámbito de aplicación, no sólo la pertinencia de su articulado a los efectos de prevenir e investigar las conductas ilícitas que describe, sino fundamentalmente a la de su juzgamiento, aspecto propio y privativo de la jurisdicción de un Estado, entregando criterios amplios referidos a cuando aquél podrá conocer y sancionar los delitos de carácter transnacional, siendo trascendente entre aquellos, tanto el establecido en el artículo 3 del Tratado en comento, cuando refiere que el delito transnacional podrá juzgarse si se comete en más de un Estado, en la medida que tenga efectos sustanciales en otro Estado; norma la anterior, en todo coincidente con la del artículo 15 de la misma Convención, en aquella parte que permite al estado parte establecer su jurisdicción, cuando se trate de un delito cometido por un grupo delictivo organizado con miras a la comisión de un delito grave dentro de su propio territorio, lo que ha dado en mencionarse como principio de universalidad”, expone el fallo.

Resolución que agrega: En consecuencia, la aparente falta de jurisdicción alegada por la defensa, no es tal, puesto que es la propia Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por Chile junto a sus dos Protocolos adicionales, con fecha 29 de noviembre de 2004, la que consagra la norma de conocimiento, misma que es adecuadamente incorporada al ordenamiento jurídico nacional, por no ser autoejecutable, a través del numeral 8 del artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales, cuando refiere que quedan sometidos a la jurisdicción chilena los crímenes y simples delitos perpetrados fuera del territorio de la República, comprendidos en los tratados celebrados con otras potencias”.

“Lo anterior –continúa– entonces implica por un lado, que mientras la labor de recepción de los tipos penales, realizada a través de la dictación de la Ley 20.507, permitió incorporar a nuestro catálogo de delitos, con una fecha cierta, las conductas comprendidas en un tratado ratificado por Chile, cumpliendo así el Estado con su obligación internacional de dar cumplimiento a aquello a lo cual se obligó, no fue necesario realizar el mismo ejercicio, en aquella parte referida a la atribución de jurisdicción a nuestros Tribunales de Justicia, para conocer de aquellos delitos, puesto que la norma habilitante, preexistía en nuestro ordenamiento jurídico, en el Código Orgánico de Tribunales”.

“Finalmente y sobre el punto, vale referir que la dictación de la Ley 20.507, que traslada al derecho nacional descripciones de hechos que internacionalmente se ha consentido en sancionar y estaban contemplados en un tratado suscrito y ratificado por nuestro país, lo ha sido en respeto del principio de tipicidad y particularmente de legalidad de la pena, puesto que las conductas referidas en los instrumentos internacionales, no contemplan una sanción aparejada a su perpetración, razón por la cual debe el estado parte dictar la pertinente ley, siendo una particular excepción el Estatuto de Roma, el que además de establecer conductas punibles a título de crímenes de lesa humanidad, de guerra, de agresión y genocidio, aparejó a aquellas un sistema de penas máximas, lo que hizo exclusivamente en el entendido que dicho estatuto creó igualmente un Tribunal Penal Internacional que habrá de actuar en el juzgamiento criminal, cuando el estado parte llamado a hacerlo, no pueda o no quiera cumplir con su obligación; sin perjuicio de aquella particularidad, igualmente se dictó la ley 20.357, por parte de Chile, dando cumplimiento formal a la recepción de dicha categoría de crímenes, aparejándoseles la sanción penal idónea a nuestro sistema punitivo”, añade.

 resueltos los primeros aspectos planteados en la primera causal del recurso de nulidad deducido, solo queda hacer algunas precisiones. Han sido la propia Convención de Palermo y sus Protocolos, los que establecieron la posibilidad de perseguir y sancionar las conductas de tráfico de migrantes, cuando aquellas tienen un componente transnacional y son ejecutadas por una agrupación; en dicho contexto, hay competencia de los Tribunales de nuestro país para conocer la comisión de los delitos de que se trata, máxime si aquellos, en lo relevante, produjeron efectos sustanciales al interior del territorio de la República, de modo tal, que no se observa afectación alguna al  principio de juez natural en el presente juzgamiento, puesto que la Convención en cuestión ha sido debidamente ratificada por nuestro país, recibida por el derecho interno a través de las normas preexistentes de jurisdicción del Código Orgánico de Tribunales y con la dictación de la Ley 20.507, que tipificó las conductas referidas en la Convención, aparejándoles sanción a su perpetración, todo lo cual aconteció con bastante antelación a la ocurrencia de los hechos que han sido investigados y sancionados en esta causa”, afirma la resolución.

“Es así que no se observa el vicio alegado por la defensa, puesto que el Tribunal que juzgó, ha sido creado por ley antes de la perpetración del hecho punible; se encuentra debidamente investido, cumpliendo así con el mandato constitucional y ha actuado en el ejercicio de la jurisdicción, conociendo de hechos que revisten características de delito, en base a la norma de atribución del Código Orgánico de Tribunales, todo lo cual ha sido ventilado y resuelto en un procedimiento legalmente establecido” sentencia.

Sobre la alegación subsidiaria, “dentro de la misma causal de nulidad impetrada por de la defensa, a efectos que ante el evento de determinase que existe jurisdicción por parte de los Tribunales chilenos, para conocer de los hechos acaecidos fuera del territorio nacional, deberían ser los únicos capaces de conocer y juzgar, los Tribunales Orales en lo Penal dependientes de la Corte de Apelaciones de Santiago”, sostiene.

“Al respecto, aquella alegación carece igualmente de relevancia, habida cuenta de las normas específicas de preclusión de los conflictos de competencia y de las reglas de radicación y prevención, establecidas en los artículos 74 del Código Procesal Penal y 109 y 112 del Código Orgánico de Tribunales, respectivamente”.

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